La atención y prevención de la violencia contra las Mujeres será una prioridad en un gobierno frenteamplista pues como bien lo señala el Manifesto de Mujeres en Acción “No hay lugar, situación, ni relación segura para las mujeres”.

Debemos continuar apoyando las políticas públicas y sus planes de acción para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que derivan de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad y que son coherentes con las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales. Además, es prioridad incorporar propuestas surgidas desde las voces de las mujeres en los procesos consultivos.

Para el Partido Frente Amplio, uno de los principales retos es la erradicación del ciclo perverso de la pobreza, la discriminación y la violencia contra las Mujeres y por ello abrazamos el derecho a vivir libres de violencia y sin riesgo en todos los espacios del país. Asumimos el reto de Cero Tolerancia a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en sus diversidades. Por ello, planteamos las siguientes medidas:

a) Ejecutar las Políticas para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las edades y en todas sus manifestaciones y el trabajo con nuevas masculinidades (2017-2032) y Contra la Trata de Personas (2030), atendiendo ajustes desde los impactos diferenciados según enfoques y principios que se fundamentan (Ley 9095) y según los planes de acción previstos y definidos con los mecanismos de coordinación entre los Supremo Poderes y organizaciones de la sociedad civil y sector privado.

b) Fortalecer el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres, incluyendo el funcionamiento permanente del Consejo Nacional (Ley 8688).

c) Ejecutar el modelo para la coordinación y gestión establecido en el PLANOVI y el funcionamiento permanente de los mecanismos de rendición de cuentas y auditorías en el ámbito nacional, regional y local (Red Nacional de Redes Interinstitucionales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar).

d) Desarrollar procesos de descentralización y regionalización de servicios institucionales vinculados con la prevención y la atención de la Violencia, incluyendo acciones que permitan romper con las tradicionales barreras de accesibilidad, cobertura, brechas digitales, idioma y otras, que aseguren el acceso a las mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad, mujeres campesinas y habitantes en los territorios rurales a las políticas públicas.

e) Ampliar la cobertura de servicios públicos especializados en atención y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de todas las edades y condiciones e impulso a la excelencia en dichos servicios en la atención oportuna y aplicación efectiva de las leyes de protección.

f) Desarrollar respuestas específicas para la protección inmediata, atención y seguimiento

de las mujeres en situaciones de alto riesgo de femicidio y asistencia oportuna a las

mujeres y niñas víctimas de trata, violencia sexual y otras formas de violencia, con acceso

a suficientes albergues, geográficamente asequibles para las mujeres, hijos e hijas.

g) Coordinar con el Poder Judicial la aplicación efectiva de la ley de penalización de

la violencia contra las mujeres y las reformas recientes en la tipificación del femicidio

ampliado, asegurando la investigación eficiente, la persecuciónn sistemática y la sanción

de los agresores, de los femicidas y agresores sexuales. Así como impulsar un proyecto de

ley para que se apruebe la elaboración de un registro nacional de ofensores sexuales.

h) Gestionar alianzas con el Colegio de Periodistas, Unidades Académicas de formación

en comunicación y medios de comunicación, para prevenir y erradicar la violencia y

revictimización de las mujeres en los titulares y en las noticias.

i) Desarrollar junto al Poder Judicial actividades de sensibilización en el tratamiento

y abordaje de las situaciones de mujeres víctimas de violencia en conflicto con la

norma penal, desde la perspectiva de género y una lectura socio histórica de sus

vulnerabilidades.

j) Reactivar y ampliar la Comisión interinstitucional con la participación de la sociedad civil

en materia de pensiones alimentarias y violencia patrimonial

k) Fortalecer los servicios para la prevención, defensa y exigibilidad de los derechos de

las mujeres víctimas de acoso callejero; emisión de Directrices al Ministerio de Seguridad

Pública para la implementación de la ley de acoso callejero con detención en flagrancia a

los acosadores; y desarrollo campañas de educación para su erradicación.

l) Construcción de una agenda legislativa, junto con las organizaciones de la sociedad

civil, de iniciativas de ley orientadas a la prevención, atención y sanción de otras

expresiones de la violencia contra las mujeres: violencia obstétrica; violencia laboral;

violencia contra defensoras y activistas de derechos humanos, cuerpos y territorios;

violencia en la publicidad comercial; violencia mediática y simbólica, entre otras.

m) Promocionar una cultura no machista, masculinidades para la igualdad y la no

violencia en el marco de las políticas de la no violencia y sus respectivos planes de acción.

n) Contar con mecanismos de respuesta interinstucionales eficientes ante situaciones

de hostigamiento o acoso sexual tomando en cuenta la Ley 7476 y garantizando la no

revictimización de la persona involucrada, así como el acompañamiento en los procesos

de denuncia o el trato de confidencialidad. Los mecanismos deben reconocer que las

situaciones de hostigamiento y acoso en espacios laborales se encuentran permeados por

relaciones de poder que influyen en la toma de decisiones de la persona víctima.

