headers-08
Derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores

En los últimos años, Costa Rica ha logrado avances en su marco normativo e institucional a favor de los derechos de las personas con discapacidad, como la aprobación de la

Ley de Autonomía Personal (9379) o la creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Sin embargo, todavía persisten grandes brechas en el acceso a derechos básicos para esta población como la salud, la educación y el trabajo digno.

El desempleo y la pobreza entre las personas con discapacidad sigue siendo mucho mayor que los promedios nacionales. Persisten dificultades de acceso y movilidad en lugares públicos y el transporte.

Por su parte, las personas adultas mayores se enfrentan a una creciente situación de multi-vulnerabilidad en todas las dimensiones de su vida (desempleo, situación económica, salud, cuido, incidencia de diferentes tipos de violencia, problemas cognitivos, entre otras).

Mientras tanto, los programas y servicios públicos concebidos para enfrentar estas problemáticas son claramente insuficientes y limitados. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), ente rector en la materia, es una institución debilitada, que carece del personal y los recursos necesarios para ejercer adecuadamente esa rectoría.

Además de los planteamientos hecho en el capítulo de política social de este documento, relacionados con la política de cuidos, planteamos las siguientes propuestas:

1. Derechos de las personas con discapacidad
  • Desarrollar un proceso sistemático de revisión de la legislación nacional, incluyendo la Constitución Política y la normativa que rige materias como la civil, de familia, penal, del trabajo y de educación para eliminar términos peyorativos hacia las personas con discapacidad como “incapaz” o “enfermo desvalido” y adecuar esta normativa a los principios y obligaciones asumidas por Costa Rica en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo. Para estos efectos, la Presidencia de la República creará una comisión especial, con participación de las organizaciones de las personas con discapacidad y personas expertas en la materia, que deberá rendir un informe sobre los cambios a realizar en un plazo de seis meses.
  • Fortalecer al CONAPDIS en su doble papel de rector especializado en brindar servicios de apoyo, atención integral y ayudas técnicas a la población con discapacidad. Garantizar que la prestación de estos servicios continúe a cargo de personal calificado, sensibilizado con la problemática de este sector.
  • Crear un Foro Nacional de las Personas con Discapacidad, como instancia permanente de participación para la consulta y discusión de las políticas públicas de interés del sector. Garantizar que su funcionamiento respete la autonomía de las personas con discapacidad y sus organizaciones, y que su niñas, jóvenes, mujeres y personas indígenas con discapacidad. Eliminar toda forma de manipulación o intromisión político- partidaria en el desarrollo de este y otros espacios de participación de las personas con discapacidad.
  • Adoptar medidas eficaces para combatir la discriminación por motivos de discapacidad. En el ámbito laboral, la Inspección General del Trabajo del MTSS deberá poner especial atención a prácticas cada vez más comunes, como el despido de personas que han sufrido accidentes laborales, o la negativa a darles trabajo.
  • Consolidar e implementar una estrategia nacional para garantizar el acceso a fuentes de trabajo digno para las personas con discapacidad. Como parte de esta estrategia, proponemos:
    • Crear redes de inserción laboral para las personas con discapacidad, mediante la coordinación entre el MTSS, el CONAPDIS, las instituciones educativas y el sector privado y el desarrollo de programas de incentivos para empresas que den puestos de trabajo a personas con discapacidad.
    • Exigir el cumplimiento de la Ley 8862 que reservó al menos un 5% de plazas vacantes para personas con discapacidad en los procesos de contratación de personal del Estado, aplicando sanciones para los jerarcas que ignoren esta obligación.
    • Extender la obligación de contratar un porcentaje de personas con discapacidad a la empresa privada, especialmente grandes empresas y crear incentivos para las empresas que realicen estas contrataciones por encima de los mínimos requeridos.
    • Emitir una directriz dirigida a ministerios e instituciones públicas, para dar prioridad en la adjudicación de contratos para prestar servicios en dichas instituciones a cooperativas integradas por personas con discapacidad.
  • Incorporar a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7600) un capítulo sobre accesibilidad informática y a las nuevas tecnologías, incluyendo el acceso a trámites y servicios públicos en línea. Se velará por el cumplimiento del Acuerdo de Marrakech para así garantizar acceso a textos para personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
  • Impulsar una arquitectura web plenamente accesible para las personas con discapacidad, asegurando además el acceso a las herramientas de software y hardware necesarias para esto.
  • Velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la Ley 7600, tanto para las instituciones públicas como para el sector privado, en materia de remoción de barreras físicas y arquitectónicas que limitan la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad. Exigir que todas las nuevas construcciones cumplan con esta normativa y promover la universalidad de los diseños. Para estos efectos, se debe coordinar desde el Conapdis con el Ministerio de Salud y las Comisiones Municipales de Discapacidad (COMAD) para garantizar una gestión descentralizada y enfocada en las particularidades de cada territorio, fortaleciendo los procedimientos de inspección y fiscalización.
  • Mejorar significativamente los instrumentos para la protección de los derechos de las personas con discapacidad usuarias del transporte público. Como parte de las reformas que impulsará el Frente Amplio en esta materia, se reforzarán las opciones de denuncia, así como la capacidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos investigar y sancionar incumplimientos de las empresas prestadoras de los servicios. La reincidencia o incumplimiento se sancionará con la cancelación de las concesiones. A su vez, todos los nuevos sistemas de transporte público que se desarrollen a futuro, como el tren eléctrico, deben ser plenamente universales.
  • Promover las modificaciones necesarias a la Constitución Política (artículo 91) y al Código Electoral (artículo 144) para eliminar la posibilidad de negar el derecho al voto a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, por medio de procedimientos anacrónicos como la declaratoria de “estado de interdicción”. En su lugar, impulsar su participación política, desarrollando mecanismos de apoyo y acompañamiento respetuosos de su voluntad y autonomía, en concordancia con los procedimientos de salvaguardia creados en la Ley 9379.
  • Promover de forma decidida y prioritaria la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y, en consecuencia, su salida de centros de salud y albergues públicos y privados. En su lugar se fomentará la permanencia de estas personas con sus familias y su vinculación con sus comunidades, mediante la creación y el fortalecimiento de los servicios comunitarios de apoyo y acompañamiento requeridos. Para estos efectos, se impulsará la articulación de la Política de Salud Mental de la CCSS con la Política Nacional de Discapacidad en aras de consolidar una estrategia integral en salud mental con enfoque de derechos humanos.
  • Instaurar un modelo de educación inclusiva para las niñas, niños y personas con discapacidad, en lugar del modelo segregador de educación especial que todavía prevalece. Para estos efectos, se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:
    • Reforzar los programas de formación y capacitación de docentes basados en el paradigma de la educación inclusiva. Fomentar que los planeamientos de las y los educadores sigan un diseño universal del aprendizaje, que potencie el modo de aprender e interactuar sensorialmente de cada persona.
    • Extender las medidas y los servicios de apoyo (personal docente capacitado, uso de lenguajes Braille y LESCO, medios y modos alternativos de comunicación, textos de fácil lectura, etc.) a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria en todas las instituciones educativas del país, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. En este sentido, se dará continuidad a las metas planteadas en esta dirección en la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia y se introducirán los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento.
    • Promover que los Centros de Educación Especial atiendan a las poblaciones con menor funcionalidad de manera prioritaria, brindando acompañamiento y asesoría a los padres y madres de familia en la convivencia y adecuado uso de los apoyos sociales.
    • Fomentar la creación de centros de atención diurna y educación para adultos con discapacidades severas en todas las regiones del país.
2. Derechos de las personas adultas mayores
  • Velar por el efectivo cumplimiento y la implementación en nuestro ordenamiento jurídico de los compromisos asumidos por el Estado costarricense en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, recientemente ratificada por nuestro país en 2016 (Ley 9394).
  • Incrementar del 2% al 4%, de forma gradual durante los próximos cuatro años, los recursos que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) debe destinar al financiamiento del CONAPAM. Estos recursos se utilizarán para fortalecer los programas de asistencia, ayudas técnicas y acompañamiento integral para las personas adultas mayores en condición de pobreza en todo el territorio nacional.
  • Dar seguimiento a la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2021-2031, evaluar y revisar el proceso de aplicación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2011- 2021), con el objetivo de proponer los ajustes necesarios para garantizar los derechos humanos, la dignidad y la calidad de vida de las personas adultas mayores, con un enfoque de igualdad de género. Es necesario enfatizar. En dicha revisión se pondrá énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para alcanzar los objetivos planteados. Este proceso se realizará de forma participativa, mediante la activación del Foro Nacional de las Personas Adultas Mayores.
  • Consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (SINCA), a través de diversas modalidades, incluyendo: los centros públicos y municipales, los servicios contratados a organizaciones sociales sin fines de lucro, así como la atención en el domicilio de las personas y la modalidad de hogares comunitarios mediante la asignación de viviendas en comodato. Para ello, se fortalecerá la capacidad operativa del CONAPAM de fiscalizar a los centros privados que forman parte del programa. Además, se creará una capacitación especial para que personas jóvenes y adultas mayores sin empleo puedan certificarse como personas cuidadoras primarias. De esta forma, también se creará empleo para personas certificadas y profesionales.
  • Reforzar el derecho a una pensión digna de las personas adultas mayores, mediante la realización de las siguientes acciones:
    • La CCSS, con el apoyo del CONAPAM y de la Defensoría de los Habitantes, abrirá un proceso para revisar todos aquellos casos de personas adultas mayores que no tienen suficientes cuotas para obtener una pensión por el Seguro de Pensiones (IVM). Con el apoyo de la Defensa Pública Laboral se promoverán las acciones legales pertinentes para la recuperación de dichas cuotas.
    • Como parte del compromiso de pagar la deuda del Estado con la seguridad social, se cancelará progresivamente la deuda del Estado con FODESAF, en aras de permitir un incremento del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) para personas adultas mayores en condición de pobreza, administrado por la Caja.
    • Revisar la asignación de las pensiones del RNC, para garantizar que se destinen a personas que realmente las necesitan, en aras de ampliar su cobertura sobre personas adultas mayores en condición de pobreza.
    • Revisar las políticas de devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y el Fondo de Capitalización Laboral que aplican las operadoras de pensiones, con el fin de garantizar que se respeten las decisiones de las personas adultas mayores.
  • Desarrollar acciones coordinadas con el MTSS para promover oportunidades de trabajo digno para las personas adultas mayores y garantizar la defensa de sus derechos laborales. En particular, la Inspección General de Trabajo denunciará como prácticas de discriminación por edad –según el artículo 404 del Código de Trabajo- la negativa a dar trabajo a una persona única y exclusivamente por motivo de su edad y la conducta de algunos empleadores que fijan a priori una edad máxima para concursar en ofertas laborales. Adicionalmente se evaluará la posibilidad de establecer medidas de incentivos y de acción afirmativa para fomentar la contratación de personas adultas mayores. También se promoverá el desarrollo de alternativas productivas de carácter social-solidario a partir de las capacidades y la experiencia de las personas adultas mayores.
  • Garantizar la aplicación, en todos los ámbitos de la Administración Pública, del principio de trato diferenciado y preferencial a favor de las personas adultas mayores. El incumplimiento de este principio será denunciado como un acto de maltrato y discriminación. En su labor de fiscalización, las instituciones competentes pondrán énfasis en aquellos servicios donde se ha venido dando una violación sistemática de este principio: servicios de salud, trámite de pensiones del RNC, servicios de transporte público, entre otros.
  • Desarrollar un sistema especial para prevenir y corregir situaciones de abuso y maltrato contra las personas adultas mayores en la prestación de servicios públicos y realización de trámites administrativos, a través de una estrecha coordinación entre la Defensoría de los Habitantes, la ARESEP, la Oficina del Consumidor y las contralorías de servicios de las instituciones públicas.
  • Fortalecer al CONAPAM en sus funciones de protección y representación legal auxiliar de las personas adultas mayores en casos de violencia de cualquier tipo sociofamiliar y delictiva. Esta institución deberá incursionar en la presentación de demandas de pensión alimentaria a favor de personas adultas mayores abandonadas por sus familiares. Además, deberá asumir una actitud proactiva en la presentación de denuncias de violencia doméstica o de carácter penal, desarrollando un sistema de protección a nivel nacional.
  • Reformar el Código Civil y el Código de Familia para prevenir los actos despojo de las personas adultas mayores de sus bienes por parte de familiares y cuidadores, declarando la nulidad de este tipo de prácticas que cada vez son más recurrentes.
  • Retomar el proyecto de ley del Frente Amplio que pretende reformar el Código Penal para tipificar adecuadamente y sancionar los abusos sexuales cometidos contra personas adultas mayores.
  • Desarrollar campañas de sensibilización y prevención sobre la violencia contra las personas adultas mayores.
  • Fortalecer los programas de la CCSS para la promoción de la salud mental de las personas adultas mayores. El CONAPAM coordinará con las universidades públicas para la creación de programas y experiencias de aprendizaje y trabajo comunal universitario dirigidos a favorecer el desarrollo cognitivo de las personas adultas mayores.
  • Rechazar las propuestas que consideran el proceso de envejecimiento una enfermedad.