La Educación es un derecho humano y el sistema educativo tiene un rol fundamental para la construcción de una sociedad igualitaria, libre, justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. La educación también es medular en el fortalecimiento de una sociedad y una cultura democrática, es decir, en la formación de ciudadanas y ciudadanos con conciencia y pensamiento crítico, y capacidad de deliberación pública para resolver los asuntos de interés común mediante el diálogo, la participación política y la construcción de acuerdos. A pesar de la retórica que hemos mantenido como país, los compromisos asumidos para que nuestra educación se consolide como una prioridad de política pública han sido violentados en los últimos gobiernos, pero con mayor intensidad en el periodo 2018-2022. Nuestra fracción legislativa consultó durante el 2019 a la Sala Constitucional sobre el incumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el presupuesto para la Educación, y la Sala confirmó este incumplimiento, sin embargo, se continúa sin lograr su solución y más bien se ha ido empeorando en los presupuesto posteriores.
Los Informes del Estado de la Educación muestran el abandono de nuestro sistema educativo, su sometimiento a los mandatos del mercado, el deterioro de su calidad, la violencia y exclusión que tolera, sin considerar las desigualdades que no logra resolver y más bien termina agravando.
Eso se ha visto profundizado en el marco de la pandemia del Covid-19, donde las acciones y omisiones del Ministerio de Educación Pública han contribuido a ampliar las brechas de acceso y calidad, dejando por fuera a decenas de miles de personas estudiantes, y empujando a toda una generación costarricense a la precariedad y la explotación. Estas desigualdades se han venido arrastrando históricamente, pero la crisis pandémica las ha dejado en una mayor evidencia. Estas brechas se han podido identificar con mayor claridad cuando se compara a las zonas periféricas del país con la región central, que suele acaparar mayores recursos y oportunidades.
Como bien lo ha señalado el Informe Estado de la Educación, se requiere un gran acuerdo nacional para la educación, que permita atender las grandes brechas en acceso, equidad y calidad.
Al respecto, suscribimos la urgente necesidad de generar información clara y precisa sobre los impactos del llamado “apagón educativo” en los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. De igual forma, consideramos que las medidas de acción inmediata, de corto y mediano plazo, propuestas en dicho Informe, constituyen un insumo de alto valor para orientar la toma de decisiones y políticas públicas desde el gobierno, con el concurso de muchos otros actores.
Para el Frente Amplio, mejorar el acceso y calidad de los servicios educativos es una prioridad y lo ha sido desde los orígenes del partido. Por eso hemos impulsado proyectos como el de la regulación de las tarifas de universidades privadas tanto por medio de proyectos de ley como de mociones al proyecto de Ley que pretende una reforma al CONESUP. Se ha promovido también un proyecto para hacer del acceso al internet un derecho humano. Dentro de la labor parlamentaria se han apoyado iniciativas como el fortalecimiento de CONAPE, constatadas en la aprobación de mociones para la Ley 9618.
Asimismo, este partido se ha opuesto a los recortes con implicaciones negativas para la población estudiantil y a la regla fiscal que limita el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de infraestructura, comedores escolares, becas, transporte y crecimiento en la planilla docente para enfrentar los grandes retos de la brecha y el rezago educativo, así como para la atención apropiada de la virtualidad y la bimodalidad en la educación.
La regla fiscal ha traído limitaciones a las Universidades Públicas que afectan su actividad sustantiva. La educación pública costarricense debe recobrar su papel democratizador, de movilidad social, de formación ciudadana y de potenciador de las diversas capacidades de las personas para desarrollarse y realizarse en sus vidas. El sistema educativo es fundamental para la construcción de una cultura de derechos humanos de manera que podamos avanzar hacia una convivencia libre de discriminaciones sexuales, de género, físicas, sociales, económicas, culturales, de nacionalidad o de cualquier otro tipo. Por ello, el país debe abocarse a generar una reforma educativa de largo alcance con amplia participación de actores institucionales y de la sociedad civil. Pero también urge iniciar con algunas medidas de intervención urgentes.
