• Promover una reforma para establecer en la Constitución Política que los servicios públicos de abastecimiento de agua potable para consumo humano (servicios de acueductos), de alcantarillado sanitario y saneamiento sólo podrán ser prestados en Costa Rica por entes públicos: AyA y las municipalidades o por asociaciones comunales locales sin fines de lucro. Se bloqueará cualquier intento de privatización de estos servicios públicos esenciales, en concordancia con la reforma para reconocer y garantizar el derecho humano al agua promovida por el Frente Amplio y aprobada por la Asamblea Legislativa en 2020.
• Garantizar en todos los niveles de la gestión pública que el abastecimiento de agua potable a las poblaciones ya existentes será la primera prioridad, frente a megaproyectos turísticos o inmobiliarios. Se promoverá la distribución equitativa del recurso y la fiscalización para que los usos dirigidos a satisfacer las necesidades de las personas habitantes y las comunidades locales prevalezcan sobre cualquier otro uso. Esto se logrará mediante la promoción de reformas legales que garanticen la despolitización de SENARA, SETENA y la Dirección de Aguas y mediante la asignación de más recursos provenientes de las reformas al cobro del canon de aprovechamiento de aguas y el canon de vertidos.
• Fortalecer la gestión comunitaria del agua mediante la revisión e implementación de una Política Nacional de Acueductos Comunales actualizada y un nuevo marco normativo que incluya reglamentos y reformas legales, que se construirán con la participación de las asociaciones de agua de todo el país y que les garantice reconocimiento y seguridad jurídica en su relación con el AyA, la protección de los bienes comunitarios y acceso al crédito, asistencia técnica y capacitación.
• Continuar con la ejecución del proyecto de modernización del alcantarillado sanitario de la Gran Área Metropolitana a cargo del AyA y gestionar los recursos para las siguientes etapas. Además, serán prioridad en la inversión en obra pública, las obras de infraestructura para limpiar nuestros ríos y desarrollar sistemas universales de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas. Se dará especial atención a la inversión en infraestructura hídrica en las zonas rurales para aumentar el acceso al alcantarillado o tanques sépticos y adecuado tratamiento de aguas servidas.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional desde el AyA y el Mideplán para aumentar los niveles de integración y mejorar la planificación nacional incluyendo al ICE, AyA, SENARA y acueductos comunales para disminuir la fragmentación y dispersión que les caracterizan, para garantizar la gestión integrada de los recursos hídricos.
• Revisar, actualizar e implementar la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 2016-2045, la Política Nacional de Agua Potable 2017-2030, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José y el Balance Hídrico Nacional, garantizando la más amplia participación ciudadana y un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos.
• Realizar mayores inversiones en sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, en mejoramiento de los sistemas de potabilidad del agua y en la reducción de las desigualdades de cobertura entre zonas urbanas y rurales.
• Alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y de saneamiento; mediante la implementación de políticas públicas para el subsector de agua potable y de saneamientos de aguas residuales que sirvan como modelo de evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad de los Servicios de Agua Potable 2017-2030.
• Garantizar un adecuado control del sistema de facturación, desde el punto de la toma de la lectura, hasta la emisión final de la factura y su cobro por parte del AyA.
• Reformar los decretos sobre registro, control y uso de agroquímicos para garantizar la reducción de la contaminación de las aguas, eliminando el vertimiento y minimizar la emisión de productos químicos y materiales peligrosos; con una efectiva participación ciudadana. Se establecerán distancias de retiro que no pongan en riesgo la salud de las poblaciones aledañas.
• Modificar las reglamentaciones de SETENA para asegurar que se exijan medidas a las actividades, obras o proyectos relacionados con productos químicos y materiales peligrosos, para eliminar las aguas residuales sin tratar y, de ser posible el reciclado y la reutilización sin riesgos.
• Vigilar el cumplimiento y fortalecer las normas que preservan las nacientes, tomas surtidoras de agua potable, las áreas de recarga acuífera y demás zonas protectoras, frenando crecientes amenazas de contaminación y destrucción. Además, se promoverán programas y proyectos de reforestación natural de éstas áreas, que serán prioritarios para el financiamiento con pago por servicios ambientales y mecanismos similares.
• Combatir la sobreexplotación del agua y el crecimiento inmobiliario descontrolado y desordenado. Promover legislación, reglamentación y Políticas Públicas que garanticen la planificación y el ordenamiento del territorio, tomando como unidades básicas las cuencas hidrográficas y asegurando la preservación de los ecosistemas.
• Garantizar una Matriz de Planificación Hídrica actualizada y con bases científicas que resguarde los recursos hídricos, especialmente los mantos acuíferos. Los criterios técnicos de SENARA sobre protección y disponibilidad de fuentes de agua deben ser de acatamiento obligatorio para todas las demás entidades públicas a la hora de decidir sobre el otorgamiento o no de permisos o concesiones. Capacitar y coordinar a través del IFAM a Gobiernos Locales para implementar en materia de planificación hídrica el fortalecimiento de las capacidades locales relacionadas con los Planes Reguladores.
• Consolidar la gestión comunitaria sobre el manejo de cuencas hidrográficas de importancia estratégica por medio de la creación de consejos de cuenca con participación de las comunidades y con potestad de decidir sobre las prioridades en el uso del agua y la fijación de medidas para recuperar el caudal ambiental de los ríos. Se promoverá la aprobación de varios proyectos de ley promovidos por el Frente Amplio como el proyecto para la protección de las cuencas de los ríos San Carlos, Savegre, Sarapiquí, Pacuare y Banano (expediente 19.515).
