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Políticas sociales orientadas a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades sociales

Asistimos a un momento histórico de aumento de la pobreza y ensanchamiento de las desigualdades, que se han potenciado por la pandemia del Covid-19, pero que ya se venía gestando desde antes de la crisis sanitaria. Para el Frente Amplio la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo del país y por ello debe ocupar el primer nivel de atención de las políticas públicas en todas las áreas de gestión gubernamental, no solo en el llamado sector social.

Y con esa orientación acogemos los compromisos asumidos por el país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales el primero es “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”.

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, se da un importante aumento en el porcentaje de personas que se encuentran en pobreza extrema (8.5% de las personas en esta condición, con un crecimiento de 1.8 puntos porcentuales respecto al 2019), hecho relacionado de forma directa con la reducción de las posibilidades de las personas para sumarse a los mercados de trabajo dado el aumento del desempleo (llegando en el 2020 a la cifra de 24% de desempleo abierto de acuerdo a datos del INEC de 2021.

Por otra parte, la forma estructural de la pobreza tiene un correlato con las desigualdades de ingreso, porque son éstas desigualdades las que profundizan y agravan las vulnerabilidades sociales. Costa Rica presenta un importante aumento de la desigualdad por ingresos, medida por el Coeficiente de Gini, en los últimos veinte años, registrando en el año 2000 un coeficiente de 0.413, de 0.507 en 2010, y alcanzando un 0.519 en 2020 (ENAHO, 2020).

Además, la gobernanza de la política social hoy recae sobre un conjunto de instituciones que han generado pisos de protección social a mujeres en condición de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, personas habitantes de calle, personas con discapacidades, entre otro conjunto de poblaciones impactadas por la pobreza. Pero dichas instituciones se encuentran en riesgo inminente de desfinanciamiento, producto del recorte o congelamiento sistemático de los presupuestos, y de limitaciones a las capacidades institucionales.

Frente a ese contexto, desde el Frente Amplio hacemos una serie de propuestas tendientes a generar un esquema ampliado y unificado de protección social, con nuevas acciones, replanteamiento programas existentes y fortalecimiento de actividades institucionales, a partir de las siguientes orientaciones:

i. Se debe incorporar un enfoque de derechos humanos, género, e interseccionalidad, comprendiendo que la pobreza y las vulnerabilidades se profundizan con mayor fuerza e intensidad en las mujeres, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas adultas mayores, indígenas, niñez y adolescencia y personas LGBTIQ+; sumando factores que se interseccionan y profundizan las desigualdades territoriales, etarias, étnicas y de género.

ii. La complementariedad y articulación entre políticas universales y selectivas, para lograr procesos de movilidad social ascendente y estable.

iii. Partimos de la premisa de que la inclusión social es nodal para potenciar y promover mejores condiciones de vida. Y que debe asumirse un enfoque integral en la atención, colocando en el centro del accionar público a las personas, hogares y territorios, para lograr impactar de manera más eficiente y eficaz en los factores determinantes de las vulnerabilidades.

iv. Comprendemos que el uso ético de las herramientas digitales y el análisis inteligente de los macrodatos es central para la generación de política pública, sobre todo, de política social.

v. La formulación y acciones de política pública deben considerar las diferencias y particularidades territoriales para generar una intervención pública inclusiva y participativa, frente a la tradicional gestión vertical, estandarizada y tecnocrática.

vi. Para mejores resultados en las políticas para reducir la pobreza y las desigualdades, debe procurarse una articulación entre la política social, la política económica y una política fiscal progresiva.

En consideración de lo anterior presentamos las siguientes propuestas:

1. Renta mínima feminizada

Con un enfoque de derechos humanos y género, proponemos el fortalecimiento de los ingresos económicos de las mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante el establecimiento de una Renta Mínima Feminizada. Además de una acción directa para impactar en las situaciones de pobreza y desigualdad, esta medida constituye un reconocimiento histórico al trabajo doméstico no remunerado de las mujeres.

