• Impulsar la aprobación de una reforma integral al Código Penal desde un enfoque de Derechos Humanos para ampliar el sistema de penas con penas alternativas; revisar y actualizar las conductas tipificadas como delitos; revisar los agravantes en casos de uso de armas, corrupción de personas de Supremos Poderes, delitos fiscales, ambientales, financieros, entre otras.
• Promover una nueva Ley Penitenciaria que incorpore el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género como ejes transversales. Esta ley considerará que todas las aristas que conforman el Sistema Penitenciario dispongan de recursos necesarios para su funcionamiento. La construcción de la nueva Ley se hará de forma conjunta, con el criterio técnico y profesional de las personas encargadas de las diferentes estructuras que forman parte del sistema penitenciario.
• Rechazar las reformas a la legislación penal basadas en el populismo punitivo, como las que pretenden aumentar penas de cárcel de forma desmedida e injustificada, eliminar sanciones alternativas a la prisión o generalizar la aplicación de la prisión preventiva, desconociendo su carácter de medida cautelar.
• Impulsar una reforma integral a la Ley de Armas y Explosivos para limitar la participación de personas menores de edad en el aprendizaje del manejo de armas, reforzar controles sobre la tenencia legal de armas y fortalecer las sanciones contra la tenencia y el tráfico ilegal de armas de fuego.
• Adjudicar a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública la tramitología del carné de portación de armas para tener una correcta fiscalización del mercado generado alrededor de los servicios de portación, así como promover que sea dicho organismo el encargado de facilitar el curso de preparación.
• Inhabilitar la portación de armas hasta por 50 años a quienes han cometido delitos con ellas por medio de un proyecto de Ley.
• Fortalecer la investigación y control de la legitimación de capitales promoviendo a su vez, que la investigación y control sea aplicada en los delitos de fraude fiscal y fraude con la seguridad social.
• Establecer un ente de Regulación y Control del Cannabis el cual se encargará de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. Este Instituto estará adscrito al Ministerio de Salud como órgano de desconcentración máxima y su fuente de financiamiento estará directamente relacionada con la actividad a regular.
• Reformar las leyes sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud para reformular la normativa nacional referente al consumo de cannabis para fines medicinales y no medicinales, pasando de un enfoque represor sobre el consumo de esta sustancia a un marco normativo con visión preventiva y de salud.

• Respetando el principio de independencia de poderes, apoyar iniciativas que conduzcan al fortalecimiento de las fiscalías especializadas: anticorrupción, ambiental, crimen organizado, en materia tributaria, adjunta de género y penal juvenil. También el desarrollo de la carrera profesional para fiscales, para acrecentar su independencia.
• Promover una revisión y reforma al sistema de elección de magistrados, así como a la estructura de gobierno del Poder Judicial, para democratizar la institución y hacer más eficientes y eficaces tanto las funciones jurisdiccionales como las administrativas.