En el gobierno frenteamplista, las políticas educativas tendrán como objetivo principal reducir la brecha entre la educación pública y privada, entre las zonas centrales y periféricas y fortalecer una educación pertinente, impulsando una mejora profunda desde la formación inicial de las personas docentes y una mayor fiscalización de los procesos en las universidades privadas para garantizar un círculo virtuoso que desarrolle el pensamiento crítico, la independencia de criterio, el liderazgo transformador, el respeto hacia lo diverso y plural, la participación cívica responsable, la ética ambiental, la igualdad de género, la solidaridad, el pleno respeto a los derechos humanos y a los valores de paz y justicia, además de la integración de un diálogo verdadero de saberes que incorpore los valores para alcanzar un buen vivir en la sociedad Costarricense. Para ello proponemos:
1. Financiamiento estable y creciente para la educación pública en todos sus niveles
a) Cumplir con el mandato constitucional de asignar al financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), para el presupuesto ordinario de la República de 2023. El cumplimiento de esta obligación y del pago de la deuda del Estado con la CCSS tendrá absoluta prioridad en la asignación con destino específico de los recursos adicionales que se generarán mediante la contención del despilfarro de los recursos públicos, la mejora en la recaudación tributaria y una serie de soluciones fiscales estructurales que se formulan en la propuesta económica de este plan. Esto implica: aclarar el procedimiento para realizar el cálculo del PIB; definir los gastos que no deben contabilizarse dentro del presupuesto para la educación y los mecanismos que deben aplicarse para verificar que la asignación del 8% se ha cumplido en la formulación del presupuesto; establecer sanciones para las autoridades públicas que incumplan con dicha obligación; y reducir la sub-ejecución presupuestaria, entre otras.
b) Garantizar financiamiento creciente a las universidades públicas mediante una negociación justa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), bajo un marco de estricto respeto a la autonomía universitaria, pero en el que sugerimos fomentar los procesos de consulta a toda la comunidad universitaria, incluyendo el sector estudiantil en su conjunto, para que la negociación del presupuesto universitario se realice de manera transparente, más participativa y por ende democrática. En la medida de lo posible, sugerimos que la asignación de recursos adicionales se vincule con el fortalecimiento de las sedes regionales, incluyendo el desarrollo de sedes interuniversitarias; una desconcentración de la oferta académica, la universalización de los sistemas de becas por condición socioeconómica y la revisión de los sistemas de admisión para asegurar mucho mayor nivel de acceso a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad por situación socioeconómica, etnia, discapacidad, condición geográfica e identidad de género. Se retomarán esfuerzos para la admisión diferenciada, basada en el principio de la acción afirmativa, como lo han venido haciendo algunas casas de educación superior, como por ejemplo la Universidad Nacional.
c) Garantizar el financiamiento para universalizar el acceso a la educación preescolar, para asegurar a la población la educación como un derecho humano fundamental y la construcción progresiva de capacidades, que se realiza a lo largo de toda la vida de las personas, pero que encuentra un espacio particularmente fructífero en la primera infancia, como lo respalda la evidencia científica reciente.
d) Ampliar los programas de becas para promover la continuidad de las personas estudiantes en la secundaria y que prosigan
2. Ampliar y consolidar programas de equidad en el acceso a la educación
a) Asignar más recursos y dar prioridad a los programas de equidad y a las inversiones requeridas para reducir paulatinamente la brecha que separa la educación pública de la privada y las abismales desigualdades que existen entre las zonas con mayores y menores índices de desarrollo tanto a nivel urbano como rural. A estas últimas debe destinarse como prioridad un monto proporcionalmente mayor de recursos y atender la enorme brecha tecnológica evidenciada por la pandemia. Impulsar, para estos efectos, el proyecto de ley de Alfabetización Digital (expediente 22.206).
b) Consolidar un verdadero sistema nacional de becas con mecanismos reales de control y evaluación del impacto que estas producen para mejorar las condiciones de vida y aprendizaje del estudiantado. Además de los factores relacionados con la condición socioeconómica, el sistema debe considerar aspectos como el mérito o excelencia, promoción cultural y deportiva, acción afirmativa por razones étnicas, discapacidad, sexo, género y otras. Apoyar con recursos para becas a estudiantes de postsecundaria que se han visto afectados ante el cierre de FONABE.