• Diseñar políticas públicas y reglamentaciones que permitan garantizar la participación más amplia de personas, comunidades y pueblos indígenas en la planificación y gestión del agua y en la definición de prioridades de uso. Se promoverán reformas legales para consolidar esa participación real y efectiva.
• Se establecerán reglamentaciones que desarrollen la reforma constitucional del derecho humano al agua para que el interés público prevalezca sobre los usos privativos del agua y en los contratos de concesión se establecerán cláusulas que permitan al Estado realizar modificaciones en función del interés público, la protección del ambiente y los derechos y necesidades de las grandes mayorías, incluyendo a las futuras generaciones. También, se promoverá legislación para consolidar estas medidas.
• Reformar la legislación y los decretos vigentes para garantizar que quienes hacen uso comercial del agua paguen por el valor real del recurso y que los fondos recaudados sean destinados a la protección de las fuentes de agua bajo criterios de equidad y transparencia.
• Limitar el uso del agua para fines de producción y venta con fines lucrativos de agua embotellada, que sea extraída directamente para este fin, salvo los excedentes de aguas industriales que reúnan condiciones adecuadas de potabilidad asegurando que todos los demás usos del agua tendrán prioridad sobre este uso y prevalecerán en caso de conflicto o insuficiencia del recurso.
• Asegurar que cualquier conflicto que surja en el país que tenga relación con el agua deberá conocerse en los tribunales de justicia de Costa Rica
• Prohibir la exportación de agua con fines comerciales por considerarse un bien estratégico para la nación, salvo casos de atención de necesidades humanitarias.

De forma paulatina, teniendo como meta el año 2040, Costa Rica debe ir logrando una autonomía nacional en los ámbitos de la producción, investigación científica e innovación tecnológica, en materia de obtención de energía de fuentes alternativas a la combustión de hidrocarburos. Para lo cual, se coordinarán acciones conjuntas para el desarrollo de políticas públicas y proyectos que involucren a RECOPE, el ICE, el MICITT, el MIDEPLAN, MINAE, Universidades Públicas y Privadas y la participación ciudadana.

• Al tiempo que va dando paulatinamente la transición, RECOPE continuará con su función de suplir los combustibles convencionales pero la soberanía energética del país nunca podrá estar plenamente garantizada mientras dependamos exclusivamente de los hidrocarburos. Desde esta perspectiva, RECOPE debe prever la transición hacia otras fuentes de energía y venir acompañada de una estrategia integral que incluya la necesaria investigación y el desarrollo de capacidades nacionales para la aplicación de esas alternativas. Para estos efectos, también se impulsarán reformas legales necesarias para autorizar a RECOPE a invertir recursos en investigación para el desarrollo de fuentes alternativas de energía.
• Crear un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles en el que participen el MINAE, el MAG, el Ministerio de Planificación, RECOPE, las universidades públicas y privadas y demás centros académicos y de investigación nacionales e internacionales, para avanzar en la investigación y transferencia tecnológica en los campos de los biocombustibles de segunda y tercera generación.
• Reconocer la producción de biocombustibles de primera generación como una opción de transición energética que se irá reduciendo hacia el año 2030. Mientras tanto, se garantizará que su producción no entre en contradicción con la soberanía y seguridad alimentarias ni que se aumente la frontera agrícola en detrimento de zonas protegidas, bosques o bien, que impliquen mayor presión sobre los recursos hídricos y edáficos. La producción de estos biocombustibles debe contemplar el encadenamiento productivo, de tal forma que sea una forma de beneficiar y mejorar la calidad de vida de personas que se dediquen a la pequeña producción y demás personas trabajadoras que participan en el proceso productivo. Se debe potenciar la creación de cooperativas de producción y distribución, así como la de empresas mixtas, basadas en RECOPE, teniendo siempre el control accionario de las mismas, con el propósito de resguardar la soberanía energética del país.
• La generación de energía eléctrica debe ser concebida como una actividad estratégica y controlada por el Estado, que regule claramente las iniciativas privadas. Debe derogarse la Ley de Cogeneración Eléctrica o, en su defecto, revisar integralmente, para garantizar que la generación de electricidad esté en función de los principios de solidaridad y universalidad en los que se basa nuestro modelo de desarrollo eléctrico. Se suspenderá la declaratoria de conveniencia nacional y la suscripción de contratos nuevos otorgados en el marco de la citada ley.
• La generación de hidroelectricidad debe basarse en la premisa de evitar megaproyectos y todo proyecto debe someterse a consulta permanente con las comunidades que potencialmente resultan afectadas. Los microproyectos de autoabastecimiento local serán una prioridad, no solamente en el aprovechamiento del potencial hídrico, sino también el eólico y el solar. Desde el Ministerio de Ambiente se elaborará un reglamento que garantice la efectiva y amplia consulta ciudadana de acatamiento obligatorio sobre proyectos de hidroelectricidad.
• En el plazo de 10 años deberá tenerse establecida una infraestructura que permita la explotación de, al menos, el 50% del potencial eólico diagnosticado para el país. Para el 2040 deberá tener el 100% en explotación. Se deberán realizar los estudios de impacto ambiental que aseguren que los impactos ambientales sean mínimos y no comprometan el equilibrio de los ecosistemas, especialmente las aves migratorias con el propósito de garantizar la protección de corredores aéreos de las aves.
• Promover una reforma a la Ley del BANHVI, para que los proyectos de generación energética de autoconsumo sean incluidos dentro de las mejoras necesarias del hogar, y así tengan acceso a mejores condiciones de crédito; y se tomarán las medidas administrativas necesarias para promover estos créditos.
