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Electricidad, telecomunicaciones y derecho a la comunicación

La generación, transmisión y comercialización de electricidad son actividades estratégicas, de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. Por eso, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el Estado costarricense puso en marcha un modelo de desarrollo eléctrico solidario, con participación preponderante del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin excluir los aportes de otros actores públicos y privados. Hoy los éxitos de este modelo son indiscutibles: servicios eléctricos de calidad en contraste con los apagones que imperan en naciones hermanas, red eléctrica con cobertura de casi todo el territorio nacional y generación de electricidad con fuentes renovables durante prácticamente todo el año.

Sin embargo, un sector de la clase política con poderosos intereses económicos insiste en desmontar lo que ha funcionado bien. Insisten en convertir en “prioridad nacional” la privatización del sector eléctrico, aunque tal “prioridad” sólo interese a sus negocios y el remedio resulte mucho peor que la supuesta enfermedad.

En el Frente Amplio creemos que este no es el camino. Por el contrario, le apostamos a mejorar la eficiencia, la solidaridad y el desempeño ambiental del ICE y de los demás entes que integran la red eléctrica nacional, avanzando en el desarrollo de fuentes renovables no tradicionales de energía.

En materia de telecomunicaciones, en cambio, ya recorrimos ese camino. Y lamentablemente, empiezan a agudizarse las consecuencias negativas de la privatización de la telefonía y el desmantelamiento del modelo solidario de telecomunicaciones sobre los derechos de la población. Ya no es solo que se puso al ICE a operar como una empresa comercial más, impidiéndole subsidiar con sus ganancias los proyectos dirigidos a las comunidades más pobres. Ya no es solo que esos proyectos quedaron en manos de un ente que no sabe cómo ejecutarlos, mientras las ganancias se van fuera del país.

Ahora también vemos como el ente regulador del mercado -la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)- se repliega, dejando a las personas usuarias a merced de la “ley de la jungla”. Permitiendo a las operadoras sacar sus garras, imponiendo prácticas abusivas, como el cobro por descarga, que lesionan los derechos de la ciudadanía. Es urgente revertir esta tendencia, empezando por reconocer que las telecomunicaciones son un servicio público, indispensable para garantizar derechos humanos.

En lo que respecta a la radiodifusión, resulta sumamente preocupante el creciente proceso de concentración de las frecuencias de radio y televisión en un grupo cada vez más reducido de empresarios nacionales y extranjeros, que amplían su dominio sobre el espectro radioeléctrico y limitan el acceso de grupos diversos a expresarse. Esta situación también amenaza los fundamentos más básicos de la democracia: la pluralidad de voces, el derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Costa Rica también carece del reconocimiento legal y la regulación que permita la operación de radios comunitarias, mientras la estructura legal de los escasos medios públicos no permite su debida independencia del gobierno de turno ni su adecuado funcionamiento.

Para cambiar este panorama proponemos:

1. El ICE y el sector eléctrico
  • Eliminar la intromisión politiquera en la administración del ICE, mediante la sustitución de la presidencia ejecutiva por una gerencia general, dependiente del Consejo Directivo y la modificación en la integración de dicho Consejo para que la mayoría de sus integrantes se elijan a partir de ternas que propondrán las universidades públicas y los colegios profesionales, mediante perfiles que priorizarán la excelencia profesional y el conocimiento técnico, la independencia política y la ausencia de conflictos de intereses.
  • Dar atención y trámite prioritario, en un plazo de seis meses, a todas las denuncias presentadas por mala administración, inversiones fallidas, despilfarro de recursos públicos y corrupción en la gestión del ICE, sentando las responsabilidades de los jerarcas involucrados y aplicando las medidas correctivas necesarias para garantizar un funcionamiento más eficiente y transparente de la institución en áreas como contratación administrativa, sistemas informáticos, gestión de clientes, inversiones, auditoría interna, entre otras. Se promoverá que los funcionarios responsables respondan con su propio patrimonio por los daños causados a la institución.
  • Emitir una directriz dirigida al ICE y a las demás instituciones públicas, en el sentido de que los conflictos jurídicos relacionados con obras públicas, que involucren recursos públicos, se deberán dirimir en los tribunales de justicia del Poder Judicial y no en arbitrajes privados hechos a la medida, donde los inversionistas privados son juez y parte.
  • Rechazar cualquier iniciativa o proyecto de ley dirigido a la privatización de la generación eléctrica. En ese sentido, debe replantearse integralmente la Ley de Cogeneración Eléctrica para evitar que se vulneren los principios de solidaridad y universalidad que inspiran nuestro modelo de desarrollo eléctrico. En lugar de desmantelar este modelo como han pretendido los últimos gobiernos, impulsaremos legislación para fortalecerlo y mejorar su funcionamiento a través de una propuesta consensuada entre el ICE, las cooperativas de electrificación rural, las empresas públicas, las universidades públicas y la ciudadanía organizada.
  • Garantizar que la generación de electricidad seguirá desarrollándose con el objetivo de satisfacer la demanda eléctrica nacional y que la exportación de electricidad se realizará únicamente a través del ICE a partir de los excedentes de esta institución y otros generadores.
  • Promover el ahorro y el uso racional de la energía, así como un incremento sostenido de la generación de energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar, geotermia, biomasa). Ello supone coordinación con las universidades para el desarrollo de proyectos e impulso a la innovación tecnológica.
  • Fomentar la generación de energía para autoconsumo de familias y empresas, a partir de la utilización de fuentes renovables no convencionales como la energía solar, regulando esta actividad sin afectar nuestro modelo solidario de desarrollo eléctrico.
  • Impulsar como iniciativa prioritaria la reforma al marco legal para habilitar a RECOPE para invertir recursos en la investigación y el fomento de energías renovables no convencionales. Promover el desarrollo de alianzas estratégicas entre RECOPE y el ICE para aprovechar el desarrollo de nuevas tecnologías.
  • Fomentar el máximo aprovechamiento por parte del ICE de nuestro potencial de generación de energía geotérmica fuera de los parques nacionales, a través del uso de las más modernas tecnologías y la aplicación de rigurosos parámetros de protección ambiental.
2. Las telecomunicaciones como servicio público
  • Reformar el artículo 29 de la Constitución Política para reconocer expresamente el derecho a la comunicación, al acceso a Internet de banda ancha y a las tecnologías de la información como un derecho fundamental.
  • Reformar la Ley General de Telecomunicaciones con la finalidad de restablecer el carácter de servicio público de los servicios de telecomunicaciones.
  • Revertir la política de cobro por descarga, por atentar contra los derechos de acceso a la información y a la comunicación de ciudadanía y detener la renuncia de la SUTEL a regular las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Al tratarse de un servicio público de importancia estratégica, sus tarifas deben ser reguladas por el Estado para evitar cobros abusivos en detrimento de los derechos de las personas usuarias.
  • Promover políticas públicas en materia de telecomunicaciones, que pondrán especial énfasis en desarrollar infraestructura móvil en regiones del país donde no existe acceso a otras formas de internet como territorios rurales e indígenas. Igualmente, dichas políticas deberán orientarse a facilitar el acceso a internet de bajo costo a personas de bajos ingresos y estudiantes.
  • Promover la reducción del costo del internet fijo en Costa Rica, el cual tiene costos excesivos en contraposición a la oferta de internet móvil, lo que obliga a las personas de menos ingresos a limitarse a los planes prepago de telefonía que a su vez son regresivos en su costo.
  • Priorizar la distribución del dividendo digital para la creación de plataformas de internet de uso público y democrático, sin costos por descarga.
  • Revisar el marco legal que rige a la Superintendencia de Telecomunicaciones, para fortalecer su carácter técnico, depurar los mecanismos de elección de su Junta Directiva, eliminar y prevenir conflictos de intereses que promueven el favorecimiento de negocios privados en detrimento del bien común y afrontar aquellas acciones que han ido dirigidas deliberadamente a debilitar al ICE.
  • Realizar el traslado administrativo y financiero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) de la SUTEL al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), debido a que el diseño y el financiamiento de proyectos de desarrollo social es función del Poder Ejecutivo y no de un ente regulador que no tiene la capacidad ni la experiencia para ello.
  • Devolver al ICE la ejecución de los proyectos para llevar Internet de banda ancha a escuelas y colegios públicos, a través de una contratación directa entre instituciones públicas, en aras de agilizar su desarrollo, para garantizar el acceso a las telecomunicaciones en las comunidades más pobres y abandonadas del país. Cada institución debe hacer lo que mejor sabe hacer. No tiene sentido la generación de toda una burocracia paralela en la SUTEL para tercerizar sin mayor éxito los proyectos que históricamente ha hecho bien el ICE –y para lo que fue creado-, encareciendo su costo y perjudicando a las comunidades.
