headers-09
Derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades de inmigrantes costarricenses

Los pueblos originarios de Costa Rica siguen sufriendo discriminación, marginación y exclusión. A pesar de que nuestro país ratificó desde 1992 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas –necesaria para garantizar los derechos reconocidos en dicho convenio- sigue frenada en la Asamblea Legislativa, por los intereses de quienes pretenden continuar con el saqueo de los territorios indígenas y la desidia de las demás fuerzas políticas.

Aunque la Ley Indígena de 1977 declara dichos territorios como inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitaban o llegaran a habitarlos, varias comunidades indígenas han sido despojadas por la ocupación ilegal de sus tierras, a vista y paciencia de las autoridades. El problema se ha agravado en territorios como Térraba, Salitre y Cabagra de Buenos Aires y China Kicha de Pérez Zeledón, donde el actual Gobierno ha tolerado manifestaciones de racismo y violencia contra las comunidades que luchan por recuperar sus tierras. Las confrontaciones han dejado como saldo la muerte de dos líderes indígenas Sergio Rojas y Jerhy Rivera. En las comunidades indígenas, persisten indicadores de pobreza muy superiores a la media nacional y serias limitaciones de acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el respeto a los derechos laborales, afectando con mayor contundencia a las mujeres indígenas. Sigue sin respetarse y cumplirse a cabalidad el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre cualquier iniciativa que pretenda explotar los recursos naturales de sus territorios o afectar sus demás derechos.

Asimismo, las comunidades afrodescendientes todavía enfrentan manifestaciones de racismo y discriminación, así como la ausencia de una adecuada protección a sus derechos ancestrales sobre las tierras que habitan, el irrespeto a su derecho a mantener sus manifestaciones culturales (por ejemplo: los nombres de lugares en inglés criollo) o el no reconocimiento a procesos educativos propios, a su uso del idioma inglés y a su aporte a la historia costarricense.

Por otra parte, las poblaciones inmigrantes provenientes de todos los continentes y por supuesto de las regiones más cercanas (Centroamérica, el Caribe y América Latina en general) han sido y siguen siendo parte de nuestra historia aunque su legado no ha sido debidamente reconocido. Por ello, la declaratoria constitucional de nación multiétnica y pluricultural debe materializarse en acciones concretas que reconozcan, preserven y cultiven sus valiosos y diversos aportes.

Durante el periodo 2014-2018 el Frente Amplio fue parte de las fuerzas parlamentarias que aprobaron la reforma constitucional para reconocer el carácter pluricultural y multiétnico de la República de Costa Rica (Ley 9305). Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para que este reconocimiento se materialice en políticas y acciones concretas en todos los ámbitos del gobierno y de la sociedad.

Si queremos construir un país donde todas y todos quepamos, es urgente reparar tantas injusticias históricas y discriminaciones.  Para ello, proponemos:

1. Derechos de los Pueblos Indígenas
  • Reactivar la discusión y tramitación legislativa de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Se abrirá un proceso de diálogo con participación de todas las comunidades indígenas del país para la construcción y actualización del proyecto de ley, con el fin de llegar a acuerdos que permitan su votación definitiva, además de un proceso de consultas con personas provenientes de todos los pueblos indígenas del país, diversos actores sociales y políticos.
  • Proponer la organización de un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas y un Congreso Nacional de Afrodescendientes con la participación de organizaciones de todos los territorios indígenas y de las comunidades de afrodescendientes, respectivamente. En los mismos se definirán agendas, prioridades y líneas de política pública que se integrarán al Plan Nacional de Desarrollo y serán integradas a las políticas, programas y proyectos que las instituciones públicas dirijan a estas poblaciones. Además, definirán instancias y canales de comunicación directa con las autoridades que la Presidencia de la República designe como responsables de dar seguimiento a los acuerdos y para revisar el proceso impulsado por el actual gobierno para construir una Política Pública para los Pueblos Indígenas 2020-2024.
  • Promover el diálogo social con la participación de las comunidades indígenas en torno a su desarrollo autónomo de acuerdo a las características de cada pueblo y territorio, el cumplimiento de los derechos humanos y la igualdad de género, que deberá ser considerado para las acciones específicas de las instituciones estatales en dichos territorios.
  • Cumplir estrictamente con la obligación del Estado costarricense de consultar a las comunidades indígenas respecto de cualquier tipo de proyectos o iniciativas susceptibles de afectar sus derechos o que apunten a la exploración, explotación y/o extracción de recursos naturales en sus territorios, a partir de los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, mediante consulta libre, previa e informada, con textos traducidos a los idiomas indígenas y su divulgación oportuna, con espacios adecuados para la deliberación y participación de todos los sectores interesados y/o potencialmente afectados, procurando la participación y consulta indígena desde
  • la formulación de los proyectos, y garantizando que los resultados de la consulta serán respetados por las autoridades gubernamentales. En esa línea se revisarán las acciones de los gobiernos del PAC para normar un procedimiento de consulta, atendiendo las dudas y objeciones planteadas por las comunidades indígenas. Además, seguiremos impulsando el Proyecto de acuerdo legislativo bajo el expediente No.22.454: “Adición de un nuevo artículo 157 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa para garantizar la consulta indígena en el procedimiento legislativo”.
  • Hacer cumplir la ley y ejecutar acciones eficaces e inmediatas en apoyo a las luchas de las comunidades indígenas para recuperar sus tierras que actualmente se encuentran ocupadas ilegalmente. Para estos efectos, el Poder Ejecutivo impulsará la intervención coordinada de las distintas instituciones y autoridades involucradas, para:
    • Proteger la vida y la integridad de las familias indígenas que luchan por sus tierras y detener cualquier brote de violencia, con especial atención a comunidades como Salitre y Cabagra de Buenos Aires, China Kicha de Pérez Zeledón y Territorio Keköldi en Talamanca. Continuar exigiendo una investigación rigurosa que llegue a esclarecer estas lamentables pérdidas y siente responsabilidades por los asesinatos de los líderes indígenas, Sergio Rojas del pueblo Bribri de Salitre y Jerhy Rivera del pueblo Broran de Térraba.
    • Denunciar y sancionar cualquier manifestación de racismo y agresión contra las personas indígenas. Para ello, el Poder Ejecutivo emitirá una Directriz para que todas las personas oficiales de la Fuerza Pública en los territorios indígenas, así como personas trabajadoras públicas que prestan servicios a dichos pueblos, tengan un proceso de sensibilización y formación sobre el respeto a los derechos humanos y especialmente sobre las costumbres, derechos y libertades de las personas indígenas.
    • Solicitar a la Procuraduría General de la República que active las acciones legales que sean necesarias para reivindicar las tierras indígenas ocupadas ilegalmente.
    • Girar directriz al INDER para que asuma como prioridad la asignación de recursos para financiar los procesos de recuperación de tierras y ponga en marcha un plan de acción inmediata para los territorios indígenas.
    • Abrir procesos de diálogo y resolución alternativa de conflictos con personas no indígenas, con el fin de alcanzar una solución pacífica y concertada de los conflictos de tierras, en el marco del respeto a los convenios internacionales suscritos por nuestro país y de la legislación nacional.
    • Impulsar la modificación de la Ley Indígena 6172 para garantizar la ejecución de las acciones orientadas a la recuperación de los terrenos ubicados en los territorios indígenas ocupados por personas no indígenas y para establecer con claridad el ámbito de acción y potestades administrativas y jurídicas de las Asociaciones de Desarrollo Indígena y de los Consejos de Mayores conforme a la costumbre y prácticas ancestrales de las comunidades.
  • Realizar una campaña de comunicación donde se visualicen los aportes de los pueblos indígenas, sus tradiciones y derechos, con el fin de enfrentar estigmas, representaciones discriminatorias y hasta racistas que siguen existiendo en nuestro país, muchas veces reproducidas en los medios de comunicación masiva.
