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Políticas culturales Democracia y descentralización para garantizar derecho a la cultura

La cultura costarricense se ha nutrido históricamente de una población pluricultural, multiétnica y multilingüe producto de las constantes migraciones euroafricanas, del medio y lejano oriente, y de las naciones latinoamericanas, lo que produjo una nacionalidad con una profunda diversidad. Sin embargo, el modelo cultural que se ha promovido en las cuatro últimas décadas ha estado condicionado por la ideología neoliberal y el pensamiento unidimensional, que se ha caracterizado por una concepción de cultura centralizada, excluyente, artificialmente concebida y que no representa a los diferentes sectores populares, ni a los grupos étnicos que conforman la diversidad multicultural que nos caracteriza como nación, promoviendo una cultura elitista y un limitado acceso a las diversas manifestaciones culturales en el país.

En este contexto, los gobiernos han optado por relegar la cultura a los últimos lugares de las prioridades en la planificación de las políticas públicas, siendo el Ministerio de Cultura una de las instituciones públicas con menor asignación presupuestaria (aproximadamente 0.45% de toda la Administración Pública), es decir, la “cenicienta” de los presupuestos públicos.

El Gobierno del periodo 2018-2022 no ha sido diferente, promoviendo recortes a la cultura en cada oportunidad. Lo anterior conlleva a una menor capacidad política de gestión y rectoría de los cinco programas presupuestarios y los catorce órganos desconcentrados y, además, a una falta de articulación entre las entidades públicas, los trabajadores la cultura y la ciudadanía costarricense. Aunado a ello, la legislación existente tiene poco respaldo para el cumplimiento real de los derechos culturales, ya que en su mayoría no refieren a mecanismos de obligatoriedad por parte de las autoridades de manera explícita.

Al mismo tiempo, se da la introducción de una concepción mercantil de la cultura y el arte, lo que ha implicado la precarización de la producción cultural, la negación del acceso de los sectores populares a las manifestaciones culturales y un importante deterioro de las condiciones de vida de las personas trabajadoras en el ámbito de la cultura. La hegemonía del “pensamiento único” neoliberal y el consumismo vino aparejada de una visión de la producción cultural como un asunto de promoción de “industrias (empresas) culturales”, que en lo fundamental se dedican a organizar espectáculos que deben ser mayoritariamente consumidos en el Gran Área Metropolitana. Las sucesivas administraciones del Ministerio de Cultura han reproducido esta visión.

En el contexto de la celebración del cincuenta aniversario (1971-2021), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) está sumido en una crisis institucional. El MCJ fue creado con el claro interés de que la institución jugara un significativo papel político con la cultura, el arte, las juventudes y el deporte. Durante una buena parte de su existencia, el MCJ promovió un modelo de políticas culturales que impulsaba la promoción de la cultura en su sentido amplio y la promoción de las artes para descentralizar la cultura de San José y llegar a muchas regiones. En determinado momento, bajo influencia del neoliberalismo, el MCJ fue perdiendo la capacidad de promover políticas de promoción cultural que descentralizarán la cultura y se fue convirtiendo en una institución mayormente afincada en la GAM y enfocada, ante todo, en la promoción de las artes. En los últimos años, gracias a la pandemia y a la regla fiscal aprobada por el gobierno de Carlos Alvarado y las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa, el MCJ se encuentra sumido en la crisis más grave de sus 50 años de existencia. La afectación económica y laboral que han tenido los trabajadores de la cultura ha sido muy seria. Ante esta situación, durante el 2020 se aprobó por iniciativa de personas trabajadoras del sector cultura una ley de emergencia cultural para intentar atenuar los efectos de la crisis en el sector, misma que contó con el apoyo de nuestra fracción legislativa bajo el nombre de Ley de Emergencia y Salvamento Cultural.

