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Política económica la economía al servicio de las personas y sus derechos
Política económica la economía al servicio de las personas y sus derechos

De acuerdo con los principios de Frente Amplio y ante las crecientes desigualdades económicas y sociales generadas por las políticas económicas de los gobiernos en las últimas décadas, acentuadas por las consecuencias más recientes de la crisis sanitaria, presentamos al país una propuesta donde la economía esté al servicio de la gente, sobre todo de aquellos sectores más desfavorecidos y marginados. Una propuesta que, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, avance en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades, generando crecimiento económico, con empleo digno y lógicas distributivas de la riqueza que producimos las personas trabajadoras, emprendedoras y empresarias. Frente a las lógicas utilitaristas, individualistas y de exaltación de la competencia como un fin en sí mismo, nuestra propuesta se basa en un conjunto de pilares y principios orientados a dar sustento material a las necesidades y derechos humanos de las personas, mediante convergencias virtuosas entre dinámicas del mercado, del Estado y de la asociatividad económica solidaria.

1. Diez pilares de la política económica del Frente Amplio

a) Por un mercado al servicio de las necesidades sociales.

b) Por un equilibrio dinámico del gasto público.

c) Por un sistema tributario justo, sostenible y suficiente.

d) Por la democratización de la producción.

e) Por la confluencia del capital público y privado en condiciones de transparencia.

f) Por la desmercantilización de la producción de bienes y servicios vinculados a derechos

humanos.

g) Por un diálogo responsable y transparente con el sector privado.

h) Por el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, y a la producción agropecuaria.

i) Por una política monetaria y financiera responsable orientada hacia el bienestar general.

j) Por un reconocimiento de la riqueza no mercantil.

2. Principios orientadores de la política económica

a) Se orienta por un enfoque de derechos humanos que comprende que el desarrollo socioeconómico debe estar guiado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

b) Se orienta por un enfoque de género, que debe ser incluido en todo análisis y toda propuesta.

c) Se orienta hacia una distribución más equitativa y justa del ingreso nacional y de los beneficios del progreso técnico.

d) Se orienta hacia el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y del sector de la economía social-solidaria, a través de políticas económicas activas por parte del Estado.

e) Se orienta hacia la democratización de la economía.

f) Se orienta hacia una política económica verde, que reconoce las políticas públicas del presente se formulan y ejecutan en medio de una crisis climática.

3. Atención de la crisis socioeconómica actual en el corto plazo

La pandemia por COVID-19 tuvo un fuerte impacto sobre la economía nacional, que más que generar nuevos problemas socioeconómicos, vino a profundizar problemas estructurales preexistentes. Es así como al cierre del año 2019 ya la tasa de desempleo alcanzaba un 12,4% y más de un millón de personas estaban desempleadas o tenían un empleo informal. Y ante el profundo impacto de la pandemia, que provocó un decrecimiento de un 4,1% del volumen de la producción, esa crisis de empleo se profundizó dramáticamente, alcanzando un pico de desempleo en mayo-julio de 2020 (tasa de desempleo de 24,4%), con la destrucción de aproximadamente 500 mil empleos. 

Aún en el presente, aunque el volumen de la producción ha dejado de decrecer y la tasa de desempleo se ha reducido, es evidente que aún persiste una crisis socioeconómica,

que se refleja que la tasa de desempleo de un 16,4%, aún superior al ya alto nivel prepandemia, y que significa que más de 400 mil personas se encuentran en condición de desempleo. Y aún no se recuperan la cantidad de empleos existentes antes de marzo de 2020.

Ante una crisis de esta magnitud, que impacta sobre el bienestar de las personas, el próximo Gobierno de la República deberá iniciar su mandato con medidas de política económica de alto impacto en el corto plazo, para reconstruir la economía con justicia social, empleo decente y transformación hacia una economía verde. Por esa razón, en esta ocasión, en cada sección se definen medidas orientadas a la reconstrucción de la economía en el corto plazo.

a) Ampliar al doble del plazo actual la exoneración y las tarifas reducidas del impuesto sobre utilidades para nuevas Pymes.

b) Exonerar por al menos un año del pago de impuesto sobre la renta a todas las empresas con renta neta anual inferior a 5.157.000,00 colones y a los contribuyentes del Régimen Simplificado, y a las personas trabajadoras independientes con ingresos anuales inferiores a 5.589.000,00 colones.

c) Impulsar la colocación de $100 millones en créditos baratos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Los recursos vendrán del Fondo de Crédito para el Desarrollo, que cuenta con aproximadamente $200 millones, de los cuales es seguro que se mantendrán en el Fondo aproximadamente $100 millones. Impulsaremos que FONADE pueda acceder a esos recursos para canalizarlos a nuevos créditos baratos para Pymes.

d) Aumentar la inversión de capital estatal con orientación hacia la descarbonización, a la mejora de las capacidades productivas nacionales y al aumento del bienestar de la ciudadanía:

i) Eliminar la restricción de la regla fiscal sobre el gasto de capital.

ii) Impulsar la creación de mecanismos que permitan al Régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y a otros fondos de pensiones, invertir de manera efectiva en obra pública.

iii) Buscar de manera activa créditos externos orientados a proyectos de inversión de capital verdes.

iv) Promover la emisión de “bonos verdes” (valores de oferta pública temáticos, orientados a financiar actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, así como cualquier otro instrumento de política pública que persiga los mismos objetivos) por parte las instituciones públicas

v) Aumentar la inversión de bonos de vivienda mediante Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI).

e) Abrir, de manera prioritaria, un diálogo orientado a definir en el corto plazo una agenda de transformación del financiamiento de la política social no contributiva (FODESAF, IMAS e INA), para que pase a ser financiada por impuestos directos altamente progresivos. Esta forma de financiación (que permitirá reducir el impuesto a la planilla reflejado en cotizaciones sociales) exigirá de la construcción de un acuerdo amplio que asegure los recursos actuales de los programas sociales y conduzca a un creciente fortalecimiento, sostenibilidad y ampliación futura con progresividad y justicia tributaria.

f) Autorizar legalmente a los bancos para que durante un periodo de 36 meses para las empresas y actividades del sector turismo, puedan dar crédito sin necesidad del análisis de capacidad de pago común, y que en su lugar puedan hacer estudios técnicos de la viabilidad futura de las empresas.

g) Impulsar la puesta en marcha inmediata del Fondo de Avales que ya cuenta con financiamiento, orientando los recursos para dar posibilidades de crédito barato a los sectores más afectados por la crisis.