ñ) Asignar recursos presupuestarios, técnicos y humanos para impulsar la ampliación de

los servicios públicos de asistencia letrada con el fin de asegurar la representación legal

de las mujeres víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones, que no dispongan

de medios económicos para cubrir los costos judiciales y administrativos en materia de

procesos judiciales.

o) Promover ante el Poder Judicial la creación de protocolos diferenciados para atención

de familias dolientes víctimas de femicidios que acuden a instancias judiciales para los

debidos procesos.

p) Desarrollar estrategias para la eliminación de prejuicios y prácticas discriminatorias y

reproductoras de estereotipos sexistas que incluya acciones públicas para prevenirlas,

desalentarlas y atenderlas, incluyendo la aprobación y aplicabilidad de la legislación

para la protección de la imagen y dignidad de las mujeres en la publicidad comercial.

Estas acciones incluirán procesos dirigidos a las personas empleadas del sector público y

gobiernos locales.

q) Procurar que la información y recursos disponibles sobre violencia de género (leyes,

mecanismos y dispositivos de denuncia, instituciones de apoyo) estén en formato

accesible para las mujeres de todas las edades y condiciones: afrodescendientes,

indígenas, migrantes, campesinas y habitantes en la ruralidad, mujeres con

discapacidad; así como el acceso a albergues y protección contra el femicidio y todas las

manifestaciones de la violencia contra las mujeres.

r) Para la protección efectiva del derecho a la integridad de las mujeres se contará

con refugios seguros y líneas de atención telefónicas y virtuales para las víctimas, con

disponibilidad de recurso permanente por parte de la Fuerza Pública.

s) Promover mecanismos para hacer efectiva la denuncia de la violencia contra las

mujeres en el espacio virtual, debido a que se ha constituido en un recurso para la

interacciónn social. Para ello se requiere la disminución de la brecha digital, asegurando a

las mujeres mayor acceso a los recursos institucionales.

t) Defender el derecho de las mujeres a denunciar situaciones de violencia

independientemente de su condición migratoria, en todas las campañas y medios de

divulgación de forma explícita para mujeres migrantes, apoyándose en imágenes e

ilustraciones para que sea comprensible, independientemente del nivel de lectoescritura o

del idioma que hablen las mujeres, con fundamento en la convencionalidad internacional

y normativa nacional de los derechos humanos de las mujeres.

u) Todas las personas que resulten electas por el Frente Amplio en cargos de elección

popular, así como todas aquellas que sean nombradas en ministerios, juntas directivas

y otros cargos designados por el Poder Ejecutivo y personas empleadas de confianza,

asumirán un compromiso para prevenir, evitar y combatir cualquier acto de violencia de

género, violencia doméstica, hostigamiento sexual, acoso laboral y violencia política en

sus actividades públicas y privadas. Asimismo se comprometerán a separarse del cargo en

caso de que, siguiendo el debido proceso, se les compruebe alguna de esas conductas.

Las medidas concebidas para la autonomía económica, como el llamado emprendedurismo, continúan dejando a las mujeres en una condición de vulnerabilidad ante cualquier vaivén de la economía y las políticas fiscales. El contexto más reciente de crisis sanitaria impactó de forma más fuerte a las mujeres. Además de la fragilidad del empleo formal ya existente, las medidas gubernamentales y empresariales justificadas en la pandemia devolvieron a las mujeres de forma masiva a sus hogares. El emprendedurismo funciona más como paliativo que como una respuesta efectiva para que las mujeres logren sostener proyectos productivos y de generación de ingresos y con la posibilidad de impulsarse más allá de la lógica de subsistencia diaria.

Como bien han señalado los colectivos de mujeres organizadas, si bien estos son caminos que deben seguirse abriendo para avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria, resultan insuficientes mientras no se produzcan transformaciones en el modelo económico y productivo. Se requiere de un nuevo diseño social y de economía feminista que releve dentro de sus prioridades políticas el compromiso efectivo con los derechos de las mujeres.

Existen nudos estructurales y brechas de la desigualdad que persisten y se agudizan en nuestro país, definidos en: a) patrones culturales patriarcales, discriminatorios, violentos y con predominio de la cultura del privilegio; b) la división sexual del trabajo e injusta distribución de los cuidados; c) la desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente provocado por una economía neoliberal y, d) la concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público (Política Nacional de Igualdad Efectiva entre Mujeres Hombres, 2018). Ello justifica la priorización en el diseño de medidas de carácter transversal, interrelacionado e integral conforme a las recomendaciones expuestas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de deconstruir esta lógica definida en un sistema discriminatorio y violento contra las mujeres.

Un referente primordial es la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2017-2030) impulsada por el Estado costarricense que amplía la mirada respecto a los derechos económicos, sociales y culturales cuyos principios y enfoques orientadores están relacionados con la universalidad, derechos humanos, igualdad de género, el enfoque interseccional o de múltiples discriminaciones, desarrollo humano sostenible y la gobernanza. Dos prioridades interrelacionadas son la distribución del tiempo y de la riqueza, que se debe colocar en el centro de análisis de la sostenibilidad de la vida. En ese entendido, estas son nuestras principales medidas:

a) Reducción de la desigualdad en la distribución de la riqueza y el uso del tiempo de las mujeres en todas las regiones del país:

a.1) Empleo inclusivo de calidad en todos los sectores y edades comprendidas en lo productivo.

a.2) Reducción de brechas de género persistentes (ingreso, salarios, maternidad, lactancia, seguridad social y salud, pensiones, cuidados, alimentación, recreación, tierra y vivienda).

a.3) Promoción en alianza con el Estado y las empresas de la creación de fondos financieros que garanticen recursos para el pago de indemnizaciones a las personas trabajadoras.

