En la consolidación del modelo de salud pública es necesaria la articulación de acciones y actores en todos los espacios, dando un paso primordial hacia la participación ciudadana según lo consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política. De esta manera proponemos:

a) Realizar una actualización del Análisis Sectorial en Salud a nivel nacional, así como una campaña de actualización participativa de los Análisis de Situación de Salud (ASIS), en cada área de salud; con el fin de contar con datos actualizados respecto a las condiciones de salud de la población y adaptar las políticas públicas a la realidad de cada región.

b) Reestructurar el primer nivel de atención de la CCSS y del Sistema Nacional de Salud, generando indicadores que permitan el cumplimiento y medición, con el fin de dar mayor importancia y presupuesto con miras a un modelo participativo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

c) Promover la creación de Equipos de Salud Familiar y Comunitaria, promotores del modelo de producción social de salud. Se plantea una conformación por al menos un profesional en ciencias de la salud (enfermería o medicina familiar y comunitaria), un profesional en ciencias sociales (trabajo social, psicología, sociología, antropología o promoción de la salud) y dos personas voluntarias elegidas por la comunidad. Se establecerá uno por cada Área de Salud como parte del fortalecimiento de la inversión en el Primer Nivel de Atención. Estos comités trabajarán en coordinación con las áreas rectoras del Ministerio de Salud, las áreas de salud de la CCSS, las juntas de salud, juntas de educación, las asociaciones de desarrollo, los CEN-CINAI, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) o las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos (ASADAS), las áreas de conservación del SINAC-MINAE, las Organizaciones de Bienestar Social (OBS), Instituto Nacional de Seguros (INS), municipalidades, concejos de distrito, y otros actores sociales, según corresponda en cada región. La articulación institucional debe contemplar las temáticas de Salud Mental, Salud Laboral, Salud Escolar y del Adolescente, Salud Ambiental, prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas, entre otros que se destacan en el plan de gobierno.

d) Promover la formación de Comités de Salud Comunitaria y Consejos Distritales de Salud, según la capacidad organizativa comunal, los cuales funcionarán como articuladores de la diversidad de actores sociales interesados en la salud comunitaria y que gocen de plena autonomía e independencia popular, los cuales trabajarán de la mano con las Juntas de Salud y los Equipo de Salud Familiar y Comunitaria.

e) Establecer como prioridad nacional la consolidación y mejora permanente de los programas de promoción de la salud y de salud preventiva en el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud (EBAIS y clínicas de salud). Además de ampliar la cobertura y mejorar la oferta de servicios de atención primaria, esto implica fortalecer los programas de educación para la salud, educar en nutrición, fomentar una alimentación saludable y la salud bucodental, así como promover el deporte, la recreación y, en general, condiciones de vida saludables que permitan el establecimiento y consolidación de estilos de vida saludables y activos. Lo anterior a partir de políticas públicas que promuevan estas formas saludables de vida, a la vez que creen las condiciones para que esto sea posible. Simultáneamente debe procurarse la identificación e intervención de oportunidades de mejora de las condiciones familiares y comunales de vida saludables: empleo, ingresos, vivienda, agua potable, soberanía e inocuidad alimentaria, infraestructura básica en salud, deporte y recreación, entre otros.

f) Fomentar en los procesos de formación continua del personal de los servicios de salud en todos los niveles, con énfasis en el primer nivel de atención, estrategias efectivas de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con un enfoque de producción social de la salud e integración de la comunidad y los actores sociales en el quehacer institucional y sectorial.

g) Fortalecer las capacidades operativas del Ministerio de Salud para ejercer sus potestades rectoras, regulatorias y de regencia en todo el territorio nacional, así como el vínculo directo con los Comités de Salud, y que contemple la participación de las comunidades como parte central de acción de los programas de atención primaria.

h) Mejorar la articulación y vinculación de las instituciones que velan por la salud de la población costarricense, especialmente los entes rectores y asistenciales.

i) Fomentar, a través de MIDEPLAN, la materialización del eje de Salud en Todas las Políticas.

j) Integrar la importancia del derecho a la salud como eje esencial en la Política Nacional de Hábitat, de manera que en este proceso de unificación de Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030, y la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030, se priorice la dotación de vivienda para el ejercicio efectivo del derecho a la salud y seguridad social en su eje cuarto respecto al Desarrollo Integral de Asentamientos Humanos y Vivienda Adecuada; así como y la atención prioritaria de las condiciones de salud de quienes viven en asentamientos informales con las estrategias requeridas.

Si bien la promoción de la salud en general contempla necesariamente la promoción de la salud mental, desde el Frente Amplio consideramos esencial visibilizar su importancia en un contexto de crisis del modelo neoliberal que eleva los niveles de estrés por sus principios egoístas y su modelo de producción, que sobrecarga la vida laboral y cotidiana de muchas personas.

Además de la actual crisis social y económica que vivimos, la sindemia vino a agravar las afectaciones de la salud mental en toda la población, desde la niñez y sus cambios en las dinámicas formativas, pasando por el desempleo, aumento de la informalidad y sobrecarga de cuidados en las poblaciones adultas, así como las medidas de aislamiento en las personas adultas mayores.