4. Producción y empleo

La orientación central de la política económica debe ser generar fuentes de trabajo
estables y bien remuneradas a través de la ampliación del mercado interno, la
democratización económica y el fortalecimiento de la economía social.

4.1. Sobre generación de empleo

a) Utilizar las herramientas de la nueva Ley de Contratación Administrativa para incentivar que las cooperativas, las asociaciones de trabajadoras y trabajadores, de mujeres, las micro, pequeñas y medianas empresas locales o comunitarias tengan participación en la contratación pública.

b) Orientar los programas de incentivos, de acceso al crédito y de facilitación de obtención los permisos y licencias hacia las cooperativas, las asociaciones de trabajadoras y trabajadores, de mujeres, y las micro, pequeñas y medianas empresas locales o comunitarias.

c) Crear un programa de incentivos (tributarios y no tributarios) dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas que generen empleo digno (garantizando derechos laborales y seguridad social) para sectores de la población que enfrentan dificultades para conseguir empleo.

d) Fortalecer los programas de inspección laboral garantizando cobertura al territorio nacional con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación en procura de los derechos de las personas trabajadoras. La inspección laboral debe actuar prioritariamente en las actividades productivas basadas en trabajos menos cualificados como es el caso del sector agrícola. Pero también a las llamadas actividades de plataforma, donde bajo el supuesto de las personas son “sus propias patronas” estas se encuentran en condiciones de desprotección total de sus derechos laborales, así como fuera de la seguridad social.

e) Se buscará la democratización de la riqueza y la más equitativa distribución del ingreso, mediante la consolidación de un tejido empresarial de micros, pequeñas y medianas empresas, y en general empresas prioritariamente de capital nacional, emprendimientos solidarios, comunales y cooperativos, así como mediante la plena garantía de respeto a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores.

f) La política económica promocionará formas de producción, consumo y, en general, estilos de convivencia social, que propicien el pleno respeto a los equilibrios de la naturaleza, al cuido de nuestra Madre Tierra y la calidad en el vivir y convivir.

g) Democratizar el acceso al mercado externo mediante la articulación de la política de promoción de exportaciones a las necesidades de las Mipymes, Pymes, cooperativas y sector autogestionario.

h) Fortalecer programas de capacitación y transferencia de tecnología y acceso a recursos productivos para el desarrollo de la economía social en las regiones más pobres y abandonadas del país. También dar un impulso decidido a la creación de polos de desarrollo en zonas rurales y urbano-marginales.

i) Incentivar programas de capacitación y acompañamiento sistemático institucional de emprendimientos locales en las distintas áreas productivas en todo el territorio nacional. Estos programas se desarrollarán en coordinación con el INA, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y las distintas Universidades públicas.

j) Fomentar la existencia de encadenamientos productivos entre la inversión extranjera directa y las empresas locales, y aunada a esta condición, estimular la permanencia de toda inversión extranjera directa que sea laboral, fiscal y ambientalmente responsable. Para cumplir con este objetivo se regularán las cuentas de capital con el objeto de favorecer las inversiones a largo plazo que contemplen la formación de capital humano y la existencia de encadenamientos productivos.

k) Consolidar procesos de simplificación de trámites para el desarrollo de iniciativas productivas, sin debilitar la legislación ambiental y de protección social. Velar por el estricto cumplimiento de la Ley 8220. Los programas de simplificación de trámites y eliminación de requisitos innecesarios, duplicados y engorrosos serán coordinados al más alto nivel desde la Presidencia de la República, a fin de garantizar la coordinación entre instituciones autónomas y ministerios que hoy funcionan como “islas” y “feudos de poder”.

l) Promover la formalización de los nuevos emprendimientos locales y fortalecer los programas de incubación de empresas en coordinación con el MEIC, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el nuevo Consejo Nacional para la Producción (CNP) y PROCOMER de forma tal que exista un acompañamiento sistemático.

m) Promover que el Fondo de Avales del Sistema de Banca para el Desarrollo otorgue avales a pequeñas empresas que participan en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), para ayudarles con garantías de participación o cumplimiento en contrataciones públicas.

n) Potenciar el Sistema de Banca para el Desarrollo en el uso de plataformas Fintech, y en financiamiento de contratos.

ñ) Aumentar temporalmente el peaje bancario de las entidades financieras privadas, y el aporte de los bancos estatales, al Sistema de Banca para el Desarrollo, para que se destinen más recursos a la generación de inclusión financiera de las MIPYMES y al avance hacia la generación de encadenamientos productivos entre las multinacionales y los productores locales de forma tal que los contratos en torno a las mega-empresas transnacionales permitan a su vez impulsar cadenas productivas que fomenten la producción local y la difusión de la innovación tecnológica

o) Impulsar al INA como principal incubadora de empresas del país. Con coordinación con el Sistema de Banca para el Desarrollo, para que las personas formadas en el INA, en su proceso educativo formulen proyectos viables que posteriormente puedan recibir avales del SBD, además de acompañamiento técnico y capital semilla. Al mismo tiempo, el MEIC deberá funcionar como gestor de vinculación entre las empresas en Régimen de Zona Franca y las empresas incubadas en el INA, para generar encadenamientos productivos.