  • Exigir el efectivo cumplimiento, por parte de los centros de salud públicos y privados, de su obligación de contar con protocolos especializados para la atención de las personas indígenas y dar capacitación a su personal sobre las necesidades y condiciones particulares de esta población. Las autoridades de la CCSS deberán dar trámite prioritario a las denuncias por maltrato y discriminación contra personas indígenas en sus clínicas y hospitales. Además, se promoverá el reconocimiento de la medicina indígena como parte de los modelos de prevención, atención y producción de entornos saludables en los programas del sistema de salud pública.
  • Designar una unidad en la Inspección General de Trabajo para la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras indígenas y la prevención de situaciones de explotación laboral y otras violaciones a sus derechos humanos. En los cantones con fuerte presencia de personas trabajadoras indígenas se reforzará la presencia y la capacidad operativa de la Inspección General de Trabajo, en cumplimiento de la obligación asumida por el Estado costarricense en el artículo 20 del Convenio 169 de la OIT.
  • Garantizar el derecho de las niñas y los niños indígenas y afrodescendientes a aprender sus idiomas originarios o tradicionales, así como a recibir lecciones sobre su historia, tradiciones culturales, ciencias y tecnologías. El Estado costarricense, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP) y en coordinación con las autoridades tradicionales locales, continuará y consolidará el nombramiento de maestros y maestras indígenas o afrodescendientes de las propias comunidades, en todas las escuelas y colegios públicos ubicados en territorios indígenas o en comunidades con alta proporción de población indígena o afro, según sea el caso. El MEP suscribirá convenios con las universidades públicas para facilitar la formación de maestras y maestros de los distintos pueblos originarios existentes en Costa Rica. Impulsar la capacitación de mujeres indígenas con becas para que terminen sus estudios primarios y secundarios, además de apoyar procesos de alfabetización de mujeres indígenas.
  • Promover programas de capacitación en las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de los llamados incentivos ambientales, en la perspectiva de generar capacidades que les permitan hacer un uso efectivo de esos fondos en beneficio de las comunidades. Ello debe ir de la mano con la incorporación efectiva de los principios de autonomía indígena como parte del sistema de pagos por servicios ambientales.
  • Avanzar en la elaboración de planes para que el ordenamiento territorial de las comunidades indígenas sea definido por éstas, acorde con sus condiciones históricas, sociales y culturales.
  • Regular la intermediación en la comercialización de productos agropecuarios producidos en las comunidades indígenas y fomentar redes de comercio solidario, con el fin de garantizarles canales efectivos para colocar sus productos a precios justos. Apoyar redes de turismo cultural indígena en los territorios y ofrecer capacitación para su ejecución.
  • Promover la adecuada implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (9593) para que los derechos humanos sean garantizados en todo proceso judicial donde participen personas indígenas. El Poder Ejecutivo emitirá las directrices correspondientes para asegurar que los principios de esta Ley también sean aplicados en todo procedimiento de la Administración Pública susceptible de afectar a las personas indígenas.
  • Promover la aprobación definitiva del proyecto de reforma constitucional presentado por el Frente Amplio para establecer representación directa de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa, mediante el nombramiento de al menos dos diputadas o diputados indígenas (aumentando el número total de curules a 59) que serán elegidos por las personas indígenas que habitan los territorios indígenas del país. Esta iniciativa fue archivada por la actual Asamblea Legislativa y nuevamente presentada con el apoyo de diputaciones de diferentes fracciones bajo el expediente 22.298. Además, promover que dicho proyecto contemple la paridad de género.
  • Establecer y reforzar una atención diferenciada para las personas indígenas en trámites digitales o telefónicos de diversas instituciones del Estado, en atención a dificultades de acceso a internet, telefonía y en general a las brechas digitales aqueja a gran parte de estas poblaciones.
  • Incentivar que los bonos de vivienda que se otorguen en los territorios indígenas contemplen la posibilidad de construir viviendas con pertinencia cultural de acuerdo a los parámetros y tradiciones de los pueblos indígenas.
  • Promover que todas las instituciones públicas coordinen sus acciones con diferentes organizaciones de los territorios indígenas, incluyendo ADIs, grupos de mujeres, consejos de mayores y otros, logrando una mayor integración y representatividad de la población indígena en la toma de decisiones sobre los proyectos y servicios que prestan a esta población.
  • Promover un proyecto de ley para que las Municipalidades que dentro de su jurisdicción contienen territorios indígenas, destinen un presupuesto específico para la atención de las vías de comunicación dentro de estos y así superar años de deterioro y falta de intervención.