De esta manera, procurar un bienestar integral resulta esencial para favorecer las dinámicas sociales, los climas laborales y la calidad de vida en general. Por tanto, proponemos:

a) Continuar de manera prioritaria con el proceso de reformulación de la Política Nacional de Salud Mental para el decenio 2022-2032 de manera que promueva el enfoque de producción social de la salud mental.

b) Dar atención prioritaria a estrategias de fomento de Salud Mental a las mujeres, quienes presentaban un riesgo de 50% de ser más propensas que los hombres a sufrir trastornos de depresión y tenían el doble de probabilidad que los hombres a padecer trastornos de ansiedad previo a la sindemia por Covid19, misma que vino a agravar la presencia de factores estresantes en las dinámicas personales, familiares y sociales con impacto significativo en esta población.

c) Establecer dentro de la Estrategia Nacional, como prioridad, la atención de la ansiedad, depresión, riesgo suicida, consumo de sustancias psicoactivas y patología dual, con articulación interinstitucional entre el primer y tercer nivel de atención, con abordaje interdisciplinar.

d) Atender el consumo problemático de sustancias psicoactivas, tanto desde el modelo de reducción del daño como el modelo de tratamiento, con referencia desde el primer nivel de atención como en el segundo nivel, al Sistema Nacional de Tratamiento (SINATRA), el cual debe fortalecerse tanto con la participación de instituciones como el IAFA como de organizaciones de la sociedad civil.

e) Continuar y fortalecer la creación de EISAM (Equipos Interdisciplinarios de Salud Mental) para la atención de patología dual y con enlace directo interinstitucional con los Equipos de Salud Familiar y Comunitaria y los Comités de Salud Comunitaria.

f) Promover la actividad física y recreativa, el descanso, la alimentación saludable y habilidades para la vida en todos los niveles de atención y la comunidad educativa, mediante la coordinación entre el ICODER, el Ministerio de Educación, Municipalidades y Comités Cantonales de Deportes.

g) Construir estrategias regionales de fomento de salud mental acordes a datos actualizados, de manera que se brinde atención diferenciada y a partir de recomendaciones como las planteadas por la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, coordinada por el Ministerio de Salud.

h) Promover la creación de entornos saludables y armoniosos en todos los ámbitos: escuelas, colegios, universidades, entorno laboral, comunidad y hogares; mediante campañas informativas y coordinaciones intergubernamentales e intersectoriales.

i) Generar estrategias de encadenamientos productivos con pequeños y medianos empresarios que promuevan espacios de recreación en zonas verdes y costeras, como ambientes que favorezcan la salud mental y estimulen la economía.

En temas de salud ocupacional y laboral proponemos:

a) Fortalecer las políticas de salud laboral en las empresas para garantizar la protección efectiva de las personas trabajadoras y ambientes libres de violencia laboral. Se realizará un trabajo interinstitucional en el sector público y privado para fomentar la salud laboral, de cara a los retos de las diversas modalidades de trabajo.

b) Propiciar espacios de gestión colaborativa entre instituciones públicas y empresas privadas, para la promoción de la salud desde los consultorios médicos empresariales, con énfasis en disminución de riesgo del consumo y detección temprana en uso de sustancias psicoactivas.

a) Promover la creación de un Programa de Salud Escolar y del Adolescente, desde una integración interinstitucional e intersectorial que permita la participación de profesionales de salud (enfermería, nutrición, odontología, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros), que fomente la salud integral desde distintos programas de atención primaria en salud, equidad de género, salud mental y salud ambiental, entre otras. Este programa se implementará en coordinación interinstitucional con los Equipos de Salud Familiar y Comunitaria.

b) Fortalecer el programa de comedores escolares de manera que se asegure su financiamiento y se promuevan los principios de nutrición saludable, con encadenamientos productivos a pequeños y medianos productores de acuerdo con el plan de reestructuración del CNP y su objetivo de coordinar la producción agropecuaria orientada hacia el mercado doméstico.

c) Crear en el sistema educativo nacional la asignatura de salud la cual tendrá por objeto establecer buenas prácticas del cuidado de esta.

d) Se creará una plataforma de educación virtual para el autocuidado en donde se abordarán distintos temas para el fomento de la salud y el bienestar.

e) Involucrar a los Colegios Profesionales en los procesos de evaluación de la calidad y certificación de los profesionales del área de salud que se gradúan, así como incentivar la creación de mecanismos de recertificación profesional, permitiendo mejorar los estándares de calidad y con ello la protección y seguridad de la salud humana.

f) Promover el mejoramiento de los procesos de formación universitaria de personas profesionales en salud, para garantizar su calidad y adecuada planificación, mediante iniciativas como el fortalecimiento de las potestades de fiscalización del Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP) y la articulación de esfuerzos con el Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas (CONARE).

g) Capacitar mediante programas virtuales del CENDEISSS, en el caso del personal de la Caja Costarricense del Seguro Social y mediante plataformas tecnológicas pertinentes en el personal de otros centros e instituciones de salud; en el Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) y otras formas de comunicación alternativa. Se debe avanzar para garantizar que, en los diferentes centros de salud del país, exista personal capacitado y medidas de comunicación alternativa que permita una atención adecuada a todas las poblaciones del país, con capacitaciones de lenguas indígenas en los centros de salud con atención directa a esta población y los correspondientes según las redes de integración del Sistema Nacional de Atención.

