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Protección integral de derechos y autonomía progresiva para niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Durante el cuatrienio 2018-2022 la institucionalidad pública que debe potenciar y garantizar la plena vigencia de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, ha recibido duras embestidas vinculadas a la lógica fiscalista y los recortes promovidos por el Poder Ejecutivo, en alianza con los grupos parlamentarios de orientación neoliberal. Como lo denunció el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (encargado de dar seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño) en sus observaciones reiteradas al país, la reducción de las partidas presupuestarias y aquellas que se llevaron a cabo con la Ley 9635 socavan la institucionalidad pública de niñez, adolescencia y juventud, e impiden el cumplimiento pleno de sus derechos en Costa Rica.

Al escenario anterior se suma el incumplimiento sistemático con la obligación constitucional de girar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) la totalidad de los recursos establecidos en la ley para proteger no solo a la niñez en riesgo social, sino a toda la población menor de edad, lo cual hemos defendido desde el Frente Amplio incluso en sede judicial con resultados positivos, a contrapelo de las actitudes recortistas y regresivas en el ejecutivo de turno.

En la Asamblea Legislativa, quienes dicen proteger los derechos de la niñez, se han sumado al recorte del presupuesto en lugar de invertir más para garantizar sus derechos, precisamente en un entorno pandémico que se ensaña de forma particularmente agresiva contra las personas más jóvenes. En contraste, se ha optado por plantear el aumento de inversión para más cárceles y policías. Es decir, para aumentar el aparato represivo estatal, mientras se lesiona la capacidad institucional para prevenir el comportamiento antisocial.

La violencia que sufren las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes en nuestro país dentro de sus hogares es sistemática, continúa creciendo y ha alcanzado niveles alarmantes, presumiblemente potenciados por el contexto pandémico. En 2020 se recibieron mas de 15.000 denuncias por negligencia, 12.200 por conflictos familiares, 9.400 por agresión física y 4.000 por abuso sexual por via del servicio 911. Por otra parte, como país nos mantenemos lejos de erradicar el embarazo adolescente y el abuso sexual contra personas menores de edad. Persisten múltiples formas de violencia también en los entornos escolares, de salud, religiosos, económicos y en las redes sociales. Además, cerca de un tercio de las personas menores de edad viven en pobreza, comprometiendo así sus posibilidades de desarrollo humano.

Desde el Frente Amplio, nuestro compromiso se enfoca en materializar los compromisos asumidos en la Convención de Derechos del Niño y la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, que son parte integral de nuestro propio ordenamiento jurídico, pues son instrumentos ratificados por Costa Rica. Las personas menores de edad y las personas jóvenes deben ser reconocidas como sujetas de derechos; es decir, como personas plenas, con agencialidad, con dignidad propia, capacidades para ejercer sus libertades y desarrollar su personalidad, habilidades y valores en entornos familiares, comunales y sociales adecuados para su desenvolvimiento progresivo.

Proponemos ampliar, fortalecer y transformar la institucionalidad existente, considerando, entre otros aspectos, el principio de autonomía progresiva y el interés superior de la persona menor de edad, que se debe expresar en formas de participación y expresión de demandas por parte de las personas a las que van dirigidas las políticas públicas, de manera que se abandonen los modelos adultocéntricos, autoritarios y verticalistas en la construcción de políticas de niñez, adolescencia y juventud en todos los ámbitos, tales como salud, educación, ambiente, sexualidad, derecho a la información y trabajo, entre otras áreas.

En Costa Rica es legal enviar a prisión a una persona menor de edad, pese a que esto suele ser el resultado de una profunda exclusión social desde muy temprana edad y que Costa Rica no ha logrado consolidar su Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) de niñas, niños y adolescentes. Es decir, parece ser que tenemos un Estado presto a la máxima represión, pero no a la máxima protección, pese a que sale más caro reprimir que proteger y prevenir.