a.4) Instaurar una Renta Mínima Feminizada que asegure las condiciones básicas de vida para las mujeres que no cuentan con ingresos suficientes para ello.

a.5) Promoción de encadenamientos productivos de las mujeres, en alianza con otras organizaciones sociales, emprendimientos y actividades productivas en las regiones.

a.6) Ejecución de estrategias para la empleabilidad de las mujeres en sus diversidades.

a.7) Servicios universales de protección social y aseguramiento directo.

a.8) Acceso y control a ingresos, recursos y beneficios (propiedad, tierra, vivienda, agua, aire libre, conocimiento y experiencia).

a.9) Acceso a recursos productivos, servicios financieros integrales, infraestructura, transporte y ordenamiento urbano, tecnología e innovación, que aumentan las posibilidades de movilidad social y desarrollo empresarial, en todas las regiones del país.

a.10) Fortalecimiento y ampliación de los servicios estatales en el sector de cuidados como servicios esenciales universales y garantía de salarios y condiciones laborales adecuadas.

a.11) Impulso de profesionalización del trabajo de cuidados a domicilio y en centros de atención con el adecuado reconocimiento laboral y de ingreso salarial.

a.12) Promoción de iniciativas empresariales de las mujeres para labores vinculadas a una economía de los cuidados, impidiendo la explotación de terceros.

a.13) Ejecución de acciones en alianzas con el Estado, las empresas y los gobiernos locales para el impulso e implementación de medidas afirmativas de corresponsabilidad social de los cuidados.

a.14) Acceso y habilidades para el uso de tecnologías de información y comunicaciones (tics), acceso a internet, uso de dispositivos para conexión, alfabetización digital y manejo de datos abiertos para el desarrollo de actividades educativas, laborales, políticas y productivas, con el fin de cerrar la brecha digital de las mujeres, incrementada y evidenciada en el contexto de la pandemia.

a.15) Acceso a la educación técnica, tecnológica y científica, pública y privada, y a la investigación de punta para el desarrollo sostenible.

a.16) Incremento de los servicios públicos y privados nacionales, regionales y locales orientados a la recreación, deporte, autocuidados, bienestar, expresiones artísticas y culturales, y desarrollo integral de las mujeres.

a.17) Promoción del Estado en la participación de los hombres en el trabajo doméstico no remunerado y en el cuido de las personas dependientes.

a.18) Inclusión en la agenda legislativa del Frente Amplio, iniciativas de reforma a la Ley para regular el teletrabajo (9738) que incluya acciones afirmativas para las mujeres con hijos e hijas, personas mayores y con discapacidad, comprendiendo las reducciones de jornadas laborales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, permisos, facilidades de acceso a centros de cuidados, así como facilidades de conectividad para el desarrollo personal y laboral.

a.19) Ampliación de la cobertura y fortalecimiento de la Red de Cuido subsidiada, para promover la disposición del tiempo de las mujeres para ejercer el trabajo remunerado en diferentes jornadas, horarios y regiones.

a.20) Revisar la Ley de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza (Ley 7769) para la ampliar los subsidios y dar prioridad en las bolsas de empleo e inserción en los procesos de formación humana, para aquellas mujeres que perdieron su trabajo formal o por cuenta propia durante la pandemia, así como considerar condiciones de prioridad para su inserción en el trabajo remunerado.

a.21) Revisar la legislación laboral para prohibición de discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género, así como de la protección en fueros especiales y tutela del debido proceso con el fin de garantizar estabilidad en el empleo.

a.22) Impulso de acciones públicas para asegurar la aplicación de la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público (Ley 8862) y la Ley de Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes (N° 10001).

a.23) Fortalecimiento del Programa del sello de igualdad de género en el INAMU como herramienta de trabajo para disminuir las brechas en el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo y mejorar los incentivos para que las empresas se certifiquen en la norma, así como el reconocimiento de buenas prácticas laborales, que comprende entre sus categorías de reconocimiento: Gestión del talento humano para el cierre de las brechas entre mujeres y hombres; corresponsabilidad social de los cuidados, salud integral, comunicación y lenguaje inclusivo, prácticas para la igualdad de género en la cadena de valor y servicios que presta la organización que reconocen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.

a.24) Garantía en la continuidad del aseguramiento de las personas trabajadoras domésticas remuneradas.

a.25) Inclusión en la agenda legislativa de una iniciativa de ley que asegure la paridad a las mujeres cooperativistas en los órganos de representación.

a.26) Revisión de los decretos ejecutivos y reglamentos de FOMUJERES para el fortalecimiento del programa.

a.27) Diseño de una iniciativa de ley que contribuya al mejoramiento del Programa Fomujeres en el otorgamiento de fondos no reembolsables para el fomento de actividades productivas y de fortalecimiento de las organizaciones de las mujeres.

a.28) Diseño de estrategias e iniciativas de ley que apunten a la empleabilidad de mujeres como eje de desarrollo.

b) Crear y poner en funcionamiento una comisión interinstitucional para la revisión de las políticas públicas y legislación vigente, a fin de garantizar el derecho al acceso, uso y administración de la tierra por parte de las mujeres, la titulación de la tierra y otros servicios diferenciados como el acceso al crédito y garantizar la participación en los espacios de toma de decisiones, facilitando traslados, horarios y otras condiciones de representación en los mecanismos de gobernanza territorial.