Esta renta mínima se propone como un paso inicial focalizado, que permita valorar los ajustes institucionales necesarios para desarrollar, en el mediano plazo, una renta mínima de mayor amplitud hasta alcanzar una renta mínima universal.

a) La Renta Mínima Feminizada será un instrumento monetario de transferencias mensuales, cuya meta es alcanzar la totalidad de las jefaturas femeninas registradas en el 2020 en condición de pobreza y pobreza extrema, que posean trabajo remunerado o no remunerado. Su proceso de identificación se llevará a cabo mediante la utilización del SINIRUBE y las herramientas de Política Social de Precisión.

b) Gestionar el instrumento desde el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en consonancia con el accionar interinstitucional, que facilite la identificación, ubicación y referencias de mujeres que califican para la Renta Mínima Feminizada. Utilizar SINIRUBE como mecanismo de identificación y clasificación, mediante los parámetros metodológicos vigentes, sin excluir a quienes ya reciben otro subsidio.

c) Financiar el programa parcialmente con ingresos frescos provenientes de tributos altamente progresivos, que no impacten a los hogares de ingresos medios o bajos, y también mediante un rediseño institucional del beneficio de Atención a Familiar y del subsidio mensual de Puente al Bienestar.

d) Vincular el beneficio de la renta mínima con el acceso a servicios de cuidado de personas de los hogares de las mujeres beneficiarias, reduciendo la desigual distribución del trabajo no remunerado y ampliando las posibilidades de inserción laboral por parte de las mujeres.

2. Sistema de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia

Este incipiente sistema reconoce el trabajo de los cuidados como una actividad esencial para la vida, evidenciando la necesidad de posicionar la existencia humana en el centro del quehacer público, y que los cuidados de larga duración son una moneda femenina de dos caras: por una parte, las mujeres realizan estas tareas en 7 de cada 10 ocasiones y por otro, son ellas las que más los requieren, con prevalencia incremental al final de la vida.

a) Fortalecer la Secretaría Técnica de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031. De acuerdo con el modelo de gobernanza, esta instancia juega un rol fundamental para el Sistema Nacional de Cuidados, ya que le corresponde generar las condiciones y espacios para la articulación interinstitucional, además de dar seguimiento y monitorear las acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Política. Para ello se buscará espacio fiscal que permita desarrollar su modelo base en un plazo de diez años.

b) Consolidar las acciones vinculadas con la inteligencia de datos mediante el robustecimiento de las acciones orientadas a la interoperabilidad de los sistemas de información. La optimización de las acciones y correcto funcionamiento del Sistema, requieren mejorar la política pública de precisión, el intercambio de información entre las instituciones sociosanitarias que lo componen y el fortalecimiento de las plataformas de georreferenciación tanto de la oferta de servicios brindados en el marco de la Política Nacional de Cuidados, como de la demanda existente. De modo que serán identificadas las brechas para calibrar y tomar decisiones basadas en evidencias.

c) Ampliar la cobertura de servicios brindados por las instituciones parte del Sistema, además de avanzar en priorizar servicios de atención domiciliar, implementar alternativas novedosas como teleasistencia, las transferencias económicas para mujeres cuidadoras, y servicios de respiro para personas cuidadoras familiares.

d) Situar a la persona en situación de dependencia en el centro del sistema asignando servicios de manera que se garantice el respeto por los Derechos Humanos y se haga uso óptimo de recursos. Aplicando, previo a la asignación de servicios, un instrumento estandarizado que permita identificar los apoyos y cuidados que requieren las personas en situación de dependencia para desarrollar las actividades de la vida diaria, con autonomía plena.

e) Fortalecer y profundizar las acciones enfocadas en la reducción de las brechas de género, en especial los mecanismos que tienen por objetivo la inserción laboral de las mujeres. Históricamente a las mujeres se les ha delegado las tareas del hogar y de apoyo y cuidados, razón por las que muchas no tienen tiempo para formarse, o capacitarse y se les priva de incorporarse al mercado laboral, aunque tengan el interés de hacerlo. Por lo que se debe avanzar en generar alternativas que les permitan contar con servicios de apoyo a los cuidados para vincularse al mercado laboral.

f) Garantizar la calidad de los cuidados y apoyos. Primero en la formación de personas cuidadoras. Para ello se prioriza que el Instituto Nacional de Formación brinde la capacitación y acreditación a las personas cuidadoras formales, según grado de severidad de las personas que van a apoyar o cuidar y por otra parte, el Ministerio de Salud creará y aplicará normas de acreditación de calidad para las residencias de larga estancia y centros diurnos.