Desde el Frente Amplio creemos en la necesidad de cambiar este estado de situación. Consideramos que es necesario impulsar una renovación del paradigma de políticas culturales que contribuya a la construcción de una sociedad más democrática, más participativa y menos desigual y fragmentaria. Para lograrlo, se requiere de mayor asignación presupuestaria y una renovación de la gestión cultural y la ejecución de los planes de trabajo en procura del desarrollo de una política pública cultural que permita el fomento y la recuperación de la producción cultural nacional, la descentralización de la gestión cultural “vallecentralista”, el estímulo a la producción cultural nacional y a los grupos culturales étnicos y comunitarios. Avanzar en la organicidad del vínculo entre las diferentes manifestaciones artísticas y las comunidades locales. En síntesis, democratizar la cultura a través de las políticas culturales.

Para el Frente Amplio, las políticas culturales se basarán en un enfoque de democracia cultural descentralizada que fomente el derecho humano a la participación de todas las personas en la vida cultural. En consecuencia, impulsaremos la promoción de la cultura en su sentido más amplio y antropológico, la promoción de las artes y el cine para fortalecer la diversidad cultural y multiétnica, el goce de las artes y las culturas populares y el derecho a la recreación y al disfrute de los bienes y producciones culturales de las distintas regiones del país. A partir de la identificación de las diversas problemáticas, así como del reconocimiento de una Política de Derechos Culturales para nuestro país, en el Frente Amplio planteamos las siguientes propuestas concretas para el mejoramiento de la promoción cultural y el reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales del pueblo costarricense.

1. Gestión y promoción cultural y artística
  • Gestionar un marco normativo que permita consolidar la producción cultural nacional y la diversidad cultural del país, por medio de asegurar un trato preferencial por su carácter de interés nacional, para efectos de trámites y permisos administrativos. Promover el desarrollo de una industria nacional dentro del marco de la economía social solidaria, brindando apoyo material, financiero, para el desarrollo de la producción nacional.
  • Promover la creación en espacios públicos de mercados exclusivos de venta directa, y trato justo entre personas artistas y artesanas nacionales y la ciudadanía, verdaderas ferias de expresión de la creatividad nacional, que faciliten la comercialización y difusión de las más variadas manifestaciones artístico-culturales. Esta iniciativa aportaría en el enriquecimiento de la vida en común de las personas de las comunidades y fortalecería el tejido social.
  • Establecer una política cultural que vincule los programas de carácter nacional del Ministerio de Cultura y Juventud con la acción local de los cantones en procura, no solo de dar acceso a las diversas manifestaciones artísticas, sino, en especial, promover en las personas habitantes de estos territorios que pasen de espectadores a ser creadores de manifestaciones artístico-culturales. Para ello, se promoverá la creación de los Consejos Cantonales de Cultura, que –de forma similar al modelo que se sigue en los Comités Cantonales de Deportes- tendrán una integración democrática, y se encargarán de la ejecución presupuestaria que destinan las municipalidades, para la cultura. Estas instancias contarán con la presencia de cuatro personas representantes de grupos cantonales artísticos registrados en el gobierno local elegidas en asamblea por dichos grupos, una persona representante de la municipalidad y una persona representante del Consejo de la Persona Joven local. Promover una reforma al Código Municipal para la creación de Consejos Cantonales de Cultura, que cuenten con un presupuesto real, que provenga de una partida presupuestaria de las municipalidades, a través del aumento del 1% de las patentes de licores otorgadas por el gobierno local y transferencias del Ministerio de Cultura y Juventud.
  • Fortalecer las alternativas existentes en el Ministerio de Cultura y sus instituciones adscritas para incrementar la formación de gestores y gestoras culturales de comunidad, con un programa de becas totales o parciales, que permita la incorporación los hace- dores de las culturas comunitarias en aras de fortalecer las culturas populares y la diversidad multiétnica.