c) Revisar los lineamientos del INDER sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra, por su vínculo histórico con las semillas, la producción y sus consecuencias para la soberanía y seguridad alimentaria.

d) Asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa que garantiza la protección de la integridad de mujeres indígenas y la recuperación efectiva de la tierra en los territorios indígenas.

e) Revisar las concesiones en Zona Marítimo Terrestre y Franja Fronteriza para valorar la condición de las mujeres en estos territorios

f) Garantizar la continuidad en las acciones públicas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Economía, Agricultura y Comercio en el acceso de las mujeres a los créditos o fuentes de financiamiento no reembolsables en apoyo a los emprendimientos y Pymes, con estrategias de acompañamiento y aporte técnico para el desarrollo en sus diversas modalidades de empresariedad.

g) Garantizar el funcionamiento efectivo de la Red para la atención integral de mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad comprometiendo a todas las instituciones en la ejecución de las acciones públicas y en la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos prioritarios para las mujeres y sus familias, que asegure la inserción social efectiva.

h) Aprobar recursos presupuestarios fijos y con la periodicidad que requiere la aplicabilidad de la ley 9325 en la continuidad oportuna de la encuesta sobre el uso del tiempo para la contabilización del aporte a la economía nacional del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres.

i) Adopción de medidas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la discriminación contra las mujeres que ejercen el trabajo sexual y se revise en la legislación vigente los

La tolerancia frente a la violencia sexual, en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, tiene como consecuencia para las mujeres la imposibilidad de imaginar otro mundo posible libre de violencia. Esta es una desigualdad de género inexcusable que requiere decisiones firmes expresadas en el ejercicio de una sexualidad segura, libre de violencia, informada y en corresponsabilidad, como un derecho humano que el Estado costarricense tiene el deber de tutelar, defender, promover y respetar para las poblaciones.

Son derechos para garantizar la salud integral, el bienestar, la autonomía personal y sexual sin discriminación alguna por razón de sexo, etnia, religión, nacionalidad, condición económica, edad, escolaridad, preferencia sexual y condición de salud, que Costa Rica está aún lejos de asegurar para transitar así hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la condición humana en su diversidad. Este es un déficit democrático que mantiene el Estado costarricense como deuda con sus habitantes y en particular con las mujeres.

Mientras sus cuerpos y sexualidades continúen enfrentándose cotidianamente a violencias y controles arbitrarios que obstruyen sus posibilidades de elegir libremente sobre sus vidas, afectos, proyectos personales y sus deseos de reproducción o no, será imposible garantizar de manera plena sus derechos a una vida sin riesgos y una salud sexual y reproductiva integral.

Proponemos las siguientes medidas dentro de la gestión de políticas públicas.

a) Formulación e inicio de ejecución de un nueva Política Nacional de Sexualidad liderada por el Ministerio de Salud, dotándola de contenido presupuestario y plan de acción para fortalecer el marco normativo y operativo que define responsabilidades destinadas a la protección y promoción de una sexualidad integral como Derecho Humano. Esta política tendrá además un fuerte acento en acciones dirigidas a la promoción de tales derechos y en la construcción de capacidades personales y colectivas para la promoción de una ciudadanía sexual en condiciones de auditar, denunciar y reclamar rendición de cuentas como herramientas para la articulación de la acción colectiva en la defensa de sus derechos. Costa Rica cuenta, además, con una hoja de ruta en la materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres trazada por la legislación nacional e internacional, con rectorías institucionales en salud y en políticas públicas alineadas con enfoques de género, derechos humanos y diversidad que han posibilitado dar pasos para progresar en esta dirección y que este Programa de Gobierno se compromete a continuar y fortalecer.

Para continuar avanzando daremos prioritaria atención a los rezagos de cumplimiento que vienen siendo advertidos desde hace años por la CEDAW y otros mecanismos internacionales de Derechos Humanos:

a.1) La violencia obstétrica en tanto violencia institucional normalizada debe ser erradicada como práctica en todos los establecimientos de atención primaria, clínicas y hospitales llamados a acompañar y atender a las mujeres durante el embarazo, parto y post parto. Porque la intimidación, trato denigrante y la imposición del poder se intensifica en el momento de un parto, pero no inicia ni termina ahí.

a.2) Coordinar esfuerzo entre el Ministerio de Salud, INAMU y la CCSS para garantizar que los centros de salud sean espacios seguros y respetuosos libres de prácticas discriminatorias, prejuiciadas, adulto-céntricas o violentas hacia las mujeres, principalmente pertenecientes a poblaciones históricamente discriminadas o hacia aquellas que no encajan dentro de lógicas de atención heteronormada, con el fin de asegurar:

a.2.1) Verificación constante y actuación oportuna por parte del Ministerio de Salud en el cumplimiento a la aplicación de normativa vigente sobre violencia obstétrica a la que están obligados a responder los establecimientos y personal, así como mecanismos de supervisión frente al trato que reciben las mujeres por parte de todas las personas funcionarias de las maternidades. Efectividad en la definición y aplicación de sanciones frente a todo tipo de violencia obstétrica y rendición de cuentas sobre lo actuado.

a.2.2) Capacitaciones continuas al personal de salud que brinda atención prenatal, obstétrica y postnatal para que enmarque su quehacer dentro de las informaciones actualizadas acerca de los impactos de la violencia obstétrica en la vida y los derechos de las mujeres y las responsabilidades que ello implica desde el punto de vista administrativo y legal.