h) Realizar campañas educativas e informativas para promover en la población una alimentación nutritiva y balanceada, de bajo costo en directa coordinación con la definición de una canasta básica alimentaria de calidad, exenta del IVA según lo contemplado en las propuestas del plan económico. Estas campañas deben articularse con las iniciativas para desestimular el consumo de comida “chatarra” o ultraprocesada, promoviendo proyectos de ley como el impulsado por el Frente Amplio, expediente Nº 21.132 “Ley para desincentivar el consume de productos ultraprocesados y fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social”.

i) Desarrollar una campaña educativa e informativa para reducir significativamente la utilización de agroquímicos en las zonas agrícolas del país, con la prohibición absoluta de importación y distribución de agroquímicos clasificados como “la docena sucia”; por medio de la acción coordinada de la CCSS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Salud, además, deberá incrementar sus acciones de fiscalización para proteger a las comunidades que están siendo fumigadas desde el aire y sufren exposición constante a los agroquímicos.

j) Respaldar las iniciativas ciudadanas que promueven el etiquetado y la información a la población sobre los riesgos de los organismos genéticamente modificados; y promover que en los hospitales y clínicas del Sistema Nacional de Salud, se consuman alimentos sanos, de la producción agropecuaria nacional orgánica y libre de transgénicos.

k) Realizar campañas que promuevan la atención de necesidades de salud con estrategias enfocadas en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Igualmente, se realizarán campañas educativas sobre el uso adecuado de los medicamentos, tomando en consideración las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el fomento del uso adecuado de medicinas tradicionales.

l) Continuar el proceso de actualización de la Política Nacional de Sexualidad para el próximo decenio con un enfoque de respeto a los derechos sexuales y reproductivos, así como de equidad de género; y fomento de una vivencia de sexualidad integral, de manera segura, informada y corresponsable.

m) Garantizar a la población el acceso a programas de salud sexual y reproductiva, que incluyan información real y específica en torno al VIH/Sida desde la educación básica, así como el acceso a servicios de salud dignos e integrales, con financiamiento y abastecimiento oportuno de la terapia antirretroviral, para las personas que viven con VIH. Se desarrollarán procesos de sensibilización y mecanismos de defensa de los derechos humanos de estas personas, haciendo énfasis en las poblaciones más vulnerables.

n) Retomar y fortalecer el papel social y de promoción de la salud del ICODER.

ñ) Mediante la estrategia de acupuntura urbana, incorporar en las ciudades en todas sus escalas circuitos bio-saludables, que integren los espacios de carácter urbano que cuenten con las condiciones adecuadas para el desarrollo de dichos conectores.

o) Incluir a los encargados municipales, del Ministerio de Salud o del ICODER correspondientes, para la capacitación, educación y recomendaciones respecto al uso de los circuitos bio-saludables según las características particulares de la ciudadanía usuaria.

p) Fomentar la construcción de ciclovías, así como mantener y crear otro tipo de espacios públicos accesibles para la movilidad activa, la práctica del deporte y la recreación.

q) Diseñar e implementar un Programa de “Ciudades Saludables” que tome en cuenta los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, así como las declaraciones, estatutos, estrategias y los planes de acción de organizaciones como la OMS y OPS referentes a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades no transmisibles, la equidad, las políticas públicas saludables, la salud mental y la salud ambiental.

a) Fortalecer la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 mediante el acompañamiento estatal a las personas cuidadoras formales e informales que apoyan a las personas usuarias, esclareciendo los requerimientos entre la coordinación socio-sanitaria.

b) En cumplimiento del primer plan de acción de la PNC 2021-2031, establecido en la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 se buscará espacio fiscal para robustecer la oferta de Red de Atención Progresiva para el Cuidado de la Persona Adulta Mayor y vinculación de la atención que reciben las personas con énfasis en la protección del derecho a la salud y seguridad social.

c) El IMAS como sede y coordinador del Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia, en coordinación con el Ministerio de Salud, darán normas de acreditación de habilitación y calidad al CONAPDIS y CONAPAM como rectores específicos de las poblaciones sujetas a cuidados, y la JPS y FODESAF como principales financistas; para integrar los servicios sociales con los sanitarios afín de incorporar profesionales en ciencias de la salud que colaboren en el cribado, valoración inicial y seguimiento de la condición integral de la persona en situación de dependencia. Asimismo, se integrarán oferta y demanda de servicios de atención a la dependencia, con las bases de las personas acreditadas como cuidadoras, las cuales podrán ejercer apoyo en el marco de fomento de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; sin caer en un ejercicio ilegal de la profesión ante los requerimientos de salud que puedan tener las personas.

d) Complementar el capítulo segundo del código de niñez y adolescencia para crear un subsistema de protección para las personas menores a través de la articulación del PANI, CEN CINAI y la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi).