En el cuatrienio saliente se logró aprobar la ley impulsada por el Frente Amplio para eliminar restricciones injustas que impedían la postulación de las personas jóvenes a cargos municipales (Ley 9436). Pero aún hoy, en diversos espacios persiste la visión de que las personas jóvenes no tienen la capacidad para participar en los diversos asuntos que les afectan directamente. Esto debe cambiar.

Para contribuir a transformar la situación descrita, proponemos las siguientes acciones:

1. Protección y atención integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Asegurar los recursos que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) necesita para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Con ese fin se propondrá modificar la Ley 9635 para que las partidas presupuestarias no se vean mermadas y se amplíen las posibilidades de inversión del PANI, de manera que se fortalezca su rectoría de los

derechos de las personas menores de edad en el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI). Para materializar lo anterior proponemos:

  1. Dar rango de Ministerio al PANI para que pueda liderar con mayor solvencia la institucionalidad pública relacionada con atención y servicios dirigidos hacia la población menor de edad, especialmente la más vulnerabilizada.
  2. Presupuestar y girar al PANI la totalidad de los recursos que le corresponden de acuerdo con los destinos específicos establecidos en la ley y las sentencias de la Sala Constitucional y la Sala Primera que ratificaron las obligaciones del Estado costarricense en esta materia, además de establecer mecanismos para fiscalizar su pronta y correcta ejecución en aquellas acciones que tienen más potencial de impacto social positivo.
  3. Reformar el SNPI en todos sus niveles a través de una ley que lo fortalezca tanto a nivel local, como regional y nacional, dando mayor peso al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en la conducción y supervisión de las políticas nacionales, y brindando a la Secretaría Técnica de este Consejo las herramientas para concretar sus competencias analíticas que permitan integrar información multisectorial y multinivel, lo que vendrá a facilitar la toma de decisiones oportunas y sustentadas en evidencia, creando el marco para una gestión moderna y estratégica de políticas públicas.
  4. Priorizar los recursos para profundizar la regionalización del PANI, y sobre todo fortalecer la capacidad de las oficinas locales, especialmente en áreas rurales, asegurando al menos una por cantón, para aplicar medidas y proyectos tanto de protección integral como especial a favor de niñas, niños y adolescentes, prioritariamente para quienes sufren agresiones y privaciones diversas, así como ampliar la cobertura y la calidad de los programas preventivos y de atención integral, con vistas a la reducción y erradicación de los programas de institucionalización, que serán vistos siempre como el último recurso, privilegiando hasta donde sea posible la atención basada en la familia, ya sea la propia o una familia recurso de apoyo alternativo.
  5. Robustecer los programas preventivos primarios para potenciar la crianza positiva, a partir de la consolidación de un programa nacional de educación familiar, con énfasis en la erradicación del castigo físico y toda forma de violencia como modo de corrección y disciplina, así como favoreciendo la ternura, el diálogo, la responsabilidad, el respeto mutuo, la cultura de paz y, primordialmente, el desarrollo humano integral en cada familia.
  6. Suprimir los impedimentos legales y administrativos que obligan al PANI a subejecutar sus recursos, mediante la aprobación del proyecto de ley con esta finalidad. Procurar que el PANI pueda ejecutar el 100% de su presupuesto en acciones de beneficio significativo para la niñez y la adolescencia. Además, debe liberarse a la institución de las restricciones de la Autoridad Presupuestaria que le impiden nombrar el personal necesario para el funcionamiento de programas de protección de la niñez, especialmente de aquella en situación de riesgo social.
  7. Consolidar la red de cuido infantil como un programa de Desarrollo Humano Integral, y ya no solamente como uno de “guardería”, viendo el cuido y la estimulación temprana como una responsabilidad social de la mayor importancia nacional, que debe ser un pilar de la protección social, ya no restringida a evitar la desgracia, sino y sobre todo articulada con la erradicación de la pobreza, así como orientada a sentar sólidamente las condiciones necesarias para el alcance del mayor potencial de cada persona y la atención robusta de quienes viven mayor vulnerabilidad. El cuido y la atención integral de la infancia no pueden depender de las improvisaciones de turno, sino que deben responder a una política de Estado sobre un tema de interés público fundamental que se refiere literalmente a las bases de la sociedad: las niñas y los niños.
2. Ampliar cobertura de Red Nacional de Cuido y Desarrollo