c) Replantear las funciones y las prioridades de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE). Promover la aprobación del proyecto de reforma a su Ley Constitutiva presentado por el Frente Amplio a la Asamblea Legislativa. Este proyecto busca descentralizar la prestación de sus servicios hacia todo el territorio nacional a través de una alianza con los bancos del Estado; mejorar las condiciones de crédito y la reducción de las tasas de interés; crear un mecanismo de avales que permita otorgar créditos preferenciales a personas de escasos recursos que no tienen posibilidad de aportar otro tipo de garantías; y otorgar becas a estudiantes en condición de pobreza. Al menos un 30% de los recursos de CONAPE se destinarán a fortalecer la extensión de otros programas de becas hacia la educación superior. Sostendremos nuestra oposición a la venta de la cartera de CONAPE, teniendo en cuenta la afectación que tendría en las finanzas de la institución.
d) Fortalecer las becas de transporte para todos los niveles de educación, garantizando que cada estudiante de escasos recursos tenga acceso a este beneficio indispensable para reducir la exclusión. Crear un mecanismo de transporte gratuito para estudiantes en situación de vulnerabilidad que así lo requieran en el sistema de transporte público, similar al existente actualmente para las personas adultas mayores. Para esto se deben establecer “rutas educativas” en las que se identifiquen las principales vías frecuentadas para el transporte de estudiantes, en cuyas rutas se implemente el nuevo sistema de transporte para estudiantes. Además de promover un proyecto de ley de Boleto Estudiantil para exonerar del pago de pasajes a las personas estudiantes que se dirijan a sus centros educativos en todos los niveles educativos.
e) Promover la regulación de los precios y el acceso a la educación primaria, secundaria y técnica privada, que permita un acceso real para la población y una relación justa entre el precio y el servicio educativo, mediante un proyecto de ley.
f) Democratizar el acceso a las Universidades Públicas y Privadas mediante las siguientes medidas:
i. Promover la revisión de los sistemas de admisión de las universidades públicas, en respeto de la autonomía universitaria, con el fin de contrarrestar la exclusión de estudiantes de escasos recursos de comunidades marginadas, poblaciones vulnerables y empobrecidas, mediante acciones afirmativas que logren democratizar y ampliar el acceso a la educación superior pública. A través del diálogo permanente y respetuoso con las comunidades universitarias, se impulsará la incorporación de cuotas de acceso directo en todas las carreras para estudiantes de comunidades rurales y urbano-marginales que, de lo contrario, quedarían excluidos de las universidades públicas; así como otras medidas de acción afirmativa para estudiantes indígenas, trans, afrodescendientes y de otros sectores de la población que se encuentran social y económicamente en desventaja. Tomando como ejemplo los esfuerzos realizados por las Universidades Públicas con programas de matrícula diferenciados que ya se abren para las personas estudiantes indígenas o de estratos socioeconómicos bajos.
ii. Impulsar programas de orientación vocacional con enfoque de género para que cada vez más mujeres accedan a carreras de las que han sido excluidas históricamente. Estos programas deberán impartirse en diferentes niveles preuniversitarios de forma progresiva, enfocándose en romper estereotipos de género.
iii. Regular las tarifas que cobran las universidades privadas y establecer su obligación de otorgar un porcentaje mínimo de becas a estudiantes de escasos recursos. Continuar con las mociones presentadas por el Frente Amplio para reformar la Ley del CONESUP y otorgar potestades a dicho órgano para regular y fiscalizar los aumentos de tarifas de las universidades privadas, de acuerdo al expediente N°21.422.
g) Mejorar los controles sobre la calidad de la educación universitaria privada, dotando al CONESUP de mayores potestades para el control y la supervisión de los contenidos, el personal docente y las condiciones materiales en dichos centros de estudio con el fin de garantizar la adecuada prestación de este servicio. Asimismo, fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), homogeneizar los procesos de acreditación entre universidades públicas y privadas de forma que existan parámetros claros de calidad e igualdad de condiciones.
h) Abrir una mesa de diálogo multisectorial, con participación del CONARE, CONESUP, SINAES y UNIRE, para construir acuerdos sobre estándares mínimos de calidad de la educación superior costarricense para todas las universidades del país. Esto con el objetivo de subir la calidad de la educación universitaria. Posteriormente, y como resultado de la aplicación de un procedimiento de evaluación pertinente para las diferentes áreas de la educación superior, establecido por las instancias competentes, las universidades que no alcancen esos niveles mínimos deberán presentar un plan de mejora que les permita alcanzarlos en un tiempo razonable. La información de los resultados de esos procesos de evaluación será pública, accesible para estudiantes y entidades empleadoras, para su correspondiente toma de decisiones.