e) Regular el ejercicio de cuidadores a nivel nacional y fortalecer, a través de instituciones como el INA, la formación integral de estos; con el fin de brindar seguridad jurídica y sanitaria a las personas que requieran de dichos servicios, así como a los mismos cuidadores,

f) Reglamentar de manera clara la potestad del Ministerio de Salud de disponer de establecimientos privados en casos de emergencia estipulado en el artículo 368 de la Ley General de Salud, de manera que se respete prioritariamente el derecho a la salud de la población en primer lugar, y la sostenibilidad del sistema público en segunda instancia, con atención de costos y sin perjuicio de las instituciones privadas.

g) Fortalecer y replantear el CONAPAM con el fin de preparar una estrategia nacional para enfrentar el envejecimiento poblacional

a) Promover y respaldar la aprobación del proyecto de Ley para Promover la Competencia en el Mercado de Medicamentos (expediente 21.368), para frenar aumentos abusivos y desproporcionados en los precios de las medicinas.

b) Promover y respaldar la aprobación del expediente 22306, “Reforma de los artículos 18, 19 y 20 y adición de un artículo 20 bis a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 6867 de 25 de abril de 1983. Ley para actualizar la regulación sobre licencias obligatorias en beneficio de la salud pública”; con el fin de modernizar los instrumentos a disposición del Estado costarricense para aplicar licencias obligatorias, que faciliten el acceso a medicamentos patentados a precios más bajos.

c) Promover y respaldar la aprobación del expediente 21.029 “Reforma integral a la ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, Ley N° 8239 de 2 abril de 2002” con el fin de crear mecanismos para garantizar el cumplimiento de estos derechos y fomentar una atención con calidad y calidez.

d) Continuar el apoyo del expediente 21.388 “Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial”, manteniendo la opción de extender los beneficios a pequeñas empresas y agricultores nacionales.

e) Avanzar hacia un modelo de atención más abierto a tratamientos alternativos, en el marco de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre medicina tradicional y medicina complementaria (MTC) de manera que se garantice accesibilidad, seguridad, eficacia y calidad de los mismos, previa investigación y aprobación de las autoridades competentes.

f) En temas de bioética, con el fin de regular conductas relacionadas con investigaciones científicas y la salud, que pueden tener serias implicaciones para la dignidad humana:

i. Replantear la discusión para prohibir el patentamiento de células o material genético humano acorde con la discusión planteada en torno al expediente de ley 18.340.

ii. Respaldar el expediente de ley 21.421 “Adición de una sección IV y los artículos 131, 132 y 133 al título I del libro II del Código Penal. Prohibición de la manipulación genética humana”, con el fin de prohibir expresamente prácticas atroces como la clonación humana o cualquier

La Seguridad Social, bajo la administración de la CCSS, constituye uno de los mayores tesoros que tiene Costa Rica y que ha permitido un gran desarrollo y progreso social, reflejado en mejoras en la calidad de vida e índices de salud nacionales de primer mundo.

Sin embargo, en las últimas décadas esta institución ha enfrentado graves amenazas que han llevado al debilitamiento progresivo de su capacidad para atender las necesidades de la población, respondiendo a las acciones tomadas por distintos centros de poder que le han arrebatado su autonomía y la han dañado de diversas maneras, subvirtiendo los principios de solidaridad, universalidad, equidad y justicia social; y poniendo en entredicho la transparencia en el uso de recursos.

Como institución baluarte que es para nuestro país, la Caja debe seguir ocupando un papel central en el modelo de salud, por lo que su defensa y fortalecimiento seguirán constituyendo una bandera de lucha para el Frente Amplio. Por ello, proponemos:

a) Retomar la discusión del proyecto de ley para restituir la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social (expediente 19.135 votado negativamente por la actual Asamblea Legislativa), que pretende eliminar la figura de presidencia ejecutiva y que la gerencia general, creada mediante resolución de la Junta Directiva, sea nombrada mediante un concurso de antecedentes realizado por dicho órgano.

b) Fortalecer los criterios de idoneidad y transparencia en los nombramientos de las gerencias de la Caja, su designación y la rendición de cuentas en su desempeño. Se plantea la creación de un mecanismo de nombramiento por medio de concursos de antecedentes, con cumplimiento de metas y rendición de cuentas a la Junta Directiva. No podrán ocupar el cargo por más de dos períodos consecutivos ni quienes estén siendo investigados por presuntos delitos de corrupción, quienes, de ser comprobado, no podrán volver a asumir estos cargos y se cumplirán las sanciones correspondientes estipuladas en el marco normativo vigente.

c) Revisar los criterios de conformación y los métodos de elección de quienes integren la Junta Directiva, de modo que la idoneidad y el conocimiento de la institución sean requisitos exigidos.

d) Ampliar la Junta Directiva incluyendo dos integrantes más que serán representantes de las personas usuarias de los servicios de salud, elegidas mediante consulta directa organizada a través de las juntas de salud y los comités de salud establecidos.

e) Fortalecer las Juntas de Salud, convirtiéndolas en verdaderas auditorías ciudadanas a las que deberán rendir cuentas de forma directa las autoridades de los centros de salud. Esas juntas tendrán acceso inmediato a la información y deberán ser consultadas en la definición de presupuestos y prioridades de inversión.

f) Mejorar el sistema EDUS tanto para clínicos como para usuarios del sistema de salud, considerando el derecho de las personas usuarias de conocer sus necesidades y situaciones en salud.