a.2.3) Que desde el primer nivel de atención las mujeres usuarias de servicios de control prenatal cuenten con material informativo claro, sensible, con lenguajes accesibles e inclusivos sobre este tipo de violencia y con mecanismos claros y seguros para denunciarla en cualquier momento del proceso de atención. Estas informaciones también serán divulgadas en campañas locales y nacionales.

a.2.4) La producción de estadísticas oficiales a partir de preguntas específicas relacionadas con la violencia obstétrica que permita identificar de manera más precisa aquellos establecimientos hospitalarios y su ubicación en el territorio nacional que mantienen vigentes tales prácticas y las características de las mujeres que la enfrentan.

b) Respaldar la incorporación de un Capítulo de Derechos Sexuales y Reproductivos dentro de la Ley General de Salud para asegurar normativa coherente, actualizada y unificada en relación con la salud sexual y reproductiva para todas las poblaciones desde un enfoque de derechos.

c) Apoyar el cumplimiento de la legislación vigente para proteger la vida, la salud y la dignidad humana de las mujeres embarazadas cuando estas se encuentren en riesgo, atendiendo la concepción de salud integral y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la CEDAW y para ello impulsaremos las siguientes medidas:

c.1) Velar, a través del Ministerio de Salud, que las disposiciones contenidas en la Norma Técnica para la Interrupción Terapéutica del Embarazo aseguren una práctica segura del procedimiento con recursos profesionales y mecanismos efectivos para su aplicación obligatoria en todos los establecimientos públicos y privados de salud, incluyendo procesos de capacitación, monitoreo, mecanismos de control, así como acciones administrativas y disciplinarias para asegurar la efectiva implementación del marco legal.

c.2) Vigilar que la objeción de conciencia de profesionales objetores no implique la lesión de derechos, ni limite el acceso a procedimientos médicos de calidad para ninguna mujer que los requiera.

c.3) Implementar campañas educativas e informativas sobre la Norma Técnica para asegurar una práctica segura del aborto terapéutico, así como asegurar su exigibilidad y aplicación sin discriminaciones o estigmas.

c.4) Promover el debate serio y respetuoso, con base científica y laica para la generación de nueva normativa para avanzar en la despenalización de la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o malformaciones graves incompatibles con la vida extrauterina, así como servicios especializados de atención integral durante todo el proceso previo y posterior al procedimiento.

d) Reafirmar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual con base científica y laica en las escuelas y colegios públicos a fin de incentivar la formación de personas que logren desarrollar y expresar plenamente su afectividad, de disfrutar de su sexualidad con responsabilidad, de prevenir embarazos no deseados, de respetar la diversidad sexual y de identificar y reconocer la violencia machista y las relaciones impropias para su rechazo y denuncia, por ello afirmamos las siguientes medida

d.1) El Gobierno, a través del MEP, el Ministerio de Salud y las demás instituciones competentes, garantizará este derecho, fortalecerá los programas de educación sexual brindando capacitación adecuada a las educadoras y los educadores encargados e información clara a las familias, y facilitará el acceso gratuito y seguro a métodos anticonceptivos para las personas adolescentes.

d.2) Sin el fortalecimiento y garantía de permanencia del Programa para la sexualidad y la afectividad se ve aumentada la vulnerabilización de niños, niñas y adolescentes para informarse y buscar protección frente a las violencias sexuales que puedan vivir. Para disminuir esos riesgos se asegurarán acciones y directrices para el fortalecimiento y acelerar la restitución de las clases de sexualidad y afectividad en todos los niveles educativos suspendidas por los cambios en la modalidad educativa durante la pandemia.

d.3) Este Programa debe volver a estar presente en el currículo educativo sin dilación y junto a las autoridades educativas competentes se valorarán los mejores medios para asegurarlo.

e) Apuntamos también a la urgente necesidad de realizar una valoración y actualización de información acerca de los impactos diferenciados producidos durante la crisis generada por la pandemia, y las posteriores decisiones económicas y sociales tomadas para hacerle frente, en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en el ámbito público está bajo la responsabilidad de la CCSS y la prestación de sus servicios durante la pandemia se ha visto fuertemente fracturada y debilitada en su capacidad operativa y financiera para garantizarlos como lo venía haciendo.

Los cambios en la dinámica de prestación de servicios, la discontinuidad y disminución en las consultas y visitas a los centros de salud por temor a los contagios o por falta de ingresos para desplazarse, brechas digitales y probablemente muchas otras complejidades asociadas, ponen hoy en evidencia la sensible interacción entre una oferta continua de servicios y la posibilidad de asegurarlos.

Los datos que arrojan las estadísticas producidas por la CCSS dan una importante alerta respecto a la dinámica en el consumo de métodos anticonceptivos disminuido en más de 1000 mujeres en comparación con el año 2019. El consumo de pastillas, inyecciones y condones masculinos se mantuvieron o incluso disminuyeron a números similares a los de hace 5 años.