3. Unificación y consolidación de las políticas redistributivas de lucha contra la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidades

Impulsaremos la unificación y consolidación de las políticas redistributivas de lucha contra la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidades para generar un sistema mucho más integrado, consolidado y vinculado entre sí. Esto permitirá la trazabilidad de la atención y el fortalecimiento de las acciones interinstitucionales, desde una comprensión multidimensional y territorial del fenómeno. Al mismo tiempo, mejorará modalidades de selectividad que, junto a las políticas universales de salud, pensiones y educación, permitan el desarrollo de procesos de movilidad social ascendente.

a) Profundizar y consolidar la Estrategia Puente al Bienestar y el modelo de atención integral para el combate de las vulnerabilidades, pobreza y pobreza extrema. Profundizaremos la Estrategia Puente al Bienestar, fortaleciendo su gobernanza, ampliando la coordinación interinstitucional, protegiendo las fuentes de financiamiento y unificando las políticas del sector social.

b) Revisar el Modelo de Intervención Institucional utilizado en la Estrategia Puente al Desarrollo, con la finalidad de ampliar sus acciones de protección y promoción social, en la medida que las familias se egresan del programa, con el objetivo de generar condiciones de ampliación de la atención directamente sobre las condiciones de empleabilidad.

c) Modificar el vínculo generado entre Puente al Bienestar y Puente al Trabajo, para aumentar en un 50% la inserción sociolaboral de las jefaturas de hogar femeninas en empleos formales y estables, mediante cuotas de empleabilidad en el sector privado mediante un banco de oferentes que coordinará el MTSS.

d) Establecer el Consejo Presidencial Social como un espacio de permanente coordinación del sector social, tanto en la parte política como técnica, con la finalidad de dar continuidad, seguimiento y profundización a las acciones interinstitucionales, y poder promover acciones de coordinación multinivel permanentes en el tiempo. Fundamentalmente, para generar una mejor gobernanza de la Estrategia Puente al Desarrollo y sus componentes.

e) Revisar y reforzar los vínculos entre los componentes del Puente al Desarrollo (Puente al Bienestar, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente al Trabajo), con la intención de ampliar los procesos, programas y proyectos en cada uno y entre los componentes.

f) Fortalecer el mecanismo de cogestión social, para generar procesos de seguimiento a la corresponsabilidad y articulación institucional con el resto de los programas y beneficios del sector social incluidos en la Estrategia Puente al Desarrollo.

g) Revisar y mejorar los canales de articulación de los distintos componentes de la Estrategia Puente al Desarrollo, centrando en los procesos de transición de las familias, con los componentes sus beneficios.

h) Estandarizar el modelo de intervención institucional de Puente al Bienestar e IMAS al resto de instituciones del sector social que interviene en la lucha contra las vulnerabilidades, pobreza y pobreza extrema, mediante la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS) modificada con elementos particulares de cada institución.

i) Construir una metodología de accionar público y social desde la cosmovisión indígena, que busque una profundización y preservación cultural, toda vez que se garanticen los derechos humanos para las poblaciones indígenas. Hoy día las intervenciones institucionales carecen de una metodología integral construida desde la cosmovisión indígena, lo que genera procesos desiguales de accionar público, y en algunos casos una falta de garantía de los derechos de las poblaciones indígenas. Mediante cooperación internacional, apoyo de universidades públicas y participación activa de organizaciones indígenas, se construirá dicha metodología de carácter general para toda la administración pública.

