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De la igualdad formal a la igualdad real afirmando derechos y transformando sentidos para la ciudadanía plena LGBTIQ+

Desde su fundación y a lo largo de nuestra historia como fuerza política hemos acompañado, aportado y participado de forma activa en las calles, la Asamblea Legislativa y los gobiernos locales, todas las legítimas y vitales luchas por los derechos de las personas lesbianas, gays, no binarias, de género, transgéneros, bisexuales e intersexuales. Reconociendo estas luchas como medulares para la democratización no sólo del carácter del Estado, sino de la propia sociedad.

Lo logrado hasta hoy, es fruto de luchas de largo aliento que han dado en Costa Rica las poblaciones LGBTIQ+, ejerciendo su derecho a la asociación y libre reunión, mediante la protesta y lucha en el plano jurídico, pero también cultural y por supuesto en las calles, reivindicando su existencia y derechos. En el Frente Amplio reconocemos la importancia de asociarse políticamente para accionar en colectivo, y alcanzar cada día más derechos que permitan la vivencia plena de todas las personas, en esa línea, nuestro compromiso será con estimular el derecho de asociación y organización. Ya que consideramos la organización social y política indispensable y garantía de democratización, más allá de lo que pueda hacer el gobierno.

Durante este cuatrienio hemos seguido caminando junto a ustedes, desde la Asamblea Legislativa, ya sea formulando proyectos de ley como el expediente 20.970 que busca prohibir y sancionar la aplicación de terapias de reconversión sexual en nuestro país. De igual forma, insistimos en la urgencia de contar con una Ley marco para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de discriminación, incluyendo la motivada en la orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. También seguimos considerando medular que se tipifiquen los crímenes de odio, como lo hemos sostenido desde que introdujimos el proyecto 19.062.

En estos cuatro año también insistimos con el proyecto 19.610, para la protección a personas defensoras de Derechos Humanos, que se formuló a partir del asesinato del activista ambientalista Jairo Mora, en el convencimiento de que el Estado debe reconocer la labor que hacen las organizaciones y activistas que luchan por los derechos humanos, velar por su integridad y garantizar la máxima libertad posible en el ejercicio de su labor, combatiendo toda presión o amenaza que menoscabe su acción, venga del poder político, económico, factico.

Es innegable el avance en algunas áreas, sobre todo mediante reformas jurídicas y administrativas, sin embargo, a pesar de los cambios en instituciones, el aspecto cultural, sigue siendo muy lento, incluso es evidente la resistencia a lo interno de las mismas, por lo cual estamos, aún lejos de alcanzar la igualdad formal, y aún más de la justicia social e igualdad real que debemos garantizar. La lucha por una cultura de derechos humanos, la disputa por la construcción de discursos y sentidos comunes alternativos a los que cotidianamente producen y reproducen la desigualdad, violencia y discriminación, y que, por supuesto son incompatibles con la igualdad, la libertad y la ciudadanía plena. Para ello requerimos un nuevo tipo de sociedad, una nueva cultura, transformar los sentidos comunes que sustentan nuestras prácticas cotidianas, y ello implica incidir en los lugares donde se instituyen estos sentidos comunes, esos lugares de sociabilidad fundamental vitales para esa construcción cultural, lo cual requiere de articulación del movimiento social y la generación de alternativas a lo hoy existente, de forma tal que construyamos juntos un nuevo pacto social que necesariamente tiene una dimensión sexual que debe ser igualitaria y libertaria, para organizar la convivencia y democratizar nuestra democracia.

Desde el Frente Amplio reafirmamos nuestro compromiso de acabar con la cisgeneridad y heterosexualidad como normatividad, para nuestra formación, la naturaleza de los Estados modernos se condensa en el garantizar el bienestar y potencia la agencia de las personas, sin distingo. En ese sentido, es inaceptable para nuestro partido, que las poblaciones trans, tengan una esperanza de vida de 35 años en América Latina, según el registro de violencia de la OEA.

Para seguir acompañando y contribuyendo, presentamos las siguientes propuestas que se han construido desde personas que forman parte de las poblaciones LGBTIQ+ y en diálogo con activistas y personas que hacen incidencia política en estos temas, a quienes les agradecemos.