4.2. Sobre los sectores pesquero y agropecuario

a) Incentivar la actividad pesquera sostenible en el país. Promover la reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura para acabar con el regalo de nuestra riqueza atunera. Cobrar licencias de pesca de acuerdo a la capacidad real de acarreo de los barcos y el valor real de las capturas. Eliminar la entrega de las licencias gratuitas. Destinar los recursos adicionales que se generen por el cobro justo de las licencias, a financiar la creación de una flota pesquera nacional a través de cooperativas integradas por quienes trabajen en la pesca.

b) Incentivar la industrialización y la generación de valor agregado en beneficio de las familias dedicadas a la actividad agropecuaria y pesquera, a través de establecer márgenes de utilidad a lo largo de toda la cadena de producción.

c) Regular la explotación industrial de la pesca. No se apoyará de ninguna manera la pesca de arrastre.

d) Consolidar el desarrollo de los territorios costeros comunitarios como alternativa frente a los megaproyectos ruinosos para el desarrollo de zonas costeras. Impulso decidido al programa de maricultura coordinado por el Parque Marino del Pacífico, que permitiría aprovechar la riqueza de nuestras a lo largo de nuestras costas costa, generando regeneración de especies, inversión en investigación para cultivo de nuevas especies, organización de las comunidades y empleos. Además, se impulsará la creación de una planta de empaque para aumentar el valor agregado a los productos, así como generar encadenamientos productivos para la comercialización.

e) Convertir en ley el reglamento existente sobre PYMES.

f) Fortalecer el Programa de Abastecimiento Institucional del CNP, aumentando su capacidad para comprar al sector agropecuario, reduciendo drásticamente las compras a intermediarios, aumentando su eficiencia, evitando que la regla fiscal impida su crecimiento, e impulsando el desarrollo de una red de frío.

g) Impulsar desde el CNP, INDER y el SBD la creación de una planta de valor agregado en la zona norte del país, y el desarrollo y fortalecimiento de la nueva planta de valor agregado de la Zona Sur.

h) Impulsar la importación de insumos agropecuarios por parte de CNP, de conformidad con las atribuciones de su Ley Orgánica, para venderlos al costo a los productores nacionales, obteniendo mejores precios.

4.3. Sobre la banca comercial

a) Fortalecer al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Se eliminará la intromisión político-partidaria del Gobierno en el nombramiento de la Asamblea de Trabajadores, la junta directiva y demás autoridades. Garantizar una representación equitativa de los diversos sectores sociales en dicha Asamblea. Dar al Banco un trato diferenciado en las normas de supervisión para asegurar que mayores recursos se destinen a proyectos de desarrollo en condiciones distintas a la banca comercial. Eliminar trabas que impiden que los fondos especiales creados con utilidades del Banco se utilicen efectivamente para promover la economía social y el comercio justo.

b) Asegurar recursos frescos al Sistema de Banca para el Desarrollo, cumpliendo con el destino de 15 mil millones anuales provenientes del impuesto sobre remesas. Además, se propone generar recursos frescos provenientes de sectores productivos dinámicos y estables como las Zonas Francas, de forma tal que no se afecte su permanencia ni su productividad, mediante el establecimiento de una contribución especial solidaria relativamente pequeña pero que en el agregado aporta recursos de importancia al SBD.

c) Orientar la actividad del Sistema Bancario Nacional hacia condiciones solidarias y justas con el productor local y las familias costarricenses evitando abusos en las condiciones de acceso al crédito.

d) Prohibir los abusos en los cobros por mora en créditos. Se promoverá una ley para prohibir por completo la incorporación de costos, gastos o comisiones adicionales, a efecto de cobrar una tasa de interés moratorio superior que supere el límite que dispone la legislación. Esta prohibición incluye cualquier cobro de cargos por gestión de cobro, cargos administrativos por cuentas en atraso, y cualquier cargo o comisión similar. Además, impulsar regulación para quitar trabas para renunciar a las tarjetas y eliminar otras cláusulas abusivas de los contratos, garantizando información veraz y más transparencia.

4.4. Sobre la reforma al CNP

La transformación del Consejo Nacional de Producción en un ente impulsor y orientador de la actividad productiva de las MIPYMES y PYMPAS, de las empresas de carácter social y cooperativo, con una visión de interés nacional. El CNP nuevo se concibe como una corporación de apoyo a las empresas mencionadas, con orientación política del estado, para impulsar el desarrollo nacional con misión solidaria. Para ello se llevará a cabo una reforma completa de la actual institución. Entre sus principales funciones estarán:

a. Promover la creación de emprendimientos sociales y comunales;

ii. organizar y articular a los empresarios/as locales o regionales para fortalecer su capacidad industrial y comercial a escala nacional e internacional;

b. Formar empresarialmente a los productores y productoras;

c. Asistirlas en la consecución de fondos financieros, conexiones comerciales en el mercado interno y externo;

d. Coparticipar en la gestión y administración de emprendimientos que lo requieran para su puesta en marcha y consolidación; y

e. Brindar asesoría y enlaces para el encadenamiento productivo y tecnológico con las empresas nacionales y extranjeras.

Para el cumplimiento de sus funciones contará con los actualmente asignados, más los originados en algunas reformas previstas en la ley Orgánica del Banco Central, con recursos puestos a su disposición por la Banca para el Desarrollo, recursos negociados en el exterior, y con los propios originados en el cobro de sus actividades de asesoramiento, gestión y administración de emprendimientos y comercialización de productos.