• Desarrollar una política de profesionalización de todos cuerpos de policía administrativa; revisar los requisitos de ingreso, contenidos de los cursos, actualizar y extender los procesos de capacitación y formación de la Academia de Formación Policial, incluyendo como ejes transversales la formación civilista, enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género.
• Mejorar paulatinamente los salarios y protección de los derechos laborales de la policía, incluyendo el establecimiento de mecanismos claros para la prevención, atención y castigo del hostigamiento sexual, tan habitual contra las mujeres policías, así como para garantizar la igualdad de género en la asignación de labores policiales.
• Instaurar una política de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, sobre los procesos administrativos y técnicos, en el logro de los objetivos de los cuerpos policiales. Para esto se establecerá un sistema de evaluación del desempeño de las diferentes unidades policiales.
• Crear una estrategia que fomente el vínculo de los diferentes cuerpos policiales de la Fuerza Pública con las comunidades de referencia con el objetivo de romper estereotipos y generar mecanismos de acción y trabajo en pro de la seguridad y paz comunitaria. Para ello, la estrategia que se formule requiere de la articulación de la Fuerza Pública, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias para definir problemáticas en materia de seguridad ciudadana y a partir de esto lograr una eficacia y eficiencia de la acción policial dentro de las comunidades.
• Revisar los protocolos de actuación de las fuerzas policiales en materia de desahucios administrativos y en el control de la protesta social y las diferentes manifestaciones de corte popular, para prevenir conductas de abuso de poder, incompatibles con un país civilista y democrático, como el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias. No se recurrirá a los tribunales de flagrancia para resolver conflictos originados en manifestaciones populares.
• Establecer convenios entre la Academia de Formación Policial, con diferentes instituciones públicas que poseen cuerpos policiales especiales (penitenciario, tránsito, fiscal, municipales) y con las universidades públicas, para impulsar procesos de modernización y desarrollo de conocimientos de los diferentes cuerpos policiales. Además, impulsar reformas al método de graduación de policías de la Escuela Nacional de Policía garantizando la educación integral de todos sus miembros esto supone analizar el tiempo que actualmente dura una persona en graduarse.
• Seguir impulsando la eliminación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y en su lugar crear un Departamento de inteligencia estratégica civilista, integrado al Ministerio de Seguridad Pública, dedicado a investigación y generación de información pertinente para los ámbitos de competencia de dicho Ministerio y los cuerpos policiales a su cargo.
• Fortalecer la fiscalización permanente de las empresas de seguridad privada. Para esto, se debe asignar a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública los recursos necesarios para realizar un monitoreo constante y mejorar los controles sobre el uso de armas y el cumplimiento de requisitos del personal. Ninguna empresa morosa o con socios morosos con la seguridad social, podrá seguir operando.

El Frente Amplio propone cambiar la visión punitivista de las instituciones del Estado y garantizar los derechos a todos y todas las personas creando mecanismos para evitar que éstas recurran a la comisión del delito. La creación de programas de seguridad preventiva por medio de la planificación de planes de seguridad cantonales, instrumentos para evitar que se abandonen los estudios y la creación de políticas que promuevan una cultura de bienestar y convivencia democrática se convierten en necesidades a las que el Estado debe responder.

Se tiene plena conciencia del papel tan importante que tiene el sistema educativo en la prevención de la conducta delictiva principalmente en aquellos sectores empobrecidos y vulnerabilizados que por condiciones estructurales como la creciente desigualdad social se ven obligados a buscar alternativas que terminan en la comisión del delito para la satisfacción de sus necesidades básicas o de las personas dependientes. Por esto, la atención a las necesidades de los sectores más vulnerados por las medidas de políticas neoliberal de gobiernos anteriores será una prioridad en la agenda de Gobierno del Frente Amplio para que de forma progresiva se favorezca el desarrollo humano en estos sectores poblacionales.

La necesidad de implementar un modelo de reducción de daños en el Instituto Nacional de Farmacodependencia el Instituto Costarricense sobre Drogas esta medida es posible implementarla de manera inmediata gracias al ya avanzado trabajo en el tema, esto se convertirá en los primeros pasos para dar soluciones al fenómeno de drogadicción de una manera diferente que no se basen en modelos de una fallida guerra contra las drogas.

Desde este punto de vista también se pretende redefinir la relación de la Fuerza Pública con las comunidades y evitar, por medio de programas cantonales y nacionales, la recaída en conductas delictivas. Por tanto, estas son nuestras propuestas concretas:

• Promover, mediante los programas de inversión social y atención a la población en pobreza, la permanencia de los niños y niñas y adolescentes en el sistema educativo y en los programas de alimentación, salud, cuidado, recreación y deporte. Estos esfuerzos deben ser un trabajo en conjunto entre los sistemas de educación, seguridad y salud para potenciar el acceso gradual y oportuno del desarrollo humano, por esto, es necesario revisar los alcances que tienen actualmente los programas de inversión social para ampliar su cobertura.
• Destinar al menos el 50% de los recursos generados por Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas y la Ley del Impuesto a los Casinos, para financiar programas de seguridad preventiva dirigidos a poblaciones vulnerables y en riesgo social.
• Elaborar y ejecutar, a cargo del Ministerio de Justicia, un programa de promoción de la cultura de paz y la convivencia democrática. El programa contará con campañas comunicativas dirigidas a toda la población y además, en coordinación con el Ministerio de Educación, en el temario de seguridad ciudadana de Educación Cívica se incorporará el material elaborado por el Ministerio de Justicia. Además, se buscarán los recursos necesarios para la capacitación del profesorado de Educación Cívica y Estudios Sociales sobre dicho programa.
• En coordinación con los gobiernos locales, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el BANHVI y la sociedad civil, aumentar los recursos destinados a la recuperación e iluminación de espacios públicos y a mejorar la infraestructura de uso público (plazas de deportes, canchas multiuso, parques y áreas verdes, áreas de juego, salones comunales, etc.), fomentando la apropiación y disfrute por parte de las comunidades. En el desarrollo de estos programas, se dará especial prioridad a las comunidades con menores índices de desarrollo social y tomará en cuenta las voces de la sociedad civil para que a partir de las necesidades externalizadas se prioricen y se jerarquicen.
• Hacer efectivo el carácter preventivo de la Fuerza Pública en los términos que define la ley, en su relación para y con las comunidades. Es fundamental una articulación eficaz y eficiente de la policía con la ciudadanía, en una relación transparente y que permita la auditoría ciudadana de su desarrollo operativo anual.
• Incorporar a los gobiernos locales en el trabajo de prevención de la violencia social y delictiva de sus comunidades, por medio del desarrollo de planes de seguridad cantonales.
• Desarrollar campañas nacionales de información sobre el consumo de drogas posicionando la problemática como un tema de salud pública sobrepasando así la concepción punitivista comprendiendo a su vez las causas estructurales que componen este fenómeno. Los esfuerzos de la campaña se harán enfocados en los derechos del consumidor teniendo en cuenta la derivación de mitos entre el uso de drogas legales e ilegales y sobre la sustancia misma. Además, esta campaña sobrepasará el mito del consumo en estratos sociales específicos denotando que este es un problema de toda la sociedad y no solo de los grupos más vulnerables. A partir de esta campaña se desarrollarán programas dirigidos a distintas poblaciones (estudiantes, población penitenciaría, mujeres, personas en situación de calle, personas con identidades diversas, entre otros).
• Reformar la visión punitivista de las instituciones del Estado encargadas de la atención y rehabilitación de personas con problemas de adicción superando el modelo utilizado para implementar una visión reductora de daños para combatir los efectos adversos del consumo de sustancias psicoactivas. Para las reformas necesarias se tomará como base los análisis ya presentados por la subcomisión del modelo de Reducción de Daños del IAFA validado por Red Nacional de Reducción de Daños y otras organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a personas con problemas de adicción.
• Revisar la incorporación de las observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos del Niño de la Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos en la Política Pública de Justicia Penal Juvenil Restaurativa (2015) y su correcta ejecución.
• Favorecer programas preventivos para la no incidencia y reincidencia de la conducta delictiva por medio de la atención a situaciones de riesgo o vulnerabilidad que influyen en la comisión del delito.
• Declarar de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios dependientes de drogas.
• Implementar programas de atención a la salud mental del personal para evitar el colapso del sistema y garantizar la eficiencia de este.

Proponemos impulsar una reforma integral y progresista del sistema penitenciario que asegure el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, la transparencia, la profesionalización del personal y un abordaje integral para las personas que ingresan a un centro penal. Entendemos que esa reforma no sólo supone un mejoramiento en la calidad de vida de quienes ingresan a los centros penales, acorde con su dignidad humana, sino también una forma de prevenir la violencia que afecta al conjunto de la ciudadanía.

Es fundamental que el trabajo se sustente en los diferentes compromisos asumidos por el país en materia penitenciaria en tratados, convenios y acuerdos internacionales. Esto mediante una atención técnica especializada, que tome en consideración las condiciones económicas, psicológicas y ciudadanas de las personas internas.