  • Diseñar y aplicar una estrategia de recuperación del espacio público abierto y cerrado-en especial las edificaciones de valor histórico patrimonial- como espacios destinados al desarrollo de las diversas manifestaciones culturales. Como parte de esta estrategia, se trabajará en la estricta aplicación del marco normativo vigente para la recuperación de espacios públicos propiedad del Estado y para la creación y rescate de zonas de recreación y áreas verdes.
  • Impulsar desde las instancias públicas nacionales y los gobiernos locales la apertura de concursos literarios, plásticos, musicales, teatrales para presentar o desarrollar en los espacios públicos, proyectos que generen empleo, enriquezcan la producción cultural nacional, refuercen nuestra identidad cultural y promuevan el embellecimiento de los espacios públicos. Estas acciones forman parte de la prevención a partir del desarrollo humano.
  • Establecer una alianza entre el Ministerio de Educación Pública, y los museos y galerías de la GAM, para que la niñez y la población adolescente de escuelas y colegios en condición de riesgo y de zonas rurales puedan ingresar gratis a estos lugares. De la misma manera, que al menos una vez por trimestre todos estos espacios promuevan la visitación general sin costo alguno, con fines educativos, con especial vinculación a fechas históricas y feriados de ley.
  • Promover una política pública nacional que incorpore al gobierno central y los gobiernos locales, en la creación y promoción de recuperación y uso de los espacios públicos como las casas de la cultura y otros, a partir de una adecuado mantenimiento y desarrollo de condiciones físicas (Internet, electricidad, techo y rotulación) que permita la adaptación de estas áreas al desarrollo de espectáculos y producciones culturales locales y regionales. Que dentro de estos espacios públicos exista acceso a la electricidad e internet para que la ciudadanía y las personas artistas puedan conectar equipos que contribuyan a fomentar la cultura el arte y el ejercicio del tiempo libre.
  • Generar espacios de diálogo social que permitan repensar los mecanismos de relacionamiento del Ministerio de Cultura -y en general, del Estado costarricense- con el conjunto de instituciones, organizaciones, fundaciones y/o empresas dedicadas a la producción cultural en el país. Conformar una mesa intersectorial de cultura.
  • Integrar los programas sociales dirigidos a la prevención de la delincuencia por medio del desarrollo humano y el mejoramiento de espacios públicos en las comunidades locales, con las iniciativas para el fomento de las artes, las culturas populares y el esparcimiento, en aras de multiplicar su alcance y efectividad.
  • Incluir como eje trasversal en el diseño de las políticas públicas y culturales los derechos y necesidades de esparcimiento, recreación y goce cultural de la niñez, de las juventudes, de las personas adultas y de las personas adultas mayores.
  • Crear entornos virtuales que le permitan al MCJ democratizar el derecho humano de toda la ciudadanía al goce y participación de la cultura, el arte y la educación promoviendo la difusión de diversos productos digitales, culturales y educativos. Se priorizará el derecho humano de los y las estudiantes a tener acceso a entornos virtuales que colaboren con el derecho a acceder a la educación y la cultura por medio de programas de conexión a internet gratuita.
  • Promover y difundir las artes y el cine bajo un enfoque de descentralización que posibilite que las personas de todas las regiones del país puedan acceder a las producciones artísticas
  • Emitir una Política Nacional del Libro y la Lectura que integre las distintas Políticas de Lectura del MEP, los programas del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y otras iniciativas similares, para así rescatar, fomentar y apoyar la producción y consumo de literatura producida en el país en todas sus etapas (personas lectoras, librerías, imprentas, editoriales, personas escritoras), por medio de incentivos fiscales, apoyo crediticio, tecnológico, asesoría técnica, acceso a los mercados y fomento de instancias participativas para la sociedad civil y las organizaciones de este sector.
  • Promover las industrias culturales orientadas por el comercio justo para potenciar a los productores y productoras nacionales y para democratizar el acceso y la circulación de bienes y servicios culturales por las diferentes regiones del país.