En concordancia con lo indicado en el capítulo de Política Social, es necesario mejorar el funcionamiento y ampliar la cobertura de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Para materializar esta propuesta se pretende llevar a cabo lo siguiente:

a) Atender las recomendaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (C-214-2021) y de la Contraloría General de la República (Informe DFOE- SOC-IF-00022-2019) con el fin de garantizar acceso universal al programa, mejorar la articulación de los distintos actores y modalidades de cuido, entre otros aspectos.

b) Mejorar la coordinación y el trabajo mancomunado de la red de cuido con los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI).

c) Reorganizar con carácter urgente los procedimientos administrativos para aplicar medidas de protección y resolver con prontitud sobre medidas de protección especial, cuido temporal y acogimiento familiar. Actualmente, estos procedimientos son sumamente engorrosos y tienen plazos demasiado largos que afectan el interés superior de la persona menor de edad. Es imperativo simplificarlos y reducir significativamente los tiempos de duración para evitar la institucionalización de la niñez que se encuentra en riesgo de estarlo y facilitar su integración a un nuevo entorno familiar positivo, responsable, amoroso y estimulante.

d) Crear consultorios para la atención profesional de conflictos familiares y de pareja orientados a la resolución alternativa de conflictos, la negociación, el manejo de las emociones violentas, la gestión del cambio y la construcción de cultura de paz.

e)Retomar el proyecto de Ley de Acogimiento Familiar (que se tramitó anteriormente en el expediente 20.067), incorporando las observaciones técnicas formuladas por instituciones y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez, así como los lineamientos sobre la materia de organismos internacionales de derechos humanos.

f) Modificar la normativa que regula la atención institucional de personas menores de edad en estado de abandono y situación de calle, para garantizar que no se corte abruptamente la atención a las personas jóvenes que han crecido en albergues, cuando cumplen la mayoría de edad. Al efecto, se creará un programa especial para dar continuidad a dicha atención, y se promoverá su acceso a la educación superior, para- universitaria o técnica en sus distintas modalidades.

g) Suprimir todas las disposiciones internas de la CCSS y requisitos arbitrarios impuestos por dicha institución que han venido limitando el acceso gratuito al seguro de salud para las personas menores de edad y las mujeres embarazadas, en cumplimiento de la obligación establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

h) Reformular la Política Nacional de Salud Mental para que se incorpore como eje transversal la atención específica de la niñez y la adolescencia en su diversidad, prestando atención particularmente a sus condiciones específicas como identidad de género, orientación sexual, etnia, clase, zona geográfica, entro otras, incluyendo la necesaria coordinación interinstitucional para el desarrollo e implementación de una estrategia para prevenir el suicidio adolescente, con especial atención en las regiones del país con mayor incidencia.

i) Asegurar el cumplimiento efectivo y real del componente de salud sexual y reproductiva de la Norma Nacional para la Atención Integral de la Salud de las Personas Adolescentes. El Ministerio de Salud velará por que todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados cumplan con las obligaciones establecidas en esta norma, tales como brindar información pertinente en salud sexual y reproductiva, y acceso oportuno a métodos anticonceptivos a las personas adolescentes.

j) Continuar desarrollando y consolidar una estrategia nacional coordinada, conjunta y sostenida, para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el fortalecimiento de la lucha contra la explotación laboral de personas trabajadoras adolescentes. Se dotará al MTSS de recursos específicos para que pueda liderar esta estrategia, ampliando las acciones de fiscalización en las regiones de mayor incidencia de trabajo infantil y fortaleciendo las acciones de cooperación e intercambio de información entre instituciones públicas, gobiernos locales y el sector privado.