A través de las medidas planteadas, se dará atención a la grave crisis de hacinamiento penitenciario que enfrenta el país, mediante el fortalecimiento de los mecanismos preventivos y alternativos al confinamiento. A esto se suma, generar las condiciones para que los centros penales no sean espacios de violencia, sino que sean un mecanismo efectivo para la inserción social de la población recluida.

Para cumplir estos objetivos, se requiere que el funcionariado cuente con los recursos materiales y operativos para desarrollar una agenda de trabajo interdisciplinaria y planificada en todos los niveles. Asimismo, se requiere el establecimiento de líneas de acción coordinada entre diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, con instancias del Poder Judicial, para que, en el marco de sus respectivas competencias, se brinde un quehacer integral al sistema penitenciario.

Para ello se requiere evaluar y actualizar los aspectos contenidos en la Política Penitenciaria Científica y Humanista, aprobada en 2018, con el fin de que se pueda contar con un instrumento de política pública ágil, eficiente e integral con vistas al mediano y largo plazo.

• Impulsar desde un enfoque de derechos humanas y perspectiva de género reformas legales al Código Penal, a la Ley de la Dirección General de Adaptación Social y su Reglamento, así como en materia de Ejecución de las Sanciones Penales, con el objetivo de actualizar el marco institucional a las nuevas condiciones y características de la delincuencia y los avances en materia de gestión penitenciaria. Esto implica transformar las formas en que las autoridades penitenciarias se relacionan con las personas privadas de libertad, de forma particular con las personas jóvenes y mujeres, mediante una estrategia de aproximación más cercana a una labor de acompañamiento integral que al actual que es mayoritariamente una función represiva. En esta línea se debe promover estrategias para que los espacios penitenciarios sean mucho menos violentos y más bien se aproximen a propiciar una efectiva reinserción social de esta población.
• Ampliar los alcances de la Ley 9582 de Justicia Restaurativa para que las soluciones alternas a cargo del Poder Judicial puedan ampliarse a quienes, sin usar como criterio sólo el monto de la pena, cumplan con el perfil, de acuerdo al criterio técnico, para someterse a este procedimiento Se mantienen excluidos los delitos más graves, según lo dispuesto por el Código Penal y leyes conexas, que afecten la integridad física y sexual de mujeres y niños y la función pública.
• Reformar la Ley 9271 de Mecanismos de Monitoreo Electrónico, con el fin de mejorar el seguimiento que hacen los jueces de ejecución penal y precisar los criterios en los que puede aplicarse esta normativa basados más en el perfil de los sentenciados y no sólo en el monto de la sanción. Se mantienen excluidos los delitos más graves, según lo dispuesto por el Código Penal y leyes conexas, que afecten la integridad física y sexual de mujeres y niños y la función pública.
• Promover la despenalización del comercio del cannabis sativa con fines medicinales y recreativos, mediante una estrategia nacional para su regulación de manera ordenada y tutelada por las entidades estatales correspondientes y coordinar con las autoridades judiciales la interposición de procedimientos de revisión para agilizar el egreso de quienes fueron condenados por la venta de esta sustancia.
• Impulsar una reforma en la legislación vigente en materia de psicotrópicos con el objetivo de promover un escalonamiento de las penas con base en criterios como el tipo de droga, la participación dentro de la estructura criminal o la pureza de la droga.