  • Coordinar con organizaciones como la SUTEL y el ICE con el fin de materializar proyectos que hagan realidad el acceso a internet y telefonía de los territorios indígenas a través de la construcción de torres para telefonía e internet que garanticen el acceso a una educación de calidad y así mismo a la disminución de la brecha de desigualdad. Todo esto en coordinación con los grupos organizados en los territorios indígenas.
  • Velar porque el acceso a los servicios a los que acceden las personas indígenas sea inclusivo, de esta manera, se busca coordinar para contar con traductores de los diferentes idiomas indígenas en el sistema de salud, educación, servicios de emergencia y entre otros.
  • Velar por el cumplimiento de la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (9710) para crear un trámite expedito que facilite la obtención de la ciudadanía costarricense para las personas indígenas que tienen derecho a ella y eliminar trabas legales que impiden a la población indígena transfronteriza del pueblo Ngabe-Buglé, obtener una residencia legal en el país, a pesar de tener años de residir en Costa Rica. Realizar todos los esfuerzos para que la Dirección General de Migración y Extranjería reconozca las condiciones particulares de las personas indígenas transfronterizas, así como la eliminación de los cobros injustos que hoy les niegan sus derechos de ciudadanía.
2. Derechos de las Comunidades Afrodescendientes
  • Transversalizar la lucha contra el racismo estructural y neocolonial, con especial énfasis en los aspectos de riqueza, poder y justicia, promoviendo acciones afirmativas, espacios para la participación y de toma de decisiones para la población afrodescendiente, y visibilización de datos demográficos para la formulación de políticas públicas informadas que atiendan las demandas históricas de reparaciones.
  • Reconocer el Limón Kryol o inglés limonense de los pueblos afrodescendientes de Costa Rica como idioma oficial regional y respetar su utilización en los nombres de sitios y lugares públicos. Presentar una propuesta de ley en este sentido.
  • Garantizar la protección especial del Estado y sus instituciones de los derechos culturales, sociales, económicos y territoriales de los pueblos afrodescendientes, incluyendo el respeto a sus manifestaciones culturales y la prevención y sanción de toda forma de discriminación racial. Su aporte a la economía y a la cultura costarricense debe estimularse y reconocerse.
  • Promover la consolidación con seguridad jurídica de los derechos históricos de las personas afrodescendientes sobre las tierras que habitan, incluyendo las comunidades históricas del Caribe Sur. Mediante el diálogo directo con las comunidades involucradas, se promoverá legislación especial para hacer efectivo este derecho, en concordancia con el marco constitucional del país.
  • Formular, en conjunto con la sociedad civil, una política pública para preservación y recuperación del patrimonio de las comunidades afrodescendientes en nuestro país, incluyendo acciones para contener la gentrificación de sus barrios y comunidades, así como proteger el patrimonio en ámbitos de gastronomía, arte, literatura, arquitectura, historia.
  • Impulsar que el 31 de agosto, día de las personas negras y de la cultura afrodescendiente, sea celebrado a nivel nacional como feriado y culminación del mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica, establecido mediante la Ley 9526 y promover que en ese mes los centros educativos destaquen estas efemérides, conmemorando y celebrando el legado vivo de las comunidades afro en Guanacaste, Limón y en todo el territorio nacional.
  • Promover la investigación en salud y actualización de conocimientos generados en otros países, incluidos los relacionadas con la selección de medicamentos, para la correspondiente adecuación de modelos de atención, acordes con las necesidades particulares de las personas afrodescendientes. Así mismo, establecer estrategias particulares de promoción de la salud y prevención de enfermedades, acordes con la diversidad cultural, étnica y de factores determinantes de la salud.
  • Mantener el rol de Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia. Su elección se hará a partir de una terna propuesta por movimientos de sociedad civil organizada.
3. Políticas acordes con una sociedad multiétnica y pluricultural
  • Impulsar y respaldar la aprobación del proyecto de Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia (expediente 20.174). Una vez aprobada esta reforma, el Poder Ejecutivo procederá a su expedita reglamentación, articulándola con la revisión y actualización de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, en aras de prevenir las múltiples manifestaciones de racismo que, lamentablemente, persisten en nuestra sociedad.
  • Seguir impulsando el proyecto de ley de reforma constitucional para establecer la obligación de las universidades públicas de asignar cuotas de ingreso a sus distintas carreras para estudiantes indígenas y afrodescendientes, como medida de acción afirmativa para garantizar el pleno acceso a la educación superior pública para estas poblaciones (expediente 20.996).
  • Resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de las comunidades inmigrantes sobre los usos de la biodiversidad mediante el ejercicio efectivo de su derecho al consentimiento informado previo y la objeción cultural sobre cualquier forma de acceso a dicho conocimiento. Combatiremos todas las formas de biopiratería.
  • Promover una modificación de la currícula escolar para que todas las personas estudiantes adquieran conocimientos sobre los aportes de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones inmigrantes al desarrollo económico, social, cultural y político de Costa Rica.