k) Fortalecer el funcionamiento, los tiempos de respuesta y la efectividad de las intervenciones de las oficinas locales del PANI, aśí como su coordinación con los juzgados de familia, los gobiernos locales y otras instituciones para garantizar la protección de la niñez, especialmente aquella en riesgo de sufrir abandono, agresiones y cualquier otra forma de violencia. Se promoverá la revisión de protocolos, la simplificación y agilización de procedimientos internos y la revisión de competencias del PANI, con el fin de evitar retrasos injustificados y promover una resolución pronta de casos con base en el principio del interés superior de la persona menor de edad. Asimismo, consolidar la reglamentación y optimizar los procedimientos de protección especial establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en aras de uniformar los procesos, moderar plazos de resolución y garantizar su correcta aplicación con orientación al mejor interés de la persona menor de edad.

3. Protección frente a la trata, explotación sexual de personas menores de edad y otras formas de violencia

Profundizar los esfuerzos existentes de coordinación e intercambio de información entre instituciones para la lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes, la producción y difusión de pornografía infantil y las demás formas de explotación sexual infantil, mediante las siguientes acciones:

a) Coordinar desde el PANI con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el sector turístico, el desarrollo de campañas para desestimular y denunciar el turismo sexual hacia Costa Rica y combatir la promoción de nuestro país como destino atractivo para la explotación sexual de niños y niñas, incluyendo la difusión de la Ley que permite la persecución de delitos de este tipo cometidos en el exterior (8961) y el trabajo de inteligencia contra los pedófilos y sus redes criminales.

b) Coordinar desde el PANI con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) la aplicación de la legislación que promueve el intercambio de información con otras naciones, para crear una base de datos de ofensores sexuales extranjeros con antecedentes por este tipo de delitos que facilite el impedimento de ingreso al país o bien su inmediata detención (9177).

c) Retomar las iniciativas para regular la comercialización en el país de juguetes bélicos que promueven la violencia entre las y los niños, y promover los juguetes educativos y estimulantes.

