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Transporte público para garantizar el derecho humano a la libre movilidad

Las reformas neoliberales continúan debilitando la rectoría política del Estado en materia de transporte público a través del CTP.

El interés económico de las empresas de transporte público se sigue imponiendo sobre el derecho humano de las personas usuarias a una movilidad de calidad y a precio justo que permita acceder al trabajo, a la educación, a la salud y al esparcimiento.

Bajo la figura de “permisionarios”, recientemente el CTP volvió a aprobar las concesiones de rutas a las empresas que no cumplen con los requisitos de ley pues muchas de las empresas mantienen deudas millonarias con la CCSS o bien ni siquiera cumplen con las evaluaciones sobre la calidad del servicio.

Han pasado varias administraciones del PUSC, del PLN y del PAC sin que se avance en una nueva sectorización que contribuya a una movilidad más eficiente.

Aunque el precio de los pasajes debe establecerse de acuerdo al costo del servicio, desde el 2018 el actual regulador de Aresep volvió a permitir que los precios de los pasajes se establezcan con la información que aporta las mismas empresas interesadas en el nego- cio, echando para atrás los cambios positivos que se habían logrado siguiendo un criterio de la Contraloría General de la República.

Según un reportaje del Semanario Universidad, en 2019, diez empresarios acaparaban el 50% de los ingresos del transporte público evidenciando que existe una concentración de rutas que es contraria a la ley de Transporte Público. De acuerdo con la última encuesta nacional de percepción de los servicios públicos realizada por la Contraloría General de la República, la gente que usa el transporte público cayó de un 76% en el 2015, a un 56 % en el 2018 mientras que la personas que usan el carro pasaron de 28% en el 2015, a un 41% en el 2018. Datos de ARESEP de 2020 revelan que los efectos de la pandemia han pro- fundizado esta tendencia de dejar el transporte público. Ante esta situación se aprobaron leyes que redujeron el canon que pagan las empresas autobuseras a la ARESEP. Una con- secuencia visible es un deterioro de la calidad del servicio y una disminución de los viajes.

Aunque es positivo que se empezaron a introducir buses eléctricos, la administración de Carlos Alvarado condiciona su implementación a la aprobación de un proyecto de ley que extendería las concesiones de 7 a 15 años, en detrimento de los controles y la fiscal- ización de la calidad del servicio.

Y si bien es necesario un nuevo tren que contribuya a la modernización del transporte público, no se deben dejar abandonada o a la libre otros sectores del transporte público que movilizan a la mayoría de los pasajeros.

Según el Estado de la Nación 2018, el caos de la movilidad en Costa Rica debido al con- gestionamiento le cuesta al país un 3,8% del PIB.

Tomando en cuenta estos aspectos del contexto, desde el Frente Amplio consideramos que es necesaria una nueva conceptualización del transporte público de personas desde un enfoque de derechos humanos y de participación ciudadana.

Para el Frente Amplio el transporte público es un servicio público de carácter social e interés público prevalente, indispensable para garantizar el derecho fundamental a la libertad de movimiento reconocido por la Constitución Política y hacer posible la plena satisfacción de otros derechos humanos de la mayor trascendencia como el derecho a la salud, al trabajo, a la educación o a la recreación, entre otros.

Para ello, planteamos los siguientes lineamientos estratégicos y medidas para la modern- ización del transporte público:

  • Desarrollar un sistema de transporte público que tenga como prioridad resolver las necesidades de movilidad urbana y rural de las personas usuarias de los servicios públicos de transporte colectivo bajo cualquiera de sus modalidades.
  • Mejorar la eficiencia (horarios) y la calidad (unidades) de todas las modalidades de los servicios de transporte colectivo.
  • Promover una política de tarifas justas para personas usuarias y prestadores de ser- vicios públicos que hagan efectivo el acceso a los servicios de transporte con calidad, eficiencia y sustentabilidad ambiental y energética.
  • Promover un sistema de transporte público con sustentabilidad ambiental y energética que contribuya a bajar el impacto de este sector en la huella ecológica. Exigir el cum- plimiento efectivo de las normas laborales de todas las personas trabajadoras de los servicios de transporte público.
  • Fortalecer la participación activa de las personas usuarias, de las comunidades y de la ciudadanía en general en la fiscalización de los servicios públicos de transporte colectivo.
  • Mejorar la institucionalidad pública encargada de la rectoría y fiscalización de los servi- cios de transporte colectivo de personas para evitar el debilitamiento de las competencias del Estado en favor del mercado.
  • Renegociar y reordenar las concesiones de transporte público, conforme se venzan o establezcan causales para su retiro de acuerdo al debido proceso.
  • Implementar de manera inmediata el cobro electrónico y de sistemas de georrefer- enciación en todas las rutas de buses que permitan mejorar la eficiencia de horarios y la calidad de la prestación de los servicios de transporte público.
  • Implementar una plataforma digital que permita a las personas usuarias, la fiscalización y control de calidad de los servicios de transporte público. Se invitará a la Defensoría de los Habitantes y a las universidades públicas a ser garantes de esta plataforma.
  • Desarrollar una política de tarifas justas en el Plan Nacional de Desarrollo que reconoz- ca la rentabilidad de la prestación de los servicios y que sea estricta en no permitir abusos tarifarios contra las personas usuarias.
  • Promover que las Asociaciones de Desarrollo Integral y Comunal puedan convertirse en prestadoras de servicios de transporte público.
  • Promover el cambio del sistema de transporte público basado en los hidrocarburos hacia un sistema de transporte público que utilice energías alternativas y sustentables.
  • Mejorar la institucionalidad pública encargada de la rectoría y fiscalización de los servicios de transporte colectivo de personas para evitar el debilitamiento de las compe- tencias del Estado en favor del mercado.
  • Promover la modernización del servicio de taxis y la regulación de los servicios que operan a partir de plataformas. En este caso, la regulación estatal promoverá la legal- ización de estos servicios siempre y cuando se ajusten al cumplimiento de obligaciones y derechos laborales, pago de impuestos, pago de seguros y fiscalización de los servicios prestados por parte del Estado. En ambos casos deben protegerse los derechos de las personas usuarias y los derechos laborales de las personas que laboran como choferes. Los trabajadores de las plataformas deben ser reconocidos como tales, con todos sus derechos laborales y el pago de la seguridad social. Lo anterior es válido también para las personas que trabajan para las empresas de plataformas como repartidoras en motocicle- tas o bicicletas.
  • Cero tolerancias con las empresas y prestadores de servicios de transporte que abusen y violenten los derechos de las personas usuarias.
  • Cero tolerancias con la violación de derechos laborales de los trabajadores de servicios de transporte público.
  • Cero tolerancias con los empresarios y prestadores de servicios de transporte que in- cumplan sus obligaciones sociales con la Caja Costarricense del Seguro Social o el Institu- to Nacional de Seguros.
  • Promover la promulgación de una ley de protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de transporte público.
  • Gestionar el cierre del Consejo de Transporte Público (CTP) y su transformación hacia una instancia que retome la rectoría del transporte sin la presión de los intereses de los sectores interesados.
  • En atención de lo señalado por la Contraloría General de la República en el INFORME NO. DFOE-EC-IF-13-2012: “Se presentan asimetrías de información en la fijación de las tarifas del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús; lo ante- rior, en vista de que la ARESEP no verifica adecuadamente los datos de demanda sumi- nistrados por los prestatarios de los servicios públicos.” Exigir la restitución del modelo tarifario para el servicio de buses aprobado por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en marzo de 2015 porque calculaba con mayor precisión, objetividad y justicia los costos de los pasajes de bus.
  • Impulsar un subsidio solidario para el transporte rural de aquellas comunidades con bajos Índices de Desarrollo Humano y, en donde la rentabilidad del servicio, impida el derecho de las comunidades a un transporte de calidad, eficiente y con tarifas justas.
  • En virtud de los efectos que ha tenido la pandemia en la baja la cantidad de usuarios y otros posibles efectos perjudiciales que puedan afectar cumplimiento del derecho a la movilidad eficiente y de calidad de las personas usuarias, y al tenor del principio de equi- librio financiero que garantiza la ley de Aresep, promover que como medida de emer- gencia las empresas de buses auditen ante las instituciones competentes los gastos de operación para encontrar soluciones a eventuales afectaciones de los servicios prestados.
  • Ejecutar de la intermodalidad exigida en la Ley de Movilidad Ciclista. Además, en mate- ria de movilidad ciclística, el Frente Amplio promoverá políticas que resguarden y prote- jan a la gran cantidad de personas que utilizan la bicicleta como un medio de transporte y trabajo en zonas rurales y urbanas.