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Transparencia y lucha contra la corrupción

En 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que 1 trillón de dólares eran pagados cada año en sobornos, mientras que 2.600 millones de dólares eran robados en esquemas de corrupción: lo que representa el 5% del PIB mundial y es 46 veces superior al PIB anual total de Costa Rica. Considerando únicamente los seis casos más graves de corrupción de inicios del siglo XXI, nuestro país sufrió pérdidas superiores a los ¢150.000 millones de colones y si se consideran los múltiples casos de corrupción de los últimos gobiernos, el costo de la corrupción sería sustancialmente mayor.

Ayer fueron los Banco Anglo, ICE-Alcatel, Caja-Fischel, y luego vinieron la Trocha, Odebrecht y el Cementazo. Hoy la corrupción se llama Cochinilla y mañana tendrá otros nombres. Nuevos saqueos y distintos protagonistas, pero las mismas prácticas favorecidas por un sistema que se caracteriza en diluir el límite entre lo público y lo privado y por el secuestro e instrumentalización del Estado, abusando del poder, la influencia y autoridad para beneficiar y acumular los recursos de la colectividad en unas pocas manos.

Pero las consecuencias de la corrupción no se expresan solo en cifras de moneda; también pesa en casos de alta relevancia para la opinión y el debate público, en el debilitamiento de la institucionalidad y la violación directa e indirecta de derechos fundamentales a causa de estos crímenes y la constante impunidad asociada a quienes participan en estos actos. La corrupción es una enfermedad que impide superar la pobreza, mina la credibilidad y la confianza en nuestras instituciones democráticas, niega el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas, contribuye a la inestabilidad y desigualdad sociales y retarda el crecimiento económico. No se trata de hechos aislados de unos pocos individuos, la corrupción es una práctica enraizada en nuestras instituciones en sus relaciones con el sector privado, y su atención efectiva debe ser integral y frontal: desde la transparencia y prevención, al fortalecimiento institucional y la sanción efectiva de estos actos.

En la práctica son muchos los recursos con que cuentan los corruptos y sus socios para retrasar y entorpecer las investigaciones y, particularmente, en los casos más graves y complejos de corrupción disfrutar de la impunidad. Las deficiencias de nuestro sistema legal y político permiten ocultar indicios y desaparecer pruebas, sobre todo si se cuenta con prerrogativas funcionales y con el control de la información y los recursos institucionales. Pasado el tiempo y luego de acceder a la información necesaria para denunciar e investigar, la colectividad y los organismos de control tropiezan con procesos lentos, vacíos legales y mayores trabas. Con esto las víctimas resultan doblemente ofendidas, primero por quienes cometen el acto de corrupción y segundo por el Estado que niega una tutela judicial efectiva.

Sin embargo, hay esperanza. Esfuerzos ciudadanos y de múltiples instituciones han alertado de los puntos más críticos que deben atenderse y ya existen propuestas concretas sobre las cuales trabajar. En especial, deben reconocerse los esfuerzos de periodistas y activistas valientes que han denunciado y hecho públicos actos de corrupción y el trabajo de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC) desarrollada como un esfuerzo colectivo de la sociedad civil con varias instituciones públicas y organizaciones del sector privado, como guía para la articulación del trabajo contra la corrupción en Costa Rica.

Recuperar el sentido de lo que significa ser funcionarios y funcionarias estatales, de la responsabilidad que conlleva administrar recursos públicos y la importancia de brindar nuestras labores para el bien común y colectivo, es la máxima que guiará la labor de un gobierno del Frente Amplio. En ese sentido, el presente programa de gobierno contiene una serie de propuestas integrales dirigidas a atacar de raíz las prácticas que facilitan el saqueo del erario, prevenir y sancionar las prácticas de clientelismo, el conflicto de intereses político-partidarios y económicos y otras formas de corrupción en el ejercicio de la función pública en torno a cinco ejes estratégicos: i) la formulación de la primera Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; ii)el empoderamiento, información y acompañamiento a la ciudadanía como protagonista en la lucha anticorrupción; iii) la reforma integral a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y demás leyes conexas; v) la coordinación de esfuerzos con los otros Supremos Poderes para volver a dignificar y transparentar el servicio público en beneficio de las grandes mayorías y; v) los compromisos éticos fundamentales para quienes integren el gobierno del Frente Amplio, y que desarrollamos a continuación:

1. Formular la primera Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para consolidar los esfuerzos de prevención, control y sanción de este flagelo
  • Apoyar la primera Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC), construida recientemente por organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y académicas (http://www.enipc.co.cr/) con el objetivo de unificar la respuesta estatal anticorrupción, establecer un horizonte de trabajo común, medidas definidas y evaluables a corto, mediano y largo plazo y fortalecer el impacto de los esfuerzos de forma continua en el tiempo.
  • Tomar como base la ENIPC, propiciar la construcción participativa y multisectorial de una Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que incluya como ejes:i) la gobernanza en la lucha contra la corrupción; ii) la gestión del talento humano incluyendo nombramientos y funcionariado actual; iii) la promoción de la participación y el control ciudadano; iv) la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público- privada y; v) el acceso a la información de interés público y la rendición de cuentas.
  • Nombrar una ministra o ministro sin cartera con el mandato expreso de impulsar la creación de la política anticorrupción, articular la labor interinstitucional en esta materia y establecer al final de su mandato un mecanismo permanente de organización y control de la corrupción, que incluya y atención de las recomendaciones emitidas por los distintos exámenes periódicos, mecanismos de seguimiento y de implementación de compromisos y convenciones internacionales anticorrupción suscritas por Costa Rica.
2. Empoderar, informar y acompañar a la ciudadanía como protagonista en la lucha contra la corrupción
  • Avanzar hacia la consolidación de un Estado Abierto que permita una gestión participativa de la ciudadanía, una rendición de cuentas continua y mayor transparencia en la gestión pública mediante la actualización e implementación de los decretos ejecutivos sobre datos abiertos y acceso a la información. Además, presentar un proyecto de reforma constitucional para reconocer el acceso a la información pública como derecho fundamental.
  • Incorporar en el currículo educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP) un componente transversal de promoción de una cultura de legalidad y anticorrupción en sus distintas manifestaciones, incluyendo el empoderamiento de las personas como agentes de cambio para la construcción de una sociedad más ética y transparente.
  • Convertir los delitos contra el honor en faltas civiles para cerrar portillos al amedrentamiento en vía penal contra quienes denuncian actos corruptos y de abuso de poder en el Estado (expediente 19.930).
  • Fortalecer los mecanismos de atención de denuncias por deficiencias en la prestación de servicios públicos y actos de corrupción, incluyendo medidas de protección efectiva para quienes denuncian estos hechos.
  • Promover la cultura de rendición de cuentas de las instituciones hacia la ciudadanía, tomando en cuenta experiencias como las del movimiento “Territorios Seguros”, buenas prácticas realizadas a nivel internacional y en nuestro propio país por iniciativa ciudadana o institucional.
3. Proponer una reforma integral a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y las demás leyes conexas y avanzará en la aprobación de las iniciativas existentes
  • Proponer una Ley de Lobby en las instituciones públicas que regule, transparente y limite la injerencia de los grupos de presión que buscan promover decisiones favorables a los intereses de sus grupos en el funcionamiento de las instituciones estatales.
  • Instituir la obligación de hacer pública la información esencial contenida en las declaraciones juradas sobre situación patrimonial que deban presentar ante la Contraloría General las personas funcionarias públicas indicadas en dicha Ley (expediente 20.604), ampliando el deber de rendir declaración a cargos de confianza e incluyendo el deber de rendir declaración sobre criptomonedas y bienes en el extranjero, dotando a la Contraloría General de la República de herramientas para permitir dicha fiscalización.
  • Prohibir la participación societaria “offshore” de servidores públicos en paraísos fiscales y en otros mecanismos legales de elusión y evasión fiscal.