4. Fortalecimiento de la modalidad NiDO Modelo de atención integral para generar oportunidades desde la infancia temprana denominado Niñez, Desarrollo y Oportunidades (NiDO)

Fortaleceremos el modelo de atención integral para generar oportunidades desde la infancia temprana denominado Niñez: Desarrollo y Oportunidades (NiDO) con el fin de ampliar las condiciones de atención de las mujeres gestantes en condición de pobreza extrema hasta los 36 meses de edad del niño o la niña, para la generación de acciones tendientes a la protección social, el bienestar, salud y sus posteriores capacidades de aprendizaje.

a) Ampliar la cobertura de NiDO, para pasar de 1900 mujeres atendidas en el año 2021 a 3000 familias en el año 2022, en las regiones de planificación del IMAS, con metas que amplíen la intervención en los distritos prioritarios, esto porque Costa Rica registra en promedio 8500 nacimientos en hogares en condición de pobreza extrema.

b) Fortalecer los canales de búsqueda e inclusión a NiDO de estas mujeres mediante la política de precisión social, y el trabajo interinstitucional de referencia a través de SINIRUBE, mediante un enfoque de corresponsabilidad y protección social.

c) Articular los mecanismos de coordinación institucional entre el PANI y el IMAS para la estructurar acciones ágiles y eficientes que permitan la inserción de mujeres gestantes a los beneficios que promueve NiDO.

d) Establecer y articular una fuente fija de financiamiento de presupuestos PANI y de asignaciones familiares y de cofinanciamiento para el sostenimiento y ampliación de la cobertura.

5. Rediseño y fortalecimiento de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil

Para generar esquemas de promoción social, se busca un fortalecimiento de la gobernanza, cobertura, alcance y financiamiento de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, para el cumplimiento de dos elementos: cuidado como una garantía pública para la inserción sociolaboral de las mujeres, y generar un sistema de cuidados infantil, de carácter universal y de acceso público, para la atención integral de la niñez.

a) Mejorar los procesos de planificación en la generación y ubicación de iniciativas privadas y CECUDIS en el territorio, con el fin de generar un proceso óptimo y eficiente de los recursos públicos, y que la oferta de cuido responda a la realidad territorial de la demanda. Este reordenamiento estará a cargo del IMAS, PANI y con el apoyo de inteligencia de datos de SINIRUBE.

b) Ampliar la cobertura con criterio de precisión social, mediante análisis de conglomerados de tecnologías de información social respecto a la demanda y su ubicación. Se buscarán alianzas público-público y público-privada con instituciones educativas, para identificar beneficiarios de la red cuido, y para generar vínculos de sostenimiento laboral de las madres en sus trabajos.

c) Priorizar a madres de niños y niñas beneficiada de los CECUDIS para el ingreso a la Estrategia de Renta Mínima Feminizada y el ingreso a la Estrategia Puente, para ampliar las condiciones de protección y promoción social, aunada a fortalecer capacidades y condiciones para la inserción laboral de las mujeres.

d) Identificar a madres y personas en familias beneficiadas que se encuentren en edad de pensionarse, para brindar opciones a través del régimen no contributivo y otros mecanismos dentro del MTSS, en especial, por su condición de población objetivo.

e) Generar un programa de interconexión de madres jóvenes que se ven beneficiadas del sistema de Cuidados y Desarrollo infantil, a las iniciativas de estudio del MEP, INA o universidades públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la inserción educativa. Este programa busca un proceso continuo de identificación y colocación por parte de IMAS, MTSS y PANI de dichas madres en los espacios educativos, tomando en cuenta que esta acción trasciende las acciones realizadas en la Estrategia Puente al Desarrollo.

f) Atender las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República con el fin de garantizar acceso universal al programa, mejorar la articulación de los distintos actores y modalidades de cuido (Informe DFOESOC-IF-18-2015).

g) Mejorar la coordinación y el trabajo mancomunado de la red de cuido con los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI), CEN-CINAI.

h) Consolidar evaluaciones anuales a las CECUDIS e iniciativas privadas, mediante procesos e instrumentos estandarizados de evaluación por resultados para el desarrollo, que indagan eficiencia, eficacia, cambios y sostenibilidad, para lograr un proceso de control y mejoramiento de las acciones institucionales de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil.