  • Promover la difusión de los diferentes géneros musicales nacionales en los medios de comunicación, para incentivar la producción de autores y autoras nacionales, así como de sus intérpretes.
2. Fortalecimiento de las instituciones culturales
  • Incrementar gradualmente el presupuesto destinado al Ministerio de Cultura, tanto para fortalecer instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Teatro, el Centro de Cine, la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otras, como para impulsar efectivamente el fomento de la producción cultural nacional, a través de la ampliación de la cobertura y los recursos de programas como Pro Artes. Para lograr lo anterior, se propone incluir dentro de las reformas al sistema tributario sobre productos culturales puramente comerciales (salvo aquellos declarados de interés cultural), con el fin de asignar los recursos recaudados con destino específico para fortalecer el desarrollo de la producción artística y cultural nacional.
  • Formular, adoptar e implementar un plan de descentralización de las prioridades tanto en el nivel de proyectos como de ejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura y Juventud con la finalidad de recuperar la promoción de la producción cultural desde las comunidades en los espacios públicos destinados a dicho tipo de actividades, la dotación de instrumentos e implementos en beneficio de las organizaciones comunales y la participación de artistas locales
  • Presentar nuevamente el proyecto impulsado por Frente Amplio para garantizar que un porcentaje significativo de los ingresos que reciben las municipalidades por concepto de patentes de licores se destinen a financiar bibliotecas públicas, infraestructura y programas para incentivar el arte y la cultura en el respectivo cantón. La información sobre la utilización de estos recursos debe ser de acceso público.
  • Impulsar la acción descentralizada del Ministerio de Cultura, por medio de convenios de trabajo con los gobiernos locales, para la transferencia de recursos a los Consejos Cantonales de Cultura, en conjunto con el aporte municipal. Se promoverá que estos consejos ejecuten sus acciones con autonomía presupuestaria y programática, de acuerdo con las necesidades locales.
  • Impulsar una iniciativa para la renovación de la legislación vigente sobre cine, con la participación del conjunto del gremio artístico, para que responda a sus necesidades y las demandas nacionales. Esta propuesta incluirá el fortalecimiento de programas para la promoción del cine nacional, como el Fondo El Fauno, contemplando la asignación de recursos para proyectos en desarrollo, incentivos cinematográficos (cortos) y aumentar la cantidad de largometrajes de ficción y documental que acceden a becas. Continuar con el apoyo al expediente 20.661 impulsado por organizaciones del sector cultura.
  • Establecer una mesa de coordinación interinstitucional que cuente con la participación del Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación Publica, El Instituto de Turismo, las Universidades Públicas, el INAMU, DINADECO e instituciones autónomas que permitan una colaboración estrecha a partir del diseño de objetivos comunes que tengan como eje la diversidad cultural, las artes, la educación, el esparcimiento y las actividades económicas vinculadas con la cultura.
3. Formación cultural
  • Incorporar talleres de formación cultural en las escuelas y colegios en todas las regiones del país. Además de la educación musical, se promoverán disciplinas como el teatro, la poesía, el canto, la danza, la escritura y otros.
  • Promover la creación de colegios académicos – artísticos a partir del modelo del Conservatorio Castella. Se priorizarán los cantones costeros, rurales y con menores índices de desarrollo social, según los índices del INEC.
  • Abrir una mesa de diálogo con la participación de las Universidades Publicas y los talleres adscritos al MCJ para repensar cuál es el papel que deben jugar en nuestro tiempo las instituciones que forman a los artistas y a los trabajadores de la cultura.
4. Promoción de derechos culturales
  • Presentar un proyecto de reforma a la Constitución Política para consolidar la necesidad de proteger la producción cultural nacional y la diversidad cultural del país, así como de asegurarle un trato preferencial.
  • Incorporar el acceso a la cultura como parte de la canasta básica, reconociendo que lejos de ser un lujo o un elemento accesorio, se trata de una necesidad esencial de toda persona.