• La solarización debe ser una prioridad estratégica para el país. La experiencia generada en la Universidad Nacional (UNA) debe aprovecharse y fortalecerse, para lo cual se propone la creación del Programa Nacional de Investigación en Energías Renovables, con la participación activa de las universidades públicas y privadas y demás centros de investigación nacionales o extranjeros, de manera que, para el 2035, el 100% de los centros educativos públicos del país cuente con infraestructura para la generación de energía eléctrica a partir de energía solar. Para esto se promoverán convenios entre el ICE y el MEP.
• Impulsar el desarrollo de la energía solar, promoviendo e invirtiendo en granjas solares de propiedad pública y cooperativa, para el máximo aprovechamiento de este tipo de energía renovable.
• Las normas constructivas deben ser revisadas para fomentar, por 25 años, el uso de dispositivos que aprovechen la energía solar para generar electricidad y agua caliente. Asimismo, los diseños deben ser tales que permitan el máximo aprovechamiento de la luz solar y formas de construcción que minimicen el uso de aires acondicionados y otros dispositivos de climatización. A partir del 2035 será obligatorio. Se promoverán reformas legales para que el estímulo pase por incentivos en el plano fiscal y el incumplimiento sea gravado como medida para desestimular el uso de los métodos tradicionales.
• Promover los recursos energéticos distribuidos para autoconsumo a través de mejoras en las reglamentaciones respectivas y de propuestas de ley, que no comprometan la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional ni los principios de solidaridad y servicio público del ICE.
• Establecer un plan nacional de promoción de energía renovable con el objetivo de lograr el 100% de energía renovable tanto para la producción como para el consumo de energía e integrarlo en todos los sectores de la economía.
• Se promoverá una mayor interconexión entre los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, así como el transporte para aumentar la eficiencia de la energía renovable y lograr la descarbonización total.
• Se promoverá que las entidades financieras públicas otorguen incentivos crediticios para proyectos de investigación y desarrollo de energías renovables e incentivos fiscales, para reducir sus altos costos de inversión iniciales.
• El Ministerio de Ambiente emitirá un reglamento que regule la amplia y efectiva consulta pública de todas las personas, especialmente de los sectores involucrados en el campo de la energía y sus opiniones serán necesariamente tomadas en cuenta y valoradas.
• Se garantizará la inclusión de energías renovables en las políticas de desarrollo rural y de planificación urbana a través del INDER, el MAG y el Mideplán. El IFAM brindará asesoría a los gobiernos locales para su inclusión en los planes reguladores municipales.
• Motivar la utilización de franjas horarias diferenciadas para las industrias.
• Explorar el potencial de la energía mareomotríz y valorar los impactos ambientales para saber si hay viabilidad en el país.
• Apoyar la investigación y proyectos para la producción y uso del hidrógeno verde, como fuente de energía para transporte público, transporte de carga, vehículos particulares e industria, procurando la cooperación de organismos internacionales así como la participación tanto de instituciones públicas como privadas del país.
• Construir una red nacional de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
• Modernizar los sistemas de suministro del servicio público de electricidad, implementando redes de distribución bajo tierra y tecnologías digitales para controlar y gestionar el transporte de electricidad.
• Avanzar hacia un modelo de transporte público accesible o gratuito al momento de uso, en aras de reducir el uso de vehículos particulares.
• Impulsar el desarrollo de invernaderos, granjas solares, biojardineras y biodigestores para dar valor agregado a la producción agropecuaria.

• Crear un Foro Climático Popular permanente: con la participación de expertos locales (provenientes de organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, estudiantes) que, en conjunto con científicos comprometidos, funcionarán como una instancia consultiva del Estado costarricense donde se brinden insumos para la toma de decisiones sobre esta materia.
• Establecer un grupo de trabajo que monitoree los alcances y limitaciones de nuestra legislación en materia de acciones dirigidas al cambio climático, para generar información atinente accesible a la población, a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, sector académico y demás actores interesados tanto públicos como privados.
• Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de la defensa de los recursos naturales desde el ámbito local. Fomentar políticas municipales que estimulen a las empresas que no contaminan, que promuevan el reciclaje en los barrios y el uso de residuos orgánicos para producir abono orgánico y desarrollar huertos urbanos, la construcción de edificios diseñados en armonía con el ambiente, entre otras acciones.
• Constituir en consulta con grupos de base, guías o protocolos de adaptación y mitigación al cambio climático con acciones concretas que incluyan verdaderos planes de ordenamiento territorial o de regulación que den prioridad a la protección del ambiente sobre los intereses monetarios. Incorporar sistemáticamente estos criterios en los planes de prevención de emergencias.
• Excluir la biodiversidad de mecanismos de compensación ya que esta es única e irremplazable.
• Desincentivar las falsas soluciones que no ataquen las causas que provocan el cambio climático y que se presten para que otros países y empresas transnacionales utilicen nuestros bosques y nuestro territorio, como un espacio para compensar sus emisiones mientras continúan con sus actividades contaminantes.
• Incentivar la creación de fondos internacionales para financiar procesos de adaptación y mitigación del cambio climático especialmente dirigidos a las comunidades más vulnerables, así como para incentivar el desarrollo de fuentes alternativas de energía con sustento en el principio de pago de la deuda ecológica. Esta será una prioridad en la política exterior de Costa Rica.
• Promover la revisión y el replanteamiento de las políticas, estrategias y discursos oficiales sobre el carbono neutralidad, para eliminar su sesgo mercantilista y superar la lógica perversa de los mercados de carbono -domésticos y los internacionales- ya que eluden la atención de las causas, generan elevados gastos y favorecen un sistema de desarrollo insustentable. Se garantizará una amplia y efectiva consulta ciudadana que incluya a personas indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas jóvenes.
• Impulsar una red de monitoreo de calidad del aire con los insumos de las universidades públicas.