i) Establecer un modelo de pago compartido, para ampliar la población beneficiaria, incluyendo a hogares en condición de vulnerabilidad que requieren de servicios de cuido y no cuentan con recursos para sufragar ese servicio por su cuenta, pero que actualmente está excluidos de la Red, priorizando

6. Protección social a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad

Promoveremos la protección social a las personas jóvenes en condición de vulnerabilidades para la reorientación de la movilidad ascendente, con el objetivo de reducir las condiciones de desigualdad en el acceso a recursos para la inserción y sostenibilidad educativa:

a) Mejorar el programa Mi Primer Empleo, generando un sello de calidad empresarial, con el fin de generar un incentivo de contratación de personas jóvenes de los distritos prioritarios determinados por la estrategia Puente al Desarrollo.

b) Reforzar en cobertura y financiamiento al programa EMPLEATE, integrando el enfoque de juventudes. Aunado a esto, se busca ampliar la cobertura mediante un proceso de identificación más depurado, y dirigido hacía la oferta desde la institucionalidad.

c) Reformar la ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para incluir una transferencia a mujeres jóvenes en condición de vulnerabilidad, para los distritos prioritarios, para la continuación de sus estudios postsecundaria, generando un proceso de reorientación a la movilidad social ascendente.

d) Fortalecer la coordinación interinstitucional entre PANI e IMAS para generar trazabilidad de las personas jóvenes de albergues operados por el Sistema Nacional de Protección Especial, egresados debido a haber alcanzado su mayoría de edad, y que por su condición socioeconómica no pueden continuar sus estudios. Para esto se promueve alianzas estratégicas de seguimientos en estudios técnicos con el INA, y concretar procesos de articulación para la inserción y protección educativa, cubriendo al menos 75% de las personas egresadas que cumplan con el requisito de egreso y de continuación de estudios.

e) Generar procesos de intervención de la inspección laboral en los territorios, mediante el uso de las herramientas de inteligencia de datos y geolocalización, con atención en las regiones fuera del GAM con menores ínidices de Desarroollo Humano, con el objetivo de modificar condiciones de vulnerabilidad y violación de derechos laborales en coordinación con las inspecciones laborales del MTSS.

7. Modificación del entramado institucional encargado de la política social, con la finalidad de flexibilizar los procesos administrativos, y hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos públicos

a) Reformar la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (5662) para modificar los términos pobreza y pobreza extrema, sustituyéndolos por los términos “vulnerabilidades” y las categorías subsiguientes, que amplían la comprensión concreta sobre el fenómeno de las necesidades, las desigualdades y las condiciones socioeconómicas, promoviendo una atención mayor sobre las personas y los hogares. Aunado a lo anterior, se genera una modificación en el análisis de los determinantes de las desigualdades, y en la implementación de los programas de promoción y protección social, ampliando las capacidades integrales de atención mediante los beneficios que componen dichos ámbitos. Lo anterior en busca de una mejor aplicación de la política social y mejorar los resultados de esta en apego a los ODS y la Agenda 2030, se propone una

b) Propiciar una cultura de la evaluación por resultados para la toma de decisiones institucionales. Es medular generar procesos de estandarizados de evaluación por resultados de los beneficios del sector social, con la finalidad de orientar la toma decisiones e indagar sobre los resultados e impactos de los programas y proyectos de promoción y protección con el fin de reordenar y unificar acciones institucionales que permitan una ampliación de la cobertura, la suficiencia y la equidad de los beneficios.

