Plan de Gobierno 2022-2026

Tras décadas de dominio político ostentado por los partidos políticos tradicionales y los grupos de poder económico que los sustentan e incluso después del llamado “gobierno del cambio”, los problemas sociales, económicos y políticos de nuestro país se agravan cada vez más.

En lo social, seguimos sin resolver la creciente desigualdad que se expresa en una brecha cada vez mayor entre las personas con los ingresos más altos y aquellas que apenas les alcanza para sobrevivir o ni siquiera logran satisfacer sus necesidades básicas. La Costa Rica que en otras épocas dio grandes saltos hacia la equidad social, tomó el rumbo opuesto de la mano de las políticas neoliberales impulsadas por el PLN, el PUSC desde los años 80’s del siglo anterior y sigue hoy en franco retroceso, bajo la conducción del PAC y por los efectos de la pandemia.

Enfrentamos una crisis social sin precedentes en pobreza, con alrededor de un 23% de los hogares en Costa Rica que se mantienen en esa situación y un 7,3% que sufre de pobreza extrema. Estamos hablando de 380 mil hogares y de 1 millón 350 mil costarricenses sobreviviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con más de 220 mil personas que pasan hambre. Situación que se agrava a pesar de diversos planes, programas, políticas y una gran cantidad de recursos destinados supuestamente a reducir la pobreza.

A esto se une la persistencia del desempleo, que suma a 400 mil compatriotas, mientras 900 mil personas se encuentran en el subempleo sin garantías laborales, producto de un modelo económico que nos pintaron como maravilloso, pero que no ha generado oportunidades productivas y trabajo para toda la población.

A nivel económico, el énfasis en la atracción de inversiones y apertura comercial ha generado una estructura productiva más diversa, pero poco dinámica en la generación de encadenamientos productivos y empleo. El crecimiento ha sido muy moderado, valle centralista y no alcanza para incorporar a una gran cantidad de personas jóvenes con necesidad de iniciar su vida laboral, ni para abrir nuevas oportunidades laborales a personas desplazadas de actividades que han ido perdiendo fuerza en la estructura productiva del país. Todo ello, producto de una estrategia donde se ha mirado hacia afuera y se le ha dado la espalda al mercado y la producción interna, generando un gran desequilibrio entre las oportunidades brindadas a las transnacionales y empresas de zonas francas, por un lado; y las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas que apenas emprenden o tratan de sostenerse en la estructura productiva nacional, por otro.

En el extremo de esta situación, se encuentran gran parte de los productores y productoras agrícolas, enfrentando no solo las desventajas del mercado sino también el debilitamiento de las políticas públicas y de la institucionalidad que antes les acompañaba y apoyaba, como es el caso del MAG, el CNP y los bancos públicos.

Una de las consecuencias de este esquema es el debilitamiento de la seguridad y la soberanía alimentarias del país al tiempo que crece la pobreza en las zonas rurales de Costa Rica, la concentración de la propiedad de la tierra y las actividades de monocultivos como la piña, que tienen fuertes impactos ambientales y no generan empleos dignos.

En cuanto a la dimensión política, a pesar de seguir con una democracia bastante estable y relativamente funcional en sus procedimientos, se ha debilitado la capacidad para responder a necesidades y demandas de la población, lo cual ha generado pérdida de legitimidad del sistema político, a lo cual ha contribuido también la corrupción sistémica heredada del bipartidismo y que persiste, como se ha demostrado en escándalos de corrupción como el “Cementazo”, la “Cochinilla”, los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora.

Al mismo tiempo, se ha frenado la garantía e incorporación formal y política de derechos humanos, tanto por la resistencia de grupos y gobiernos conservadores como por el debilitamiento de la institucionalidad pública y las limitaciones materiales que enfrenta gran parte de nuestra población. La respuesta ciudadana ante esa situación se expresa en una percepción negativa sobre la política y los políticos y en una pérdida de credibilidad en nuestras instituciones.

En general, tenemos una Costa Rica caracterizada por grandes y crecientes desequilibrios, donde una gran parte de las personas, grupos y sectores, se van quedando atrás de las oportunidades para el desarrollo humano:

Desequilibrios entre las grandes ventajas y privilegios que le han creado a las empresas extranjeras y el abandono en que han sumido a las nacionales, sobre todo a las pequeñas y medianas.