• Impulsar la construcción participativa del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para potenciar la resiliencia al cambio climático de nuestras comunidades, poniendo especial atención en las comunidades costeras.
• Reformar las reglamentaciones de SETENA para incluir dentro de los requisitos ambientales, que las actividades, obras o proyectos incorporen medidas de resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.
• Reglamentar e implementar la Ley de la Responsabilidad Extendida del Productor en la Gestión de Residuos, iniciativa del Frente Amplio.
• Fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Emergencias sobre la adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países, a través de asignación de recursos y capacitación constante en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Mideplán.
• Implementar un Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible que dé capacitación a docentes y personas empleadas públicas, que incluya una estrategia de comunicación para alcanzar a más sectores de la población, especialmente, en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. Se desarrollará a través de la coordinación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación.
• Se tomarán medidas administrativas en los trámites correspondientes a permisos ambientales para evitar la posibilidad de daños irreversibles o graves en el ambiente, regulando a través de decretos y directrices la aplicación del principio de precaución.
• Se revisará la legislación sobre sanciones por daño ambiental con el objetivo de que el monto a pagar realmente corresponda con el costo de reparar o controlar el daño causado.
• Promover legislación para modificar el monto de la garantía ambiental en SETENA, para que se corresponda con los riesgos ambientales según el impacto potencial de las actividades, obras o proyectos.
• Modificar la reglamentación de SETENA para que los proyectos de alto impacto ambiental contemplen los impactos acumulativos, a largo plazo, indirectos, de larga distancia y globales.
• Fortalecer y respetar la participación de organizaciones de la sociedad civil en estructuras vinculantes a temas de biodiversidad y bosques como FONAFIFO, CONAGEBIO, SETENA, entre otras.
• Fortalecer a los grupos comunales vigilantes de los recursos naturales (COVIRENAS) y apoyar a las organizaciones ecologistas comunales, independientemente de su estatus jurídico. Para ello, se emitirá la reglamentación que garantice la efectiva y amplia participación ciudadana que será de acatamiento obligatorio para las instituciones con competencias ambientales.
• Promover modelo de Pago de Servicios Ambientales (PSA) para familias campesinas y personas productoras agroambientales, y apoyar las iniciativas que presenten, brindando acompañamiento y asesoría.
• Promover la democratización del PSA y la regeneración natural del bosque, y prohibir el otorgamiento de incentivos a plantaciones de monocultivos, como palma aceitera y naranja. Se promoverá una reforma a la Ley Forestal con este objetivo.
• Fortalecer los controles y las sanciones contra la tala ilegal y la movilización ilegal de madera. Por ejemplo, promover una reforma a la Ley Forestal, para sancionar con claridad la “socola” del bosque y revisar los permisos de aprovechamiento, con participación multidisciplinaria de profesionales de diferentes ramas
• Incrementar la producción nacional forestal de plantaciones con especies nativas en sistemas agroforestales, mediante la promoción de incentivos fiscales así como capacitación y apoyo a los proyectos con apoyo del INDER.
• Promover una reestructuración del marco institucional vigente que regula las acciones relacionadas con los recursos naturales, principalmente el MINAE (Tribunal Ambiental, SETENA, FINAFIFO, Dirección de Aguas, etc.). Es necesario adaptar la institucionalidad a un modelo que responda más a la defensa de la naturaleza y a una adecuada distribución de los beneficios generados por los bienes y servicios ambientales.
• Promover reformas legales para la interpretación auténtica de las normas que regulan la figura de la “conveniencia nacional”, con el fin de impedir que se utilice para justificar la destrucción del bosque para favorecer proyectos de minería (como en el caso Crucitas) y otros negocios particulares que no benefician a la colectividad.
• Combatir la apropiación indebida de nuestra biodiversidad y cualquier intento de patentar formas de vida. Para ello, impulsaremos una reforma al Código Penal que sancione como delito la biopiratería. En el ámbito del Poder Ejecutivo, se exigirá el cumplimiento de normas de acceso a elementos de la biodiversidad nacional, protección del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas, consentimiento informado y certificado del origen del material utilizado como requisito indispensable para cualquier trámite que involucre solicitudes de propiedad intelectual relacionadas con la biodiversidad.
• Se tomarán las medidas reglamentarias necesarias para evitar el daño a las poblaciones de abejas tras el uso de agrotóxicos como los neonicotinoides, el fipronil, entre otros.
• Se gestionarán recursos de forma prioritaria para promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.
• Se declarará una moratoria a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados que puedan poner en peligro la biodiversidad autóctona.
• Hacer cumplir en todos sus extremos la ley que declaró a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto y prohibió el uso de sustancias tóxicas (Ley 8904), y promover el desarrollo de redes de personas trabajadoras locales para actividades mineras no prohibidas, así como implementar tecnologías amigables con el ambiente y la migración paulatina hacia otras actividades productivas sustentables en la zona de tradición minera. Se reformarán las reglamentaciones vigentes y se adoptarán las nuevas que resulten necesarias para asegurar la prohibición del uso de cianuro y de mercurio en todo el territorio nacional.
• Establecer la obligatoriedad del Estado de acatar el dictamen de las comunidades afectadas por proyectos mineros sobre la autorización o no de dichos proyectos, previo proceso de información y de consentimiento informado de éstas. Para esto se dictarán reglamentaciones sobre los mecanismos de participación ciudadana.
• Recuperar el control social, comunitario y municipal, de la explotación de tajos y canteras. Para la renovación de concesiones, se dará prioridad absoluta a los gobiernos locales y a las asociaciones de desarrollo comunal, con el fin de abaratar el costo de obras de reparación de caminos públicos y proyectos de bienestar social. Asimismo, se promoverá una reforma al Código de Minería, para garantizar el pago justo de tributos a los gobiernos locales, por la extracción comercial de todo tipo de materiales en las canteras y los márgenes de los ríos.