8. Política de reforzamiento de los sistemas tecnológicos y el uso de datos de información social

Impulsaremos una política de reforzamiento de los sistemas tecnológicos y el uso de datos de información social para el combate a las vulnerabilidades, y la generación de Política Social de Precisión, que promueva una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, elimine las estructuras clientelares y contribuya a la toma inteligente y fundamentada de decisiones en política social, orientada a la eficacia, eficiencia y resultados de política, con un tratamiento interrelacional de las personas, los hogares y el territorio.

a) Consolidar el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), mediante el seguimiento y fortalecimiento en su versión 2.0 que permite una ampliación de las capacidades del sistema, mediante la generación de convenios con las instituciones del sector social y las Municipalidades. Transformar al SINIRUBE en un centro de inteligencia de la política social para la toma de decisiones oportunas, toda vez, que permite una participación activa en la actualización de la información por parte de la ciudadanía en la misma plataforma.

b) Revisar y mejorar las metodologías de línea de Pobreza y el Índice de Pobreza Multidimensional, sus condiciones de cálculo y asignación de la condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, esto mediante la continuación del proyecto de unificación de los sistemas SIPO y SINIRUBE, pero añadiendo la revisión metodológica y de algoritmos, que contribuya a precisión acertada de las condiciones reales de la población costarricense. Se hará mediante el apoyo institucional con universidades públicas, centros de investigación especializados y organismos multilaterales. Esta propuesta se orienta al mejorar los procesos de comprensión de las vulnerabilidades, trascendiendo el enfoque de ingresos, pero sin excluirlo, y hacia el enfoque multidimensional, permitiendo una mejor generación de política pública y de asignación de recursos.

c) Crear el Sistema Nacional Único e Integrado de Expedientes Digitales de Beneficiarios del Estado (SINIUINEDB). Este proyecto se ordena mediante la digitalización de los expedientes institucionales de las personas beneficiarias de programas sociales, simplificando trámites, facilitando la coordinación interinstitucional y mejorando la atención de población vulnerabilizada. Aunado a lo anterior, se generará un proceso de ordenamiento de las instituciones públicas mediante expedientes digitales que interconectan la información social.

Esta plataforma digital busca el mejoramiento de la atención, la simplificación de trámites, la reducción de procesos burocráticos y la aglutinación de información digital. Este proyecto se financiará con presupuesto interno de las instituciones públicas del sector social, y se unificaran en el SINIUINEDB, adscrito al IMAS. Su vínculo con el SINIRUBE es central para el intercambio interinstitucional para el ordenamiento de los beneficios y de la información social.

d) Dar seguimiento a la Política Social de Precisión. Mediante inteligencia de datos, geolocalización y análisis espacial, proponemos ampliar la Política Social de Precisión que permita identificar en el territorio nacional hogares en condiciones de vulnerabilidad que no han sido atendidos por la institucionalidad públicas. Se integra en la Política Social de Precisión la interinstitucionalidad, pues se requiere el apoyo de IMAS, PANI, INAMU, MTSS, CCSS y otro conjunto de instituciones; se coloca en el centro de atención a las personas y el territorio; permite una eficiencia y eficacia de los recursos humanos y presupuestarios; fundamentalmente, permite ubicar aquellos hogares que sufren de forma crítica las vulnerabilidades sociales.

9. Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales como acción de combate a la pobreza por ingresos

Esta propuesta se centra en el fortalecimiento de las condiciones jurídicas y económicas de las personas que hoy en día reciben un salario que no cumple con las condiciones reales de satisfacción de las necesidades y del consumo humano básico de acuerdo con los ejes desarrollados en el Capítulo para la Defensa de Derechos Laborales del presente Programa de Gobierno.

10. Ampliación del modelo de atención integral interinstitucional

Impulsaremos la ampliación, mediante un ordenamiento administrativo de las instituciones del sector social, de un modelo de atención a la población en condiciones de vulnerabilidades que permite homologar procesos, identificar con mayor criterio las condiciones socioeconómicas, y generar mejoras en los procesos de atención, comprendiendo estos como un derecho de la ciudadanía.

a) Fortalecer la coordinación interinstitucional con procesos homologables en los instrumentos de atención a la población en condición de vulnerabilidad, mediante la utilización de la Ficha de Información Social (FIS), tomando en cuenta los aspectos de interseccionales de territorialidad, discapacidad, género, grupo etario y etnia.