  • Establecer un tribunal penal especializado en crímenes de cuello blanco y anticorrupción, incluyendo delitos funcionales y de financiamiento electoral, para tener a las mejores personas especialistas trabajando de lleno el juzgamiento de la corrupción. También fortalecer la Fiscalía Anticorrupción para consolidar una carrera profesional en la Fiscalía y evitar intromisiones arbitrarias que atenten contra la independencia y continuidad de las y los fiscales encargados de perseguir estos casos (expediente 20.683).
  • Declarar imprescriptible la acción penal contra los delitos de Gran Corrupción en razón del inconmensurable daño social que causan y la impunidad asociada a este fenómeno (expediente 22.409) y presentar un Proyecto de Protocolo Adicional a la Convención Interamericana contra la Corrupción como herramienta de vanguardia en la lucha contra este fenómeno en nuestro continente.
  • Facultar a las autoridades judiciales a que realicen el registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones cuando se investigan los delitos de corrupción pública (expediente 20.683).
  • Cerrar portillos legales y revisar las normas que impiden sancionar los delitos de tráfico de influencias y toda la materia vinculada con contratos y concesiones del Estado, como pago de sobreprecios, ejercicio indebido de influencias y favorecimiento indebido de contratistas, recepción y pago de obras en mal estado y otros de carácter financiero como el peculado bancario, entre otros.
  • Castigar a jerarcas que, a pesar de contar con los recursos necesarios, retarden inversiones u omitan compras de equipo u obras requeridas para garantizar la prestación de los servicios públicos, y en general todas aquellas prácticas de sabotaje y deficiente prestación de los servicios públicos para favorecer negocios particulares.
  • Revisar las penas excesivamente bajas de algunos delitos de corrupción que no guardan relación con el daño que producen a la sociedad y al erario.
  • Avanzar en la legislación sobre responsabilidad penal y civil aplicable a las personas jurídicas por su participación en hechos de corrupción, incluyendo la fiscalización efectiva de los modelos de “compliance” para cumplir con la normativa anticorrupción y promover los principios éticos en su actividad.
  • Actualizar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Ética y Valores para robustecer sus labores y estandarizar, simplificar y modernizar los más de cien reglamentos de ética de las distintas instituciones del sector público.
  • Fortalecer la Procuraduría de la Ética Pública, dotándola de más recursos, personal y mediante la aprobación de una ley que le otorgue un mandato legal para fiscalizar la implementación de medidas anticorrupción en el Estado, impulsar su reglamento para el manejo de conflictos de intereses como norma modelo y garantizar por ley que sus dictámenes sean vinculantes para la Administración Pública.
4. Coordinar esfuerzos con los otros Supremos Poderes para volver a dignificar y transparentar el servicio público en beneficio de las grandes mayorías
  • Sobre las inmunidades. Impulsar la reforma constitucional para eliminar la inmunidad de las personas integrantes de Supremos Poderes que son investigadas por delitos de corrupción y manejo ilegal de fondos públicos, según lo tipifican la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal (expediente 21.571) y agilizar los procesos de juzgamiento tramitados bajo este régimen.
  • Sobre las pensiones de lujo. Velar por el cumplimiento de la contribución obligatoria a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional (Ley 9383), la prohibición de la práctica de heredar pensiones de lujo de ex diputados y ex diputadas (Ley 9381), abolir los privilegios a expresidentes que reciben millonarias pensiones, teniendo ingresos suficientes para subsistir (expedientes 21.345 y 22.623) y girar las directrices para que a corto plazo se eliminen las deficiencias administrativas que provocan el pago de pensiones a personas fallecidas.
  • Con el Poder Judicial. Reformar la Constitución Política para modificar el mecanismo de elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y acabar con el sistema actual que favorece el tráfico de favores e influencias y la politización de los nombramientos, prohibiendo que puedan postularse personas que ocupan puestos políticos en otros Supremos Poderes y reglando la reelección ilimitada de los cargos. Proponer la separación de las funciones administrativas de dirección del Poder Judicial de las estrictamente jurisdiccionales y que los nombramientos de la Corte Suprema y sus suplencias partan de procesos más transparentes de concursos regulados, basados en el mérito y la idoneidad ética, académica y profesional.