g) Realizar un proceso de concientización y educación a la población sobre la importancia de la salud y la seguridad social como parte de las Garantías Sociales que la Constitución Política reconoce a toda la población, y la necesidad del aporte de todas y todos por fortalecer este modelo.

h) Crear un sistema electrónico de satisfacción para quienes son atendidos en los diferentes niveles de atención de la CCSS, con el fin de dar voz a las personas y fomentar el trato cálido y respetuoso.

i) Establecer procesos de reevaluación cada 5 años en los puestos de alto mando como supervisiones y direcciones de centros, que incorporen componentes como evaluación de desempeño, de manera que éstos no sean de propiedad vitalicia y se asegure un compromiso con las labores.

j) Replantear la política de desconcentración hospitalaria, para eliminar todas aquellas distorsiones que incrementan la burocracia y la descoordinación, y que generan el encarecimiento de los procesos de compra de insumos y medicamentos.

k) Impulsar el proyecto de ley 21.066 “Modificación de varias leyes para frenar el proceso de privatización de los servicios públicos de salud que presta la Caja Costarricense del Seguro Social”.

l) Hacer una evaluación de los procesos y criterios que llevaron a la concesión y tercerización de servicios como vigilancia, limpieza y hasta la tercerización de clínicas o EBAIS. En los casos de terceros que tienen personal a su cargo, se realizará una solicitud de rendición de cuentas sobre las condiciones y el cumplimiento de derechos laborales de los empleados en estas empresas.

m) Velar por la transparencia en los procesos de contratación y concesión del proyecto de examen de admisión de internados y la certificación del ejercicio de la profesión.

a) Promover la realización de planes a mediano y largo plazo (por períodos de cinco y diez años) para el desarrollo de los servicios de la CCSS, de manera que sean independientes de los vaivenes político-electorales, y con un enfoque prioritario en Atención Primaria en Salud (APS) desde los tres niveles de atención y fomentando la participación ciudadana en el establecimiento de dichas prioridades. Se destacará la inversión en el primer nivel de atención y los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; así como la garantía de los recursos para el personal requerido en las nuevas unidades institucionales, con miras a considerar las necesidades de fortalecimiento de personal de salud a las unidades ya establecidas antes de crear nuevas sin contenido presupuestario para su adecuado funcionamiento, con énfasis en un modelo de producción social de la salud. Estos planes abarcarán todos aquellos aspectos que son clave para el mejor funcionamiento institucional, tales como: inversión en infraestructura y equipamiento; formación continua del personal de salud con énfasis en estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, fomento de investigación en salud, entre otros.

b) Fortalecer el proceso para adquisición de bienes y servicios de la CCSS, con el fin de mejorar el manejo del presupuesto sanitario.

c) Realizar un proceso de sensibilización hacia los profesionales con el fin de asegurar un trabajo comunicativo, respetuoso, horizontal y cálido hacia las personas usuarias y sus familias.

d) Instaurar en la CCSS un procedimiento para garantizar el ingreso de profesionales competentes e idóneos de acuerdo con las necesidades de cada institución.

e) Realizar una investigación sobre los perfiles de profesionales de la salud que requiere el país, para trabajar en conjunto con las universidades que les preparan, así como con los colegios profesionales.

f) Realizar una auditoría nacional sobre las necesidades de recurso humano de cada institución, con el fin de garantizar la atención de calidad.

g) Fortalecer las estrategias de fomento de salud mental en el personal institucional y sanitario a todos los niveles, especialmente durante el manejo y atención de la pandemia por Covid-19.

h) Mejorar y ampliar los controles y las normas éticas para prevenir y sancionar los conflictos de intereses entre el personal de la CCSS y el negocio de la salud privada. Promover legislación que sancione penalmente los “biombos”, así como a quienes debilitan la prestación de los servicios de salud de la CCSS u omiten su mejoramiento oportuno y refieren personas usuarias afectadas a consultorios o clínicas privadas con las que tienen vinculación. Se promoverá elevar el nivel de conciencia de las personas usuarias sobre la necesidad de aumentar la denuncia permanente de todos estos vicios que socavan la cobertura, oportunidad y calidad de los servicios de la seguridad social.

i) Reforzar los procesos de auditoría que se realizan a lo interno de la CCSS, garantizando su realización de manera periódica en cada centro de salud y con informes vinculantes y de intervención inmediata.

j) Apoyar y fomentar las auditorías ciudadanas que velen por el correcto cumplimiento de los centros de salud y la toma de decisiones de toda la institución. Además, es necesario fortalecer las contralorías de servicios de la institución, de manera que den informes periódicos a las juntas de salud y que, en conjunto, puedan hacer propuestas de mejora a la administración de los centros de salud.

k) Evaluar el CENDEISS, hacer una revisión de objetivos, para determinar su funcionalidad.

l) Crear unidades de investigación en el sistema de salud, con el objetivo de llevar a la práctica la evidencia científica y así, mejorar la atención, gestión de cuidados, calidad de vida y otros aspectos relacionados con la salud.

m) Impulsar la ampliación de la oferta universitaria de la diversidad de disciplinas, especialidades y subespecialidades en el campo de la salud, garantizando alta calidad en función de las necesidades del país. La asignación de campos clínicos se hará prioritariamente según resultados de exámenes de certificación por carreras específicas, elaborados con la asesoría de los respectivos colegios profesionales.

n) Revisar los criterios establecidos para la práctica investigativa por parte de los profesionales en salud, de manera que cuenten con apoyo institucional y puedan adaptarse medidas que fomenten la realización de proyectos sin que signifique una carga adicional mediante la regulación del puesto profesional-investigador.