11. Fortalecimiento de la promoción social con enfoque de género que contribuya a las políticas de autonomía financiera de las mujeres

Este aspecto se llevará a cabo desde una coordinación interinstitucional direccionada desde el INAMU con las instituciones del sector social, sector empresarial y organizaciones de sociedad civil para ordenar las acciones institucionales, y generar al 2030 una práctica organizacional de la función pública con enfoque de igualdad de género.

a) Fortalecer el sello de igualdad de género en el INAMU como herramienta de trabajo para disminuir las brechas en el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo y, mejorar los incentivos para que las empresas se certifiquen en la norma.

b) Promover la salud integral; comunicación y lenguaje inclusivo; prácticas para la igualdad de género en la cadena de valor; y servicios que preste la organización, que reconocen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.

12. Replanteamiento y profundización de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez

El cambio poblacional en Costa Rica obliga al país a reconocer que la política social debe enrumbarse desde ya construir una base de protección social sólida para las personas adultas mayores. Que, por medio de políticas de promoción de un envejecimiento saludable, prepare a la población para esta etapa y acoja a aquellas personas más vulnerables. Erradicando el abandono por razones de edad, y eliminando las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores.

a) Proponer un modelo de sostenibilidad para las pensiones de Régimen No Contributivo. Para esto se desarrollará una exploración de fuentes alternativas para dar sostenibilidad y ampliación de las pensiones del RNC, tanto en cobertura como en suficiencia monetaria de la pensión.

b) Procurar la sostenibilidad de la pensión del Régimen No Contributivo en aquellos casos donde modificaciones en el ingreso del hogar generan cambios en la categorización de pobreza o pobreza extrema, es decir, comprender las vulnerabilidades subyacentes en el hogar y la persona, en especial, en hogares de jefaturas femeninas.

c) Vincular y priorizar a mujeres incorporadas al Régimen No Contributivo en la entrega de la Renta Mínima Feminizada para mejorar las condiciones e ingresos de los hogares con jefatura femenina adulta mayor en pobreza o pobreza extrema.

d) Simplificar los trámites y la coordinación interinstitucionales entre CCSS e IMAS para la certificación de la condición de pobreza mediante un sistema informático que permita trazabilizar a la persona, y remita proactivamente dichas certificaciones para accionar con anticipación a una solicitud cuando los requisitos se cumplan para ser beneficiario o beneficiaria de una pensión del régimen no contributivo.

e) Replantear el enfoque que comprenda el Envejecimiento y la Vejez desde un plano de autonomía plena e integral de las personas, para romper con las condiciones de institucionalización para personas adultas mayores no dependientes.

f) Fortalecer a nivel regional del CONAPAM en su atención a la población adulta mayor, en coordinación con los gobiernos centrales e instituciones autónomas que contribuyan a una mayor presencia institucional en el territorio, desde la óptica de políticas sensibles al lugar. Aunado a lo anterior, se debe explorar la posibilidad de aglutinar las transferencias de beneficios desde una óptica centralizada en una institución rectora del sector social, para mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos.

g) Explorar nuevas modalidades para que el Sistema Financiero Nacional de Vivienda facilite vivienda digna a la población adulta mayor vulnerable, que se vincule con los servicios que requieren en cuanto a salud, cuido, esparcimiento, movilidad, entre otros acordes a sus necesidades.

13. Relanzamiento del beneficio de Hogares Conectados

Impulsaremos el relanzamiento del beneficio de Hogares Conectados con el fin de garantizar el acceso de la educación, reducir las brechas tecnológicas y eliminar las desigualdades de acceso y condiciones para el desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes, mejorando el equipamiento, telefonía e internet. Este beneficio se vio afectado por inacciones institucionales, de ahí que, en un gobierno Frente Amplio se brindará la atención debida para generar un relanzamiento del beneficio.

a) Ampliar la cobertura de Hogares Conectados, pasando de 170 mil familias beneficiadas en 2021, a 500 mil familias.

b) Revisar y fortalecer el programa Hogares Conectados desde FONATEL para ampliar la cobertura, para esto se busca un presupuesto fijo que se desprenda del MEP y FONATEL, para lograr sostenibilidad financiera y ampliación de la cobertura.

c) Mejorar la coordinación entre IMAS, MEP y FONATEL para la identificación territorial de familias beneficiadas. Se busca la interconexión del programa de Hogares Conectados, con Puente al Bienestar y asignaciones familiares.