3. Radiodifusión y derecho a la comunicación
  • Promover la aprobación de una nueva Ley de Radio y Televisión, para actualizar la desfasada Ley de Radio de 1954, a través de un proceso participativo de diálogo y consulta con todos los sectores sociales interesados. Por medio de esta nueva ley, se regularán aspectos medulares, como el procedimiento y las condiciones y requisitos para otorgar concesiones a particulares para el uso del espectro radioeléctrico con fines de radiodifusión o el desarrollo de la actividad de la radio y la televisión digital y la asignación equitativa del dividendo digital generado a partir de la transición de la radiodifusión analógica a la digital. Dichas regulaciones se basarán en los principios derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión y radiodifusión.
  • Regular y promover el desarrollo de tres tipos de medios de radiodifusión: comerciales, públicos y comunitarios. Se promoverá el reconocimiento de radioemisoras comunitarias, con el objetivo de diversificar las opciones de acceso a la información y a la cultura de la población. Se garantizará una reserva del espectro radioeléctrico para acrecentar la participación en la comunicación costarricense de radioemisoras comunitarias, regionales y de instituciones públicas, promoviendo su conformación y funcionamiento independiente, para que se conviertan en verdaderas fuentes de pluralidad de voces y no en botines políticos. Se promoverá la utilización eficiente del espectro de radiodifusión de la banda de FM para permitir la existencia de emisoras de radio comunitarias y comerciales locales y regionales de forma que se dé acceso a la radiodifusión abierta y gratuita a personas en donde no existen señales disponibles.
  • Promover la independencia y el adecuado financiamiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) y los diversos medios públicos del país. Esto para garantizar que realmente funcionen como medios de servicio público, que cuenten con programación variada y de calidad, que respondan a las necesidades de información veraz y acceso a la cultura de la población costarricense y no sean presa de las presiones políticas de los gobiernos de turno.
  • Concebir la distribución de la señal de radio y televisión como un servicio público y un derecho de libre acceso por parte de la ciudadanía. Para ello, se propone la creación de una red neutra de distribución de la señal a cargo del SINART, en colaboración con medios regionales y las universidades públicas, que garantice la cobertura de todos los medios de comunicación en todo el territorio nacional. Esta red será de implementación optativa por parte de los operadores privados, más si no la utilizan deberán igualar su cobertura. Igualmente, los servicios de televisión por suscripción (cable) deberán promover la presencia de los medios abiertos en su programación.
  • Facilitar mediante la creación de la red neutra de distribución de señal, el desarrollo de más medios de comunicación regionales (comerciales, públicos y comunitarios) en todo el territorio costarricense. La creación de esta red permitirá que sea mucho más económico para los concesionarios regionales acceder a distribuir su señal. Estos medios son claves en situaciones de emergencia y para promover el desarrollo local y la pluralidad y diversidad en todo el país.
  • Cobrar un canon de uso del espectro de radio y televisión (bien de dominio público) adecuado y proporcional a los ingresos de los medios comerciales. Con los ingresos de este canon, se creará un fondo nacional de radiodifusión que permita el financiamiento de medios públicos, regionales, comunitarios, la generación de contenido audiovisual costarricense y la adecuada regulación del espectro.
  • Garantizar una transición a la televisión y radio digitales que permita una redistribución democrática del espectro radioeléctrico liberado durante el proceso de cambio tecnológico (dividendo digital), para que sea verdaderamente accesible a toda la población. Esta transición se hará ejecutando debidamente la reserva de espectro para promover una mayor diversidad de medios comerciales, públicos y comunitarios. De esta forma es posible aumentar la cantidad y variedad de medios, manteniendo los que ya existían. Es decir, aprovechar los avances tecnológicos y el dividendo digital para promover la pluralidad mediática indispensable para garantizar los derechos humanos a la comunicación y a la libertad de expresión.
  • Reformar la legislación vigente para restablecer la norma de la Ley de Radio que buscaba evitar que las frecuencias de radio y televisión salgan del control de personas y empresas nacionales.
  • Garantizar el acceso de la población costarricense a contenidos relevantes que no pueden ser privatizados en las cadenas de televisión por suscripción. En los últimos años ha existido una tendencia a privatizar la transmisión de eventos importantes de la cultura popular como el fútbol, las sesiones municipales, los actos culturales entre otros eventos. Debe garantizarse que estos contenidos permanezcan en difusión abierta y gratuita.
4. Alfabetización digital
  • Impulsar un proceso de alfabetización digital mediática, que considere que las personas han devenido en productoras-consumidoras de contenidos en redes sociales, y que por tanto debe comprender los procesos que yacen detrás de la información que producen y consumen para que la ciudadanía sea menos susceptible a noticias falsas, tendenciosas, campañas de desinformación y demás amenazas que están diluyendo los fundamentos de la democracia en muchos países del mundo.
  • La formación en medios de comunicación debe ser parte de todo el modelo educativo, junto al fomento de los medios comunitarios, para fomentar la comprensión de la forma en que se genera la información que se recibe.
  • Desarrollar los mecanismos legales e institucionales que aseguren que las personas controlen sus datos personales y posean información clara y suficiente sobre el uso que se hace de su información por parte de plataformas tecnológicas.