• Establecer en la gestión penitenciaria el modelo de derechos y obligaciones, como forma de romper con los modelos de sujeción.
• Retomar el funcionamiento de la Oficina de Inserción Social de la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia mediante una robusta línea de trabajo que permita facilitar de manera efectiva el acompañamiento de las personas privadas de libertad durante la fase del egreso del sistema carcelario.
• Aumentar el presupuesto destinado a la atención técnica de la población privada de libertad en los centros penitenciarios del país. Esto mediante la atención prioritaria de prisiones con deficiencias de personal especializado.
• Ampliar y reforzar los programas de formación y capacitación del personal penitenciario por medio de la inserción de estos en el reglamento del sistema penitenciario, para alcanzar paulatinamente el nivel de profesionalización requerido en todas las áreas (técnica, administrativa, seguridad) de acuerdo con los objetivos y la misión institucionales Estos programas se implementarán de tal forma que durante el año 2023 el 100% de las áreas deberán haber recibido al menos una capacitación sobre derechos humanos y perspectiva de género.
• Revisar y ampliar las alianzas y coordinaciones con otras instituciones públicas como el Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de Aprendizaje, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, universidades públicas, para garantizar condiciones humanitarias y potenciar capacidades de reinserción social para la población privada de libertad
• Gestionar alianzas con organismos y empresas privadas con el fin de ampliar las oportunidades de inserción laboral, así como con organizaciones de la sociedad civil, (iglesias, ONG, fundaciones y otras) que contribuyan al proceso de inclusión social. Se desarrollará un programa especial de acompañamiento para aquellas personas que quieren reintegrarse a la actividad productiva y que no consiguen trabajo porque tienen “manchada” su hoja de delincuencia. Se promoverán incentivos para las empleadoras y los empleadores que brinden oportunidades a estas personas.
• Extender las Unidades de Atención Integral (UAI) a otros lugares del país de manera que se repliquen los resultados que ha exhibido este modelo.
• El Ministerio de Justicia y Paz deberá incorporar en todos sus programas, proyectos o propuestas de trabajo la Política para la Igualdad de Género y No Discriminación (2020- 2030)

• Promover la creación de un modelo de seguridad dinámico y moderno, que permita el establecimiento de puentes efectivos de comunicación asertiva entre los cuerpos policiales, las estructuras de organización social de las personas privadas de libertad y la sociedad.
• Fortalecer los Comités de Personas Privadas de Libertad, como espacios participativos en la detección y canalización de las necesidades de las personas privadas de libertada lo interno de cada uno de los módulos y la implementación efectiva de la Política Penitenciaria.
• Promover el uso de mecanismos de sanción alternativa a la privación de libertad con el fin de descongestionar el galopante aumento en la ocupación penitenciaria en los centros penales.
• Mejorar la infraestructura de los centros penales del país, con el fin de garantizar la existencia de espacios que cuenten con recursos como agua, luz, colchones, camas y espacios de formación y recreación adecuados para las personas privadas de libertad.
• Fortalecer el modelo de las Unidades de Atención Integral y su expansión a otras partes del país.
• Contratar al personal especializado necesario para poner al día los procesos de valoración de la población privada de libertad y determinar la ubicación que corresponda según las recomendaciones técnicas.
• Intervenir de forma urgente el Centro de Atención Institucional Vilma Curling por sus problemas de infraestructura para que de manera inmediata, haciendo énfasis a que los recursos o resultado final de esta intervención será destinada exclusivamente a la población femenina.
• Aumentar la cantidad de recursos exclusivos para la atención materna infantil de los diferentes Centros de Atención de Mujeres.
• Los centros penitenciarios deben garantizar la transversalización de la perspectiva de género en los procesos de atención para ello, se reconoce que el equipo interdisciplinario responsable de brindar atención debe contar con formación especializada en temas de género por esto, se propone que al personal técnico, profesional y administrativo que laboran en estos espacios se les brinde capacitaciones en tema de derechos de las mujeres, así como de la diferente normativa tanto nacional e internacional que existe sobre derechos de las mujeres privadas de libertad para lograr una mayor sensibilidad en el trato que se le brinda a esta población.
• Fortalecer y brindar apoyo a las acciones gestionadas desde la Red de Atención Integral a Mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad así como promover que el alcance de esta RED sea cada vez mayor, para ello, es necesario el involucramiento y compromiso real por todas las partes que forma parte esta, ya que, el trabajo no puede delegarse únicamente en algunas instancias sino que por el contrario es necesario un trabajo articulado para la atención integral. Para ello, se dará seguimiento a las respuestas que brindan las empresas para el proceso de inserción social de las mujeres adscritas al sistema penitenciario.
• Favorecer la aplicación de lo estipulado por el Modelo de Atención de la Mujer en la atención de la población penal femenina en los diferentes niveles de atención del Sistema Penitenciario.