i) El Ministerio de Trabajo, realizará un proceso de revisión de los derechos del personal docente en las universidades privadas, escalas salariales, jornadas y compromisos laborales, para garantizar sus derechos, estabilidad y potenciación de un quehacer comprometido con el desarrollo nacional en condiciones de dignidad y equidad. De igual forma, se solicitará a la CCSS participar de dicha inspección, para garantizar que las personas docentes se encuentren inscritas efectivamente como docentes de acuerdo a sus funciones; que las escalas salariales sean acordes con los estándares emitidos por los colegios profesionales, contabilizando las horas de preparación de clases, calificación de trabajos y otras tareas docentes, y no solo las horas lectivas directas.
3. Infraestructura educativa, condiciones materiales y derechos de las personas estudiantes
a) Declarar como Emergencia Nacional el estado ruinoso en que se encuentra la infraestructura en muchos centros educativos del país, para potenciar una urgente ampliación de la inversión pública para el mejoramiento de instalaciones; así como la construcción de más aulas, con el objetivo de reducir el hacinamiento en las aulas.
b) Intervenir la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (DIE) con el fin de agilizar trámites para la construcción, remodelación y ampliación de los centros educativos y de atender pronta y eficientemente las necesidades de infraestructura en escuelas y colegios. Fortalecer la capacidad de ejecución de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, junto a una regionalización de la DIE que permita atender mejor la situación en las zonas más excluidas del país.
c) Dotar al Ministerio de Educación de edificios propios, a nivel nacional y regional, para el cumplimiento de sus funciones, reduciendo el pago de excesivos alquileres que solo benefician a un reducido sector que lucra a partir de las rentas en bienes inmuebles, que en muchos casos el Estado ha alquilado por décadas.
d) Extender el acceso a Internet de banda ancha a la totalidad de escuelas y colegios públicos del país durante los próximos cuatro años. Para estos efectos, se deben aprovechar mejor los recursos del FONATEL, para que, a partir de diagnósticos aportados por el MEP, se invierta en conectividad y equipamiento de los centros educativos y de estudiantes, para reducir la brecha digital. La necesidad de esta decisión se fortalece en la realidad de las exclusiones generadas por la pandemia por Covid-19. Darle continuidad al proyecto de ley de Alfabetización Digital (expediente 22.206).
e) Asignar a la Editorial Costa Rica y a las editoriales de las universidades públicas, en alianza con la Imprenta Nacional y las micro y pequeñas empresas de la industria gráfica, la elaboración de libros de texto y demás material didáctico y de apoyo de primaria y secundaria, con el objetivo de abaratar sus costos, mejorar su calidad y ampliar las condiciones de acceso para las personas estudiantes. Esto además contribuirá a la contextualización de los materiales didácticos utilizados en el Ministerio de Educación Pública y a que estos sean acordes a las diferentes realidades del país.
f) Impulsar la reforma para garantizar el derecho de las personas estudiantes a fotocopiar y acceder a textos con fines estrictamente educativos (expediente 21.091).
g) Creación de un programa de suministros escolares en el que las instituciones educativas cuenten con un almacén estatal que les permita satisfacer la demanda de materiales educativos necesarios para el cumplimiento de las actividades educativas.
h) Promover la participación efectiva de gobiernos estudiantiles y del movimiento estudiantil en general, en la toma de decisiones y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la definición de prioridades de la educación. Esta participación será escalonada por nivel educativo desde la primaria hasta los actuales porcentajes de participación universitaria, modificando el reglamento de la Comunidad Estudiantil de 1994. Los gobiernos estudiantiles deben coparticipar en la gobernanza efectiva de los centros educativos.
i) Mantener y promover que se asegure en el marco jurídico la integración de un representante estudiantil en la Comisión de Enlace que tiene a su cargo el proceso de consulta referente a la negociación del FEES.
j) Combate frontal al acoso escolar, la exclusión por motivos de género, etnia, creencias religiosas (a la falta de estas), convicciones éticas y el ejercicio pleno de la ciudadanía y los Derechos Humanos. Lo anterior supone también una persecución decidida al acoso sexual entre estudiantes, de estudiantes a docentes y en especial de las personas docentes a las estudiantes.