• Implementar campañas y sistemas para un mejor uso de los metales: más reciclaje, menos demanda, más reutilización, mayor uso de recursos renovables. Se habilitarán opciones de capacitación para los gobiernos locales.
• Declarar el cambio climático como una emergencia nacional para tomar medidas inmediatas a gran escala que permitan revertir y combatir sus efectos.
• Crear un plan piloto de fondo de inversión pública para la justicia y resiliencia climática, con el objetivo de asegurar que nuestra infraestructura y comunidades estén protegidas de los impactos del cambio climático.
• Crear un programa de empleos verdes del gobierno que favorezca la contratación de personas en las acciones de lucha contra la crisis climática.
• Restaurar ecosistemas como manglares, bosques, arrecifes y corredores biológicos para adaptarnos a climas extremos, tales como inundaciones, sequías y el crecimiento en el nivel del mar. Motivar la Jardinería de corales.
• Fomentar la arborización en zonas rurales y urbanas para adaptarnos al estrés térmico por calor, así como a olas de calor.
• Asegurar que las personas trabajadoras del sector tanto privado como público que laboran en zonas vulnerables al estrés térmico por calor puedan tomar descansos para hidratarse y que sus empleadores les provean de protección física contra el estrés térmico por calor.
• Fomentar la construcción de infraestructura como diques de contención y rompeolas para adaptarnos a climas extremos, tales como inundaciones y el crecimiento en el nivel del mar.
• Eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera mediante la restauración de ecosistemas naturales, a través de soluciones que aumenten el almacenamiento de carbono en el suelo, como la conservación ambiental y la reforestación.
• Trabajar en colaboración con personas agricultoras y ganaderas para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola y ganadero tanto como sea técnicamente factible.
• Modernizar los sistemas de transporte para eliminar emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte tanto como sea técnicamente factible.
• Promover las Soluciones Basadas en la Naturaleza a través de un marco normativo robusto que permita su ejecución: Promoción de la Cosecha de agua de lluvia, Techos Verdes, Pasos de Fauna, Jardínes Botánicos, Ferias Verdes, Pavimento Permeable, Huertas Comunitarias, Parklets.

• Desarrollar un plan nacional de manejo integral de residuos dirigido a convertir a Costa Rica en el primer país “Basura Cero” de América Latina. Para alcanzar esta meta, debemos lograr que al menos un 80% de los residuos que se producen sean reutilizados o reciclados –incluyendo el compostaje de residuos orgánicos- y solo una pequeña parte vaya a parar a los rellenos sanitarios. Como parte de este plan se promoverán las siguientes acciones:
• Desarrollar de manera permanente una campaña de educación socioambiental enfocada en reducir efectivamente la cantidad total de residuos producidos en los hogares y el comercio, a partir de promover un cambio cultural que rechace el consumismo excesivo e innecesario y lo sustituya por un consumo sustentable, promoviendo primero la reducción, luego la reutilización y por último el reciclaje, unido a una fuerte educación ambiental.
• Promover, como parte de las campañas masivas de concienciación indicadas en el punto anterior, una reducción sistemática del consumo de productos y alimentos no naturales o excesivamente procesados y/o envasados, con la finalidad de reducir gradualmente el consumo de materiales como plástico, cartón, latón, aluminio y similares, ahorrando, además, enormes cantidades de agua y energía.
• Impulsar una iniciativa de ley para sancionar a los grandes establecimientos de venta de comidas empacadas que no implementen un programa de distribución y donación de alimentos previo a su vencimiento y ordenar al Estado a que regule los mecanismos de etiquetado para el vencimiento y caducado de alimentos y así optimizar la lucha contra el desperdicio y garantizar la seguridad de las personas consumidoras.
• Desarrollar un programa nacional de reutilización y reciclaje de residuos que incluya al menos la separación obligatoria de residuos en los hogares (bajo responsabilidad de cada integrante y no solamente de las mujeres, como ha sido tradicional), y los comercios, la generalización en el ámbito municipal de tarifas diferenciadas que obliguen a hacerlo, y la implementación de sistemas de recolección más eficientes que mantengan la separación de residuos y el apoyo real y los incentivos a grupos comunales organizados para generar empleo a través del reciclaje.
• Desarrollar programas para la recolección masiva de residuos orgánicos en los grandes centros de población y su reutilización en compostaje para la producción de abono orgánico que será comercializado con quienes cultiven la tierra. A su vez, impulsar el desarrollo de una tradición de agricultura orgánica urbana, promoviendo el compostaje de los desechos biodegradables y la producción agroecológica familiar.
• Promover campañas constantes dirigidas a facilitar la recolección de residuos reciclables; para ello, vamos a impulsar la formación de centros de acopio comunales, donde estos materiales sean almacenados, procesados o exportados, generando empleo y disminuyendo los costos municipales de recolección y disposición final de los residuos sólidos.
• Adoptar políticas públicas dirigidas a reducir drásticamente el consumo innecesario de residuos de difícil manejo. Esto puede incluir desde instrumentos que desestimulen su consumo, como tasas impositivas más elevadas, hasta prohibiciones expresas de ciertos productos altamente contaminantes e imposibles de reutilizar o reciclar (como bolsas plásticas desechables usadas en el comercio o vajillas desechables). En estos casos, promoveremos gradualmente su prohibición y su sustitución paulatina por bolsas o envases reutilizables. Para ello, se promoverá la aprobación de los proyectos de ley para la prohibición de plásticos de un solo uso.