4.5. Transformación de la economía y la sociedad rural

a) Las zonas y los territorios rurales con mayores deficiencias y menores oportunidades para desarrollar sus propias potencialidades productivas y comerciales, será prioridad de las políticas productivas y atendiendo las desigualdades en el acceso a recursos y tierra que afectan a mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

b) Crear una política de desarrollo rural integral, con un plan de inversión gubernamental y de las instituciones autónomas en infraestructura y servicios, con visión territorial, orientado a fortalecer y desarrollar económica y socialmente las zonas, caminos de penetración, sistemas de riego y territorios con mayor rezago en su desarrollo.

c) Bajo la rectoría del MAG, el nuevo Consejo Nacional de Producción y el Instituto de Desarrollo Rural, serán los encargados de llevar a cabo esta nueva estrategia de desarrollo territorial.

d) Darles prioridad a los desarrollos de empresas de carácter social, comunal, colectivo y cooperativo por medio de políticas: i. financieras impulsadas por los bancos del Estado y la Banca para el desarrollo; ii. de ordenamiento territorial impulsadas por el INDER; iii. de acompañamiento empresarial desarrolladas por el nuevo Consejo Nacional de Producción, del INA, TEC y Universidades Estatales; y iv. orientadas al fomento del turismo ecológico, agroturismo y comunitario, priorizando apoyar desarrollos turísticos gestionados desde la pequeña y mediana empresa, cooperativas, asociaciones comunales.

4.6. Impulso al Turismo local y comunitario

a) Poner en marcha una estrategia muy agresiva de promoción del turismo interno, A través del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y diseñada de forma tal que se favorezcan los hoteles pequeños y medianos, el turismo rural, los emprendimientos solidarios, así como la generación de encadenamientos con productoras y productores locales de las distintas regiones, y poniendo especial atención en las zonas más deprimidas y en mayor grado necesitadas de fuentes de empleo. Ello permitiría introducir un importante estímulo para la dinamización de regiones fuera del Valle Central, pero también de localidades dentro de este último, pero situadas fuera de las áreas urbanas.

b) Autorizar legalmente a los bancos para que durante un periodo de 36 meses para las empresas y actividades del sector turismo, puedan dar crédito sin necesidad del análisis de capacidad de pago común, y que en su lugar puedan hacer estudios técnicos de la viabilidad futura de las empresas.

Otras orientaciones y propuestas para el sector turístico se presentan en el capítulo correspondiente

4.7. Sobre el plan de inversión pública

El impulso urgente a la inversión pública requiere de un acuerdo nacional que rompa los diversos cuellos de botella que retrasan gravemente la puesta en funcionamiento de cualquier proyecto de inversión pública. Ese acuerdo como mínimo debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Un acuerdo multipartidista, muy transparente y riguroso, patriótico, para agilizar los procesos de negociación externa y aprobación legislativa de los créditos externos para inversión pública.

b) Un esfuerzo de concertación, coordinación y colaboración interinstitucional al nivel del sector público que permita simplificar procesos, eliminar duplicaciones y aligerarlos trámites. Las altas autoridades de las instituciones públicas deben estar profundamente comprometidas con este esfuerzo y liderar su respectiva institución para lograr su exitosa consecución.

c) Un esfuerzo de concertación pública-privada asentada en un amplio proceso de diálogo con los diversos sectores de la ciudadanía y con el empresariado vinculado con la construcción de obra pública. Deben establecerse acuerdos voluntarios pero muy claros y firmes, para que, por ejemplo, no se recurra a engorrosas apelaciones que frenen los procesos de adjudicación, excepto que ello fuera absolutamente indispensable, o sea, si efectivamente ha habido errores o fallas importantes y evidentes en los procesos de licitación.

d) El país no debe renunciar a ninguna forma posible de financiamiento de la obra pública, pero se buscará introducir mecanismos más estrictos de regulación y vigilancia, que incluyan un importante componente de participación de la ciudadanía, con el fin de garantizar que en todo momento los servicios respondan prioritariamente a las necesidades del país y con costos razonables.

e) Deben igualmente aprovecharse otras opciones, entre ellas el mecanismo del fideicomiso, el financiamiento mediante los fondos de pensiones u otros que deben ser estudiados y aprovechados con sentido creativo, máxima probidad y rectitud, total transparencia y estricta rendición de cuentas.

f) Es urgente que, con el mismo fin, los bancos públicos trabajen para el desarrollo de mecanismos novedosos, muy flexibles, pero igualmente confiables por su transparencia y rigor, para facilitar el financiamiento de la obra pública. Es indispensable que haya una eficaz y fluida colaboración y coordinación entre los bancos y la institucionalidad pública, así como con la ciudadanía y el sector

g) La obra pública que se construya debe planificarse de forma que se garantice la mayor generación posible de empleos y la consolidación de encadenamientos productivos, de modo que, en lo posible, sean proveedores nacionales los que, de forma muy equitativa, suministren los insumos requeridos, y con el fin de que el componente importado se reduzca al mínimo indispensable.

h) Asimismo la obra pública debe planificarse con estricto apego y observancia de los requisitos de sostenibilidad ambiental y respeto a la naturaleza. Por ello mismo, un componente importante de la obra pública que se desarrolle tiene que ver con el impulso a fuentes energéticas alternativas, destacadamente la solar y la eólica.