4. Seguimiento a recomendaciones internacionales y atención a situaciones regionales y sectoriales
  1. Aplicar de forma prioritaria una estrategia integral para enfrentar la elevada mortalidad infantil en la provincia de Limón y otras zonas donde esta persiste, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño sobre este aspecto.
  2. Promover que todas las acciones y medidas recogidas en la política de primera infancia den prioridad a las niñas y niños indígenas y afrodescendientes, reconociendo su derecho a tener acceso continuo a servicios básicos, atención en salud y alimentación apropiada.
  3. Consolidar el Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, articulado al SNPI y liderado por el CONARE, en el cual tendrán participación la sociedad civil organizada, incluida representación de organizaciones conformadas por niñas, niños y adolescentes de todas las regiones del país.
  4. Promover la participación de las niñas, niños y personas adolescentes, particularmente de aquellas organizaciones de personas menores de edad indígenas, con discapacidad, LGBTIQ+, afrodescendientes y migrantes, en los procesos de formulación, implementación, monitoreo y fiscalización de las políticas y programas públicos relativos a sus derechos. Con la finalidad de alcanzar lo anterior, asignar recursos para garantizar su participación y fomentar su organización.
  5. Fortalecer las iniciativas de investigación sobre políticas de niñez y adolescencia, como base para promover la toma de decisiones basadas en evidencia.
  6. Garantizar el acceso a dietas saludables para erradicar todas las formas de malnutrición. Con este fin se promoverán las siguientes acciones:
  • Promover un etiquetado frontal de advertencia en todos aquellos productos alimenticios altos en sodio, azúcares, calorías, grasas, grasas saturadas, grasas trans y cuyo consumo es dañino para la salud. De forma tal que las familias tomen decisiones informadas sobre lo que ingieren. Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de la FAO, Costa Rica ocupa el lugar número cinco de países con mayor sobrepeso y obesidad en América Latina, con efectos enormes sobre la salud pública y las enfermedades crónicas. Lo anterior se confirma con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición, pues tres de cada 10 niñas y niños sufren de obesidad.
  • Formular junto a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, las Universidades Públicas y el Colegio de Profesionales en Nutrición, una ley de promoción de la alimentación saludable donde se eduque a la población y se regule la publicidad de alimentos procesados y ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos dirigidos a niñas y niños altos en sodio, grasas, azúcares y cafeína.
5.1) Participación y cambios institucionales
  • Promover la ampliación de los espacios de participación política de la juventud. En ese sentido, se impulsará una reforma al Código Electoral para establecer la obligación de los partidos políticos de integrar en sus estructuras y candidaturas al menos un 25% de personas jóvenes.
  • Nombrar, con carácter de Ministro, a una persona joven que participe en el Consejo de Gobierno y sea responsable de impulsar, al más alto nivel y de forma transversal, la articulación de las políticas de juventud al desarrollo nacional, en articulación con el Viceministerio de la Juventud y el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven.
  • Reformar la Ley General de la Persona Joven para que esté acorde a los convenios internacionales en la materia que nuestro país ha suscrito y ratificado. Respecto a esto se buscará:
    • Fortalecer la independencia y profundizar la democratización de los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) para que se conviertan en entes fiscalizadores y dinamizadores de las políticas de juventud en sus respectivos cantones. Los CCPJ deben dejar de ser órganos para buscar acarrear o manipular a las personas jóvenes. Por el contrario, deben ser espacios autónomos, desde, para y por las personas jóvenes.
    • Establecer que los CCPJ deben elaborar sus presupuestos anuales de manera participativa, mediante el uso de las audiencias públicas y demás consultas populares. Dichas consultas se realizarán utilizando medios electrónicos y de forma presencial, con el fin de incorporar la mayor cantidad de población joven posible.
    • Reformar el sistema de ejecución presupuestaria de los CCPJ, para facilitar la ejecución directa de sus recursos a través de una personería jurídica propia.
    • Establecer una instancia de apoyo técnico municipal, con al menos un profesional calificado para la promoción juvenil, encargado de dar asistencia técnica y operativa que asegure el cumplimiento de los planes de acción de los CCPJ.
5.2) Derecho al trabajo de las personas jóvenes
  • Fortalecer la incorporación, como eje transversal, del acceso al trabajo decente en las políticas de juventud, mediante un proceso participativo de consulta a las personas jóvenes de todo el país y de conformidad con los principios de la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes (CIDPJ).
  • Consolidar el programa nacional de Promoción del Empleo Juvenil, en coordinación con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para facilitar la capacitación a las personas jóvenes sobre lo concerniente a la inserción, preparación, vocación y derechos laborales, así como la intermediación para la consecución de empleo y la promoción de emprendedurismo con apoyo técnico apropiado. Este programa tendrá a su cargo el desarrollo de los siguientes componentes:
    • Capacitación. Brindar capacitación a la juventud, orientada a adquirir herramientas para una futura inserción en los espacios laborales y tener conocimiento en temas concernientes a su desarrollo y estabilidad dentro del mercado laboral. Entre las herramientas que se trabajarán estará las siguientes:
      • Inserción y medios para la búsqueda de empleo, incluyendo la elaboración del currículum vitae y preparación para la entrevista de trabajo.
      • Dar orientación vocacional, acompañamiento en la elección de una carrera u oficio afín a las propias aptitudes, con apoyo de las universidades públicas, que pueden promover estudios acerca del mercado laboral que brinden información útil y específica para la toma de decisiones de desarrollo laboral.
      • Conocimiento de organizaciones gremiales, sindicatos y cooperativas en las que eventualmente puedan involucrarse en su espacio laboral.
      • Derechos laborales e información atinente sobre otros derechos conexos y sobre la seguridad social, así como sobre las instancias y las herramientas existentes para defender estos derechos.
    • Red Nacional de Empleo Juvenil. La red estará enfocada en el acceso a fuentes de trabajo digno, con derechos laborales y garantías sociales para las personas jóvenes:
      • Producir bases de datos por medio de las que se conozcan, entre otros aspectos, las habilidades de la mano de obra especializada y calificada; para mejorarlas y fortalecerlas. Mantener un conocimiento actualizado de las necesidades de empleadores, con el fin de dar una retroalimentación específica y pronta hacia la población sobre las necesidades del mercado laboral.
      • Fortalecer las ferias de empleo. El Estado realizará ferias de empleo para conocer la oferta laboral de las instituciones estatales y realizará mediciones con el fin de evaluar la efectividad que tienen las ferias como instrumento de colocación y determinar las necesidades curriculares de las empresas participantes.
      • Programas de incentivos y medidas de acción afirmativa. Se desarrollará un fuerte programa de incentivos (acceso preferencial al crédito para el desarrollo; acceso a puntos adicionales en programas de compras del Estado; capacitación y transferencia de tecnología; simplificación de requisitos y trámites, entre otros) para fomentar que las pequeñas y medianas empresas contraten personas jóvenes con todas las garantías y derechos laborales a pesar de no tener experiencia suficiente.
  • Autogestión Económica para la Juventud. Incluirá al menos elementos como:
    • Banca de desarrollo para las juventudes. Establecer un monto sobre los rendimientos generados por los bancos para dedicarlo a créditos en condiciones preferenciales dirigidos hacia el desarrollo de micro y pequeñas empresas, cooperativas de autogestión y otras iniciativas de economía social, conformadas por personas con edades entre los 18 y 35 años.
    • Incentivar los emprendimientos locales liderados por personas jóvenes mediante el acompañamiento del Ministerio de Juventud, el MEIC, las universidades públicas y el INA. Asimismo, se promoverá la participación de cooperativas, grupos comunales y otros actores sociales en el desarrollo de estos emprendimientos.
    • Procesos de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica. Todos los proyectos que sean acreedores de préstamos deben seguir programas de capacitación y asesoría técnica, con el fin de ofrecer conocimientos básicos en áreas de gestión empresarial y actividades económicas específicas.
    • Constante monitoreo y medición de la efectividad del programa por medio del Observatorio de la Persona Joven. El observatorio debe generar insumos por medio de los cuales se establezcan necesidades del mercado costarricense en relación con las necesidades y derechos de las personas jóvenes; además de evaluar el impacto que generan los proyectos de autogestión, esto con el fin de valorar las necesidades que van presentando cada uno de estos y que cuenten con las herramientas para adaptarse a la realidad cambiante del país.
    • Promover y garantizar la libre sindicalización de las personas jóvenes mayores de edad, así como la organización y atención especial de las personas trabajadoras menores de edad para protegerles de la explotación laboral, el trabajo precario y la informalidad.
5.3 Educación, cultura y justicia restaturativa
  • Fortalecer programas de equidad y multiplicar oportunidades de acceso a la educación secundaria y superior (ver capitulo sobre educación)
  • Derecho a la cultura, arte, recreación, deporte y tecnología (CARDT). Ampliar oportunidades para que la juventud tenga acceso a la cultura; desarrollar proyectos culturales permanentes en las comunidades; apoyar las iniciativas y expresiones culturales de las personas jóvenes (ver el capítulo sobre Políticas Culturales); ampliar el acceso y uso educativo, creativo y productivo de la tecnología. Crear espacios para la práctica del arte, el deporte y la recreación, especialmente en las comunidades con mayor vulnerabilidad y problemas sociales, así como promover la recuperación de espacios públicos que hoy se encuentran en estado de abandono y deterioro (ver los capítulos cultura, deporte y recreación).
  • Transformación de la política penal juvenil. Priorizar la justicia restaurativa y transformativa, de forma tal que se garanticen y prioricen siempre que sean posibles las medidas alternativas a las penas de prisión en personas adolescentes y jóvenes. Para ello se impulsarán las reformas legales necesarias y también se ampliará la inversión en programas preventivos, educativos y y de atención integral a la población juvenil privada de libertad (Ver capítulo sobre seguridad ciudadana, administración de justicia y gestión penitenciaria).