ñ) Revisar los procesos de formación de técnicos y auxiliares de la salud, con el fin de promover que estos se formen según necesidades institucionales y desde un enfoque de salud basado en la Atención Primaria en Salud (APS).

o) Revisar el proceso de tecnificación en la prestación de servicios que ha promovido el modelo de salud actual y buscar medidas alternas al componente alópata de la medicina hacia un enfoque de promoción de la salud y prevención que se realice de manera interdisciplinaria.

p) Incrementar la formación y la calidad, con énfasis en el buen trato, de profesionales especialistas para los servicios de salud de la CCSS y promover su distribución equitativa en todos los centros de salud del país según las necesidades reales de la población.

q) Fortalecer los programas de Alta Hospitalaria de la CCSS en los diferentes establecimientos de salud, permitiendo articular los tres niveles de atención, mediante la red de salud y ofrecer una respuesta oportuna de gestión del cuidado domiciliar a la persona usuaria y familia. Este avance permitirá la reducción de costos y la disminución de hospitalizaciones en el segundo y tercer nivel de atención.

r) Consolidar el servicio social obligatorio para profesionales especialistas y los programas de incentivos para asegurar la asignación de especialistas en las zonas rurales y de menor desarrollo humano. Esta asignación debe responder estrictamente a las necesidades de las comunidades.

s) Dar prioridad y contenido económico a los programas dirigidos a lograr la reducción sistemática de las listas de espera en los servicios de salud de la CCSS. Consolidar y hacer transparentes dichas listas, incorporando la participación de las personas aseguradas en el seguimiento y control con participación activa de las Juntas de Salud, especialmente en lo relacionado con las cirugías, los exámenes de diagnóstico y las citas con especialistas.

t) Considerar la Atención Primaria como prioridad en el accionar de mejora de la atención en salud, y, en segundo lugar, fortalecer la atención en especialidades básicas (pediatría, ginecología, medicina interna, medicina familiar y comunitaria, entre otras), considerando la implementación de otras como nefrología, para que sean parte de la atención secundaria. Asimismo, considerar el seguimiento de enfermedades crónicas en el manejo de terapias, tales como las quimioterapias o diálisis, para que también se implementen en el segundo nivel de atención con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas.

u) Establecer la dedicación exclusiva con la CCSS para profesionales en especialidades médicas de alta demanda, en especial aquellas donde existen listas de espera, con el fin de prevenir los conflictos de intereses que pueden surgir del ejercicio simultáneo de la práctica pública y privada; así como fiscalizar su cumplimiento.

v) Consolidar la Red Oncológica Nacional para la prevención, el diagnóstico temprano y la atención oportuna del cáncer, con el objetivo de reducir la incidencia de la enfermedad y aumentar las tasas de supervivencia de las personas usuarias.

w) Fomentar el avance de los proyectos de construcción e inversión con énfasis prioritario en las zonas fuera de la GAM, enfocando esfuerzos en proyectos como la construcción del nuevo Hospital de Limón y el Hospital de Guápiles, entre otros.

x) Ampliar los programas de inversión en infraestructura y equipamiento de la CCSS para atender las necesidades urgentes de las comunidades que han venido denunciando el abandono y el deterioro de los servicios de salud. Se establecerá un plan de intervenciones prioritarias según criterios técnicos y con prioridad en cantones fuera del Valle Central y con miras a solventar las inequidades territoriales asociadas a la prestación de los servicios de salud en los tres niveles de atención.

Desde el Frente Amplio continuaremos en la defensa y fortalecimiento del financiamiento de la Seguridad Social. Como lo demostramos con el fallo histórico de la Sala I, nuestra fracción ganó el juicio contencioso administrativo interpuesto contra el Estado por el no pago de la millonaria deuda originada en el traslado del primer nivel de atención en salud, lo que asegura que se tenga que avanzar hacia este propósito. Así mismo, a raíz de nuestras fuertes denuncias por el incumplimiento por parte del Estado, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19 se logró un acuerdo multipartidista en la Asamblea para que el 10% de los empréstitos que se aprueben se destine a pagar la deuda con la CCSS, lo que se ha podido cumplir en varios empréstitos aprobados durante la actual gestión legislativa. Bajo este panorama, desde el Frente Amplio proponemos:

a) Priorizar en los presupuestos nacionales el efectivo financiamiento del seguro de salud, con la inclusión de los montos destinados a pagar la deuda estatal con la Caja según lo dispuesto en la sentencia histórica ganada por nuestra fracción. Este compromiso de honrar las deudas con la seguridad social –al igual que el cumplimiento del 8% del PIB para la educación pública- tendrá prioridad en la asignación con destino específico de los recursos que eventualmente se generen por cualquier reforma tributaria que se realice en el periodo 2022-2026.