5. Freno al aumento del costo de la vida

La política económica debe impedir el encarecimiento de bienes y servicios básicos, las prácticas anti-competitivas y los abusos de precios que afectan a las personas. Para ello se propone:

a) Establecer mayores controles y regulaciones más eficaces para evitar prácticas especulativas y aumentos excesivos de los precios de alimentos esenciales y productos de la canasta básica. Por medio de la intervención coordinada del Ministerio Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura se investigarán y sancionarán las prácticas abusivas de importadores y comercializadores.

b) Regular los precios de los medicamentos y frenar cobros abusivos, diferencias abismales y competencia desleal entre farmacias, a través de reordenar el mercado para erradicar prácticas monopólicas que van en perjuicio del derecho a la salud de la población y de las pequeñas empresas locales.

c) Aplicar de forma estricta las normas vigentes para evitar concentraciones de capital y las medidas para combatir prácticas comerciales desleales y monopolios privados, a través de Comisión para Promover la Competencia.

d) Reestructurar la ARESEP para frenar los gastos desmedidos y el cobro excesivo del canon de regulación. Se promoverá, además, que el desempeño de esta institución garantice una adecuada regulación de las tarifas de los servicios públicos, así como mayores controles sobre su calidad. Se pondrá fin a los aumentos mediante fórmulas automáticas.

e) Fiscalizar el cumplimiento efectivo de los topes a las tasas de interés, para que la institucionalidad proteja a las personas ante las tasas de usura.

f) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de la ley impulsada por el Frente Amplio que reformó la Ley de Arrendamientos, para establecer que los aumentos anuales de los alquileres no deben ser superiores a la inflación acumulada. Se deben frenar los aumentos anuales de alquileres de vivienda de hasta 15%, que se daban aun cuando la inflación anual era mucho menor.

g) Frenar los aumentos desmedidos en los precios de la electricidad para los hogares, a través de medidas como la exoneración de impuestos (Ley 8114) para el combustible que compra el Instituto Costarricense de Electricidad con fines de generación eléctrica. Realizar el rebalanceo tarifario para revertir los subsidios para grandes industrias a costa del encarecimiento del consumo residencial. Ampliar la generación eléctrica mediante el uso de fuentes renovables de energía. Impulsar la renegociación de contratos por parte del ICE, para reducir costos y reducir así las tarifas.

6. Política comercial internacional

La política comercial internacional debe reconocer las inmensas asimetrías económicas, tecnológicas y de productividad existentes entre países y regiones del mercado mundial, así como entre grandes corporaciones transnacionales y empresas locales, sobre todo aquellas medianas y pequeñas. Por ello, debemos promover relaciones comerciales internacionales que incorporen los principios del comercio justo, la cooperación y la solidaridad.

6.1. Reorientar la política comercial

a) Fortalecer las relaciones comerciales y los programas de cooperación con todos los bloques económicos regionales con el objetivo de diversificar nuestra cartera de socios comerciales, prestado principal interés en estrechar lazos comerciales con las naciones latinoamericanas

b) Fomentar las misiones de negocios e inversiones, que permitan la promoción y colocación de productos nacionales en el exterior y el apoyo del cuerpo diplomático a la comercialización de los productos y servicios nacionales.

c) Impulsar el respeto a las diferencias, el reconocimiento de las asimetrías y la evolución del comercio internacional en uno multipolar, en términos geopolíticos como geoeconómicos desde los espacios internacionales de participación comercial.

d) Proponer una inserción eficiente que dé prioridad a la generación de lazos de cooperación, comercio, diálogo y negocios con las naciones centroamericanas y de América del Sur con el objetivo de consolidar al mismo como un bloque comercial con mayor capacidad de influencia y persuasión en consideración de que la evolución del comercio global ha generado una nueva dinámica de negociación en bloques comerciales, bajo esta lógica Costa Rica posee poco margen de negociación, competencia e influencia en el mercado internacional.

e) Impulsar una revisión de la estructura orgánica del COMEX con el fin de: evitar las duplicidades o traslape de funciones con la Cancillería de la República, evitar la corporativización del ministerio, propiciar una mayor coordinación interinstitucional, homogeneizar su estructura salarial con otros ministerios, entre otros cambios que mejoren las articulación de la política de comercio exterior de Costa Rica con la política económica orientada al producción y al mercado interno.

f) Mantener los vínculos comerciales actualmente existentes, pero asimismo se desarrollarán nuevos mercados y posibilidades, incluyendo un vigoroso relanzamiento del mercado centroamericano y la ampliación de los vínculos de cooperación a nivel regional en diversos ámbitos, incluyendo el de la inversión pública. Asimismo, se trabajará por ampliar y profundizar los vínculos de intercambio con los diversos bloques comerciales y de integración suramericanos y caribeños, así como con las potencias económicas emergentes, en particular Brasil, la India, Rusia y China.

6.2. Sobre los tratados de comercio

a) Suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico o la Alianza del Pacífico y otros tratados de libre comercio (TLC) orientados a profundizar el modelo de apertura desigual del TLC Estados Unidos-Centroamérica- República Dominicana, así como de tratados bilaterales de inversiones que pretendan obligar a Costa Rica a someterse a arbitrajes internacionales de carácter privado.

b) Revisar y evaluar permanentemente los tratados vigentes para determinar sus verdaderos impactos sobre las condiciones económicas y sociales de nuestra población. Las capacidades nacionales se orientarán a fiscalizar una aplicación justa, brindando protección a los sectores vulnerables y haciendo uso de todos los mecanismos vigentes para la defensa comercial frente al dumping y las diversas formas de competencia desleal.

c) Promover la renegociación de los Tratados de Libre Comercio que presenten repetidas cláusulas abusivas o perjudiciales para los intereses nacionales, tal y como ya han hecho con éxito otros países.

d) Fortalecer los mecanismos de defensa comercial frente a las amenazas de algunos tratados de libre comercio, a través de medidas como: aplicar salvaguardas antidumping para enfrentar la competencia desleal de los países ricos; denunciar enérgicamente los millonarios subsidios que aplican a su agricultura dichas naciones; revisar, renegociar o denunciar cláusulas abusivas de tratados comerciales; desarrollar un plan de emergencia para proteger a los sectores vulnerables, como los de lácteos, carne de cerdo y arroz, frente al vencimiento de los plazos de desgravación arancelaria de TLC con Estados Unidos y otros tratados.

e) Impulsar programas nacionales de aprovechamiento de acuerdos comerciales internacionales a través del COMEX, Procomer, MEIC, CNP, Banca para el Desarrollo entre otras entidades estatales con el objetivo de capacitar al empresariado nacional en su internacionalización.