• Crear un mecanismo para la atención, seguimiento y resolución de denuncias ciudadanas por el incumplimiento de la legislación en gestión de residuos en el Ministerio de Salud, para fortalecer la fiscalización del cumplimiento de la normativa, incluida la Ley de Prohibición del Poliestireno Expandido, Ley N°9703, que se aprobó por iniciativa del Frente Amplio.
• Establecer un estudio de precios de los residuos con y sin valor agregado, un modelo de gestión propio y un conjunto de tecnologías apropiadas a la realidad nacional.
• Actualizar y replantear la legislación y las reglamentaciones que regulan el establecimiento de los rellenos sanitarios para que prevalezca la protección al medio ambiente, las comunidades aledañas, y la protección al recurso hídrico.
• Dar seguimiento, con un enfoque multidisciplinario, a los rellenos sanitarios una vez establecidos, para así garantizar que se cumpla a cabalidad la legislación ambiental y de salud; aunado a lo anterior, se promoverá el uso de nuevas tecnologías en la disposición final de los desechos sólidos, que incluyan la protección de las aguas subterráneas y la no contaminación del suelo. Se aplicarán las sanciones administrativas qué correspondan, y se promoverá legislación para actualizarlas y se garantizará la participación y fiscalización efectiva de las comunidades cercanas.
• Apoyar los pequeños y medianos emprendimientos dedicados a la revalorización de los residuos, mediante la capacitación y la búsqueda de opciones de financiamiento e incentivos.
• Incorporar en el Plan Nacional de Descarbonización un eje Hacia Basura Cero, para incorporar metas, acciones y seguimiento a la gestión de residuos de los Gobiernos Locales.
• Declarar una moratoria a los proyectos de incineración de residuos para evitar la contaminación del aire y se promoverán reformas legales para consolidar el descarte de esta actividad.
• Elaborar planes nacionales de Compostaje y de Recuperación, reutilización y manejo adecuado de baterías eléctricas en concordancia con la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos.

• Enlazar las diversas instancias públicas vinculadas al sector marino y costero a través de la consolidación del Viceministerio del Mar, adscrito al MINAE, con personal especializado para impulsar el desarrollo de los océanos, uniendo nuestro quehacer con programas internacionales vinculados al desarrollo, vigilancia y protección de los vastos territorios marinos y costeros, en un esquema de gobernanza que permita la participación de organismos no gubernamentales, centros de investigación académica, actores privados o organizaciones comunales costeras. En el horizonte se debe poner a discusión la posibilidad de crear un Ministerio del Mar, para contar con un marco institucional y normativo más acorde a las necesidades y potencialidades de este sector,
• Proponer el incremento de los ingresos por licencias de pesca y multas derivado de la aplicación de las iniciativas contenidas en este programa para frenar el regalo de nuestra riqueza atunera, dotar al Servicio Nacional de Guardacostas de más personal y embarcaciones para cumplir con el deber de proteger los 589.000km2 de territorio marino y su cuantiosa extensión futura. Asimismo, aplicar la legislación que regula la contaminación de las playas, estuarios y organismos marinos, como producto de las actividades humanas.
• Promover una reforma a la Ley Orgánica del Ambiente para incorporar los recursos marinos bióticos y abióticos ubicados en la Zona Económica Exclusiva, así como para regular por ley las áreas protegidas marinas como las reservas y las áreas marinas de manejo, que actualmente únicamente existen por reglamento.
• Consolidar durante los próximos cuatro años una protección creciente del territorio marino de Costa Rica bajo nuevas categorías de manejo, creadas con criterios científicos, incluyendo las áreas oceánicas sumergidas de alto valor ecológico sobre la Cordillera Cocos y las islas, así como la Migravía Cocos-Galápagos y sus Montes Submarinos, garantizando la conservación y el uso sostenible de su biodiversidad para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud.
• Transformar el actual Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura en una institución con rango jurídico de Ministerio, que organice y dirija toda la gestión inherente al manejo y aprovechamiento de los mares, la acuicultura, y sus actividades conexas, a partir de una relación permanente con las organizaciones sociales de pescadores y pescadoras y las comunidades costeras e insulares, con el apoyo de las instituciones científicas y técnicas especializadas en el tema.
• Consolidar los procesos de ordenamiento territorial marino e impulsar un urgente reordenamiento pesquero, en consulta con la sociedad civil, con el fin de asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros y el acceso equitativo a los mismos, brindando protección especial a los sectores más vulnerables de la población.
• Incorporar en el PND lineamientos precisos de investigación, protección y uso sustentable de los recursos marinos del suelo y subsuelo, especialmente sobre la Cordillera Cocos, por parte de las instituciones y de la ciudadanía.
• Fortalecer la protección del Domo Térmico con un manejo especial, al que debe prestarse particular atención, mediante la elaboración de un plan de ordenamiento y manejo sostenible de los recursos pesqueros comprendidos por dicho fenómeno, asegurando su preservación para beneficio de las futuras generaciones y el acceso prioritario para la flota pesquera nacional.
• Incorporar los recursos pesqueros a la economía nacional, generando riqueza, empleo digno y soberanía alimentaria. Se promoverá el desarrollo de una flota de altura de amplia base social, que desembarque su producto en muelles nacionales. Una flota que se avitualle y reciba mantenimiento en diques y astilleros nacionales, que propicie el establecimiento de industrias que procesen productos marinos en suelo nacional, que permita brindar opciones de reconversión productiva para pesquerías no sostenibles como la pesca de arrastre.
• Recuperar y garantizar el uso y manejo de los recursos del mar para las comunidades costeras de pequeños y medianos pescadores. Promover un modelo de pesca responsable que disminuya el esfuerzo pesquero en estuarios y áreas costeras. Fomentar la actividad de la acuicultura para beneficio de estas comunidades.
