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Renovar la democracia representativa y avanzar en la participativa

El multipartidismo atomizado de las agrupaciones políticas y el personalismo son las manifestaciones actuales de una crisis de representación democrática profunda y ligada a fenómenos tales como la corporativización de la política, la situación económica, la globalización, el retorno al discurso integrista-religioso y la crisis de identidad. De no tratarse este problema con soluciones reales y estructurales, grupos de poder se apropiarán de todo el aparato público para servirse y no para servir, con lo que el espacio para el autoritarismo se abriría.

Aunque nuestra Constitución Política establece que el Gobierno de la República es participativo, además de representativo, persiste una clara resistencia de la clase política dominante a implementar mecanismos que amplíen el protagonismo a la ciudadanía en la toma de grandes decisiones sobre los asuntos públicos.

Frente a las amenazas descritas, votar cada cuatro años para delegar el poder y los escasos instrumentos participativos incorporados en nuestra legislación, no son definitivamente suficientes. Paralelamente, nuestro sistema electoral se muestra insuficiente para afrontar retos como el creciente abstencionismo y el aumento de la conflictividad social, que se expresa en demandas de mayor participación de las comunidades y movimientos sociales a los que todo gobierno debe escuchar.

Como respuesta a estas situaciones, el Frente Amplio propone avanzar en la renovación y ampliación de la democracia en nuestro país. La vía democrática es el camino para construir una sociedad más justa, solidaria y plural, lo que implica reconocer que hay acciones postergadas por mucho tiempo, que debemos acometer con urgencia para dinamizar y reforzar nuestro sistema democrático teniendo como ejes la participación ciudadana y el remozamiento de instrumentos jurídicos electorales.

En este sentido es necesario poner en marcha un gobierno de puertas abiertas, que no ponga vallas a la ciudadanía ni responda con violencia ante el descontento ciudadano; uno que salga a las calles y visite las comunidades, que dialogue con la gente y que no le tenga desconfianza a las movilizaciones populares. Ante este panorama, estas son nuestras propuestas concretas para recuperar la esperanza en los valores democráticos y de participación ciudadana:

