Debemos transformar las instituciones afines en un sistema robusto, territorial y eficiente, que conozca las realidades desde las comunidades, que comprenda las dinámicas regionales con las federaciones municipales y los gobiernos locales. Que ejecute políticas y programas, creados desde la colectividad erradicando los lobbies y la corrupción institucional, incluyendo profesionales competentes e idóneos de diversas partes del país para evitar la migración de los mismos a la GAM.

Las regiones deben ser las protagonistas, es la escala idónea para crear enlaces entre las comunidades y el Estado. Los barrios y las comunidades se convertirán en sujetos activos para la creación habitacional, de parques, áreas verdes y espacios para los niños y las niñas. Promover procesos participativos, constantes y continuos con seguimiento para generar e impulsar el derecho a la ciudad. Así, estas son las acciones puntuales que proponemos:

• Crear el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de la fusión del INVU y el MIVAH, robusteciendo sus capacidades como ente rector, con potestades claramente definidas y sin vacíos legales para la regulación y ejecución de las políticas públicas de esas áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
• Se creará en el nuevo ministerio una Secretaría de Vivienda y Mejoramiento Barrial, que será la encargada de capacitar, crear los mecanismos expeditos, la relación con las diferentes instituciones y la definición de prioridades en las regiones para la asignación de los fondos de los programas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Así mismo fungirá como interlocutor con las federaciones municipales, los gobiernos locales y las juntas de mejoramiento barrial. Tendrá una sede en cada una de las 6 regiones y también en ellas habrá una ventanilla única sobre proyectos de vivienda y arrendamientos, para asesorar a las personas y dar seguimiento a temas relacionados.
• Impulsar la conformación desde las comunidades, de las Juntas de Mejoramiento Barrial (las cuales también verán el tema de Movilidad) con un enfoque integral y compuestas por equipos que incluyan a la sociedad civil de las urbanizaciones y barrios construidos, pero con déficit de movilidad integral, áreas verdes, espacio público y equipamientos comunitarios, entre otros. Serán complementarios a los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural ya existentes.
• Crear un sistema de bancos de tierras regionales con sede en cada una de las Secretarías de Vivienda regionales, donde se incluirían las correspondientes a ministerios, instituciones y municipalidades y dependiendo de las oportunidades de acuerdo a diagnósticos para ofrecer respuestas de vivienda se mediaría con sus propietarios en aras del interés común.
• Impulsaremos, desde las diferentes Secretarías regionales y en alianza con Municipales, la construcción de vivienda adecuada donde se integren diferentes estratos socioeconómicos, asegurando la calidad, su debida ubicación, diseño idóneo culturalmente para las diferentes regiones y su accesibilidad. Esto inhibirá una construcción que priorice únicamente el costo, a partir de diseños estandarizados.
• Generar una política orientada al mantenimiento y mejora de viviendas existentes de interés social y de clase media, más allá de un simple subsidio.

Costa Rica se encuentra con una problemática de orden político debido a la no implementación de los Planes Reguladores Urbanos (PRU) en ciertos cantones del país, la desactualización de un número importante y la poca orientación o claridad en los que se están gestando.

El proceso de descentralización no se ha comprendido y se les ha recargado responsabilidades a todas las municipalidades tomando como punto de partida las más grandes y robustas sin considerar las más pequeñas y que no cuentan con el personal o recursos para llevar adelante lo asignado desde el gobierno central.

Las variable regional y las federaciones municipales son casi desconocidas y poco aprovechadas y para cerrar el ciclo de malos hábitos se implementa como medida paliativa y reactiva una política nacional del hábitat que no propone un norte claro y más bien viene a entorpecer una buena ejecución y dinámicas desde los barrios, comunidades y territorios, centralizando y recargando responsabilidades en instituciones o ministerios que no cuentan con las competencias idóneas para ejercer tan importante labor.