• Actualizar los contenidos de los programas educativos públicos, con el fin de incorporar la extensión real del territorio de Costa Rica y sus valiosos recursos en la cultura nacional. Enfatizar los valores y conocimientos marinos en los programas educativos de las comunidades costeras, y promover el empleo digno a través de programas educativos y de capacitación dirigidos a jóvenes de estas comunidades.
• Crear centros de cultura regional en Quepos, Golfito, Limón y Santa Cruz, mediante los cuales las nuevas generaciones adquieran conciencia sobre la importancia de proteger nuestras riquezas marinas. También, en coordinación con las Universidades Públicas, brindar capacitación permanente al personal docente y grupos comunales para que velen por la sostenibilidad de los recursos marinos aledaños a sus comunidades.
• Mejorar los controles y la normativa para garantizar que se cumpla la prohibición de la nociva práctica del aleteo del tiburón, incluyendo regulaciones estrictas para evitar el desembarco de aletas en muelles privados y prohibir su exportación.
• Respetar la prohibición dictada por la Sala Constitucional de la depredadora actividad de la pesca de arrastre.
• Establecer un impuesto a las compañías generadoras de contaminación marina; el cual subsidie a las personas pescadoras artesanales durante el tiempo de veda.
• Manejar responsablemente la Zona Marítimo Terrestre, asignando un alto valor a los derechos de las comunidades y a la sostenibilidad de sus recursos naturales.
• Consolidar el desarrollo de los territorios costeros comunitarios como alternativa de democracia económica y sustentabilidad frente a los megaproyectos ruinosos para el desarrollo de zonas costeras. Por eso, el Gobierno del Frente Amplio impulsará como iniciativa prioritaria el proyecto de Territorios Costeros Comunitarios.
• Defender el uso y disfrute público y popular de nuestras playas, combatiendo las acciones tendientes a privatizarlas o restringir el libre acceso por parte de la población.
• Crear, desde el Viceministerio de Mares, un programa de limpieza de playas que incluya voluntariados y capacitación para la gestión de residuos, especialmente, dirigido a los gobiernos locales de zonas costeras.
• Promover a través de las instituciones públicas y, con el apoyo de las Universidades y centros de investigación, para generar información científica sobre los efectos de la acidificación de los océanos que sirvan para crear políticas públicas, tomar medidas desde el Poder Ejecutivo y promover reformas legales para atender la problemática.
• Aprovechar el uso de nuevas tecnologías para la vigilancia de embarcaciones semi- industriales e industriales, mediante el Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés), con el fin de saber su posición en tiempo real y vigilar nuestras aguas de forma efectiva.

• Garantizar financiamiento permanente para la protección de nuestros parques nacionales, mediante una propuesta de reforma legal para asignar al SINAC una parte del impuesto sobre tiquetes aéreos que pagan tiquetes extranjeros Actualmente la totalidad de estos recursos se gira al ICT, aunque dicha institución los subejecuta. La protección de los parques nacionales es indispensable para la promoción del turismo.
• Incrementar los recursos que se destinan a pagar las tierras adeudadas por concepto de expropiaciones,- con el fin de consolidar nuestras áreas protegidas.
• Cobrar a las empresas de telecomunicaciones que utilizan espacios en áreas protegidas para instalar sus equipos; los verdaderos costos por el uso de los terrenos y trasladar esos dineros a las áreas para su mantenimiento y el pago de terrenos expropiados.
• Promover la creación y fortalecimiento de las organizaciones (asociaciones, cooperativas, etc.) de personas que habitan en las áreas de influencia de las áreas protegidas, para que desarrollen iniciativas ecoturísticas para atención a los visitantes.
• Reglamentar e implementar la Ley N°9766 para garantizar una mayor participación de las organizaciones locales y las comunidades en la administración de los servicios no esenciales de las áreas silvestres protegidas.
• Impulsar reformas a la legislación vigente para asegurar que los recursos generados por los parques nacionales se inviertan directamente en su consolidación y protección y que no sean desviados hacia otros fines o a la caja única del Estado.
• Impulsar la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para despolitizar y fortalecer la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y convertirla en una institución autónoma con fuentes propias de financiamiento.
• Promover el fortalecimiento del Tribunal Ambiental Administrativo y de la Fiscalía Ambiental, asignándoles mayores recursos para cumplir sus funciones en todo el territorio nacional.
• Reglamentar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, para asegurar que sea amplia y efectiva y promover reformas legales que consoliden este derecho.
• Rechazar y combatir cualquier intento de privatización o de flexibilización de la protección de nuestras áreas silvestres protegidas.
• Promover la aprobación, como iniciativa prioritaria, del proyecto de ley para garantizar la protección de la vida, la integridad física y los derechos humanos de las personas y activistas que luchan por la defensa del ambiente. Se les incluirá en programas de protección de víctimas, en caso de recibir amenazas y se sancionarán con más rigurosidad las agresiones que reciban por ejercer su actividad en defensa del ambiente y los derechos humanos (expediente 21528).
• Crear y promover mecanismos para incentivar la regeneración natural del bosque.
• Intervenir inmediatamente a través de la coordinación entre el INDER, el Ministerio de Agricultura, el MINAE y los gobiernos locales; las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones con el propósito de alcanzar una degradación neutra del suelo.
• Desincentivar iniciativas que busquen disminuir los niveles de protección ambiental en materia de biodiversidad, vida silvestre, recursos forestales y bosques, entre otros.
• Se fortalecerá el sistema de denuncias CITADA y se garantizará capacitación a las personas funcionarias públicas, para que se convierta en un mecanismo efectivo de denuncia ciudadana sobre daños ambientales, tala ilegal, cacería ilegal, entre otros.