k) Modificar el actual modelo de Educación Dual, para que no promueva la expulsión de la educación formal, ni se convierta a las personas estudiantes-aprendices en mano de obra barata de empresas que nos les garantizan al menos un porcentaje significativo de contratación según evaluación y aprobación al culminar los programas, que el porcentaje de trabajo in situ se reconozca como tal para garantizarles seguridad social (cotización al seguro de salud, riesgos del trabajo y pólizas) y derechos laborales (como salario proporcional a la jornada dedicada y al grado de avance y tasa de retorno de inversión de la empresa), que los fondos de becas no se utilicen en favor de las empresas sino que se mantenga su sentido original en favor de las personas estudiantes-aprendices.
l) Fortalecer la inversión y presencia de los programas de educación abierta, de manera que toda la población joven adulta y adulta mayor, tenga varias opciones para continuar su proceso educativo, combinándolo con responsabilidades familiares y laborales.
m) Proteger y fiscalizar más los derechos de las personas estudiantes en las prácticas profesionales de la Educación Técnica, para evitar abusos de toda naturaleza y apoyarles con los recursos necesarios para que sea una experiencia realmente de profesionalización y no un ritual de explotación. Lo mismo a nivel universitario con las prácticas profesionales.
n) Rechazar cualquier intento de desmantelamiento del INA o de convertirlo en una agencia de contrataciones de servicios de capacitación privada. Por el contrario, aumentar la capacidad instalada y realizar una actualización tecnológica de su oferta según las necesidades de las regiones y del Plan Nacional de Desarrollo.
4. Dignificación de la labor docente: condiciones laborales, formación y capacitación óptima del personal docente
a) Proponer una reforma a la Ley de Carrera Docente, originalmente concebida para un sistema educativo totalmente distinto. Esta reforma pretende garantizar el ejercicio ético de la profesión, los derechos laborales docentes y la seguridad jurídica de su profesión. Implica modificar los grupos profesionales existentes para que las categorías internas reflejen la mayor capacidad y formación en sus niveles más altos, lo que su vez garantice que sean empleadas las personas mas aptas, formadas y competentes. Del mismo modo, se impulsarán mecanismos justos para la asignación de plazas y para los procesos disciplinarios internos. Realizar una modificación para que las convocatorias administrativas a las personas docentes se hagan dentro de su jornada laboral.
b) Atender la situación de interinazgo en la que se encuentra buena parte del personal docente del país. Nuestro Gobierno cumplirá estrictamente con las resoluciones de la Sala Constitucional que obligan a llenar plazas interinas con personas en propiedad, mediante concursos que permitan la selección de las personas mejor capacitadas.
c) Erradicar toda forma de intromisión clientelar en el trámite de nombramientos y asegurar que quienes los obtengan reúnan las mejores condiciones de formación pedagógica (con preferencia hacia universidades reconocidas bajo parámetros objetivos de excelencia académica) al tiempo que deben establecerse los mecanismos necesarios para asignar puntaje en los concursos docentes mediante la realización de pruebas teóricas y prácticas.
d) Garantizar el respeto a la dignidad y los derechos laborales de quienes trabajan en la educación, mediante el ordenamiento y la agilización, bajo criterios de justicia y legalidad, de los procedimientos administrativos que pongan en juego su estabilidad laboral. Crear procedimientos a lo interno de las instituciones para solucionar rápidamente conflictos relativos a la distribución de la carga laboral y la asignación de grupos, de manera que roten de forma justa y democrática.
e) Reducir y erradicar los atrasos y errores en el pago de planillas, mediante la modernización y el uso adecuado de los sistemas informáticos. Todo esto en diálogo constante con los sindicatos del ramo.
f) Reducir la carga laboral de las personas docentes en actividades no pedagógicas o en aquellas administrativo-educativas que puedan agilizarse. Por ejemplo, con planeamientos semestrales o reducción de comités institucionales. Con el objetivo de que puedan invertir más tiempo en actividades académicas y menos en lo administrativo: más educación, menos papeleo. Implementar un sistema donde las personas docentes puedan tomar lista, indicar ausencias de estudiantes y otros detalles por centro educativo de forma que los informes se obtengan de forma automática por el personal administrativo sin necesidad de brindar informes.
