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Políticas migratorias para garantizar los derechos humanos

Las poblaciones migrantes en Costa Rica experimentan dinámicas complejas de acceso y bloqueo a la documentación que les garantice un uso igualitario de los bienes y servicios presentes en el país.

Se cuenta con una Política migratoria integral (PMI) cuyo periodo de implementación está próximo a terminarse, por lo cual constituye una ventana de oportunidad para actualizar los marcos de gestión y diseño las acciones vinculadas con estas poblaciones. De la misma manera, es necesario refrescar la Ley migratoria vigente para que actúe según los nuevos contextos desarrollados en el país.

Pese a avances notables en materia legislativa, las poblaciones migrantes todavía se enfrentan a discursos y contenidos discriminatorios y excluyentes. La xenofobia es persistente en particular en espacios de producción y reproducción de contenidos y discursos, como las redes sociales. Es urgente intervenir en la erradicación de estos temas y reorientar de forma propositiva el conocimiento de las biografīas y las historias de las personas que debieron salir de sus contextos de origen y procurar una nueva experiencia de vida.

En materia laboral, es necesario avanzar hacia escenarios de justicia y reconocimiento de los derechos de forma oportuna. El contexto COVID mostró prácticas prohibitivas en cuanto a condiciones de trabajo, de habitabilidad y acceso a servicios, que los sectores patronales venían desarrollando con las personas trabajadoras migrantes. Estas prácticas deben ser erradicadas y sustituidas por buenas acciones, con perspectiva integral y respetuosa de las causalidades que intervienen en la dinámica migratoria.

Desde el Partido Frente Amplio se propone:

a) Revisar los instrumentos, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado costarricense en materia migratoria a fin de garantizar su ejecución, cumplimiento y funcionamiento en la institucionalidad nacional. Es importante fortalecer las dimensiones relacionadas con la integración social, los derechos laborales, el acceso a servicios, la protección y la prevención a todas las formas de discriminación, xenofobia y racismo.

b) Incentivar la discusión nacional sobre una nueva propuesta de política migratoria que actualice la vigente (2013-2023) y que considere los procesos contingentes desarrollados en los últimos años en materia de movilidades extraregionales y extracontinentales, las producidas por efecto de la emergencia sanitaria y las desarrolladas como consecuencia de procesos de desplazamientos forzados tanto a nivel interno y externo. Se debe procurar un esfuerzo para animar un espacio de reflexión e intervención sobre la relación entre movilidades y riesgo, que aborde los procesos de movilidad humana motivados por variables socioambientales y climáticas.

c) Construir una propuesta de Ley Migratoria que sustituya la vigente y que aborde las nuevas categorías migratorias que se han desarrollado en el país como consecuencia de su funcionamiento como territorio de tránsito y de destino. Se debe impulsar debates acerca de las dimensiones novedosas de las movilidades humanas y sus impactos en la sociedad costarricense, que se traduzcan en una legislación madura, consecuente y respetuosa de los derechos humanos de las personas migrantes.

d) Desarrollar un proceso de revisión y evaluación del Fondo Social Migratorio aprobado en la Ley de Migración vigente con el propósito de analizar sus implicaciones e impactos en el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo y de integración de las poblaciones migrantes en el país. Proponer una mesa de diálogo intersectorial e interinstitucional que profundice lo ejecutado hasta el momento en este Fondo y genere mecanismos de visualización de los aportes de la academia, la sociedad civil y el sector privado en la implementación de los beneficios originados a partir de los recursos económicos creados por esta figura.

e) Proponer la actualización y modernización de los Centros de Atención Temporal para Personas migrantes (CATEM) para que se ajusten a los requerimientos de los procesos de migración en tránsito que en los últimos años han adquirido nuevas características dado su carácter forzado, mixto y las necesidades de protección que presentan los grupos poblacionales incluidos en estos procesos. En particular, estas espacialidades dispuestas por el estado costarricense deben atender las necesidades y las dinámicas particulares de grupos heterogéneos y complejos, entre las que se deben indicar los niños y niñas en condiciones de no acompañamiento, las personas con requerimientos de protección dadas las causalidades que motivaron su salida, las personas de los grupos LGTBI en contextos de movilidad, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. Los CATEM deben disponer de una amplia capacidad de respuesta para fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos en todas sus dimensiones.

f) Instruir al Ministerio de Trabajo para que aumente los recursos destinados a la Inspección laboral con el fin de desarrollar y mantener campañas de monitoreo, promoción y defensa de los derechos laborales de las personas migrantes. En particular, se insistirá en el seguimiento de la legislación vigente en materia sociolaboral en aquellas actividades sensibles que cuentan con una alta participación de población trabajadora migrante, tales como las actividades agrícolas y de servicios. Se procurará el fortalecimiento del Area de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo, con recursos humanos y de capacitación a fin de ajustar su funcionamiento a las nuevas dinámicas migratorias y económicas desarrolladas en el país.

g) Garantizar una adecuada fijación de tarifas en los procesos de documentación migratoria que procure un acceso igualitario y justo de las personas migrantes. Es importante avanzar hacia una definición sustentada de los precios de los distintos tramites requeridos que aseguren una adecuada trayectoria hacia la normalización y regularización de la condición migratoria de la población migrante.

h) Evaluar el funcionamiento del sistema de refugio, que en los últimos años ha experimentado serios contratiempos debido a las contingencias migratorias experimentadas. Se debe garantizar una respuesta inmediata y expedita a las solicitudes que ingresan, tareas que están contempladas en los instrumentos ratificados y en la legislación vigente. Para ello, es necesario operativizar los marcos de funcionamiento de un sistema de refugio para que sea integral, ágil y adecuado a las coyunturas que el país seguirá experimentando, tanto en época de excepcionalidad, así como en los periodos venideros en los que los impactos sociales y poblacionales producirán salidas forzadas y tránsitos hacia Costa Rica.

i) Actualizar los perfiles migratorios existentes para contribuir a su mejor definición por parte de las políticas públicas vinculadas. En la actualidad el país debe asumir la participación de otros rasgos migratorios más allá de las características laborales y económicas que funcionaron durante muchos años como el principal rasgo de estas poblaciones. Hoy, pese a que el carácter laboral no ha abandonado las principales causas de la llegada de población migrante, otros procesos sociopolíticos intervienen en la conformación de nuevas experiencias y características migratorias que deben ser reconocidas, identificadas y analizadas para su consideración oportuna en los procesos de abordaje.

j) Profundizar procesos de comunicación que expliquen de forma sencilla y directa las implicaciones de las migraciones en Costa Rica, sus causas y sus consecuencias. La sensibilización en temas migratorios constituye una línea transversal que debe cruzar con contenidos en cuanto a subjetividad y colectividad, los marcos de comprensión de la sociedad costarricense sobre los procesos migratorios. Debe abordarse con especial consideración, los contenidos compartidos en redes sociales que generan discursos de odio, discriminación y xenofobia contra estas poblaciones. Es necesario, por ello, plantearse nueva legislación que actúe de manera oportuna y punitiva sobre estos contenidos, procurando con ello mejores procesos de convivencia e integración.

k) Promover la participación efectiva de las poblaciones migrantes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas vinculadas con su permanencia y desarrollo en el país. Se debe procurar mecanismos de inclusividad y protagonismo de los distintos perfiles y actores que componen estos colectivos, con el objetivo de recuperar sus particularidades y especificidades en los marcos de acción de la institucionalidad orientada a su atención.