• Impulsaremos los planes reguladores regionales que, en paralelo, se construirán con los planes reguladores urbanos de cada cantón para agilizar los trámites y hacer posible la implementación de los mismos en el plazo de cuatro años. Esta herramienta será de gran utilidad para los gobiernos locales para una pronta implementación o actualización de los PRU. Así mismo, se generarán estándares, se identificarán actores, recursos y mecanismos de agilización regional y descentralizada.
• Recabar, por regiones, la información desde las comunidades para vivienda adecuada, espacios públicos, áreas verdes, espacios para las niñas/niños, centros de salud, mejoramiento barrial e infraestructura peatonal y ciclística, que se incluirán dentro de una base nacional de proyectos para agilizar su ejecución, dando prioridad a zonas de extrema pobreza y pobreza, o con poca o nula inversión en administraciones anteriores. Esto como parte del fortalecimiento del uso de datos para tomar decisiones basadas en evidencia
• Dar atención prioritaria a poblaciones que, año tras año, se encuentran en riesgo de inundaciones, derrumbes, entre otro tipo de vulnerabilidades. Se promoverá su reubicación, a sectores seguros, que cuenten con conexiones similares a las de su anterior espacio habitacional o mejor, para evitar que se pierda el sentido de comunidad, espacios de estudio, trabajo y demás. En alianza y fuerte coordinación con la CNE e instituciones del sector vivienda.
• Implementar planes de mejoramiento barrial que incluirán, por regiones, capacitaciones en materia financiera de obtención de vivienda adecuada para los distintos estratos, asesoría en materia ambiental, urbana, social y paisajística para las personas que eventualmente deseen participar en los concursos regionales. Asesoría en temas de relaciones comunitarias y mejoramientos barriales para los líderes y lideresas, así como para Asociaciones de Desarrollo Integral, entre otros interesados e interesadas.
• Generar y actualizar información geo-referenciada sobre las amenazas naturales de los territorios, de forma coordinada con autoridades nacionales y locales, para priorizar la inversión en gestión del riesgo según los niveles de vulnerabilidad. Esto resulta esencial en materia de adaptación, en tanto se proyecta que Centroamérica será una de las regiones más afectadas por la crisis climática, al corto y mediano plazo.
• Actualizar la normativa vigente para combatir las diversas formas de corrupción urbanística, acabar con el uso abusivo de figuras como la parcelación agrícola, los fraccionamientos frente a servidumbres urbanas y los fraccionamientos simples para evadir la cesión de áreas públicas correspondientes por ley, y así contrarrestar el deterioro del espacio urbano. Con tal propósito, se desarrollará un proyecto de ley para tipificar distintas formas de acciones que puedan constituir delitos urbanísticos o bien que configuren contravenciones urbanas.

Por años se perpetuó un clientelismo político en el tema de vivienda de interés social, de igual manera hasta hace poco se implementaron medidas para la vivienda de clase media que no se planificó adecuadamente. Desde las instituciones encargadas se ha permitido el traslado de familias o comunidades lejos de sus conexiones, mal ubicados y con serios problemas de movilidad e integración, acentuando la dispersión de la ciudad y afectando la economía familiar.

Los subsidios que se pretendían otorgar a la clase media para nueva vivienda o mejoras, se truncaron y, nuevamente, se quedaron sin posibilidades. Igual de lamentable ha sido la falta de implementación de una política nacional dirigida a las poblaciones vulnerables, con acción expedita y de fácil ejecución.

La banca nacional y los sistemas financieros que reciben fondos del BANHVI no han sido orientados en la implementación de lo anteriormente mencionado, promoviendo soluciones verticales con altos índices de especulación, y mal ubicadas.

Propuestas:

• Se defenderá el presupuesto del BANHVI y su necesario crecimiento para garantizar que los recursos destinados a los subsidios de vivienda se utilicen efectivamente en la construcción o remodelación de las mismas y que lleguen a las familias necesitadas. Con ese fin, el BANHVI deberá aplicar políticas más transparentes e implementar controles por medio de procesos de fiscalización sobre las entidades autorizadas y las empresas precalificadas, para evitar el “jineteo” de los recursos, así como para reducir gastos operativos y de intermediación con el fin de invertir y usar eficientemente la totalidad de los recursos financieros disponibles del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) y los ingresos recaudados mediante el Impuesto a las Casas de Lujo. Para ello, FODESAF girará al FOSUVI la totalidad de los recursos que la ley le asigna.
• Fortalecer el desarrollo de vivienda adecuada en sitio y proyectos habitacionales, garantizando el financiamiento legalmente correspondiente y dándoles prioridad a comunidades con bajos índices de desarrollo, así como aquellas que enfrentan riesgo inminente de desastres por eventos geológicos, climáticos o de otros tipos.
• En los proyectos de vivienda de interés social se financiará la variable social, lo cual contempla el desarrollo de programas de asesoría, acompañamiento y capacitación de las familias, antes, durante y después de la ejecución de los proyectos.
• Se fortalecerá el programa de Bonos Comunales y su financiamiento para mejorar los espacios públicos compartidos para la convivencia e integración de las comunidades.
• Maximizar el uso de los recursos del Sistema Financiero Nacional de Vivienda, para lo cual se tomarán medidas tales como: i) mejorar los mecanismos de fiscalización financiera y constructiva; ii) explorar materiales y mecanismos constructivos innovadores, que reduzcan costos y deriven en ahorros para las familias beneficiarias a mediano y largo plazo; iii) velar porque la asignación de bonos se apegue a adecuados criterios de priorización, según los niveles de vulnerabilidad de las familias beneficiarias.
• Priorizar la condición asequible de la vivienda adecuada de interés social, para clase media y personas vulnerables. Así mismo, se impartirán asesorías financieras en esta materia a las personas o núcleos familiares interesados desde la Secretaría de Vivienda respectiva. También se impulsará la creación de vivienda pública para alquiler de acuerdo con lo recomendado por la OCDE.
• Actualizar la base de datos de costos unitarios y establecer topes de alquiler para los estratos bajos y medios, cuyo costo oscile entre el 30% y el 33% del ingreso promedio. Esto con el fin de ponerle coto a la especulación inmobiliaria tanto en materia de construcción como de alquiler para estos grupos y garantizar así el derecho a la vivienda.
• Promover la vivienda en propiedad colectiva brindando el apoyo técnico para la formación de cooperativas de vivienda en cesión de uso y de construcción, bajo el modelo de autogestión e integradas por personas beneficiarias de los proyectos de vivienda. En la Asamblea Legislativa se presentará un texto sustitutivo al proyecto de Ley Cooperativas de Vivienda (expediente 20.214), con el fin de corregir las múltiples deficiencias que actualmente presenta dicha propuesta y darle viabilidad como un sistema de buenas prácticas de convivencia, constructivas y de mejoramiento barrial. Lo anterior también podría ajustarse a la vivienda en condominio social con su respectiva reforma a la ley de condominios, o los proyectos de vivienda pública subsidiados por el Estado o las municipalidades respectivas a los beneficiarios.
• Como parte de los bancos de tierras regionales se incorporará también infraestructura urbana en desuso que se habilitará para brindar solución temporal (albergues) y otras variedades de alojamientos que incluyen apoyo psicosocial y reinserción para personas que se encuentren en situaciones extremas sin redes de apoyo, con casos de violencia intrafamiliar o personas en situación de calle, garantizando así la vivienda como un derecho humano de todas las personas que habitan nuestro territorio.
• Se debe trascender el abordaje actual sobre las cuarterías, que se limita a la clausura y desalojo. Es necesario reconocer la complejidad y heterogeneidad de la situación de miles de personas excluidas del mercado formal de alquileres.