6.3. Impulso exportador a pequeñas y medianas empresas: descentralización de la promoción de las exportaciones

a) Brindar apoyo focalizado y prioritario a las exportaciones generadas por emprendimientos asociativos, ya sean cooperativas de producción, centros agrícolas cantonales, consorcios y conglomerados empresariales, que generen encadenamientos productivos y valor agregado para el país. Con el objetivo de potenciar y mejorar el aprovechamiento de los tratados de libre comercio ya firmados. Se deberá contemplar entre otras ayudas: financiamiento, asesoría técnica, promoción e inteligencia comercial.

b) Impulsar la modernización de los Puertos de Moín y Caldera mediante la inyección de recursos nuevos que permitan la inversión en infraestructura, revisión de los modelos de gestión portuaria y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.

c) Impulsar las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante un programa de acompañamiento empresarial ejecutado entre Ministerio de Economía Industria y Comercia (MEIC) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que permita el asesoramiento, capacitación, búsqueda de recursos y de facilidades de exportación de las empresas inscritas como Mipymes y Pympas.

d) Alimentar la inversión pública y privada en investigación, innovación y desarrollo, de productos y procesos productivos alineados con la exportación, y en particular aquellos que impliquen alto valor agregado y recursos humanos altamente calificados.

e) Gestionar la ubicación de centros de información, capacitación y asesoría en comercio exterior en todas las provincias del país con el objetivo de propiciar una inclusión de los sectores alejados del Valle Central y una democratización de la dinámica de comercio global.

f) Profundizar la estrategia nacional alrededor del uso de la marca país “Esencial Costa Rica”.

6.4. Mejoras en los sistemas aduaneros y de control fronterizo

a) Modernizar y mejorar el Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) para que se encuentre al nivel de los estándares internacionales en sistemas de información aduanero.

b) Fortalecer los puestos fronterizos mejorando los mecanismos de vigilancia y control comercial, así como eliminando los procedimientos que sean innecesarios o que generan duplicidades. También, se realizarán mejoras en la infraestructura existente para ampliar su capacidad y celeridad en los procesos aduaneros terrestres.

c) Fortalecer el Servicio Nacional de Aduanas con el fin de mejorar los controles en el ingreso y el despacho de mercancías en las aduanas del país.

d) Impulsar la interconexión de los bancos estatales, La CCSS, la Administración Tributaria, entre otras instituciones en un sistema integrado para mejorar la fiscalización y la facilitación del comercio en las aduanas.

e) Impulsar la profesionalización de las Aduanas del país permitiendo la permanencia de profesionales 2 y 3 del Servicio Civil en los puestos de aduanas con el fin de mejorar sus sistemas de gestión y operación.

f) Implementar la inspección no intrusiva mediante escaneo de contenedores.

7. Política fiscal

La Política fiscal se debe orientar por tres principios: justicia tributaria, suficiencia y sostenibilidad. Por tanto, la propuesta del Frente Amplio está enfocada en medias altamente progresivas, que no aumentará las cargas tributarias sobre las personas de ingresos medios y bajos, que combatirán frontalmente el fraude fiscal, que velarán por unas finanzas públicas capaces de asegurar a la ciudadanía el acceso a sus derechos fundamentales.

7.1. Ley de contingencia fiscal progresiva

Promoveremos en el corto plazo una Ley de contingencia fiscal altamente progresiva, que reducirá la carga tributaria sobre empresas pequeñas y medianas y sobre personas trabajadoras independientes de bajos ingresos, al tiempo que se obtendrán nuevos ingresos subiendo temporalmente el impuesto sobre las utilidades de las empresas más grandes del país (clasificadas como Grandes Contribuyentes), así como el impuesto sobre rentas y ganancias de capital.

7.2 Sobre el IVA

a) Establecer un mecanismo de IVA-Personalizado, que permita realizar una devolución, a los hogares pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos, del monto promedio pagado por concepto de IVA por esos hogares empobrecidos

b) Establecer tarifas mayores sobre bienes y servicios consumidos exclusivamente por los hogares pertenecientes a los percentiles de mayores ingresos, así como sobre los alimentos con incidencia negativa sobre la salud humana, como lo son los ultraprocesados.

c) Incluir la variable nutricional en la elaboración de la canasta básica tributaria, así como criterios de género y salud.

d) Oponernos a cualquier intención de aumentar la tarifa del IVA de bienes y servicios en general, con excepción de lo definido en el inciso b) anterior.

7.3. Impuestos a las grandes rentas y riquezas

a) Convertir el Impuesto sobre la Renta en un impuesto de renta mundial, para que todos los residentes costarricenses tributen por sus rentas, sean obtenidas en territorio nacional o fuera de nuestra nación, y que los más ricos no puedan esconder su patrimonio en paraísos fiscales.

b) Gravar con una tarifa de impuesto sobre las utilidades extraordinarias de las entidades financieras con altos rendimientos.

c) Crear un impuesto sobre las grandes herencias.

d) Gravar las transacciones financieras del capital golondrina.

e) Gravar la producción de envases contaminantes.

f) Establecer que las empresas en Régimen de Zona Franca deben pagar el impuesto del 15% sobre los dividendos que distribuyan.