g) Revisar y flexibilizar la normativa relativa a la presentación de documentos y ofertas de trabajo, así como analizar la posibilidad de modificar las pruebas y ponderaciones existentes para la asignación de puntajes por parte del Servicio Civil. Revisar y depurar con criterio ético y legal el Manual de Evaluación y Calificación del personal docente actualizando la Ley de Carrera Docente, bajo esa misma línea de criterios.
h) Democratizar la presencia de personal docente calificado en todo el territorio nacional, evitando su concentración en la Gran Área Metropolitana, mediante la mejora de estímulos como infraestructura para vivienda y la revisión del rubro de zonaje, entre otros aspectos.
i) Establecer verdaderos controles de calidad de los programas de formación docente y procesos para su evaluación continua, a través de un amplio proceso de diálogo con las universidades, el Magisterio Nacional, el movimiento estudiantil y las comunidades organizadas. El Ministerio de Educación deberá definir los perfiles de las personas docentes que requerirá contratar en los próximos años, con el fin de que los planes de estudio tomen en cuenta estos perfiles. Y la evaluación irá orientada a la mejora, la coevaluación y la autoevaluación docente, desde un marco de habilidades y no exclusivamente procesos memorísticos.
j) Promover el establecimiento, junto a las casas de enseñanza, de una prueba específica de ingreso a las carreras de educación, esto con el fin de mejorar los perfiles de entrada a la docencia.
k) Crear un sistema de acreditación profesional menos costoso y más inclusivo para las diversas modalidades educativas, de modo que se equiparen las competencias que debe dominar el personal docente con otros tipos de modalidades, incluyendo diferentes saberes, la pedagogía crítica, la educación abierta y la educación popular, por ejemplo.
l) Coordinar con las Universidades Públicas la creación de una prueba de medición de capacidades lingüisticas de las personas docentes de idiomas que trabajan o pretenden trabajar en el MEP, que cumpla con los estándares internacionales y esté contextualizada en el ámbito de la docencia. Esta prueba constituiría una alternativa para las personas docentes de idiomas, de manera que reduzcan los costos que hoy deben pagar a entidades privadas para realizar pruebas de ese tipo.
m) Impulsar el desarrollo de capacidades de investigación, reflexión y la acción participativa en la formación docente, así como de conocimientos en neurociencia de la educación, psicología cognitiva y desarrollo humano que sirvan para vincular la teoría con la práctica, de tal manera que esté presente a lo largo de toda la carrera; cultivar en el estudiantado una disposición a la crítica, la tolerancia a la frustración, la rendición de cuentas, la resolución de problemas y el aprendizaje permanente.
n) Preparar al personal docente para el respeto, abordaje y promoción de la salud mental y todos los fenómenos que la afectan: la violencia intra-escolar con programas de sensibilización social, promover una persona docente con una perspectiva sensible al género y de respeto a la diversidad humana, así como la capacitación para intervención en crisis y primeros auxilios.
ñ) Promover el dominio de un segundo idioma por parte del personal docente, el lenguaje LESCO para una mayor inclusión, así como un manejo fluido de las tecnologías de la información y destrezas en lo relativo a programas de cómputo, en aras de reducir la brecha tecnológica.
o) Implementar para el personal docente más y mejores programas de preparación y actualización con los medios tecnológicos digitales. Vincularle con los procesos interdisciplinarios virtuales que guían y apoyan el acompañamiento curricular del estudiante.
p) Establecer mecanismos para que el personal docente con un desempeño exitoso y de calidad pueda ejercer asesoría en el nivel de circuito y que, de esa forma, contribuya a la superación de carencias técnicas y pedagógicas entre el resto del personal docente.
q) Incluir docentes de Educación Especial en secundaria para un mejor abordaje del estudiantado con adecuaciones curriculares tanto significativas como no significativas y de esta manera fortalecer su desarrollo educativo buscando la igualdad y equidad en la atención de los educandos.
r) Dosificar el reconocimiento económico de lecciones de planeamiento, donde por cada diez lecciones se le asigne una lección de planeamiento a la persona docente.
s) Transparentar los procedimientos para la elección de las autoridades administrativas en los centros educativos, promoviendo mecanismos más horizontales y democráticos para que la comunidad educativa tenga mayor incidencia y participación.