  • Reconocer y fortalecer la diversidad cultural del país, sus aportes a la identidad nacional y el desarrollo, como eje transversal de las políticas públicas educativas y culturales. El habla campesina, los idiomas indígenas y el inglés criollo o afrocaribeño; el conocimiento ancestral; los valores; la agricultura, la alimentación y otras manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, deben tener tanto valor como aquellas que se pueden expresar materialmente.
  • Promover la modificación de las leyes de propiedad intelectual para asegurar el derecho del estudiantado a fotocopiar textos con fines educativos; eliminar restricciones excesivas que limitan la representación pública de obras artísticas sin fines de lucro y que, en general, impiden el acceso democrático a la cultura y al conocimiento para las grandes mayorías de la población. Garantizar un sano equilibrio entre la tutela de estos derechos y los derechos legítimos de las personas autoras y creadoras. Así mismo, se promoverá la incorporación expresa en nuestra legislación, de figuras novedosas que facilitan el libre acceso al conocimiento como las licencias creative commons. Impulsar el proyecto de ley 21.091 presentado por nuestra fracción en el periodo 2018-2022.
  • Impulsar la modernización de la legislación que regula el uso del espectro radioeléctrico para actividades de radiodifusión, mediante un proceso de amplia participación de todos los sectores interesados en el diseño y formulación de propuestas concretas a ser sometidas a discusión a la Asamblea Legislativa, para fomentar el desarrollo de una mayor pluralidad de radioemisoras y televisoras comunitarias, públicas y comerciales que democraticen y diversifiquen las opciones de acceso a la información y a la cultura de la población. Respetando plenamente la libertad de prensa y los medios de comunicación.
  • Impulsar iniciativas para eliminar sanciones excesivas y prohibiciones absolutas contra las diversas expresiones del arte urbano y callejero. En su lugar, regular los espacios donde pueden realizarse, garantizando el derecho de la juventud a disfrutar de los espacios públicos para practicar el arte y el deporte.
  • Promover y garantizar el respeto a la libertad de prensa, incluyendo la protección de los derechos laborales de las personas trabajadores de la comunicación y la incorporación de la cláusula de conciencia a nuestro ordenamiento jurídico. Para estos efectos, se promoverá la aprobación del proyecto de ley presentado por el exdiputado José Merino del Río con esta finalidad y que fue retomado ante su archivo por el diputado José María Villalta bajo el expediente 21.108.
5. Derechos de las personas artistas y trabajadoras de la cultura
  • Impulsar la adición al Código de Trabajo de un nuevo capítulo sobre derechos laborales de las personas trabajadoras del arte y la cultura, con la finalidad de garantizar la protección de dichos derechos, especialmente a las personas trabajadoras que laboran de forma independiente. Esto incluye regular los abusos que se cometen a través de las diversas formas de contratación por “servicios profesionales”, cortando de raíz con la lamentable situación de precarización de las condiciones de trabajo que hoy existe.
  • Incluir a las personas trabajadoras del arte y la cultura en la tabla de salarios mínimos, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Mientras se aprueba la reforma al Código de Trabajo propuesta en el apartado anterior, el MTSS deberá regular, vía decreto ejecutivo, el pago de horas de ensayo y viáticos para los espectáculos artísticos, así como la fijación de un salario mínimo por función y la prohibición definitiva de la práctica de pagos por debajo de ese mínimo, “según taquilla”.
  • Fomentar la organización sindical de las personas trabajadoras de la cultura para la defensa colectiva de sus derechos económicos y sociales.
  • Promover la firma de un convenio de aseguramiento colectivo para las personas trabajadoras independientes del arte y la cultura entre la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Cultura y Juventud y las organizaciones sindicales del sector, con la finalidad de facilitar y garantizar el acceso permanente de estas personas a los seguros sociales de salud y pensiones en condiciones de razonabilidad y equidad. Asimismo, se promoverá la revisión de la normativa reglamentaria del seguro para personas trabajadoras independientes, con el fin de simplificar los trámites y asegurar que tome en cuenta las condiciones particulares de las personas trabajadoras del sector cultura.