1. Creación y fortalecimiento de institucionalidad inclusiva para una ciudadanía LGBTIQ+
  • Impulsar estadísticas oficiales inclusivas, así como también estudios específicos sobre la situación de la población LGTBIQ+ y la discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales. Se plantea incluir en las estadísticas que ya realiza el INEC como la Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta continua de Empleo, Censos entre otras, variables que posibiliten denotar la situación de las poblaciones LGBTIQ+ en el país, de forma tal que se generen datos desagregados para la formulación de políticas públicas eficaces, esto se promoverá desde el INEC. La recopilación de datos deberá hacerse en un registro descentralizado, extensivo a todas las dependencias estatales y sus instituciones.
  • Se priorizará incorporar estos elementos en el quehacer sistemático del INEC mediante una reforma a la Ley 9694, así como en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva bajo la dirección del Ministerio de Salud. Además, se invertirá́ en el desarrollo y aplicación de una primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, donde se consideren estas causales y condiciones, incluidas en el ámbito de las familias.
  • Designar al Ministerio de Justicia y Paz como ente rector en la materia de promoción del cumplimiento de Derechos Humanos en el Estado, al tiempo que coordine y diseñe políticas públicas nacionales para prevenir toda forma de discriminación. De igual modo fomentará la investigación académica y científica sobre estos temas para la toma de decisiones de los órganos de formulación de políticas públicas, las alianzas público- privadas, incluidas aquellas con el tejido social comunitario y la promoción de actividades culturales en beneficio de poblaciones históricamente discriminadas.
  • Incluir de forma específica y efectiva las demandas y realidades de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica. Con la finalidad de profundizar el enfoque y las acciones que se necesitan llevar a cabo, se promoverá la creación en el INAMU de un órgano dirigido a la diversidad sexual y derechos de mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias y trans.
  • Se fomentará en los procesos de negociación de las convenciones colectivas la inclusión de acciones afirmativas para las poblaciones LGBTI, cláusulas antidiscriminatorias y por supuesto el reconocimiento a todas las formas de familias.
  • Establecer la obligatoriedad de la creación y mantenimiento activo de una Comisión Institucional de Diversidad Sexual para cada una de las instituciones del gobierno central, descentralizadas y autónomas. Es necesario legislar al respecto, ya que la existencia de estas entidades no debería quedar a voluntad del gobierno o jerarcas de turno.
  • Mantener la figura del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ+ pero su elección se hará a partir de una terna propuesta por movimientos de sociedad civil organizada.
  • Robustecer la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud y los programas regionales de prevención del suicidio, para que incluyan en sus ejes de acción la intervención y prevención urgente dirigida a niñeces, adolescentes y personas jóvenes LGBTIQ+, ante la situación de vulnerabilidad y violencia en que suelen encontrarse en sus hogares, escuelas y comunidades.
  • Fortalecer y fiscalizar la capacitación en torno al respeto e inclusión de la diversidad sexual y de género, en la prestación de los servicios dentro de todas las instituciones del Estado, particularmente en aquellas áreas de atención directa a las personas usuarias. Las capacitaciones en derechos humanos mantendrán un enfoque de género, diversidades e interseccionalidad, y se buscará reformar los incentivos en carrera profesional por las mismas, para potenciar su alcance.
  • Desarrollar una política exterior feminista y con enfoque de diversidades, por lo cual se promoverá el multilateralismo y la cooperación para abordar las desigualdades estructurales entorno la desigualdad de género. Se hará uso de la denuncia activa del Estado costarricense de las políticas y actuaciones de aquellos gobiernos que criminalicen la diversidad sexual o discriminen por motivos de orientación sexual e identidad de género.
2. Educación en diversidad para la convivencia en sociedad: pilar de un nuevo pacto social
  • Impulsar desde la primera infancia, una asignatura específica de educación integral en sexualidad, en todos los niveles educativos, que, de forma transversal, progresiva y específica, incluya formación para aumentar el conocimiento y la comprensión de sí mismos y relaciones afectivas asertivas y sanas con las otras personas. Además, en esta asignatura, se educará en torno a las múltiples formas de discriminación, violencia y explotación, y se potenciará el desarrollo de competencias que ayuden a promover la reducción de las conductas de riesgo y les permita a las personas menores de edad identificar situaciones de violencia. Esta asignatura mantendrá un enfoque de género, diversidades y derechos humanos, así como un carácter laico y científico.
  • Para garantizar la educación sexual integral como un derecho humano, particularmente de las personas adolescentes y jóvenes de conformidad con lo que ordena la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, se hará uso de la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de clarificar si la objeción de conciencia de los tutores legales debería o no prevalecer sobre el derecho de las niñeces, adolescencia y personas jóvenes a recibir una educación sexual integral, laica y científica en todos los niveles.
  • Promover junto a la sociedad civil, el uso del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la finalidad que sean las personas adolescentes y jóvenes, quienes, afectadas por la decisión de la Sala Constitucional en torno a la educación sexual y afectiva, realicen sus reclamaciones respecto a las implicaciones del fallo.