7.4. Combate al fraude fiscal y transparencia fiscal

a) Eliminar trabas injustificadas para el levantamiento del secreto bancario por parte de la Administración Tributaria costarricense, desjudicializando el proceso y garantizando el uso adecuado de la información de los contribuyentes;

b) Determinar como responsables solidarios a los socios respecto a las obligaciones tributarias de la sociedad de la que son propietarios, así como entre los integrantes de grupos económicos, y la responsabilidad subsidiaria de las sociedades por las obligaciones tributarias de sus socios, cuando se usan las estructuras jurídicas para defraudar al fisco;

c) Fortalecer la regla de subcapitalización, de conformidad con la recomendación original del Equipo de Trabajo en BEPS de la DGT.

d) Cumplir con la Ley emitiendo una lista de paraísos fiscales completa, que no excluya a los paraísos más agresivos. Y aplicar de forma contundente la norma anti-paraíso fiscal, rechazando la deducción de gastos no justificados procedentes de negocios en paraísos fiscales.

e) Hacer más fuerte el delito de fraude fiscal (fraude a la hacienda pública): i) reduciendo el monto de evasión a partir del cual se califica como delito el incumplimiento tributario; ii) estableciendo que para definir si se supera el umbral se suman los montos defraudados en periodos consecutivos; iii) estableciendo como agravantes la evasión mediante grupos criminales o el ocultamiento (de montos, de obligados tributarios o de patrimonios): iv) imponiendo a los condenados por fraude fiscal la pérdida de subvenciones, beneficios fiscales y de la posibilidad de participar en contrataciones públicas; v) sancionando a quienes participan o coadyuvan a cometer el delito de fraude fiscal; vi) establecer una multa monetaria amplia a los evasores, además de la pena de cárcel.

f) Prohibir, a todo representante popular o jerarca del Sector Público, la posesión de estructuras jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales.

g) Llevar adelante la aplicación de las acciones del proyecto OCDE sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

h) Apoyar el establecimiento de un impuesto corporativo mínimo global, que permita combatir las prácticas de paraísos fiscales.

i) Mejorar el marco normativo de las exoneraciones, para que se pueda sancionar a quienes hacen usos abusivos de las mismas

j) Publicar anualmente la lista de Grandes Contribuyentes que reportaron utilidades cero en el año previo.

k) Impulsar la obligación de publicar la lista de potenciales beneficiarios de cualquier condonación que se tramite, así como de los beneficiarios que se lleguen a acoger a estos beneficios.

l) Aplicar con contundencia la normativa que exige retirar cualquier beneficio tributario (como exoneraciones) a empresas o personas que no están al día con sus obligaciones tributarias.

7.5. Política fiscal para el cumplimiento de los Derechos Humanos con eficiencia

a) Detener al recortismo irresponsable utilizado como medio para hacer frente al déficit fiscal. El recorte indiscriminado del Presupuesto de la República afecta directamente a los principales programas sociales, a la educación pública y a la inversión en infraestructura. El recortismo solo limita el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de los y las ciudadanas por parte del Gobierno, erosionando la eficacia de los programas de combate a la pobreza y la desigualdad, así como la educación pública, principal mecanismo generador de movilidad social ascendente. El Frente Amplio defenderá la inversión en educación, salud y programas sociales.

b) Reformar la regla fiscal, para que se asegure que no impida usar ingresos propios de las instituciones ni recursos provenientes de empréstitos. Además, para que se excluya de la aplicación de la regla fiscal el gasto de capital y se incluyan mecanismos que aseguren que la aplicación de la regla no afecte la inversión social.

c) Eliminar gastos superfluos que sólo benefician a castas políticas o son producto de gestión ineficiente.

d) Congelar las remuneraciones totales de los altos mandos del sector público por al menos cuatro años.

e) Incluir en el Presupuesto de la República una sección que detalle el gasto tributario correspondiente a los recursos dejados de percibir por concepto de beneficios fiscales otorgados.

f) Combatir la corrupción que afecta las finanzas públicas, eliminando las “puertas giratorias” generadoras de conflictos de interés, fortaleciendo la Procuraduría de la Ética, eliminando la inmunidad de miembros de Supremos Poderes, haciendo públicas las declaraciones patrimoniales de las personas jerarcas, publicando en cuáles personas jurídicas participan y haciendo más transparentes los procesos de contratación pública.

8. Política monetaria

a) Hacer más transparente, competitiva y paritaria la integración de los órganos directivos del Banco Central, además cerrando portillos a conflictos de interés entre las personas tomadoras de decisiones.

b) Modificar los objetivos centrales de la institución de manera que además de la estabilidad monetaria y cambiaria sea considerada dentro de éstos, el crecimiento de la producción y el empleo, manteniendo siempre una política monetaria responsable en el manejo de la inflación.

c) Revisar el artículo 62 bis de la Ley Orgánica del BCCR., de manera que el plazo de los créditos exentos de éste pueda ser objeto de revisión periódica por parte de la Junta Directiva, así como los sectores productivos a que se destinen.

d) Revisar con los estudios necesarios el artículo 80bis de dicha ley, con el objeto de crear mayor flexibilidad para la Junta Directiva en el manejo de los ingresos de capitales del exterior destinados a inversiones en títulos y valores nacionales y, particularmente, en el porcentaje (25%) correspondiente al depósito de garantía y sus plazos.

e) Modificar la forma actual de financiar la supervisión bancaria de manera que sean las entidades financieras las que aporten la mayor parte del costo, y el Banco Central el resto. Los recursos liberados con esta fórmula podrán ser destinados a cubrir el déficit del Banco Central u otras obligaciones que se establezcan en la ley.

f) Evaluar el Departamento de Fomento y Desarrollo del Banco Central (arts.108 y sig. de la Ley Orgánica del BCCR). Ampliar su cobertura hacia la pequeña y mediana empresa, hacia programas de desarrollo industrial, comercio y turismo.

g) Defender la posibilidad de que el BCCR transe títulos valores del Gobierno Central enel mercado secundario.