Enfrentamos actualmente múltiples desafíos que amenazan lo logrado en esta materia y proponemos las siguientes medidas para mitigar retrocesos y sostener avances:

e.1) Fortalecer aquellas instituciones productoras de estadísticas nacionales y de recolección de datos de registros administrativos institucionales en materia de salud sexual y reproductiva, para que el gobierno central pueda fundamentar sus decisiones y prioridades en tiempo real.

e.2) Se promoverán alianzas entre la rectoría del INAMU, CCSS, CIEM, IEM y otros centros de investigación y análisis de universidades estatales, a fin de contar con información sobre el impacto de los servicios en salud sexual y reproductiva en grupos específicos de mujeres, desde una perspectiva integral y articulada de los enfoques de igualdad y no discriminación, derechos humanos, diversidad e interseccionalidad en el esfuerzo que debe emprender el país para redefinir prioridades y acciones estratégicas que impacten la heterogeneidad de las necesidades de las mujeres e impedir así mayores rezagos.

e.3) Promover el restablecimiento de una atención segura y oportuna que impida agudizar las desigualdades y que ofrezca alternativas basada en evidencias de estos impactos en las especificidades de grupos de mujeres que requieren de atención en salud sexual y reproductiva: niñas y adolescentes embarazadas, mujeres con discapacidades, indígenas, afrodescendientes, habitantes de calle, migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, trabajadoras sexuales, entre otras, son poblaciones a las que se asegurarán medidas que reconozcan las vulnerabilidades aumentadas por sus condiciones particulares de exclusión.

e.4) Promover la participación de las mujeres y sus organizaciones para contribuir a la construcción colectiva de nuevas respuestas y acciones para mitigar los retrocesos que se están produciendo en materia de derechos sexuales y reproductivos.

e.5) Acceso a métodos anticonceptivos con consejería y amplia divulgación de este derecho, independientemente de la condición migratoria de las mujeres, independientemente que esté radicada en Costa Rica o sea migrante en tránsito. La divulgación debe realizarse explícitamente para mujeres migrantes, apoyándose sobre todo en imágenes e ilustraciones para que sea comprensible independientemente del nivel de lectoescritura o del idioma que hablen las mujeres.

La incorporación de las mujeres en espacios públicos ha sido una lucha constante, pues, los roles de género las relegaban exclusivamente a la esfera privada limitando su capacidad de participación, discusión y toma de decisiones sobre situaciones sociales, económicas o políticas. No obstante, es necesario que la lucha no se enfoque únicamente en promover la participación política de las mujeres, pues en sus acciones se debe contemplar y garantizar que dichos espacios estén libres de discriminación y sean lugares seguros para las mujeres que los ocupan. No podemos seguir reproduciendo la forma tradicional de hacer política que reproduce prácticas sexistas y estereotipos de género y que se nutre de la misoginia, machismos y violencias, por lo que debemos apostar a la transformación de visiones y generar cambios en lo estructural y cultural que reafirmen una participación política libre, sana y segura para todas y cada una de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Estas propuestas en materia de participación política buscan combatir el sexismo, las relaciones de poder y las violencias que permean estos espacios tomando como puntos de referencia las distintas normativas que existen tanto a nivel nacional e internacional.

Además, es indispensable que la gestión gubernamental sobrepase los discursos y se convierta en un instrumento político de emancipación y creación de condiciones más igualitarias acuerpando luchas que son de largo aliento.

Si bien el avance de los derechos de las mujeres implica la revisión y creación de normativa formal, es imprescindible dar el paso cualitativo para que cada norma que se aprueba no se convierta en desuso para las Mujeres. Contamos con un Código Electoral y legislación paritaria para asegurar las condiciones de participación igualitaria entre mujeres y hombres, sin embargo, prevalecen prácticas patriarcales y machistas en la interpretación de las normas y en la obstaculización de las mujeres de acceso y ejercicio del poder en todos los espacios de toma de decisiones.

En nuestro gobierno la distribución del poder será igualitario y haremos todas las coordinaciones e incidencias necesarias. Por ello, los retos que impone la PIEG de contar con estructuras partidarias y un sistema de partidos inclusivo con mecanismos adecuados que garanticen la igualdad efectiva, la no discriminación y el respeto a las diversidades; el desarrollo de las capacidades de organización, incidencia y auditoría social por parte de las organizaciones de mujeres y mixtas y el fortalecimiento de la normativa y políticas internas que garantice de forma efectiva procedimientos y prácticas institucionales orientadas a una democracia paritaria en los partidos políticos; entre otros, se constituyen referentes fundamentales de nuestro Plan de Gobierno

Principales medidas

a) Cumplir con la paridad de género en el nombramiento de ministros, ministras, viceministros y viceministras de Gobierno. El Consejo de Gobierno nombrado por el Frente Amplio tendrá un cincuenta por ciento (50%) de mujeres en ministerios y viceministerios.

b) Garantizar la paridad de género en la Integración de las Juntas Directivas de todas las instituciones descentralizadas, órganos desconcentrados y empresas públicas. Los nombramientos que le corresponda efectuar a un Gobierno del Frente Amplio respetarán estrictamente la igualdad efectiva en las representaciones de los cargos públicos.