b) Fiscalizar la inclusión de las partidas para hacer frente a la totalidad de las contribuciones del Estado a la seguridad social, tal y como lo ordena la ley; en la elaboración de los Presupuestos Ordinarios por parte del Ministerio de Hacienda.

c) Fortalecer el financiamiento solidario y tripartito de los seguros sociales, para lo cual se impulsará una distribución justa de las contribuciones, para proteger a las pequeñas empresas y a las personas trabajadoras de menores ingresos.

d) Promover la modificación al Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes, con la intención de facilitar el proceso de formalización de estos sectores y aumentar la base de personas cotizantes. Esta propuesta permitirá aumentar la cobertura en salud y generar recursos directos a la seguridad social.

e) Promover la propuesta para fomentar la imprescriptibilidad de las deudas por cuotas obrero-patronales de los seguros sociales (expediente 21.045).

f) Promover la aprobación de los proyectos de ley que fortalezcan la Gestión de Cobro de la CCSS (expediente 22.240) con el fin de reforzar la capacidad de inspección de la CCSS y las sanciones por fraude y evasión de las cuotas de la seguridad social.

g) Impulsar la aprobación del proyecto de ley para Garantizar el cumplimiento del Principio de Solidaridad en el Financiamiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (expediente 21.374) para establecer la obligación de contar con un seguro de la CCSS, como requisito ineludible para adquirir seguros privados de salud en Costa Rica o hacer efectivos seguros transfronterizos en nuestro territorio.

h) Continuar con la construcción de propuestas de mejora y simplificación sustancial de trámites de aseguramiento de personas trabajadoras y de modificación de las planillas de la CCSS, con prioridad en trabajadores independientes, así como pequeñas y medianas empresas que se hayan visto afectadas por las consecuencias de la pandemia por Covid19.

i) Aplicar de forma irrestricta los controles cruzados establecidos en la Ley Orgánica de la CCSS para impedir que quienes tengan deudas con la seguridad social y con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) se beneficien de cualquier tipo de contratación con fondos públicos. Asimismo, continuaremos luchando por eliminar las interpretaciones arbitrarias de la Contraloría General de la República que, lamentablemente, buscan relativizar y debilitar esta obligación.

j) Diversificar las opciones de arreglo de pago para fomentar que quienes tengan deudas con la seguridad social se pongan al día, siempre que se garantice la recuperación de la totalidad de las cuotas adeudadas a la CCSS, y con flexibilización en pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia Covid-19. De la misma manera, vincular todos los programas de incentivos y apoyo a las micro y pequeñas empresas al cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social.

k) Continuar con la defensa de las finanzas de la CCSS, de manera que cuando sean necesarias amnistías en morosidades para reactivación económica, estas sean primordialmente en pequeños y medianos contribuyentes, tal y como se ha defendido en la actual gestión legislativa.

l) Retomar la discusión de la reforma para garantizar que profesionales liberales y otros trabajadores independientes de altos ingresos coticen a la seguridad social de acuerdo con sus ingresos reales.

m) Tipificar expresamente como delito el fraude para evadir el pago de las contribuciones a la seguridad social.

n) Aplicar una escala de cotización progresiva sobre sueldos y salarios, de modo que los ingresos provenientes del trabajo de las personas con salarios más bajos no sean gravados más allá de la cuota actual.

ñ) Valorar dentro de la discusión sobre reforma fiscal la adopción de medidas que permitan aumentar el aporte estatal a la seguridad social, tales como: un recargo al impuesto sobre utilidades de las grandes empresas dedicadas al negocio de la salud privada o un incremento al impuesto sobre rentas y ganancias de capital, donde un porcentaje se destine al financiamiento del aporte estatal a la Caja.

o) Continuar los esfuerzos junto al Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre estrategias de fortalecimiento del seguro de riesgos del trabajo y garantizar que no se debiliten los principios del Código de Trabajo que rigen su funcionamiento. Impulsaremos la universalización del seguro de riesgos del trabajo para personas trabajadoras independientes de bajos ingresos, con financiamiento de las utilidades del INS.

p) Continuar con la discusión y aprobación de manera prioritaria del proyecto de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Emergencia Nacional del Covid-19 (expediente 21.883) para crear una contribución temporal que atienda las necesidades económicas asumidas por el sistema de salud a causa de la atención de la emergencia sanitaria.

q) Promover un diálogo y negociación para construir opciones alternativas de financiamiento de la CCSS mediante impuestos progresivos que compensen una posible reducción de las contribuciones basadas en las planillas.

r) Impulsar la universalización de los seguros de salud y pensiones para personas trabajadoras independientes de bajos ingresos, asegurando el uso de los recursos que define el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador y otras fuentes de financiamiento.

La crisis del sistema público de pensiones de la Caja (IVM) refleja, en lo fundamental, factores de orden estructural y tendencias de largo plazo, asociadas al cambio demográfico y, por lo tanto, los cambios en la estructura por edades de la población, así como procesos de reestructuración económica que han debilitado la generación de empleos y propiciado la informalidad laboral. Si bien ha habido fallas en la administración de este sistema de pensiones, y, sobre todo, una renuencia y posposición injustificada en reconocer los problemas de fondo y las tendencias problemáticas que le afectaban; debe quedar claro que ninguna solución será ni económica ni políticamente sostenible si no se logra encontrar respuestas apropiadas frente a esos problemas subyacentes fundamentales.