Desequilibrios ambientales por el impulso dado a actividades extractivistas de recursos naturales y humanos para destinarlos a monocultivos como la piña, el banano y los cítricos, en detrimento, incluso de las fuentes de agua limpia para el consumo humano en muchas comunidades de nuestro país.

Desequilibrios entre los que mucho tienen y acumulan y los que apenas tienen para subsistir.

Desequilibrios por un lado, entre aquellos que reciben mucho y tributan poco, eluden otro tanto y evaden todos los impuestos que puedan. Y por otro, la pesada carga tributaria que recae en los sectores asalariados y más pobres de este país, por medio de los impuestos indirectos y a los salarios.

Desequilibrios entre los grandes salarios de altos jerarcas de instituciones públicas o mandos gerenciales de empresas privadas, por un lado, y los escuálidos salarios de gran parte de la clase trabajadora de este país, muchas veces acompañada de incumplimientos en derechos laborales básicos como el salario mínimo, el pago de horas extra, aseguramiento en la CCSS y seguro de riesgos del trabajo.

Desequilibrios derivados del crecimiento desordenado de nuestras ciudades, de la cultura consumista y del automóvil, de la falta de inversión en infraestructura vial y de planificación.

En un país y en unas ciudades pequeñas, donde todo está muy cerca, los tiempos de desplazamiento son sumamente elevados. Seguimos con un sistema de transporte público poco eficiente y amigable con el ambiente.

Desequilibrios entre el reconocimiento de derechos humanos a unos y la negación de estos a otros y otras: mujeres, minorías étnicas, pueblos originarios, grupos de la diversidad sexual.

Desequilibrios entre el acceso a servicios públicos y oportunidades para el desarrollo que se da en las grandes ciudades y las fuertes limitaciones que enfrentan habitantes de las zonas periféricas, en territorios costeros, zonas fronterizas y de montaña.

Desequilibrios de género que han profundizado la brecha económica entre hombres y mujeres en el empleo, salarios, acceso a créditos, tierra y medios para su desarrollo.

Desequilibrio entre los sectores económicos privilegiados y aquellos nuevos sectores de la economía como personas trabajadoras por cuenta propia, por plataformas digitales, generadoras de productos informacionales, entre otros, que no cuentan con respaldo de la seguridad social ni la protección legal de sus derechos que da el Código de Trabajo.

Como consecuencia de esos y otros desequilibrios, se ha deteriorado nuestra convivencia democrática, ha crecido la penetración del narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se ha intensificado la violencia delictiva y social, vivimos en un país cada vez más inseguro.

Nuestra casa común está deteriorada, está desequilibrada. Si no la cuidamos y atendemos con prontitud, se puede derrumbar. Por eso, como partido democrático, progresista, socialista, patriótico, feminista, humanista, pacifista, ecologista, popular, pluralista y latinoamericanista, en el Frente Amplio proponemos un plan para reconstruir nuestra casa común.

Un plan centrado en las personas y sus derechos, para iniciar un camino hacia un estilo de desarrollo donde nadie se quede atrás, donde se recupere la esperanza, y todas las personas tengamos acceso a las oportunidades que merecemos como seres humanos, en armonía con nuestra madre tierra, de la cual somos parte.

En este plan ponemos a consideración de la ciudadanía y de los diferentes actores y grupos que participamos en la contienda electoral, un conjunto de lineamientos de política pública y propuestas que orientarán nuestra acción en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para el período 2022-2026.

Los desafíos que tenemos como país no se resolverán volviendo al pasado ni tampoco con discursos mesiánicos, autoritarios o demagógicos. Necesitamos un cambio efectivo, pero también construirlo con mayor participación, debate respetuoso, diálogo, negociación y construcción de acuerdos entre todas y todos.

Por eso nuestro plan de gobierno es también una invitación respetuosa y responsable a la ciudadanía para reconstruir juntas y juntos nuestra casa común; para que no se queden atrás; para hacer renacer la esperanza y se unan a construir una Costa Rica de oportunidades, con justicia social, justicia tributaria, derechos humanos y responsabilidad ambiental.