c) Incluir en la agenda legislativa las iniciativas de ley pendientes o nuevos propuestas para la efectiva incorporación de la perspectiva de género en los partidos políticos con el fin de que se aplique el principio de igualdad en la paridad vertical y horizontal en la designación de las listas de delegados y delegadas a sus asambleas y demás órganos internos, así como en la elección de sus candidaturas a diputaciones y a cargos municipales. Además, para que se garantice la alternancia en los encabezamientos, de manera que sí una lista es encabezada por un hombre, en el siguiente proceso electoral debe ser encabezado por una mujer o viceversa. Se apoyará iniciativas de ley pendientes para el fortalecimiento de los mecanismos de participación de las mujeres e igualdad de género en los partidos políticos como el proyecto de Ley No. 21.791, en cuya propuesta se plantea que cada partido político cuente con un órgano permanente encargado de la transversalización de la perspectiva en todas sus estructuras internas, y que sean dotados de recursos.

d) Verificar el cumplimiento de la ley sobre el porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas (8901), y su reglamento, que exige la integración paritaria en los órganos directivos de las organizaciones sociales: (asociaciones que se rigen por la Ley 218, asociaciones solidaristas, asociaciones de desarrollo comunal y sindicatos). Creación de un procedimiento para revisar a través del INAMU, casos límite o de supuesta “imposibilidad” para la integración y representación de las mujeres en organizaciones y sindicatos mixtos.

e) Incluir en la agenda legislativa de la iniciativa de ley en curso para garantizar la paridad de género en las cooperativas, en todos los órganos y representaciones (21051 y 22490) y en caso de aprobarse en el presente período legislativo, el Gobierno del Frente Amplio velará por su aplicación efectiva y apoyará a las mujeres cooperativistas mediante procesos consultivos y en campañas de divulgación de esta. De igual manera, en caso de aprobarse el proyecto de Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres (20308), en el presente período legislativo se velará su aplicación efectiva, y de no aprobarse el Partido Frente Amplio en la Asamblea Legislativa apoyará dicha iniciativa de ley hasta su aprobación.

f) Promover el fortalecimiento de los mecanismos de participación de las mujeres e igualdad de género en los partidos políticos, impulsando el proyecto de ley que busca que cada partido político cuente con un órgano permanente encargado de la transversalización de la perspectiva en todas sus estructuras internas, y que sean dotados de recursos (expediente 21.791).

g) Garantizar la participación de las mujeres en las mesas de diálogo multisectoriales para ello, las mujeres que ocupen cargos de representación de organizaciones o institucionales deben tener espacios designados en las mesas de diálogo que se realicen, así como tiempos destinados para brindar sus conocimientos, análisis y reflexiones sobre las áreas temáticas en discusión. y promover que cuando se realicen mesas de diálogo al menos un 50% de las personas participantes deben ser mujeres, esto garantiza que las necesidades de este sector de la población sean escuchadas, posicionadas y necesariamente consideradas en el proceso de toma de decisiones.

h) Garantizar el derecho que tienen las mujeres para ejercer cargos públicos, en condiciones de igualdad en distintos puestos de representación de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 inciso C de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

i) Construir un protocolo con enfoque de género que funcione como instrumento para dar atención a la violencia política que pueden enfrentar las mujeres tanto en espacios públicos como privados en respuesta al compromiso adquirido por parte del Estado mediante la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

j) Promover, bajo la coordinación del INAMU, el fortalecimiento de capacitaciones para mujeres en gestión contribuyendo al desarrollo de proyectos políticos y fomentando capacidades de liderazgo en la incidencia política.

k) La incorporación a las mujeres en los espacios políticos o cargos públicos no supone en sí mismo una participación real de estas, ya que, se enfrentan a situaciones de discriminación, brechas salariales entre otras situaciones. Para ello, las instituciones públicas deben garantizar el cumplimiento de espacios libres de discriminación para esta población, en caso de que no se cuenten con mecanismos de respuesta para garantizar estos espacios pueden solicitar la orientación del INAMU.

Para el cumplimiento de los compromisos del Estado Costarricense en materia de derechos humanos de las mujeres y el avance de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se requiere de una institucionalidad fortalecida, no solo del mecanismo para el avance de las mujeres sino de todas las instituciones, de los tres Poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Este fortalecimiento implica un diseño y abordaje que tome en cuenta los impactos diferenciados y las visiones particulares de las poblaciones, en las políticas, los servicios, las normativas y los mecanismos institucionales (instancias de igualdad de género), recurso humano, planes y presupuestos, así como mecanismos de coordinación, de rendición de cuentas.

Asimismo, es necesario definir estrategias integrales conforme a las recomendaciones de la CEDAW, orientadas al cambio cultural en la transformación de visiones y prácticas sexistas y eliminación de estereotipos de género que discriminan a las mujeres ; como aquellos relacionados con el papel y las responsabilidades de los hombres y las mujeres en las familias y en la sociedad; las declaraciones políticas y campañas públicas estigmatizadoras y peyorativas dirigidas a las mujeres en la vida política y pública ; incluidas contra las activistas de los derechos humanos; la persistencia de estereotipos y de retratos sexistas de las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad; la influencia y promoción negativas de grupos de derechos de las masculinidades que socavan el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, en particular la igualdad en los asuntos familiares. Como alternativa, se promoverá prácticas individuales, sociales, empresariales e institucionales de no discrim inación y respeto a las diferencias de tal manera que todas las personas gocen de las mismas oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos, y de esta manera también contribuyan al desarrollo social, cultural, político y económico de nuestro país.