14. Reforzamiento y profundización de Avancemos Primaria y Avancemos Secundaria

Reforzaremos y profundizaremos los programas Avancemos Primaria y Avancemos Secundaria, mediante el aseguramiento presupuestario y la búsqueda de una gestión más eficiente de las transferencias monetarias condicionadas. Se presenta un importante riesgo de debilitamiento de Avancemos ante los recortes presupuestarios, de ahí la importancia de asegurar y fortalecer el programa, tanto en primaria como secundaria, en un contexto de necesaria intervención social para evitar la deserción escolar y el aumento del trabajo infantil.

a) Mejorar los procesos de trazabilidad de Avancemos Primaria hacía Avancemos Secundaria, en las familias de mayores vulnerabilidades. Para esto se modificará la valoración social, para generar un aseguramiento de beneficio en caso de cambio en los ingresos económicos de la familia.

b) Generar procesos en la identificación y selección de beneficiarios de Avancemos primaria para generar promoción social en el inicio del desarrollo educativo de niños y niñas, y promover condiciones óptimas en términos de inserción educativa.

c) Generar un proceso de evaluación de resultados tanto para Avancemos primaria como Avancemos secundaria, para dar cuenta de las condiciones de aplicación del beneficio en las poblaciones vulnerabilizadas.

d) Incluir a las familias beneficiarias de Avancemos con el programa Hogares Conectados, para un desarrollo de condiciones óptimas en el estudio, con especial atención, en aquellas familias de pobreza extrema.

e) Profundizar las acciones contra el trabajo infantil para lograr una eliminación definitiva de dicho problema social, aunado al fortalecimiento de la inclusión y sostenibilidad de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, mediante las transferencias condicionadas de Avancemos en primaria y secundaria.

15. Revisión de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de calle 2016-2026

a) Ampliar la cobertura de las modalidades existentes o creación de nuevas alternativas conforme a los requerimientos del protocolo de atención de PSC.

b) Implementar una estrategia simplificada para la obtención de documento migratorio DIMEX, mediante un registro unificado de registro de los documentos migratorios de forma interinstitucional.

c) Ampliar la cobertura de las modalidades que se especialicen en la atención de PAM y persona con discapacidad en situación de calle, desde un enfoque de derechos humanos y de intervención pública.

d) Generar campañas de coordinación público-privado de registro de información mediante la aplicación de la FIS

e) Reorganizar la estructura de beneficios y programas del IAFA para generar cambios en las formas de atención y enfoques de la población en situación de calle.

f) Reordenamiento del Área de Acción Social y Administración de Instituciones de Bienestar Social, con el fin de mejorar los procesos internos, estandarizar procesos y orientar de mejor manera la asignación de beneficios a organizaciones de bienestar social que cumplan con los requisitos requeridos.

g) Generar un proceso de identificación social de las personas en situación de abandono mediante una estrategia de coordinación multisectorial y público-privado a nivel territorial que permita identificar a estas personas y promover una atención interinstitucional. Para esto es central la coordinación SINIRUBE y la utilización de herramientas geoespaciales de seguimiento.

16. Transformación del mecanismo de financiamiento de programas sociales para garantizar ingresos estables y mayor solidaridad

De forma prioritaria abriremos un diálogo orientado a definir en el corto plazo una agenda de transformación del financiamiento de la política social no contributiva (FODESAF, IMAS e INA), para que pase a ser financiada por impuestos directos altamente progresivos.

Esta forma de financiación, que permitirá reducir el impuesto a la planilla reflejado en cotizaciones sociales, exigirá de la construcción de un acuerdo amplio que asegure los recursos actuales de los programas sociales y conduzca a un creciente fortalecimiento, sostenibilidad y ampliación futura con progresividad y justicia tributaria.