  • Crear un Registro Nacional de Artistas, adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, que permita la consulta para contrataciones y facilite la concreción de las medidas propuestas para garantizar su derecho de acceso a la seguridad social.
  • Crear una bolsa de empleo para personas afrtistas y trabajadoras de la cultura, mediante la acción coordinada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Cultura y Juventud. Esta bolsa de empleo publicará en línea ofertas y concursos del sector público y privado.
  • Mejorar y hacer cumplir estrictamente la legislación que exige la participación de artistas nacionales en espectáculos públicos de artistas foráneos, garantizando un trato justo y el respeto a sus derechos. El Poder Ejecutivo emitirá una directriz dirigida a todas las instituciones públicas o que utilizan fondos públicos, con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. El Ministerio de Cultura y Juventud promoverá la aplicación de sanciones, para quienes no las respeten.
  • Garantizar espacios mínimos de participación y difusión de las diversas producciones artísticas y culturales nacionales en medios de comunicación comerciales del país. Revisar y actualizar la normativa vigente.
  • Establecer expresamente la obligatoriedad de comercialización de artesanía producida efectivamente por artesanos nacionales en los puertos y aeropuertos de nuestro país.
6. Protección del patrimonio: Patrimonio arqueológico, arquitectónico, inmaterial y participación comunitaria
  • Impulsar como iniciativa urgente y prioritaria una reforma integral a la Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico (6703) para incluir y reconocer los sitios arqueológicos ubicados en el territorio nacional como áreas destinadas a conservación in situ del patrimonio arqueológico de nuestro país, bajo distintas categorías de manejo y niveles de protección. Actualmente la legislación promueve la protección de los objetos arqueológicos por medio de su extracción y traslado a museos, pero no contempla estrategias de conservación y uso sostenible en el territorio. Esto provoca que las comunidades locales donde existen estos sitios se sientan “despojadas” por el Estado y completamente desvinculadas de su historia y patrimonio cultural.
  • Aprobar y promover la ratificación de la Convención UNIDROIT de 1995 sobre objetos culturales robados o exportados ilegalmente para reforzar las herramientas jurídicas para la recuperación de patrimonio costarricense saqueado y comerciado en el extranjero.
  • Promover desde el Poder Ejecutivo estrategias para el manejo compartido y la gestión participativa de los sitios arqueológicos protegidos en los que la categoría de manejo así lo permita, involucrando a los gobiernos y las comunidades locales. De esta forma, se promoverá la protección del patrimonio arqueológico a través de su revalorización por las comunidades y la dinamización de las economías locales mediante el impulso de actividades productivas sustentables como el turismo cultural y rural comunitario. En la actualidad la aparición de un sitio arqueológico en un territorio determinado es visto como un estorbo, cuando en realidad, puede constituir una inmensa oportunidad de desarrollo y consolidación de la identidad cultural y el patrimonio colectivo de nuestras comunidades.
  • Impulsar una reforma integral a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico (7555) y su reglamento para alinear los planes reguladores en materia de patrimonio y corregir los errores que han permitido grandes pérdidas en el patrimonio nacional, incluyendo trasladar la rectoría en la materia al Centro Nacional de Patrimonio y su Comisión, la posibilidad de realizar declaratorias de protección parciales, centrar la protección en un equilibrio entre la significación patrimonial y naturaleza del bien y establecer incentivos estatales que promuevan la protección de los bienes.
  • Impulsar una política de resguardo, promoción y difusión del valor patrimonial de los bienes inmateriales asociados con comunidades, sectores populares, mujeres, grupos étnicos, poblaciones inmigrantes y grupos etarios. Para este fin, se promoverá la realización de inventarios de bienes culturales que registren, cataloguen y difundan estos bienes inmateriales a través de ferias locales, regionales y publicaciones.