1. Formular e implementar una Política Nacional de Participación Ciudadana
  • Impulsar un nuevo estilo de gestión participativa del Poder Ejecutivo, mediante un un programa a cargo directamente de la Presidencia de la República, para convocar procesos de diálogo y concertación directa con las comunidades locales, teniendo como interlocutores a gobiernos locales, movimiento comunal y principales fuerzas vivas y organizaciones sociales, priorizando comunidades definidas como prioritarias según los IDH. En estos espacios se garantizará la participación de las autoridades con poder de decisión del Gobierno Central e instituciones autónomas, ejerciendo sus potestades de dirección y coordinación interinstitucional. Acordar metas locales de desarrollo y reducción de la pobreza con compromisos concretos que determinarán el accionar conjunto del Estado y sus instituciones para los próximos cuatro años, incluyendo la definición de obras y proyectos prioritarios de inversión pública a desarrollar en dichos territorios durante el periodo de gobierno y que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo y serán la base para desarrollar un proceso de planificación presupuestaria para todo el cuatrienio, superando la visión cortoplacista de los presupuestos anuales, y definir mecanismos oficiales y normados de control y seguimiento del cumplimiento de los compromisos, con fiscalización periódica y participación directa de las comunidades.
  • Presupuestos participativos. Impulsar la aprobación de una Ley de Presupuestos Participativos para permitir a las comunidades decidir de forma directa sobre prioridades en materia de inversión y desarrollo de obras y servicios públicos, en el ámbito del Gobierno Central y las instituciones descentralizadas y a nivel de los gobiernos locales (expediente 21.778)., mediante los consejos de distrito y de modelos viables y de éxito probado como el de la ciudad de Porto Alegre en Rio Grande do Sul, Brasil.
  • Gestión democrática de los recursos naturales. Presentar una propuesta de ley de participación ciudadana en asuntos ambientales que incluya la creación de mecanismos de consulta vinculante a las comunidades locales sobre actividades, obras o proyectos que puedan causar graves impactos a las fuentes de agua, la biodiversidad y otras alternativas de desarrollo productivo sustentable. Estas consultas podrán convocarse también por iniciativa popular. También establecer consejos de cuenca para la gestión participativa y descentralizada del recurso hídrico con participación de las comunidades locales y poder de decisión en la definición de prioridades en el uso del agua y en la aprobación de ordenamiento territorial de sus respectivas cuencas hidrográficas. Además, solicitar una opinión consultiva vinculante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la jurisprudencia regresiva de la Sala Constitucional que amenaza con desvirtuar el derecho fundamental de participación ciudadana en asuntos ambientales.
  • Consolidar mediante reformas normativas, el derecho los gobiernos locales a dictar moratorias temporales o indefinidas sobre la realización en su territorio de actividades altamente dañinas para el ambiente, así como el derecho de las comunidades locales a solicitar estas moratorias y pronunciarse sobre ellas, en el marco de procesos participativos de ordenamiento territorial (expedientes 20.129 y 21.126). También reformular los procedimientos para la realización de audiencias públicas en el marco de evaluaciones de impacto ambiental (SETENA) y procesos de ordenamiento territorial (aprobación de planes reguladores), con el fin de asegurar a las comunidades locales acceso oportuno a toda la información previa y garantías de participación efectiva, incluyendo la asesoría jurídica necesaria para plantear oposiciones y propuestas alternativas.
  • Mejoramiento de los servicios públicos. Impulsar la aprobación del proyecto de reforma a la Ley de la ARESEP para hacer posible la participación efectiva de las comunidades en las audiencias sobre aumentos en tarifas de servicios públicos (expediente 21.030). Las comunidades deberán contar con asesoría técnica para plantear sus oposiciones. La discusión sobre aumentos deberá vincularse directamente a la calidad en la prestación de los servicios públicos y las comunidades tendrán derecho a que sus quejas sobre dicha prestación sean atendidas en estas mismas audiencias y la ARESEP no podrá desconocer los reclamos ciudadanos ni aplicar aumentos automáticos para burlar la consulta a la ciudadanía. También crear auditorías ciudadanas sobre funcionamiento de los servicios públicos mediante comisiones ciudadanas con herramientas para fiscalizar el funcionamiento de los ministerios y las instituciones públicas que prestan servicios a la población. Las recomendaciones y denuncias que presenten deberán ser tramitadas de forma prioritaria por las autoridades competentes.
  • Participación local. Impulsar la aprobación del proyecto de reforma al Código Municipal para facilitar la convocatoria por iniciativa ciudadana a cabildos, plebiscitos y referendos cantonales y distritales (incluyendo el referendo para la revocatoria de mandato de alcaldías) con el fin de que las comunidades decidan sobre actuaciones municipales que les afecten directamente y establecer que la población pueda someter de forma directa propuestas a votación del concejo municipal, a través del mecanismo de iniciativa popular. También Consolidar y fortalecer el proceso de constitución de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), como alternativa novedosa para impulsar la articulación de instituciones nacionales y gobiernos locales en los territorios e involucrar a las comunidades rurales en la definición de prioridades y alternativas de desarrollo humano inclusivo.
  • Promover la organización autónoma de las comunidades como alternativa a las prácticas clientelistas y a la manipulación de los partidos tradicionales mediante el fortalecimiento del movimiento comunal autónomo y replanteamiento de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) para que vuelva a ser un órgano de asesoría y apoyo a las asociaciones de desarrollo comunal y se erradique definitivamente su intromisión politiquera en dichas asociaciones y la manipulación clientelista de sus recursos. Las partidas para el desarrollo comunal se deben asignar bajo parámetros objetivos previamente establecidos, garantizando una distribución equitativa de los recursos, de acuerdo con la cantidad de población y al índice de desarrollo social de las comunidades.
  • Acceso a la información pública. Ampliar y robustecer las medidas para garantizar la máxima transparencia en la función pública y el libre acceso de la ciudadanía a la información de interés público, consolidar las políticas de gobierno abierto, eliminando la discrecionalidad de las y los jerarcas para publicar la información, uniformar los criterios para garantizar la calidad de la información publicada y que en todos los ministerios e instituciones se encuentre disponible en línea y actualizada la información esencial sobre contrataciones y ejecución de los recursos públicos, entre otros aspectos relevantes. Además, identificar y eliminar las trabas y restricciones, incluyendo normas reglamentarias y de menor que rango que en el ámbito de las distintas instituciones limitan el acceso a la información pública (expediente 21.172). Asimismo, impulsar una reforma legislativa para recuperar la celeridad y efectividad del recurso de amparo por omisión de las instituciones de entregar información pública en un plazo determinado, frente a la jurisprudencia regresiva que ha venido relativizando este derecho fundamental.