  • Con el Poder Legislativo. Apoyar la reforma de ley para hacer efectivas las causales y procedimientos para la destitución de diputados y diputadas que cometan violaciones al deber de probidad (expediente 21.515). Impulsar el voto público para transparentar todas las decisiones que emanan del Poder Legislativo, promover una mayor apertura de datos para que la ciudadanía además de acceder a expedientes legislativos y todas las votaciones, pueda ver los presupuestos, la utilización de vehículos, el registro de viajes y las gestiones realizadas por cada despacho, entre otros datos de interés público. También impulsar la creación de una plataforma para que la ciudadanía pueda opinar e informarse sobre los proyectos de ley en trámite.
  • Con la Defensoría de los Habitantes. Promover una reforma constitucional para rescatar y elevar la Defensoría de las y los Habitantes a rango constitucional y fortalecer su independencia, sus potestades de denuncia (expediente 21.099), incluyendo la posibilidad de solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como endurecer los mecanismos de control y rendición de cuentas por las gestiones de sus jerarcas.
  • Con las instituciones del Poder Ejecutivo. Eliminar las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas y derogar la nefasta “Ley 4-3”. En su lugar, las juntas directivas de instituciones autónomas y empresas públicas serán conformadas de forma paritaria por personas especialistas en la materia, mediante procesos transparentes de concurso público. También reforzar los impedimentos y normativas internas para evitar el nombramiento en las juntas directivas de Bancos estatales, instituciones autónomas y empresas públicas de personas que con intereses contrapuestos a los de dichas instituciones y proponer una ley de “puertas giratorias” que prevenga estos conflictos de interés para quienes salen de altos cargos públicos, incluyendo entes reguladores y establecer mecanismos de rendición de cuentas de las personas jerarcas pública de carácter periódico y abiertos a la ciudadanía.
5. Asumir además nuestros propios compromisos éticos para el ejercicio de un Gobierno
  • Acatar y respetar en el desempeño de los cargos las Normas y Compromisos Ético- Políticos en la Función Pública del Frente Amplio que para todos los efectos se incorporan a este Plan de Gobierno.
  • Rendir de manera pública y periódica la información esencial contenida en las declaraciones juradas sobre situación patrimonial que deban presentar ante la Contraloría General para los cargos indicados en dicha Ley desde el inicio de su mandato hasta su finalización.
  • Rechazar el nepotismo y no nombrar ni recomendar para ser nombrados en cualesquiera puestos remunerados de la Administración Pública a cónyuges, compañeros o compañeras sentimentales o a sus parientes en línea ascendiente o colateral hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad.
  • Para los altos jerarcas de instituciones públicas, objetar cualquier iniciativa dirigida a aumentar la remuneración u otorgarles beneficios adicionales a los ya reconocidos por la ley; y votar en contra cualquier propuesta de reforma normativa, acuerdo o acto administrativo que busque esa finalidad. Las personas nombradas en juntas directivas de bancos del Estado y otras empresas o instituciones públicas que paguen remuneraciones desproporcionadas a sus jerarcas, deberán comprometerse a presentar y apoyar propuestas para congelar y rebajar dichas remuneraciones hasta llevarlas a montos razonables. y renuncien a toda participación societaria en paraísos fiscales y en sociedades donde pueda existir un conflicto de interés con los deberes públicos que desempeñen.
  • Renunciar de forma inmediata e incondicional a los fueros de inmunidad en caso de que el Ministerio Público abra alguna investigación en contra de quienes integran los Supremos Poderes por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
  • Declinar a recibir una pensión para expresidentes, así como a cualquier otra pensión de lujo a cargo del presupuesto nacional por las que no se haya contribuido en su sostenimiento.
  • Promover un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, respetando las creencias de todas las personas, sin usar los poderes del cargo para imponer las propias, ni promover culto o religión alguna.
  • Prevenir, evitar y combatir cualquier acto de violencia de género, violencia doméstica o acoso sexual, laboral o político en sus actividades públicas y privadas.