5. Modelo pedagógico, contenidos y programas educativos
a) Reformular los proyectos de Educación para Personas Adultas, de forma tal que permitan realmente a esta población el acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios de secundaria. Junto a esto, se propone revisar el actual sistema de Pruebas de Bachillerato por Madurez, Tercer Ciclo y Primaria para personas adultas, con el objetivo de permitirles avanzar con conocimientos pertinentes a su realidad etaria y social, y evitando que el derecho a la educación se reduzca a un mero negocio en el pago de pruebas. Abrir procesos de acompañamiento dentro de instituciones educativas.
b) Modificar la actual asignatura de religión en la educación pública costarricense, para convertirla en una que no sea confesional ni de una doctrina religiosa en particular, de manera que tenga un carácter incluyente, acorde con la pluralidad religiosa y cultural de la sociedad, así como con la neutralidad religiosa del Estado en materia educativa y otros principios establecidos por la Sala Constitucional. Esto se realizará mediante un proceso paulatino de transformación curricular, sin afectar los puestos de trabajo del actual personal docente. La nueva asignatura tendrá un enfoque de derechos humanos, de manera que contribuya a la formación para la convivencia social, la ética y la comprensión de las religiones como construcciones culturales, por medio de programas de Aprendizaje en Servicio Solidario.
c) Integrar en la estructura y planificación del Ministerio de Educación Pública, los procesos de educación popular desarrollados desde las organizaciones comunales, sociales y populares, con el objetivo de potenciarlos y certificarlos. Vincular procesos sistemáticos de intercambio de saberes donde las comunidades y diversos actores sociales se acerquen a los centros educativos.
d) Promover un proceso de contextualización de la educación mediante un programa que implique que los sentires y saberes comunales se lleven al proceso educativo en cada centro educativo, tomando en cuenta las realidades del contexto en el que se encuentra. Promover un liderazgo educativo transformador y crítico.
e) Promover el proyecto de ley para dotar a la Universidad Técnica Nacional de rentas propias y de frecuencias de radio y televisión (expediente 21.176).
f) Desarrollar un robusto sistema de educación primaria y secundaria a distancia, vinculando a los canales de televisión nacional, emisoras de radio, internet y plataformas virtuales, a fin de ofrecer programas que permitan el acceso a la educación desde esos espacios, más allá de restricciones sanitarias, como un verdadero enlace y apoyo para estudiantes y familias. Promover programas tanto sincrónicos como asincrónicos.
g) Reforzar los procesos de actualización permanente de los programas de aprendizaje de las asignaturas, con la participación de especialistas de las universidades públicas y de personas docentes altamente calificadas, para todos los niveles de la educación, a fin de que sean acordes a los avances de conocimientos, de la pedagogía, de las estrategias y recursos didácticos disponibles, pertinentes y con enfoque de derechos humanos.
h) Proponer la modificación del calendario escolar, para que esté compuesto por únicamente dos semestres, que permita una evaluación más cuidadosa, reducir la carga administrativa de exámenes, control de notas y otros procesos administrativos derivados del actual esquema, brindando mayor espacio para el trabajo pedagógico.
i) Procurar la reducción del tamaño de grupos, para que se garantice que por grupo o sección, no haya más de 25 estudiantes, promoviendo la verdadera integración y brindándole al docente la carga razonable de trabajo para la atención del estudiantado.
j) Realizar un estudio de prospección laboral desde el MEP y en conjunto con el MTSS, para planificar y abrir ofertas en educación técnica media en áreas que resulten pertinentes para el desarrollo de las nuevas generaciones y sus comunidades.
k) Promover que los exámenes para la evaluación y certificación de las competencias de las personas docentes sean elaborados y aplicados por universidades públicas; por ejemplo, en el caso de docentes de idiomas y matemáticas.
l) Realizar una modificación en los programas de estudio para incluir dentro de las materias programas para el pensamiento crítico y creativo, el liderazgo y la toma de decisiones, resolución de conflictos, educación vial y otras habilidades que eduquen para la vida personal y en sociedad.
m) Reforzar gradualmente la educación artística (música, teatro, artes plásticas, literatura, etc.) desde el nivel preescolar hasta la secundaria, con la participación de artistas y personas docentes especialmente certificadas para ello.