  • Referéndum. Recuperar el instrumento del referéndum para la aprobación de leyes de trascendencia nacional, frente a la deslegitimación causada por un marco normativo deficiente, que impide su realización con garantías elementales de participación equitativa, se presentará al corriente legislativa una propuesta de reforma integral a la Ley del Referéndum para garantizar igualdad de oportunidades y acceso a financiamiento estatal para que ambas partes puedan dar a conocer y divulgar su posición; control estricto del financiamiento privado para evitar la intromisión de intereses espurios, así como medidas eficaces para prevenir y sancionar prácticas fraudulentas de chantaje a personas trabajadoras, compra de votos y manipulación del electorado por parte de gobiernos y grupos de poder económico.
  • Ciudadanía digital. Desarrollar nuevos mecanismos y perfeccionar los existentes para promover la creación de políticas públicas con participación directa de la ciudadanía en el ámbito del Poder Ejecutivo: ampliar opciones de consultas ciudadanas en línea, instaurar un procedimiento para el trámite de proposiciones ciudadanas que deberán ser atendidas prioritariamente por el Poder Ejecutivo, entre otras medidas. Además, realizar una revisión exhaustiva de la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, para ampliar el ámbito de cobertura y protección a las nuevas tecnologías y técnicas como la minería de datos, trasladar la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) a la Defensoría de los Habitantes (expediente 21.828) y ampliar e implementar los programas de alfabetización digital para dotar a la ciudadanía del conocimiento y herramientas necesarias para poder acceder a la información y participar en los programas estatales y políticas públicas desde sus hogares.
2. Modernizar y democratizar los mecanismos electorales
  • Voto preferente. Establecer mediante una reforma legal el voto preferente mediante listas localizadas para la elección de diputados y diputadas, de manera que la ciudadanía pueda participar en la selección de las candidaturas de su preferencia dentro de las nóminas de los partidos políticos, acortando la distancia entre las personas representantes y las representadas y superando el odioso sistema de las listas cerradas (expediente 21.555).
  • Franjas electorales. Promover y apoyar una reforma al artículo 96 de la Constitución Política y al Código Electoral (expediente 20.117) para facilitar que los recursos de la contribución estatal a los partidos políticos puedan utilizarse directamente para garantizar el derecho de todas las agrupaciones a divulgar sus propuestas en condiciones básicas de equidad, incluyendo el establecimiento de una franja horaria financiada con los recursos existentes de la contribución estatal que asegure un acceso mínimo equitativo a los medios de comunicación colectiva (radio, televisión, prensa escrita, medios digitales), permitiendo que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda cubrir directamente una parte de estos gastos de forma equitativa como financiamiento indirecto o en especie (expediente 21.836).
  • Revocatoria de mandato. Impulsar la incorporación en nuestra Constitución Política del instrumento democrático de revocatoria de mandato del Presidente o Presidenta de la República, las vicepresidencias y diputaciones, mediante referéndum que podrá ser convocado vía iniciativa popular, a partir de la mitad del periodo constitucional, lo que brindaría una herramienta ciudadana frente al impasse en la toma decisiones políticas nacionales.
  • Financiamiento. Presentar e impulsar una reforma del Código Electoral para Modificar las absurdas reglas vigentes sobre el adelanto de la contribución estatal para financiar campañas políticas, que hoy, prácticamente niegan a la mayoría de los partidos políticos el acceso oportuno a esta contribución y los dejan a merced de banqueros, casas encuestadoras y de intereses privados de grupos de poder económico. Promover otras reformas que garanticen la equidad en el acceso al financiamiento de los procesos electorales y reduzcan la intromisión de capitales de dudosa procedencia en las campañas políticas, incluyendo la reducción permanente de la contribución estatal para el financiamiento de partidos políticos, del actual 0,19% a un 0.11% del PIB nacional.
  • Transparencia. Reformar las normas electorales sobre la rendición de cuentas de cara a procesos electorales para transparentar en tiempo real el manejo de las finanzas, incluyendo la obligatoriedad de divulgar los aspectos técnicos que respaldan la veracidad de encuestas y sondeos, así como la introducción de mecanismos de seguimiento ciudadano permanente sobre el dinero que entra a las arcas de las agrupaciones políticas y aspirantes a puestos de elección popular. También evitar que los proyectos de iniciativa popular puedan ser modificados por las y los diputados, burlando los fines perseguidos por las personas que apoyaron con su firma una iniciativa ciudadana (expediente 21.280).
  • Coaliciones. Impulsar la aprobación del proyecto de ley para establecer la figura de las coaliciones electorales permanentes (expediente 21.835). En general, impulsar reformas que favorezcan el desarrollo y la naturalización, de cara a la ciudadanía, de diversas formas de convergencia entre las fuerzas políticas existentes, en el marco de un escenario político multipartidista.
  • Reelección Municipal. Impulsar la aprobación del proyecto de ley para limitar a un único período la reelección consecutiva de alcaldes y alcaldesas; hoy esta reelección puede darse por tiempo indefinido, lo que contraviene el sano principio de alternabilidad en el ejercicio del poder (expediente 21.810).
  • Participación de las mujeres. Impulsar que cada partido político deba contar con un mecanismo y órgano partidario permanente encargado de la transversalización de la perspectiva de género en su partido político, garantizando un porcentaje de los programas de capacitación y organización partidaria para estos fines. (expediente 21.791) y reformar el Código Municipal para definir las funciones de la primera vicealcaldía y el deber de rendir cuentas al respecto, en miras de fortalecer este cargo, históricamente ocupado por mujeres. (expediente 21.790).
  • Estado Laico. Apoyar la reforma al artículo 75 de la Constitución Política, para establecer que el Estado costarricense sea neutral en materia religiosa y respete la libertad de conciencia, religión y culto de todas las personas, sin discriminación ni privilegios a favor de una religión o grupo, en detrimento de las creencias de las demás personas. También se revisarán los programas públicos de las distintas instituciones, incluyendo educación y seguridad pública, para evitar que el Estado financie o patrocine actividades religiosas de grupos en particular y garantizar la prohibición de realizar proselitismo político-electoral valiéndose de motivos religiosos.