Se requiere coordinación entre instituciones nacionales y gobiernos locales a efectos de:

Las problemáticas de movilidad, en los últimos cuatro años, se diluyeron en una estridente pero no necesariamente bien planificada idea del tren eléctrico, al punto de invisibilizar por completo la necesidad de temas de orden peatonal, ciclístico y transporte público de pasajeros.

Así mismo, no se logró la implementación de un cobro electrónico tan necesario, sobre todo, para poblaciones vulnerables y familias pobres o en extrema pobreza. La sectorización quedó de lado y posicionar la descarbonización desde estas herramientas, comprendiendo la variable territorial y el gran impacto desde los barrios y comunidades, no pasó a ser más que una idea bonita para vender en el exterior.

La movilidad desde la escala humana es un imperativo que propicia la salud pública, seguridad ciudadana, equidad de género y etaria, con profundo respeto por el patrimonio cultural y ambiental. Sin perder de perspectiva, que en varios barrios y comunidades de nuestro país el uso de la bicicleta es el medio de transporte para asistir a la escuela, colegio o trabajo. Asimismo, en muchos puntos de nuestro país las personas se trasladan a pie y recorren grandes distancias, con la enorme carencia de infraestructura peatonal y ciclística, así como la irregularidad de un transporte público óptimo o su completa ausencia.

Los gobiernos, hasta el día de hoy, no han comprendido las dinámicas barriales, cantonales, regionales y nacionales de conexión tan necesarias para la dinamización social, ambiental, económica, y en salud. La movilidad es parte de lo cotidiano que debemos potenciar, mejorar y articular entendiendo las diferentes posibilidades en los distintos cantones y regiones de nuestro país.

Estamos aún a tiempo de lograr una integración con nuestra riqueza natural, descarbonizar, disminuir la contaminación sónica y lumínica. La meta es posicionar la movilidad sana y segura desde lo peatonal, ciclístico y del transporte público en nuestros barrios y comunidades.

El ordenamiento territorial nos brinda esa posibilidad de tener ciudades caminables, seguras para las personas que utilizan como medio de transporte la bicicleta y la opción de tener transporte público que articule los diferentes modos de movilidad.

Para ello proponemos:

• Crear planes regionales de movilidad en conjunto con las federaciones municipales y el INDER cuando corresponda. Su enfoque será la movilidad peatonal, ciclista y de transporte público, con el fin de que los barrios y comunidades se beneficien de manera eficiente y expedita tanto en educación como de priorizar la creación de su infraestructura.
• Impulsar los planes cantonales de movilidad y un programa continuo de fortalecimiento municipal en temas de planificación urbana y movilidad. El nuevo ministerio y las secretarías regionales jugarán un papel preponderante en la promoción del concepto de ciudades compactas, sostenibles y diseñadas para los seres humanos
• Alrededor de las estaciones de transporte público cantonales, ya sean urbanas o rurales, se implementará un plan especial o parcial que primeramente las ratifique como suelo público, al mismo tiempo que se incentive nueva vivienda adecuada, comercio de proximidad, equipamientos comunitarios, áreas verdes y espacios públicos con el fin de propiciar un desarrollo orientado al transporte.
• Ejecutar un sistema intermodal, en los principales centros poblacionales de Costa Rica, que posibilite replicar el modelo en las diferentes regiones del país.
• Continuar apoyando decididamente la implementación del proyecto de sectorización de autobuses para la GAM, para lograr la integración de los sistemas de transporte público.