De forma similar, el incremento de las cuotas, la posposición de la edad de pensionarse y la reducción de las prestaciones por concepto de pensión, tan solo implicaría poner un elevado costo sobre la población trabajadora y sobre las finanzas públicas, sin que realmente se garantice la sostenibilidad del sistema, puesto que los problemas estructurales subyacentes eventualmente seguirían un curso de agravamiento que continuaría debilitando las bases de sustentación del sistema. Por otra parte, ese tipo de soluciones tendrían un elevado costo político, que eventualmente provocaría una grave deslegitimación social del sistema de pensiones de la Caja, y daría alas a la demagogia neoliberal que quiere convencer de la presunta conveniencia de un régimen privado de capitalización individual.

Por lo tanto, la discusión sobre el sistema de pensiones es inseparable de la discusión sobre la estrategia de desarrollo neoliberal y del modelo de salud que proponemos donde exista una garantía del derecho a la seguridad social, que implica además una pensión digna. Los procesos de reestructuración de la economía que han tenido lugar bajo la estrategia de políticas del proyecto neoliberal, y bajo el influjo de los procesos de transnacionalización de los capitales y globalización de las finanzas, han tenido impactos muy fuertes en el mundo del trabajo, que se visibilizan en una creciente flexibilización laboral, un incremento de la informalidad y precarización y una disminuida capacidad de generación de empleos.

Eludir esa discusión, equivale a eludir la búsqueda de soluciones de fondo y perdurables.

Es indispensable contar con una economía de alta productividad que garantice empleos dignos, que propicie la plena incorporación de las mujeres y de las personas jóvenes en los mercados laborales remunerados y el incremento general de las tasas de ocupación de la población en edad de trabajar. Por tanto, desde el Frente Amplio proponemos:

a) Continuar con todas las medidas pertinentes para garantizar el financiamiento del Seguro de Pensiones, como el proceso de juicio contencioso administrativo presentado por el Frente Amplio para que el Estado indemnice al Seguro de Pensiones IVM por el incumplimiento de esta obligación.

b) Buscar nuevas formas de inversión del fondo de pensiones, que garanticen mayores niveles de rentabilidad sin sacrificar seguridad ni el nivel de riesgo. La posibilidad de financiar obra pública debe ser desarrollada mediante imaginativos vehículos de inversión, que es deber de los bancos generar en condiciones de rentabilidad y riesgo aceptables, pero de forma tal que se fortalezca el control público sobre las infraestructuras que se desarrollen.

c) Establecer préstamos a base del Fondo de Pensiones de la Caja para personas trabajadoras, de manera que se puedan utilizar como préstamos para vivienda y, en general, para actividades que puedan generar patrimonio de las y los trabajadores. Los préstamos hipotecarios deben concederse a plazos más amplios que los actuales y vincularse con el bono de la vivienda cuando corresponda.

d) Fortalecer el carácter a la vez único, universal y solidario del sistema de pensiones de la Caja. Es decir, debe descartarse cualquier tentación de crear nuevos regímenes de pensiones que atenten contra un sistema público único al cual todos y todas contribuyamos de forma solidaria, por lo tanto, en forma consistente con las posibilidades de ingreso de cada quien. El sistema de pensiones público universal debe funcionar como un mecanismo de redistribución de los ingresos en forma inter-temporal, al menos en cuanto se logre que recupere el carácter de un sistema de capitalización, en cuyo caso cada quien aportaría a lo largo de su vida en forma diferenciada según sus capacidades, y ello permitiría que, al jubilarse, la pensión de quienes menos cotizaron por ser más pobres sea entonces un poco mejor de lo que habría sido de otra forma. Pero también esto necesariamente entraña tratar de prevenir que en el futuro aparezcan nuevamente sistemas especiales que rompan tales principios y que creen grupos beneficiados por sistemas segregados y más generosos. Debemos entender que cada uno de estos sistemas especiales, al tiempo que rompe el carácter solidario del sistema general, genera un hueco por el que se fugan recursos que son necesarios para su sostenibilidad financiera del sistema universal y solidario.

e) Reformar el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador para fortalecer la capitalización del seguro de pensiones y garantizar que los bancos, las aseguradoras y las empresas de telecomunicaciones privadas contribuyan solidariamente con un porcentaje de sus utilidades para fortalecer el régimen de pensiones, tal y como hoy deben hacerlo las empresas públicas.

f) Promover la aprobación de una ley para desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados, que además genere ingresos para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

g) Promover la aprobación del proyecto de ley para Garantizar la Cobertura Universal del Seguro de Riesgos del Trabajo a las Personas Trabajadoras Afectadas por Mordeduras de Serpientes (expediente 22.334).

h) Retomar la discusión del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (expediente 17.529) con el fin de fomentar el derecho a la pensión de la población migrante, nacional e internacional, que haya aportado al sistema de pensiones según la proporción de cuotas laboradas en el país y los lineamientos internacionales respectivos.