La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 y la Política para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades de Costa Rica 2017-2032 son los instrumentos de política pública que plasman los principales compromisos país en los próximos años, y plasman las demandas y necesidades de la diversidad de mujeres de nuestro país, ya que en su elaboración se hicieron consultas con grupos de mujeres. Importante rescatar que estos dos instrumentos fueron definidos por el Consejo de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el cumplimiento del OD5 de Igualdad de Género y Empoderamiento de las niñas y adolescentes

Dado lo anterior, desde el Frente Amplio nos comprometemos a fortalecer su gestión, mediante diversas medidas que enunciamos a continuación, muchas de ellas contenidas en las mismas políticas.

Estas son las principales medidas en este ámbito:

a) Impulsar acciones intencionadas de formación, información y capacitación para generar cambios culturales a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad efectiva, claves para avanzar en la protección de las mujeres frente a la violencia, la generación de condiciones para la corresponsabilidad de los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, la inserción de las mujeres en el mundo laboral, la participación política y la incursión de las mujeres en áreas tradicionalmente masculinas como la ciencia y la tecnología, entre otras.

b) La incorporación de la Política de Nacional para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres (PIEG 2018-2030) y la Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades Costa Rica 2017-2032 debe ser transversal en cualquier proceso de trabajo entiéndase proyectos de ley, programas o propuesta de trabajo que involucre de forma directa o indirecta a la población femenina.

c) Rechazar rotundamente todos aquellos proyectos dirigidos a desmantelar y debilitar el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), y aquellos que proponen fusionarlo con otros programas o diluirlo con instituciones que atienden a otros sectores de la población. En su lugar se impulsará el fortalecimiento de la función rectora del INAMU en el ámbito de su competencia y un incremento gradual de sus recursos, mediante la búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento.

d) Gestionaremos la inclusión transversal de los enfoques de igualdad de g la inclusión de los enfoques de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres y de interseccionalidad en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y las políticas públicas específicas que emanen del Poder Ejecutivo.

e) Impulsar la perspectiva de género en la formulación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, mediante la inclusión de las partidas correspondientes para dar contenido económico a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas de igualdad de género y de atención de la violencia contra las mujeres, PIEG y PLANOVI.

f) Apoyar al Instituto Nacional de las Mujeres en su rol de coordinación de políticas, en el proceso de la territorialización de las políticas públicas PIEG y PLANOVI para que retomen las necesidades, demandas y particularidades de las mujeres en los ámbitos local, territorial y regional.

g) Fortalecer la gestión de las Políticas Nacionales PIEG y PLANOVI mediante la inclusión de los compromisos de sus planes de acción en la planificación y presupuestación de las instituciones públicas, para garantizar su efectivo cumplimiento.

h) Pomover el fortalecimiento de instancias de igualdad de género y de atención a las mujeres en las municipalidades, para que se conviertan en instituciones claves para la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el nivel local.

i) Promover alianzas de instituciones públicas con otros actores estratégicos, tales como organizaciones sociales, academia, gobiernos locales y empresas privadas (con fines y sin fines de lucro) para el avance hacia la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

j) Promover el fortalecimiento de los sistemas de información, registros administrativos, datos e indicadores sensibles a las diversidades y desigualdades múltiples de las personas, que alimentan el Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC que permita dar cuenta del estado de situación y condición de las mujeres y hombres en Costa Rica.

k) Impulsar la aprobación de normativa para la creación de un Sistema Nacional para la Igualdad y Equidad de Género que establezca obligaciones a todas las instituciones públicas para el cumplimiento de las políticas nacionales de igualdad de género y prevención y atención de la violencia, con definición de mecanismos de articulación y coordinación político y técnico, incluyendo ámbitos nacionales, territoriales, regionales y locales.

l) Prestar especial atención para que los servicios públicos tomen en cuenta las necesidades, condiciones y demandas de las mujeres, respetando los enfoques de género, derechos humanos, multiculturalidad e interseccionalidad, incluyéndolo como parte de los procesos de rendición de cuentas institucionales y de evaluación de desempeño.

m) Garantizar al Instituto Nacional de la Mujer los recursos necesarios para mantener y lograr ampliar los servicios de atención que se le brindan a las mujeres a lo largo del país partiendo de que el avance de los derechos y el fortalecimiento de la institucional en tema de género no puede darse sino existe una solidez en el Instituto que atiende a esta población. Asimismo, el FA rechazará cualquier iniciativa que pretenda debilitar la función de esta institución o que pretenda transformar y debilitar el Mecanismo Nacional para el adelanto de las Mujeres, ya que sería un retroceso en los compromisos del Estado Costarricense, en términos del cumplimiento de acciones afirmativas hacia las mujeres.

n) Fortalecerá el trabajo interinstitucional e intersectorial en la emisión de criterios técnicos y propuestas de proyectos que tienen como población meta las mujeres colocando como punto de partida las necesidades sociales, económicas, laborales o culturales de la población. El trabajo en red significa reconocer la convergencia de múltiples capas de vulnerabilidad que permean la condición de ser mujer propiciando que las respuestas que formulen sean en pro de sus derechos.

ñ) Visibilizar la realidad diferenciada de las mujeres en espacios públicos, laborales, educativos o institucionales para formular marcos de respuesta de acuerdo con sus necesidades y vivencias, es decir, las respuestas brindadas no deben partir de la experiencia de trabajo con población masculina pues al hacer esto se invisibiliza la brecha de género que históricamente ha existido entre ambas poblaciones.