9. Impulso al Cooperativismo

Costa Rica puede y debe aspirar a convertirse en una economía formada por una amplia cantidad de empresas privadas cuya gestión y propiedad sea cooperativa. El modelo cooperativo ha generado desarrollo en el país, pero aún guarda un potencial muy grande para desplegar toda su capacidad de transformar la economía nacional, creando democracia económica y distribución de la riqueza. Para ello proponemos:

a) Promover el sistema cooperativo como una herramienta de desarrollo integral en nuestro país, que ataque de manera directa la pobreza y la desigualdad social, impulsando una economía social solidaria que genere relaciones económicas más justas. Nuestro país puede y debe aspirar a convertirse en un ejemplo para el mundo, convirtiéndose en el país con la mayor proporción de su parque empresarial organizado de forma cooperativa.

b) Garantizar un desarrollo en las estructuras que dirigen el sector cooperativo, planteado desde los principios de la ética, la transparencia y la optimización en el uso de los recursos; esto con el fin de lograr un sector cooperativo que aporte de manera integral y sustentable a la sociedad costarricense.

c) Garantizar la comunicación hacia las cooperativas por parte de las estructuras que lideran el sector, procurando de esta manera el adecuado funcionamiento y el cumplimiento legal y financiero de todas ellas.

d) Generar conexiones y encadenamientos entre pequeños y medianos productores del sector cooperativo (preferiblemente autogestionario) con entidades Estatales como INDER, MAG, CNP, INEC, MEIC, MIDEPLAN, etc.

e) Incentivar la generación de cooperativas que se piensen desde emprendimientos que puedan crear nuevas alternativas productivas y nuevos y dignos empleos.

f) Reformar el procedimiento de elección de puestos a la Junta Directiva del INFOCOOP y de representantes en la estructura del CONACOOP, garantizando una representación transparente y el uso responsable de los recursos en ambos órganos. Principalmente deberá idearse un criterio de elección al cuarto puesto que actualmente queda a libre elección del sector cooperativo.

g) Garantizar que las cooperativas puedan permanecer legalmente constituidas en los casos en los que por distintos motivos el gerente haya sido removido de su puesto.

h) Descentralizar el funcionamiento del CENECOOP, generando así un mayor y mejor contacto con las cooperativas de todas las regiones en donde existan estas. Considerar la regionalización de este ente mediante programas específicos.

i) Distribuir con especificidad los fondos destinados al fomento de cooperativas y su crecimiento, de acuerdo con la necesidad y niveles de pobreza y desempleo en las distintas regiones y zonas del país.

j) Incentivar la creación de nuevas cooperativas a través del Sistema de Banca para el Desarrollo, así como facilitar el financiamiento y acompañamiento para que empresas interesadas re-conviertan su modelo productivo hacia el cooperativismo.

10. Renta mínima para las mujeres: reconocimiento del trabajo no remunerado

Dar un primer paso hacia una renta mínima iniciando con una para mujeres jefas de hogar en condición de vulnerabilidad o pobreza

a) Establecer una renta mínima para las mujeres jefas de hogares en pobreza como instrumento que reconoce la producción de riqueza que esta población genera al efectuar labores domésticas no remuneradas que se garantizará mediante el reajuste de programas ya existentes en el IMAS, así como a través de una contribución permanente solidaria de los bancos o de las grandes empresas. Como se verá en el capítulo siguiente, esta propuesta forma parte fundamental de la política social y específicamente de las estrategias para reducir la pobreza.

11. Coordinación institucional y participativa para implementar la estrategia económica

Para hacer realidad lo anterior, se requerirá una estrategia de políticas, cuyos componentes institucionales principales serían:

a) Crear el Sistema Nacional para la Productividad y la Inclusión, no como una instancia burocrática más, sino como un sistema de coordinación en red, que conjunte esfuerzos entre todas aquellas instituciones que deben dar un aporte concertado al logro de las metas y objetivos propuestos. Entre otras, el sistema incluye: ministerios de Economía; Educación; Ciencia y Tecnología; Agricultura y Ganadería; Hacienda; Obras Públicas y Transportes; Comercio Exterior; Ambiente y Planificación; universidades públicas; bancos públicos (incluyendo Banco Popular y banca de desarrollo); INA; IMAS; DINADECO; IFAM; CNP; Acueductos y Alcantarillados; ICE; INS; Unión de Gobiernos Locales. Una autoridad de alto nivel, cercana a la presidencia de la república, se encargará de supervisar la coordinación de este sistema y el eficaz cumplimiento de los cometidos que se le encomienden.

b) Incluir en el Sistema la representación de los diversos sectores empresariales; las cooperativas y los emprendimientos de la economía social y solidaria, así como representaciones sindicales,

c) Desconcentrar el sistema en Unidades Regionales para el Desarrollo de la Productividad y la Inclusión a nivel de regiones específicas, con el fin de coordinar acciones de acuerdo con las condiciones y necesidades que son propias de tales regiones.

d) Desarrollar mecanismos simples, fluidos y descentralizados de consulta y toma de acuerdos, de forma que las instancias y los procedimientos burocráticos involucrados se reduzcan al mínimo indispensable.

e) Trabajará para generar procesos de concertación entre el Estado, las diversas instituciones públicas, las diversas expresiones organizadas de la ciudadanía y los diversos sectores productivos y empresariales, con el fin de identificar prioridades estratégicas para un desarrollo equitativo e inclusivo, económicamente sólido y sostenible y absolutamente respetuoso con la naturaleza y la vida.