  • Instituir días nacionales de reconocimiento y memoria vinculado a las poblaciones LGBTIQ+ como el Día Nacional contra los Crímenes de Odio (25 de febrero) en memoria de Ana Yanci, y también se impulsará un Día Nacional del Orgullo LGBTI (28 de Junio). La conmemoración y celebración de estos días será ocasión para la reflexión histórica en los espacios educativos, los aportes que ha hecho la población LGBTIQ+ en la construcción de la nación y el mundo, además sobre cómo las formas de discriminación y violencia están imbricadas, y la importancia del respeto y valor de las diferencias para la sana convivencia.
  • Promover que en el currículo de carreras de educación y salud en la educación superior universitaria pública y privada, se incluyan temas como la comprensión de las formas de discriminación, su construcción y deconstrucción, así como el respeto a la diversidad sexo-genérica.
3. Hacer visible, lo invisible: políticas de reconocimiento, no discriminación y garantización de derechos
  • Promover una iniciativa de Ley Integral para la población Trans, que incluya medidas vinculadas al reconocimiento pleno y expedito de su identidad de género, incluido el derecho de las personas menores de edad. Así como la garantización de su derecho a la salud con respuesta a sus necesidades específicas en términos de afirmación de su identidad, seguro por el Estado, y en general para garantizar su acceso y goce a derechos económicos, sociales y culturales. Este proyecto se formula de la mano con la propia población en cuestión.
  • Impulsar un plan de inserción laboral y fomento del empleo para las personas transexuales y transgéneros. A su vez, se promoverá́ con los entes estatales encargados de la educación pública, la creación de acciones afirmativas, de forma tal que se promueva el acceso y permanencia de estas personas en el sistema educativo, como población en riesgo e históricamente discriminada y excluida, especialmente en la educación superior.
  • Seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte IDH para procurar cambios en la legislación y promover una norma de atención en salud para personas intersex con el fin de evitar las intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos innecesarios, a que son sometidos menores de edad intersexuales sin su consentimiento informado y avanzar en el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias. El Estado debe garantizar la integridad corporal y autonomía de esta población en su infancia, y proporcionar a las familias con niñeces intersexuales asesoramiento y apoyo para que en conjunto tomen mejores e integrales decisiones.
  • Continuar promoviendo la tipificación legal de los crímenes de odio motivados por razones de orientación sexual y/o identidad de género, así como promover la creación de un registro oficial de violencia y crímenes de odio, extensivo a instituciones afines.
  • Prohibir las mal llamadas “terapias” de reconversión sexual y sancionar a quienes valiéndose de motivos políticos o religiosos someten a otros a estas formas de tortura.
  • Potenciar programas de atención y apoyo a la población adulta mayor LGTBI que impidan la discriminación, rechazo o violencia hacia esta población en todo ámbito, particularmente en los centros que se encargan de su atención, brindan servicios y en las residencias temporales o permanentes.
  • Buscará mejorar los mecanismos existentes para el estudio y otorgamiento de la condición de refugiado y el acceso a la protección subsidiaria por motivos de persecución fundada en la orientación sexual o identidad de género, con base en la Declaración de Cartagena.
  • Promover cambios legales y administrativos por parte del Ejecutivo para retirar cualquier tipo de apoyo o subvención pública a organizaciones o personas jurídicas que insulten, agredan o atenten contra la dignidad de las personas LGTBIQ+, impidiendo su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho.
  • Garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios de salud para personas con VIH incluyendo tratamiento antirretroviral, se profundizará la dispensación de medicamentos por varios meses para poblaciones clave. De igual forma, se buscará implementar la dispensación de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y el acceso a la prueba de VIH para poblaciones claves previamente definidas.
  • Asegurar el abastecimiento y distribución eficaz de los medicamentos antirretrovirales y la Profilaxis Pre-exposición (PrEP).
4. Estrategia de deporte LGBTIQ+ para Costa Rica
  • Proponer el Día del Deporte Diverso (19 de febrero).
  • Fomentar en los diferentes niveles del deporte costarricense agrupaciones de deporte con enfoque de diversidad en los diferentes niveles: ICODER, Comité Olímpico, Comités Cantonales de Deporte, Federaciones Deportivas, Universidades y sector privado.
  • Gestión de convenios público-privada para el ayudar el financiamiento de actividades relacionadas con el fomento del deporte para personas de la población LGBTIQ+; así como la búsqueda de financiamiento internacional para estos propósitos.
  • Modificar el las leyes Contra el Hostigamiento y Acoso en el Deporte y de Creación del ICODER (7800) para incluir garantizar la práctica del deporte y la recreación para las personas LGBTIQ libre de discriminación.
  • Organizar y ejecutar los Juegos Diversos de Costa Rica y desarrollar una política pública para la promoción de Costa Rica como país que le da la bienvenida a deportistas LGBTIQ+ como estrategia para la activación económica y la diversificación de la marca país.
  • Postular, organizar y ejecutar de Juegos Diversos Internacionales a nivel centroamericano, lationamericano y mundiales. Considerar la postulación de Costa Rica como anfitrión de los Gay Games Costa Rica 2030 en el marco del 10° aniversario de matrimonio igualitario.