• Se actualizarán los reglamentos de evaluación de impacto ambiental de la SETENA para garantizar mejor y mayor participación ciudadana y una evaluación de proyectos ajustada a los principios ambientales, que responda a la crisis climática que enfrentamos.
• En los planes de ordenamiento territorial se integrarán los valores de los ecosistemas y la biodiversidad y se promoverá su inclusión en los planes reguladores locales.
• Ampliar el cuerpo de guardaparques nacionales para garantizar la seguridad efectiva de las áreas protegidas. Actualmente, las 165 áreas protegidas marítimas y terrestres cuentan con menos de 480 efectivos en el campo.
• Fortalecer el Tribunal Ambiental Administrativo y apoyar medidas para que en el mediano y largo plazo se avance hacia la judicialización y regionalización de dicho Tribunal.
• Promover el uso de maderas nacionales cultivadas en plantaciones en el mercado nacional.

• Impulsar sistemas de producción, comercialización y procesamiento de productos agropecuarios, basados en un respeto absoluto al ambiente.
• Fundamentar toda legislación en valores de solidaridad ciudad-campo; destacando la necesidad de mantener el sistema de producción agropecuaria nacional. Además, se
• debe retomar y mejorar los sistemas de producción, comercialización y procesamiento de productos agropecuarios.
• Incentivar la transformación de la agricultura tradicional o agricultura de uso de agroquímicos de alto impacto hacia un modelo alternativo en el que el uso de insumos de origen orgánico sea básico en los paquetes tecnológicos. Asimismo, las instituciones deberán dar preferencia al momento de adquirir productos alimenticios para consumo humano a aquellos producidos orgánicamente.
• Revisar el sistema nacional de certificación de la producción agropecuaria orgánica, a fin de adecuar los costos y los trámites para que sean viables para las y los productores nacionales. Se desarrollarán sistemas de certificación participativa y un sistema público de certificación de la producción agropecuaria orgánica, que den certeza a las personas consumidoras de que los productos que consumen son realmente orgánicos. Estos sistemas serán de fácil acceso y a bajo costo.
• Fortalecer el sistema de Ferias del Agricultor, para que los beneficios de la venta de productos agropecuarios lleguen directamente a las y los productores y disminuyan los costos para las personas consumidoras, mediante la eliminación de los espacios de intermediación en la cadena de comercialización.
• Defender los principios de soberanía y seguridad alimentaria, así como rechazar los modelos de producción y comercialización tendientes a desintegrar el sistema de pequeña propiedad agrícola.
• Promover el desarrollo de huertas familiares en los patios de las casas o, en caso de no haber patio, promover el cultivo hidropónico al interior de las casas. Al mismo tiempo, instalar huertas escolares de autoconsumo y de reproducción de semilla criolla, con fines educativos y de embellecimiento del entorno urbano, procurando a su vez una mayor integración de la comunidad.
• Fomentar decididamente la creación de cooperativas de producción solidaria y de personas consumidoras, con la finalidad de comprar y vender productos agropecuarios entre sí, a precios más convenientes para ambas partes.
• Aplicar en todos sus extremos la Ley para la Promoción de la Agricultura Orgánica, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería encargada de su implementación. En particular deben ponerse en práctica los diversos mecanismos de incentivos para la transición hacia la producción orgánica. Asimismo, en consulta con las organizaciones del sector, se promoverá una reforma integral a esta ley para corregir vacíos y limitaciones que actualmente frenan su aplicación.
• Estimular los programas de comercio justo mediante el reconocimiento del valor agregado de la producción agroecológica, la ampliación de opciones de comercialización en el mercado interno; la consolidación y aumento de las ferias orgánicas. Así, el COMEX tendrá finalmente que cumplir su obligación legal de promover el acceso a mercados internacionales, en condiciones preferenciales para la producción orgánica nacional.
• Impulsar y aprobar proyecto de ley para decretar moratoria nacional de la siembra y liberación al ambiente de organismos vivos modificados (transgénicos) mientras no exista certeza científica que permita descartar su impacto negativo para el ambiente y la salud humana.
• Rechazar los proyectos de leyes de semillas que pretenden limitar el derecho a las y los agricultores a utilizar, intercambiar y mejorar libremente las semillas criollas.
• Establecer una moratoria nacional a la expansión piñera, así como aplicar las leyes de protección ambiental, de salud y laborales necesarias a las empresas piñeras que las incumplan. Asimismo, impulsar la aprobación del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para autorizar al Estado a declarar prohibiciones y moratorias ambientales.
• Derogar de forma inmediata los decretos ejecutivos que, de forma ilegal, facilitan el uso, la inscripción y la comercialización de agrovenenos, para avanzar en la protección del ambiente y la salud. Al mismo tiempo, se prohibirán vía decreto todos aquellos productos que han sido vedados en otros países o que implican graves riesgos para el ambiente o la salud.
• Mediante un equipo interdisciplinario con participación de las universidades públicas, el MAG, el MINAE y el Ministerio de Salud, revisarán la lista de plaguicidas y demás agroquímicos que se utilizan en nuestro país, para fortalecer las normas dirigidas a proteger la salud de las personas, minimizar el riesgo de contaminación de nuestras fuentes de agua, y reducir paulatinamente el consumo de químicos tóxicos en nuestro país.
• Regular por ley las actividades de fumigación aérea, para evitar que las comunidades locales sigan siendo fumigadas y envenenadas impunemente. La planificación del territorio es una de las principales materias de gobierno en los países con mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para sus habitantes. La planificación desde las comunidades y las regiones, contemplando las variables territoriales, el respeto por el patrimonio cultural y ambiental, debe ser la base para los avances en esta materia en los próximos años.